Solidaridad mexicana con DDHH de Colombia
Miembros Honorario de nuestra Comisión de Justicia y Paz como Don (Obispo) Samuel Ruiz, Padre Miguel Concha, Miguel Álvarez y organismos no gubernamentales de derechos humanos de México convocaron a una rueda de prensa en el Distrito Federal, la semana pasada, la última de septiembre. Allí en solidaridad con la sociedad civil colombiana, con las comunidades en procesos de resistencia y con organizaciones de derechos humanos colombianas, entre ellas, con las Comunidades del Cacarica, CAVIDA y nuestra Comisión Justicia y Paz, afirmaron aquello que nadie aún no ha arrebatado, la solidaridad, la sensibilidad de los pueblos.
También la universalidad del derecho, la Limedh, miembro de la FIDH, la palabra ejerciendo el derecho a la Defensa, a la justicia.
Por supuesto todos los testigos, algunos con las palabras, otras hablando con las palabras del alma, con el llanto, con los abrazos. Aquellos que han estado desde entrañas en el Cacarica como observadores internacionales, aquellas que aman los sueños, a pesar de las deslealtades.
Así, la globalización de la esperanza… de los derechos de los pueblos en medio de las persecuciones, signos de la esperanza, de un mundo distinto que es urgente.
Colombia y México, pueblos hermanos y hermanas en los derechos humanos, en los derechos de los pueblos. Dejamos en sus manos uno de los textos de las organizaciones Mexicanas.
A todas y todos ellos gracias.
Bogotá, D.C. octubre de 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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El Presidente Colombiano acusa a ONG de derechos de humanos de terroristas
A partir de la publicación del informe “Embrujo autoritario” por parte de 80 organizaciones de derechos humanos de Colombia y de diversas denuncias a nivel nacional e internacional que se han realizado con motivo de la evaluación del primer año de gobierno, Álvaro Uribe, presidente colombiano, lanzó discursos donde evidencia el incremento de la represión que el gobierno hará tanto en contra de las y los defensores de derechos humanos, como de las organizaciones sociales que denuncien su política de “seguridad democrática”.
El 8 de septiembre, con motivo de la posesión del General Edgar Lesmez como nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el Presidente Uribe Vélez pronunció un discurso contra las Organizaciones civiles de derechos humanos a quienes denominó “politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente agitan la bandera de los derechos humanos”, “traficantes de los derechos humanos”, “…ellos y los terroristas que defienden han producido el desplome social de la Nación”.
Su discurso fue más allá al establecer que se girarán órdenes de aprehensión: “…Lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho: recibiendo información, convirtiéndola en inteligencia, poniéndola en manos de los fiscales. Y tan pronto los fiscales le entregan a nuestra Fuerza Pública órdenes de captura, capturando a los terroristas…”
A pesar de la multiplicación de allanamientos, asesinatos y detenciones, que se han realizado en su periodo de gobierno, aseguró que: “…Aquí no ha habido redadas como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de los derechos humanos. Tenemos una estrategia que ordena aislar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores…”.
Reforzó la propuesta de legalización de su política militarista:”…. Proponemos en el Estatuto Antiterrorista facilidad para que la Fuerza Pública capture terroristas,… haga allanamientos a fin de esclarecer hechos terroristas.”
Se lamentó del accionar de los defensores en el exterior:”…Y tienen los recursos para publicar libros y mancillar la honra de nuestros generales y de los colombianos que batallamos contra el terrorismo, y no tienen vergüenza ni pudor y engañan a la opinión internacional con libros sin fuentes serias.”
Tres días después, a raíz de los pronunciamientos de organizaciones internacionales y refiriéndose a ellas, el presidente Uribe señaló que: “desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de informaciones desviadas por el terrorismo.”
Y concluyó su discurso con la arremetida: “…General Lesmez: Asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla… General Lesmez, proceda.”
Con la guerra sucia de gobiernos anteriores se asesinó y debilitó a la mayor parte de la oposición política y organizaciones sindicales: más de 4000 integrantes de la Unión Patriótica y buena parte del M-19, reduciéndolas a una mínima expresión. La administración de Álvaro Uribe continúa con asesinatos, desapariciones y el incremento de judicializaciones a los defensores de derechos humanos, líderes sindicales y populares, a todos aquellos que abogan por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
Las cifras son elocuentes:
Durante el primer año de gobierno del presidente Álvaro Uribe 4.351 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos: 573 amenazas, 160 desapariciones forzadas, 2,546 detenciones arbitrarias, 792 ejecuciones extrajudiciales y 144 torturas. Los presuntos responsables de estas violaciones son grupos paramilitares; Fuerzas Militares, Policía y otros organismos de Seguridad del Estado.
Sólo en septiembre, fueron detenidas 115 personas en el departamento de Caquetá, y dos exconcejales, 155 personas en el departamento de Sucre, 90 en Arauca, y 58 en Tolima; en Tibucay asesinaron un líder popular y allanaron 60 viviendas; al sur del Cauca bombardearon nuevamente poblados. En promedio por mes 5 defensores de derechos humanos han sido objeto de ataque y amenazas.
Las violaciones a los Derechos Humanos y la campaña contra los defensores se ha dado a través de:
Campañas de difamación, estigmatización y acusaciones infundadas
El 21 de agosto en rueda de prensa convocada por el Gral. JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló a la Comisión Justicia y Paz como creadora de campos de concentración en el Cacarica y usurpadora de recursos de comunidades desplazadas, días después como brazo político de las FARC, a las organizaciones humanitarias internacionales como Peace Brigades International, PBI, Médicos del Mundo Francia, y a la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ACNUR como cómplices de las actuaciones guerrilleras; además se iniciaron procesos penales por terrorismo y corrupción en los que se implica a la Comisión Justicia y Paz y a las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA.
Persecución judicial con el fin de criminalizar las actividades de organizaciones sociales y de derechos humanos. Con base en informes de inteligencia militar; en señalamientos de la Red de informantes y cooperantes, en testimonios irregulares (testigos que declaran con reserva de identidad, testigos “clonados”, testigos pagados y testigos protegidos por y alojados en instalaciones militares); amenazas, atentados y persecuciones a los abogados que asumen la defensa; las presiones directas de los militares sobre los procesos judiciales, exigiendo correspondencia de la justicia con las acciones de captura por parte de la fuerza pública de los “bandidos y terroristas”.
Monseñor Jorge Luis Serna Alzate, obispo de la iglesia católica en la diócesis de Líbano – Tolima, quien durante muchos años trabajo por la paz y los derechos humanos, fue objeto de un montaje por parte de la Fuerza Pública, quienes utilizaron a un supuesto desertor de la guerrilla, a quien ofrecieron dinero para declarar en contra del obispo.
Hostigamientos a través de allanamientos y registros ilegales de oficinas, con robo de computadoras y diskettes, que terminan en exilios forzados.
Esta política se legalizará con la Reforma Constitucional Antiterrorista, (Proyecto de Acto Legislativo 223), que modificará artículos constitucionales relacionados con el establecimiento de restricciones de los derechos a la vida privada, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de residencia y la libertad personal. Asimismo, se propone conceder facultades de policía judicial a los miembros de las Fuerzas Militares. Ésta reforma viola abiertamente los tratados de la Convención de Viena, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo e ignora los llamados del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Paralelamente, Uribe ha convertido a Colombia en un escenario favorable para los criminales de lesa humanidad, a través del “proyecto de ley estatutaria por el cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados (paramilitares) que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”. Quienes hace 30 años han ejecutado las más terribles masacres (1998-2003 más de 11,388 víctimas: 7,096 ejecuciones extrajudiciales, 1.180 desapariciones forzadas y 753 torturas) y expulsado de sus tierras a la mayoría de los casi tres millones de desplazados, se mantendrán sin sanción. Naciones Unidas señaló que este proyecto de ley: “… Abre la puerta a la impunidad, porque deja sin efecto la ejecución de la condena y permite que los responsables no se sometan a un día de cárcel”.
Curiosamente, este ofrecimiento de impunidad del Presidente Uribe Vélez, se da en medio de un incremento de las violaciones a los derechos humanos por los grupos paramilitares, a pesar que han manifestado estar dentro de un proceso de paz y en un cese al fuego. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2003, los grupos paramilitares han ejecutado 1.153 crímenes, de ellos 671 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 97 a desapariciones forzadas y 73 a torturas, ello sin contabilizar lo relacionado al desplazamiento forzado. El jefe de los paramilitares ha amenazado al Congreso para que apruebe este proyecto de ley.
En el 2003, se ha registrado la transnacionalización de la persecución, con su extensión a diferentes países europeos a través de la satanización a periodistas, intelectuales, refugiados y defensores de derechos humanos relacionados con medios de comunicación, redes de solidaridad, trabajo cultural y organizaciones por la paz. Agencia de noticias Nueva Colombia, ANNCOL con graves afirmaciones del embajador de Colombia en Suecia y Escandinavia, señalándola como agencia de las Farc. Lo mismo sucede con la Agencia Alternativa Vientos del Sur, VISUR, que recibe permanentes amenazas del servicio de inteligencia militar colombiano y norteamericano y los paramilitares, a sus editores y corresponsales en Colombia, Perú y Argentina. También en Alemania y en España se han producido señalamientos en contra de organizaciones sociales.
El embajador de Gran Bretaña en Bogotá, Tom Duggin, en una clara intromisión en los asuntos internos de Colombia, afirmó que “en algunas páginas de Internet de ONG de Europa se puede ver propaganda de la guerrilla” y llamó al Gobierno colombiano a tomar medidas conjuntas.
Reacciones internacionales a la política de Álvaro Uribe
El congresista demócrata Jim McGovern en Estados Unidos, criticó a Uribe: “…deliberadamente y con pleno conocimiento, puso a las ONG de Derechos Humanos en grave peligro…todos sabemos qué sigue cuando un alto funcionario de un gobierno y los militares comienzan a catalogar a líderes civiles y a sus organizaciones como ‘terroristas’ o ‘simpatizantes’: su muerte”.
El diario The New York Times el pasado 20 de Septiembre señaló: “Uribe, quien aparentemente parecía ser un defensor real de los derechos humanos, respondió comparando a los grupos con terroristas y si bien se retractó más tarde del tono de sus palabras, no lo hizo del contenido… la actitud de Uribe pueda poner en peligro a los dirigentes de estas organizaciones, especialmente en Colombia, donde el clima actual puede hacer que sus palabras sean tomadas como una luz verde para matar”.
Diferentes organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Caritas, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), WOLA, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, entre otras han expresado su preocupación y rechazo a la persecución de defensores de derechos humanos, así como de la política de seguridad democrática.
Las organizaciones mexicanas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se cometen argumentando el combate al terrorismo. La denuncia de estas violaciones es parte fundamental de la labor que realizan las organizaciones en el mundo para evitar que se sigan cometiendo. Por ello, nos solidarizamos con los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia y hacemos un llamado urgente al presidente Álvaro Uribe Vélez para que, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, respete la vida de sus ciudadanos aún cuando no compartan su política de seguridad democrática; y lleve a cabo las acciones tendientes a garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan seguir ejerciendo su labor tan legitima y necesaria no sólo en su país sino en todos nuestros países de América Latina.
Organizaciones Firmantes:
o Amnistía Internacional – Sección México
o Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)
o Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
o Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
o Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
o Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
o Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
o Red “Todos los Derechos para Todos”
o Tercos por la Paz
o Servicios para la Paz (Serapaz)
o Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal)