Sobre los “lineamientos para la cooperación internacional”
Ante la nueva expresión pública de imposición, signo del unanimismo autoritario que el gobierno pretende sustentar en sus palabras, para crear realidades ficticias, ocultar la realidad y encubrir la responsabilidad del Estado en la estrategia paramilitar y en el conflicto armado y social que vive nuestro país, algunas comunidades en Resistencia Civil Popular del Cacarica, Jiguamiandó, Dabeiba y Alto Ariari en el Meta, con relación al documento del Gobierno colombiano se han expresado públicamente en una Carta Abierta frente al documento filtrado de “lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, enviado a los embajadores acreditados en Colombia y las agencias de Cooperación Internacional.
La filtración es oportuna, pues solamente confirma las tesis planteadas a través de la Política de seguridad y de relación con los ciudadanos del Presidente Uribe, es el credo, falso, pero credo, que se debe reproducir y repetir, pues a fuerza de repetición se cree que la realidad se puede transformar desde discursos, obviamente, que lo que se produce es el engaño. Confirma que para el Gobierno Colombiano, la presencia internacional, le es incomoda en tanto no sea funcional a su estrategia institucional de institucionalización paramilitar, de impunidad disfrazada de Verdad y de Justicia, de militarización de la vida civil y territorial para la privatización territorial.
Aquí la Carta Abierta de unas experiencias rurales de la sociedad civil, adjunto editorial de El Tiempo sobre el mismo tema.
“CARTA ABIERTA DE DIGNIDAD.
Las Comunidades en resistencia civil popular, desde nuestras zonas humanitarias queremos expresar nuestra preocupación con relación al documento “lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional” que el alto consejero presidencial, LUIS ALFONSO HOYOS, envió a los embajadores acreditados en Colombia.
Hemos tenido la oportunidad de leer el texto del Alto Comisionado para la Paz, LUIS CARLOS RESTREPO sobre cooperación internacional y nos parece bueno, que nuevamente se conozca lo que el gobierno piensa de las iniciativas de las poblaciones frente al conflicto armado, es bueno y no debe asustarnos; pues sabemos para donde va todo; se quiere imponer un control sobre todo, ya lo estamos viviendo en nuestros Territorios con controles de alimentos, señalamientos, falsos procesos judiciales, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones y la connivencia de los militares con los paramiitares, con el desconcomiento que hacen de las labores de la Oficina de la Alta Comsionada de Derechos Humanos, de la ACNUR, de las Comisiones Mixtas de Verificación en las que tienen asiento y de las que cada vez han ido sacando y desmontando. Los lineamientos hacen publico lo que el gobierno del Presidente URIBE, piensa, dice, y hace con las comunidades, a quienes niega el derecho a ser población civil a reclamar los derechos a la vida y al territorio. Los liniamientos son el desconcimiento también de la Comisión y de la Corte Interamericana y del Derecho que tenemos a la cooperación y al cumplimiento de los principios rectores Deng..
El texto quiere mostrar que no hay conflicto armad, lo que es mentira, quiere aplastar el Derecho Humanitario, Por eso no es posible para Colombia, el obligarnos a que todos seamos parte de la guerra militar; una guerra injusta en que las victimas somos nosotros, solamente para proteger los intereses economicos y las tierras a unos ciudadanos, y nuevos ciudadanos como los desmovilizados paramilitares, que ahora habitan en los territorios que se han apropiado con sangre y fuego, niega a las iglesias locales y a la sociedad el que se actué en favor de los derechos de las comunidades. Cuestiona la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pone entre la espada y la pared iniciativas como nuestras Zonas Humanitarias – Campos Humanitarios, que venimos desarrollando algunos desde hace 5 años, pone condicionamientos a las Asambleas Constituyentes.
Con el documento del gobierno lo que se alimenta es la guerra contra las comunidades, se quiere ahogar aún más. Se mata de otra manera, no se necesitan balas las mentiras se quieren imponer para beneficiar a los victimarios paramilitares en los proyectos agroindustriales que montan con sangres y fuego.
Lo grave no es lo que dijo el Comisionado pues la política de seguridad es lo que el escribió ahogar en nuestras propuestas en defensa de la Vida y el Territorio, pero un pueblo con los ojos abiertos con la verdad en el corazón no se muere, vive y resiste.
El documento desconoce las causas de nuestro desplazamiento, las violaciones de derechos humanos y los intereses que existen sobre nuestros territorios. El documento coloca en aprietos a la comunidad internacional que no ha sido bien vista por el GOBIERNO en su papel de protección y prevención con las comunidades como ha sido el desmonte en la práctica de las comisiones de verificación.
El documento desconoce la crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos creadas por la aplicación de la política de seguridad, como es la hambruna; el que estemos sitiados por acciones armadas del Estado en la complicidad con paramilitares, sitiados por proyectos agroindustriales de palma, banano, caucho, coca, ganadería en nuestras tierras, siembras ilegales que destruyen nuestra vida y la biodiversidad de la humanidad.
No nos preocupan los recursos de la cooperación, pues nuestras comunidades en sus iniciativas y acompañamiento desde hace más de tres años están bloqueadas, antes de la política de seguridad, y eso es porque nos hemos negado a la impunidad; porque nos hemos negado a guardar silencio, porque hemos protegido los recursos naturales en medio de las ofensivas armadas; Se nos ha bloqueado porque defender nuestros derechos, de la humanidad y los de nuestras vidas, el problema no es la plata ni por eso pataleamos, es la mirada humanitaria de la humanidad, que se niega, son los principios que se quieren desconocer, es la deslegitimación de las iniciativas de la población en la guerra y sostener la encerrona contra las comunidades.
Dejamos constancia ante la comunidad internacional de esta nueva expresión de intolerancia y desconocimiento del derecho al que tenemos los pueblos de la solidaridad.
Invitamos a resistir en la solidaridad, a respaldar nuestras inicfiativas y todas las iniciativas de la población civil que afirma sus derechos a la vida y al Territorio.
Hablamos con el corazón, no nos puede dar miedo, lo que el gobierno autoritario, con la fuerza y el poder de la mentira dice y hacen, por eso apoyamos la presencia internacional que vigila en nombre de la humanidad, de los derechos humanos y los derechos de los pueblos..
FIRMAMOS
COMUNIDAD DE VIDA Y TRABAJO LA BALSITA – Dabeiba (Antioquia)
COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ – Desplazados del Alto Ariari (Meta)
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL JIGUAMIANDO (Bajo Atrato – Chocó)
FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE CURVARADO (Bajo Atrato – Chocó)
FAMILIAS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL CACARICA, ASOCIADOS EN LAS COMUNIDADES DE AUTODETERMINACION, VIDA, DIGNIDAD – CAVIDA (Bajo Atrato – Chocó)”
Colombia, 12 de junio de 2005
“Junio 14 de 2005
EDITORIAL EL TIEMPO
Una iniciativa desafortunada
Por la forma y por el fondo, el documento sobre “lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional” que el alto consejero presidencial, Luis Alfonso Hoyos, envió a los embajadores acreditados en Colombia, luce como un paso en falso del Gobierno.
El documento, con la firma del Comisionado y que establece ciertos parámetros taxativos para los proyectos de cooperación internacional, es un paso más en la línea oficial de que en Colombia no hay conflicto armado. Pero su efecto puede ser contraproducente. No solo fue infortunado sugerir, sin mayor explicación, a los dueños extranjeros de la plata de cooperación, qué es lo políticamente correcto en la materia (así lo reconocieron, de hecho, las aclaraciones que altos funcionarios, entre ellos la Canciller, se apresuraron a hacer a los embajadores, sorprendidos por el insólito correo electrónico de Hoyos en el que les llegó el documento). Además, el catálogo de prohibiciones semánticas y de fondo que establece tiene no pocas repercusiones.
Las instrucciones empiezan estipulando que “ningún funcionario público ni particular” puede establecer contactos con grupos armados ilegales. Prohíben diálogos regionales sin permiso presidencial. Declaran inaceptables como objetivos de los proyectos de cooperación cualquier “enunciado o actividad cuyo destinatario total o parcialmente” sean esos grupos. Rechazan el uso de los términos “actores armados”, “actores del conflicto” y “actores no estatales”. Piden especificar el alcance de conceptos como “comunidad o territorio de paz”, “región o campo humanitaria (sic)”. Prohíben la inclusión “de actividades humanitarias que impliquen contacto con los grupos armados”. Llaman a no aceptar la existencia de un conflicto armado interno y a enfatizar no solo en los derechos sino en los “deberes” de los ciudadanos. Limitan la validez de las asambleas constituyentes y sientan las orientaciones que deben tener los llamados laboratorios de paz.
En teoría, como lo planteó el Comisionado, un gobierno está en su derecho de negociar los términos de los proyectos en los cuales sirve de contraparte. Pero otra cosa es pretender imponer, además del lenguaje, condiciones que, de hecho, excluyen automáticamente docenas de valiosas iniciativas que a nivel local y regional enfrentan el conflicto armado.
Bordearían la ilegalidad los proyectos de vida de los paeces y su guardia indígena. Una exitosa política de retorno de desplazados como la del Valle del Cauca quedaría sin piso. ¿Cómo funcionarían los más de 15 programas de desarrollo y paz, cuyos líderes se ven obligados a hablar con los actores armados para salvar vidas o preservar proyectos frente a sus amenazas? ¿Y los laboratorios de paz que financia la Unión Europea? ¿Cómo se habría desminado la vía en Micoahumado, sin interlocución con el Eln? La lista es tan larga como los beneficios. Cómo será que, pese a que ya se le impusieron “correcciones” al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el propio Comisionado reconoce que hubo de hacerse una ‘excepción’ con su director, el padre Francisco de Roux
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No está claro que el Gobierno tenga la potestad legal de imponer semejantes prohibiciones. En tanto que “particular” ¿irá a la cárcel todo periodista que entreviste guerrilleros y paramilitares? ¿Para qué agencias como Acnur, una vasta presencia de la ONU, financiación internacional, si el conflicto armado no existe? ¿Qué va a pasar cuando el cooperante extranjero se vea en la necesidad de hablar de ‘conflicto armado’, para justificar la ayuda, y el Gobierno colombiano se niegue? ¡Qué lejanos lucen a veces los estrategas presidenciales de la guerra que azota a tantas regiones del país! Como si el problema fuera lingüístico-semántico. O como si bastara decir en Palacio que no hay conflicto para convertir a Cundinamarca en Dinamarca.
A no ser que se busque reducir la presencia y la vigilancia internacionales, no luce muy afortunada la iniciativa que ha llevado al Gobierno a escribir semejante documento. El efecto puede ser el de aislar a Colombia y hacer más difícil una salida a nuestra más protuberante y oprobiosa realidad. Aquella que, por fuera de la Casa de Nariño, todos llaman conflicto armado interno.
editorial@eltiempo.com.co
Bogotá, D.C., 15 de junio de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ