Solicitud de cita con el fiscal general pronunciamiento de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó ante convocatoria del INCODER

Ante la persistencia situación de riesgo de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó por su decisión de afirmar su condición de población civil en medio de la confrontación y de defender sus territorios ante la apropiación y siembra ilegal de palma de aceite; ante las presiones que padecen familiares de testigos en Belén de Bajirá y la ausencia de investigaciones tendientes a identificar las relaciones existentes de tiempo, modo, lugar, responsables de los 111 crímenes cometidos contra estas comunidades desde 1996 hasta hoy, organizaciones de iglesias cristianas, de derechos humanos, agencias humanitarias de cooperación y plataformas; solicitaron al Dr. MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación una urgente reunión para abordar la problemática de procesos judiciales e investigaciones en curso y las judicializaciones sobre los Consejos Comunitarios y organizaciones del Bajo Atrato. La carta ha sido radicada bajo el No 001147345. Invitamos a las organizaciones de derechos humanos internacionales, a las iglesias comunicarse vía e-mail, fax y telefónicamente con el fiscal General MARIO IGUARAN ARANA solicitando respuesta a dicha petición. Adjuntamos texto de la Carta

Igualmente ante la convocatoria del Incoder para sesionar en el municipio de Carepa y abordar la problemática de la Palma Aceitera, las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó y Jiguamiandó reunidas en Asamblea General en el caserío El Guamo sobre el río Curvaradó entre martes 29 y miércoles 30 de noviembre, con la presencia como observadores de las familias de los Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA se pronunciaron sobre la misma, indicando que antes de hablar de proyectos esperan la respuesta del Gobierno nacional, al compromiso adquirido el 4 de septiembre de entregar los títulos de propiedad que los empresarios de la palma dicen tener y la respuesta a los 14 puntos de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo del presente año, especialmente el punto relacionado con el retorno.
Adjuntamos la Comunicación de las Comunidades Afrodescendientes

SOLICITUDES

Al Fiscal general de la Nación Dr Mario Germán Iguarán Arana para que otorgue prontamente la cita solicitada a fin de tratar el tema de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó.
contacto@fiscalia.gov.co o denuncie@fiscalia.gov.co

Al Vicepresidente de la República Dr Francisco Santos fsantos@presidencia.gov.co ; al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Tel 57-1 341 90 05; 97-1-243 7917 ext. 302-303 ; despachoministro@minagricultura.gov.co

y al Director del Incoder Luis Ortiz López tel. 57-1 383 04 44 para que entreguen a la comunidad copia de los títulos que los empresarios de la palma aceitera dicen poseer.

Ver adjunto textos de las Cartas

Bogotá, 28 de octubre de 2005

Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
Ciudad

Señor Fiscal General:

Las organizaciones abajo firmantes, conocedoras y acompañantes de los Consejos Comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, beneficiarios de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera respetuosa nos permitimos solicitarle una cita a la mayor brevedad posible, con el fin de valorar, analizar y definir acciones frente a la grave situación de impunidad que padecen estas comunidades desde 1996 por la violación sistemática de sus derechos y a la apropiación ilegal de sus territorios en función de la siembra ilegal de palma aceitera.

En el incumplimiento de dichas medidas provisionales es decisivo el papel de la Fiscalía General de la Nación, como puede apreciarse en la resolución del 15 de marzo de 2005, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró:

“18. Que tanto la Comisión Interamericana como los representantes ( supra Vistos 10 y 11), han denunciado graves actos de violencia por parte de grupos paramilitares y el creciente control de esos grupos en la región, que contarían con la tolerancia e indiferencia del Estado. Dadas las características del presente caso, y las condiciones generales del conflicto del conflicto armado interno, es necesario que el Estado adopte medidas para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las actividades delincuenciales de los grupos paramilitares”.

En consecuencia, la Corte se dirigió al estado colombiano en el siguiente sentido:

“2. Requerir al Estado que:
(…)
f) investigue los hechos que motivaron la adopción y mantenimiento de las presentes medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, incluyendo la investigación de los hechos denunciados después de que la Corte emitió la referida Resolución de 17 de noviembre de 2004, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos;
g) Investigue, en particular, los hechos relacionados con la muerte del señor Pedro Murillo, con el fin de identificar y sancionar efectivamente a los responsables;
h) investigue la delegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en los hechos de violencia y amenaza a los miembros de las comunidades del jiguamiandó y del Curvaradó, con el fin de aplicar la ley en los términos que correspondan, (…)”.

La Corte ha entendido que la medida de protección más eficaz es la condición de investigaciones serias, adecuadas y oportunas que permitan el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables de las circunstancias que han dado lugar al decreto de las medidas provisionales.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha entregado a su despacho y a la Unidad de Derechos Humanos toda la información sobre estas comunidades. Su situación continúa agravándose dramáticamente, como pudo comprobarlo una Comisión de Verificación que realizó una visita a los territorios colectivos de las Comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, el 20 al 22 de octubre pasado en la que intervinieron la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Red Ecuménica de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas, la embajada del Canadá, la agencia de cooperación británica Christian Aid, Peace Brigades International, la Defensoría del Pueblo y, por parte del gobierno, el Ministerio del Interior y de Justicia.

La verificación efectuada por la Comisión se relacionaba con la desaparición forzada de uno de los líderes del Consejo Comunitario de Curvaradó, el afrodescendiente ORLANDO VALENCIA, el pasado 15 de octubre. Su desaparición se atribuye a grupos paramilitares, después de haber sido liberado por la Policía Nacional, que lo mantuvo arbitrariamente detenido por espacio de tres horas, en Belén de Bajirá, en límites entre Antioquia y Chocó.

Luego de la visita, recibimos el 26 de octubre, por parte de las autoridades, la información de que se encontró el cuerpo sin vida de ORLANDO VALENCIA, con un tiro en la frente y con signos de haber sido amarradas sus manos, en el sitio Bocas de Zábalo, a treinta minutos de Chigorodó.

Por todo lo anterior, y motivados por el mejor propósito de contribuir al pronto cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana, y a la efectiva protección de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó consideramos urgente tener la posibilidad de entrevistarnos con el señor Fiscal General de la Nación.
Existe la disposición de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia de de participar en esta reunión como observadores.

Agradeceríamos confirmar esta cita a la Calle 50 No. 13 – 19 Of. 501, Tel. 3404465, celular 3103210160.

Atentamente,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comisión Colombiana de Juristas

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Christian Aid

Movimiento Nacional de Víctimas

Red Ecuménica de Colombia

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó 1 de diciembre de 2005

Doctor
LUIS ORTIZ LOPEZ
Gerente General
Incoder Bogotá

Reciba un cordial saludo

A nombre de nuestros consejos comunitarios del curvaradó y jiguamiandó queremos agradecerles su invitación a la reunión del 2 de diciembre en Carepa.

Queremos manifestarle que venido en un proceso de diálogo con el gobierno nacional que asumió el compromiso el 4 de septiembre de entregar los títulos de propiedad que los empresarios de la palma dicen tener en nuestros territorios colectivos adjudicados por el gobierno nacional en el marco de la 70 de 1993.

Por eso consideramos que antes de hablar de proyectos productivos en nuestro territorio el gobierno debe cumplir los compromisos ya asumidos de cara a resolver la ocupación ilegal de nuestros territorios por las empresas palmeras y ganaderas.

Del mismo modo el gobierno no ha querido dar respuesta a los 14 puntos de la resolución del mes de marzo de la corte interamericana de derechos humanos sobre todo el relacionado con el que garantiza condiciones para nuestro retorno.

Por eso con mucho gusto iremos a una reunión cuando nos convoque para responder a los compromisos adquiridos y no asistiremos a la reunión del 2 de diciembre que desconoce lo acordado.

Atentamente

Ligia Maria Chaverra Francisco Eladio blandón
Representante Legal Curvaradó Delegado del Consejo de Jiguamiandó