Solicitud de garantías a la Minga Social y Popular

Seis de los miembros de la Comisión Ética de la Verdad de Crímenes de Estado en Colombia, en el marco de nuestra V visita al país entre el 31 de octubre al 07 de noviembre del presente año, realizamos nuestro primer pronunciamiento, previo al informe que daremos a conocer en los próximos días. En este pronunciamiento resaltamos la situación de los indígenas del Cauca y un llamado a que se generen garantías al ingreso de la Minga Social y Popular a la ciudad de Bogotá el 20 de noviembre.

1. El objetivo de esta V visita fue la recepción de testimonios de familiares y testigos de casos de desaparición forzada de personas, la ubicación de fosas comunes y el acompañamiento a la afirmación de los derechos de los familiares de los desaparecidos a la búsqueda de sus seres queridos, el derecho a exhumar y de dar sepultura con dignidad a sus familiares. En cada lugar recepcionamos en entrevistas personales y filmadas, testimonios de familiares y testigos de este tipo de crimen, visitamos varios lugares donde se tiene conocimiento de la existencia de fosas clandestinas, participamos de espacios de memoria y conmemoración y nos fueron entregados objetos de las víctimas, pruebas y testimonios que serán llevados a casas de memoria fuera de Colombia para su protección.

2. En esta visita estuvimos en comunidades en Sucre y el Bajo Atrato, especialmente en Curvaradó, dando continuidad a la labor iniciada en visitas anteriores. Tuvimos un primer contacto con comunidades del pueblo indígena Nasa y campesinos de San Isidro y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. Realizamos un primer contacto con las familiares de los desaparecidos de la vereda La Esperanza en el municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia y con algunos familiares de personas desaparecidas durante el desarrollo de la operación “Orión” en la Comuna 13 de Medellín. Y nos entrevistamos con un representante de los indígenas de Colombia, quien nos puso en conocimiento de la situación que están viviendo, especialmente desde el 12 de octubre pasado.

3. Sobre lo observado, escuchado, sentido y constatado en nuestra visita a Sucre, Bajo Atrato, Putumayo, Vereda La Esperanza y la Comuna 13, estamos elaborando nuestro informe, el cual daremos a conocer públicamente en los siguientes días. Así mismo, nuestras valoraciones iniciales contenidas en el informe preliminar sobre los destrozos generados en el Bajo Atrato y Dabeiba, el cual fue entregado públicamente en presencia de delegados de las comunidades, el 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá, al cierre de nuestra visita.

Adelantamos a nuestro informe la presente comunicación, ya que observamos una grave situación relacionada no solo con las violaciones a los derechos humanos y crímenes como el de la desaparición forzada de personas, sino también problemáticas relacionadas con las tierras y la ausencia de garantías a las reivindicaciones sociales.

4. Hemos constatado cómo el problema de la tierra es una situación generalizada en las regiones visitadas. Principalmente en Sucre, Putumayo y Curvaradó, de esta última nos sigue preocupando cómo a pesar de estar comprobada la apropiación ilegal de las tierras y el Gobierno colombiano afirmar hace casi un año la devolución de las mismas, estas sigan en poder de testaferros y empresarios amparados en estrategias militares regulares e irregulares. Tierras que ancestralmente pertenecen a las comunidades afrocolombianas y mestizas, siguen siendo sembradas en palma y usadas para ganadería extensiva

5. Hemos tenido conocimiento a través de un diálogo con representantes de los indígenas de Colombia, que esta situación se presenta en otras regiones como en el Cauca. Por ello, quedamos preocupadas y preocupados de:

A) La negativa del Gobierno colombiano para tomar decisiones que resuelvan la problemática de las tierras y territorios indígenas, afrodescendientes y mestizos.

B) Las políticas económicas y territoriales del gobierno Colombiano y de los empresarios que están destruyendo la vida social y la organización de comunidades como grupos sociales.

C) La ausencia de voluntad política del Gobierno colombiano para
reconocer la propiedad de la tierra de comunidades indígenas en el Cauca, y que ante su afirmación de derechos expresados a través de marchas pacíficas, la respuesta no es el diálogo sino la estigmatización, criminalización y represión policial.

D) La manera como el Gobierno colombiano responde a los derechos de las comunidades indígenas con agresiones a la vida e integridad. Nos preocupa y nos duele que la respuesta hasta ahora a las manifestaciones indígenas en el Cauca sea el asesinato de dos indígenas y casi un centenar de heridos.

E) El tratamiento por parte del Gobierno a las reivindicaciones de los indígenas del Cauca no difiere del tratamiento dado a las manifestaciones de los trabajadores corteros de caña en el Valle del Cauca, judicializando a sus animadores y a quienes la acompañan, deportando del país a ciudadanos alemanes y franceses que se solidarizan con sus causas como observadores de las marchas.

F) La permanencia de los crímenes contra hombres y mujeres que afirman su derecho a la tierra, recuperándola a través de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad como en el Curvaradó, donde el 14 de octubre fue asesinado Walberto Hoyos, testigo del asesinato hace 3 años de Orlando Valencia, líder afrodescendiente del Curvaradó que defendía su Territorio ante la apropiación ilegal para el agronegocio de la palma.

6. Por lo anterior, hacemos un llamado al apoyo y a la solidaridad a los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos que en Colombia afirman su derecho a la tierra, al reconocimiento de la propiedad de quienes aún no la tienen y a la restitución de la propiedad a quienes se les ha despojado a través de violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado.

7. Repudiamos que continúe la represión contra los indígenas del Cauca y hacemos un llamado a que se generen las garantías necesarias para que la entrada de la Minga Social y Popular de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos a Bogotá, no sea reprimida por el Gobierno colombiano, y en cambio sean respondidas de manera integral sus exigencias al reconocimiento de la propiedad de la tierra, como derecho de los pueblos de Colombia.

Comisionadas y Comisionados en la V visita de Comisión Ética de la Verdad a Colombia

• Francois Houtard, Centro Tricontinental, Bélgica

• Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca – España

• Mary Bricker- Jenkins, Campaña de los Pobres por los derechos humanos económicos – EEUU

• Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora – Argentina

• Stephen Nathan Haymes, University DePaul, Chicago- EEUU

• Vicenta Font Gregori, Espai Catalunya – Comissió Ètica – España