Situación de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca
Introducción
El territorio del Cauca sigue siendo sometido a las peores formas de violencia, donde operan factores estructurales que determinan en última instancia ese aparente caos en que padecemos una violencia exacerbada contra la población y sus líderes. El Cauca se ha distinguido por su fértil dinámica social y de organizaciones comunitarias que generan iniciativas y luchas que trascienden a nivel nacional.
A tres años y medio de la firma del Acuerdo de Paz, las diferentes formas como ha operado el Estado Colombiano, desde sus inicios, en contra de esta esperanza de construir territorios en los cuales predomine la justicia y el respeto a la vida, viene mutando en escepticismo; pero el espíritu luchador de esas comunidades y sus organizaciones continúa siendo el motor de trabajo de múltiples personas lideresas y defensoras de los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca.
El incremento desmedido de la violencia socio política en el Departamento se ha constituido en una barrera que no solo atenta en contra de la pervivencia de las comunidades de nuestro territorios, sino contra la posibilidad de consolidación de la democracia Colombiana, se constituye en síntoma de un retroceso real de las mínimas formas en que el sistema operante en Colombia asume formas de apariencia de democrática, ya que, no puede haber democracia completa sin una institucionalidad que garantice el deber Estatal de proteger la libre expresión de quienes alzan sus voces para denunciar las políticas estatales como la causa de las violencias que padecemos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, en el Departamento del Cauca han sido asesinadas 215 personas lideresas, defensoras de Derechos Humanos y familiares, 36 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación y 3 de sus familiares y 1 integrante del partido FARC.
Para las comunidades rurales y urbanas, cada una de nuestros compañeros y compañeras asesinadas, representaba una posibilidad proyección histórica de la comunidad y de aprendizaje social, así como la fuerza moral para hacerle frente a los desafíos propios de la vida del post acuerdo, en territorios marcados por unas políticas económicas marcadas por el extractivismo y por la ausencia de una estructura institucional eficaz y transparente en cuanto a la defensa de los derechos.
Para el Estado, cada una de estas personas significaba una oportunidad para dignificar la política colombiana, para conocer los territorios en donde no había hecho presencia, para encontrar propuestas que faciliten la implementación de los Acuerdos de Paz, así como, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de proteger la vida y la dignidad de la ciudadanía: a cada una de ellas y a cada una de sus familias, el Estado les falló.
Aunque las amenazas a la vida, integridad y seguridad personal de las comunidades y personas que ejercen liderazgos sociales, defienden los Derechos Humanos o se
reincorporaron a la vida civil no son nuevas, y por el contrario se han hecho más evidentes con el paso del tiempo, a través de la publicación de múltiples registros e informes provenientes de la propia institucionalidad, de la comunidad internacional, así como de organizaciones de la sociedad civil; las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes.
En consecuencia, encontramos que desde el inicio del actual gobierno y hasta la presente fecha, en el Departamento han sido asesinadas 149 personas lideresas, defensoras de derechos y familiares, 26 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación y 3 de sus familiares.
Hoy, frente a una situación de pandemia mundial, que agudiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la población caucana, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, la violencia continúa llegando hasta las viviendas de líderes, lideresas y defensores/as de Derechos Humanos para arrebatarles la vida. Así, entre finales de marzo (cuando se reportaron las medidas de cuarentena) y los primeros días de mayo; 20 personas lideresas, defensoras de Derechos Humanos y familiares han resultado asesinadas en el Departamento.
El incremento de la violencia socio política amenaza especialmente a los grupos poblacionales que más han sufrido la negación de sus derechos, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades campesinas; en este sentido, los procesos organizativos que representan a dicha población como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) – Marcha Patriótica; El Coordinador Nacional Agraria (CNA) y el Congreso de los Pueblos, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); han resultado particularmente afectados.
De manera particular sobresalen también las afectaciones diferenciales a las mujeres, pues desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, 26 mujeres lideresas, defensoras de los Derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Departamento del Cauca. Esto implica que además del riesgo a ser víctimas de violencias basadas en género, las mujeres deben afrontar el riesgo adicional de ser víctimas de la violencia sociopolítica; la existencia de este doble riesgo supone una gran barrera para que las mujeres puedan acceder a espacios públicos de decisión, así como a posiciones de liderazgo comunitario.
El incremento de la violencia sociopolítica que se impone en los territorios a través de la presencia de actores armados representa la agudización del sistema patriarcal que legitima la fuerza como fuente de poder y niega el diálogo como mecanismo de relacionamiento social, situación que exacerba los riesgos a la vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos étnicos y culturales históricamente discriminados, lo que configura además de un doble riesgo; una doble discriminación resultante de las condiciones de género y étnicas o culturales propias de las mujeres rurales, quienes deben entonces sobrellevar limitaciones adicionales para poder acceder a programas, bienes y servicios estatales.
En desarrollo de los puntos 2.2., 3.4. y 5 del Acuerdo Final de Paz, el Estado Colombiano complementó su amplia normativa en materia de garantías para la Defensa de Derechos Humanos en Colombia (personas, grupos y comunidades en riesgo o con especial vulnerabilidad); cuenta con instrumentos administrativos como resoluciones, circulares, directivas, entre otros, que contienen iniciativas, programas y estrategias.
Sin embargo, se evidencia una débil articulación entre dichos instrumentos y la institucionalidad. La falta de conocimiento y apropiación por parte de quienes hacen parte de las instituciones en el orden nacional y local, adicionando la carencia de la incorporación de estas disposiciones en los instrumentos de planeación y la decisión estatal de disponibilidad de recursos, y la ausencia de procesos e instrumentos de seguimiento efectivos, se traduce en una brecha entre los instrumentos adoptados y su implementación por parte de la institucionalidad.
Los Acuerdos de Paz incluyeron mecanismos normativos especialmente dirigidos a las garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia. No obstante, el gobierno nacional, se ha negado a implementarlos y creó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales (PAO) con el fin de impulsar una estrategia para garantizar su seguridad y la promoción de los Derechos Humanos. Pese a lo anterior, se incrementa la violencia socio política en nuestros territorios, es decir presentándose asesinatos, masacres, amenazas, atentados, heridas de civiles en acciones bélicas, daños en bienes civiles, desplazamientos forzados y confinamientos.
Las posturas del gobierno en contra de la implementación del Acuerdo de Paz, están afectando de forma significativa y adversa a las personas defensoras de Derechos Humanos que lideran la defensa de la tierra, el territorio, el ambiente sano, los derechos de las víctimas, que construyen la paz en sus comunidades e impulsan el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS y otras propuestas comunitarias con el propósito de sustituir cultivos escalonadamente a través de inversión social.
En medio de esta realidad y de la reflexión sobre estos contrastes durante los últimos años, organizaciones de la sociedad civil, han continuado impulsando la implementación integral de los acuerdos de paz como estrategia central para la garantía de derechos y seguridad humana para los constructores de paz, líderes y lideresas sociales y políticos.
Sin centrar el problema en las cifras, se reitera la importancia de poner el acento en las causas, en el carácter generalizado y sistemático de la violencia directa, estructural, socio política, económica, ambiental, simbólica y cultural, en sus raíces e intereses económicos y políticos y las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana, cuya finalidad está dirigida a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones y romper cualquier posibilidad de actuación colectiva desde los territorios.
En este marco, y como un elemento de aporte al gran debate nacional e internacional en ciernes y en desarrollo del compromiso de las organizaciones campesinas, étnicas y sociales con la denuncia, visibilización y seguimiento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en especial a la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal y la libertad, en contra de personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos, ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación y sus familiares, comunidades y organizaciones, presentamos el siguiente informe especial “Situación de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca”.
El presente documento contiene un análisis de factores de riesgo en los territorios, la descripción estadística de hechos, unas solicitudes concretas y el registro de nuestros compañeros y compañeras asesinadas en el año 2020.
Hemos podido sistematizar estos casos gracias a la valentía de fuentes primarias y de quienes construyeron las fuentes secundarias, de quienes se atrevieron a recepcionar y denunciar información sobre las atrocidades que se perpetran, a pesar de los riesgos que esto les acarrea. Igualmente acudimos a informaciones recibidas de organizaciones sociales hermanas, medios de comunicación e instituciones como las Personerías y las Defensoría Regional del Pueblo.
Si bien, el informe no recoge la totalidad de los hechos, es en sí, preocupante por su magnitud y sirve de insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades urbanas y rurales del Departamento.
Informe Especial. Situación… by Anonymous UeGxFwA on Scribd