Situación de Derechos Humanos en Colombia Estimada Consejera
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda
Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales Calle 7 #6-54
Casa Republicana Bogotá
Colombia
18 de septiembre de 2020
Asunto: Situación de Derechos Humanos en Colombia Estimada Consejera,
Escribimos en nombre de sindicatos de Gran Bretaña e Irlanda que representan a millones de trabajadores para expresar nuestra extrema preocupación por la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en Colombia. Tenemos relaciones fuertes y desde hace mucho tiempo con el movimiento sindical colombiano y hemos trabajado durante muchos años para apoyar a quienes trabajan en defensa de la paz y los derechos humanos en el país, particularmente a través la organización que fue formada por nuestros movimientos sindicales que tiene su sede en Londres, Justice for Colombia.
Hemos estado conmocionados en los últimos meses, ya que cada día trae nuevos relatos de sufrimiento y de violencia cometida contra activistas, menores, sindicalistas y las comunidades que han sido las más afectadas históricamente por el conflicto y el abandono estatal.
Sólo en agosto se cometieron al menos nueve masacres en Colombia, en las que la gran mayoría de las víctimas eran jóvenes, como los cinco niños afrocolombianos asesinados en Cali el 11 de agosto; los ocho jóvenes asesinados mientras socializaba en Samaniego el 15 de agosto; los tres indígenas Awá asesinados en Nariño el 18 de agosto; y las tres masacres que se cobraron 17 vidas en un período de 24 horas durante el 21 y el 22 de agosto.
Otros casos alarmantes incluyen el asesinato de dos estudiantes de secundaria mientras llevaban un proyecto escolar a su maestro el 9 de agosto; el secuestro y asesinato del líder comunitario afrocolombiano Patrocinio Bonilla el 12 de agosto; y la muerte del periodista indígena Abelardo Liz, presuntamente asesinado por soldados mientras cubría protestas el 13 de agosto.
Denunciamos en la manera más enfática las acciones de la Policía colombiana después de que abriera fuego en una manera indiscriminada a personas desarmadas que protestaban por el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de agentes de la Policía el día 9 de septiembre. Según la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ‘el uso excesivo de la fuerza’ puede haber matado hasta 13 personas y dejado lesionado a 300, incluyendo a 77 con lesión causada por balas.
Los casos detallados aquí representan sólo algunos de los muchos que han cobrado tantas vidas en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre del 2016. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado los asesinatos de al menos 424 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios desde el comienzo de 2017, además de 215 excombatientes de las FARC-EP quienes estaban dentro del proceso de reincorporación. La organización Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró 878 casos de asesinatos de líderes sociales durante el mismo período.
El proceso de paz trajo esperanza a millones de personas, pero si no se tomen medidas urgentes Colombia enfrenta un regreso irreversible a sus momentos del pasado más violentos. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha subrayado repetidamente el acuerdo de paz como el medio más eficaz para reducir la violencia endémica provocada por la proliferación de organizaciones sucesoras paramilitares y otros grupos armados en gran parte del país. Aunque el acuerdo de paz tenga enfoque específicamente al desmantelamiento de grupos armados a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, observamos que las Naciones Unidas han advertido en varias ocasiones que la Comisión debe convocarse con mayor frecuencia para garantizar su funcionamiento eficaz.
También nos sentimos muy alarmados por las numerosas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Estos incluyen asesinatos como el del excombatiente Dimar Torres en abril del 2019, por lo cual un soldado ha sido condenado y otros investigados; el seguimiento ilegal de políticos, periodistas y sindicalistas de la oposición; y el bombardeo militar en agosto del 2019 que mató a varios niños y niñas a pesar de que se advirtió a las autoridades de la presencia de menores en la zona. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido investigaciones independientes y transparentes sobre presuntos abusos cometidos por agentes estatales.
Los movimientos sindicales británicos e irlandeses estamos comprometidos con Colombia como parte de nuestras campañas internacionales en defensa de los derechos laborales y los derechos humanos. Por lo tanto, hoy les pedimos respetuosamente que tomen todas las medidas n ecesarias para abordar las cuestiones planteadas en esta carta: más específicamente, le pedimos que en su papel de Consejera Presidencial de Derechos Humanos presione para que se dé prioridad a las investigaciones enfocadas en encontrar los autores intelectuales de crímenes cometidos en contra de los líderes sociales; se intensifique la implementación del acuerdo de paz, en particular en relación con las medidas de derechos humanos; se haga todo esfuerzo para reiniciar los diálogos de paz con el ELN; y se garantice la plena rendición de cuentas de todos los actores estatales involucrados en abusos que violen los derechos humanos.
Agradecemos mucho su atención y el tiempo para considerar esta carta y esperamos con interés tener más correspondencia.
Atentamente:
Frances O’Grady, Secretaria General, TUC (la Central sindical británica)
Ged Nichols, Secretario General, Accord (sindicato de servicios financieros)
Mick Whelan, Secretario General, ASLEF (sindicato de maquinistas) y Presidente, Justice for Colombia
Sarah Woolley, Secretaria General, BFAWU (sindicato del sector alimentario)
Roy Rickhuss, Secretaria General, Community (sindicato general)
Claire Sullivan, Directora de Relaciones Laborales y Servicios Sindicales, CSP (sindicato de fisioterapeutas)
Dave Ward, Secretario General, CWU (sindicato del sector de comunicaciones)
Larry Flanagan, Secretario General, EIS (sindicato de educadores escocés)
Christine Payne, Secretaria General, Equity (sindicato del sector de artes escénicas)
Matt Wrack, Secretario General, FBU (sindicato de bomberos)
Kevin Callinan, Secretario General, Forsa (sindicato de servicios públicos irlandés)
Eoin Ronanye, Secretario General adjunto, Forsa (sindicato de servicios públicos irlandés)
John Phillips, Secretario General interino, GMB (sindicato general)
Gerry Murphy, Presidente, ICTU (Central sindical irlandesa)
Horace Trubridge, Secretario General, MU (sindicato del sector de la música)
Ian Lawrence, Secretario General, NAPO (sindicato de servicios judiciales)
Patrick Roach, Secretario General, NASUWT (sindicato de educadores)
Mark Dickinson, Secretario General, Nautilus (sindicato del sector marítimo)
Mary Bousted, Secretaria General conjunta, NEU (sindicato de educadores)
Kevin Courtney, Secretario General conjunto, NEU (sindicato de educadores)
Alison Millar, Secretaria General, NIPSA (sindicato de servicios públicos de Irlanda del Norte)
Mark Serwotka, Secretario General, PCS (sindicato de funcionarios del estado)
Steve Gillan, Secretario General, POA (sindicato de guardias penitenciarios)
Roz Foyer, Secretaria General, STUC (Central sindical escocesa)
Manuel Cortes, Secretario General, TSSA (sindicato del sector de transporte)
Jo Grady, Secretaria General, UCU (sindicato de trabajadores de la educación superior)
Dave Prentis, Secretario General, UNISON (sindicato de servicios públicos)
Len McCluskey, Secretario General, Unite (sindicato general)
Paddy Lillis, Secretario General, USDAW (sindicato del sector comercial)
Con copia a:
Embajador Antonio Jose Ardila, Embajador de Colombia en el Reino Unido Embajador Colin Martin-Reynolds, Embajador del Reino Unido en Colombia Embajadora Alison Milton, Embajadora de Irlanda en Colombia