Solidaridad con los compañeros de la URI y medicina legal de Popayán pero hagamos claridades

En materia de derechos fundamentales, ningún derecho es más que otro. Por ello, enseñan los constitucionalistas, se debe acudir a la ponderación.

El Fiscal General de la Nación, que se anuncia como constitucionalista pues ha quedado bien claro que penalista no es, lo sabe muy bien. Pero, una cosa es ser el Fiscal más preparado de su generación, y otra, ser consecuente con la ponderación de derechos.

Lo decimos pues en el desarrollo del paro nacional, el gobierno en vez de negociar con los líderes de la protesta, ha dado la orden de hacer uso de la violencia estatal y ha entrado a reprimir a cualquier precio la protesta social.

Los jóvenes nos han dado a los colombianos, un ejemplo de Dignidad y de Resistencia. La nueva historia de Colombia lo documentará.

Y, en esos momentos de excesos por parte de la fuerza pública, la democracia tiene sus contrapesos y es cuando los ciudadanos esperan que los entes de control cumplan con su misión.

Sin embargo, así como se alinean los astros, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y hasta la misma Fiscalía, se han alineado con la represión de la protesta, negando de plano el mandato de la Constitución de 1991 en cuanto a la legitimidad y validez de los pesos y contrapesos.
Incluso, hasta las altas Cortes salieron en la foto con el Presidente Duque llenando de desesperanza a quienes confiábamos en su máxima prudencia pues una cosa es la institucionalidad y otra muy distinta la independencia de la justicia.

En ese contexto, sucedió en Popayán un acto de vandalismo pero es bueno analizar las causas de esa reacción sin satanizar. Una población con suficiente criterio, indignada y hastiada de tanto atropello contra la protesta social -violaron a una de sus hijas y la joven tomó la decisión de suicidarse y en las refriegas la fuerza pública asesino a uno de sus muchachos-, un sector del colectivo en protesta, arremetió contra lo que el Fiscal General llama la “institucionalidad”.

En efecto, la turba atacó y destruyó la sede de la Uri y de Medicina Legal. Inmediatamente, como rayo veloz y guapo, el Fiscal Barbosa salió a exigir castigos a los vándalos e indemnizaciones por los daños a la infraestructura oficial.

Lo cierto es que el llamado del funcionario y su ágil reacción, no se compara ni resulta coherente, con la investigación de la serie de asesinatos, desapariciones y el más desmedido ejercicio de la violencia por la fuerza pública contra quienes protestan. Por ello, resulta desagradable la aparición del Fiscal General en el Cauca, con un discurso de defensa de la institucionalidad cuando los organismos de control y la Fiscalía, han abandonado a su suerte a quienes protestan pero sí son raudos en reacción cuando los ciudadanos acuden a las vías de hecho para expresar su repudio ante los desafueros de la fuerza pública.

Tampoco es de recibo ser selectivo y decir que no se puede investigar el asesinato del joven payanes en el marco de la protesta porque medicina Legal está destruida.

Utilice el avión y traslade el cadáver a Medicina Legal en Bogotá y no se derrota la investigación.

La rara sensibilidad del Fiscal General no le permite apreciar los graves atentados contra los derechos humanos de quienes protestan pues su cercanía con el Gobierno Nacional le redefine el concepto de institucionalidad en una sola vía: la gubernamental.

Independientemente de lo anterior, la institucionalidad del Cauca durante años también exigía que el Fiscal General viniera a atender las limitaciones de la planta de personal y el por qué se llevan, una a una, las Fiscalías radicadas aquí, para otras regiones y por qué las vacantes no se remplazan para que se atenúe la carga laboral y no se hable de un SOS por la Fiscalía del Cauca.

Desde luego que hay que investigar los excesos de la protesta y los daños a la estructura de las instalaciones de la Fiscalía. Es urgente y necesario. Sin embargo, se debe PONDERAR señor Fiscal Barbosa. Si va a investigar, primero debe preguntarse por las causas de esa reacción y seguramente se encontrará que se debe a la omisión de los organismos de control que no han tenido la voluntad de garantizar el derecho a la protesta y con su largo silencio legitiman la violencia oficial.

Estando los derechos fundamentales en conflicto, señor Fiscal General, la solución es ponderar. Por ello, desde Asonal Judicial nos solidarizamos con nuestros compañeros de Fiscalía y Medicina Legal pero era necesario hacer las claridades expuestas.

La institucionalidad exige hacer valer las garantías plenas de quienes protestan, por ser un derecho fundamental pero también, se deben investigar con igual celo, los excesos pues si no se ponderan los derechos, lo que sigue es la barbarie. También invitamos al Fiscal General al Cauca para que conozca las limitaciones de la entidad que gerencia. Eso también es defensa de la institucionalidad.

LA JUSTICIA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE ES GARANTÍA DE UNA DEMOCRACIA.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASONAL JUDICIAL 16 de mayo de 2021