Situación de alto riesgo de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Excmo. Señor Presidente,

Es sumamente lamentable que hayan sido asesinados entre 1 de enero y 8 de julio del año en curso 109 lideresas y líderes sociales, activistas de derechos humanos, miembros de Juntas de Acción Comunal, y entre noviembre 13 de 2016 y julio 8 de 2019 139 excombatientes de las extintas FARC y no se conozcan resultados reales que esclarezcan las autorías intelectuales de estas graves violaciones de derechos humanos.

En concreto me dirijo a Ud. con mucho respeto y con profunda preocupación para expresarle mi alarma extrema ante la grave situación de seguridad en la que se encuentran los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), reconocida ONG con la que tengo relaciones desde el parlamento alemán en el marco del apoyo a la búsqueda de la Paz y la justicia social en su país desde 2010.

S. E. permítame resaltar que Justicia & Paz es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Danilo Rueda de medidas provisionales de la Corte Interamericana. De igual manera, la organización cuenta con medidas de protección de alto nivel por parte de la Unidad Nacional de Protección. La situación de amenazas constantes se enmarca en un contexto político, donde pareciese que no se actúa de manera eficaz en contra de las amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.

Las agresiones contra Justica & Paz y sus miembros ocurren en un contexto de cumplimiento parcial en la implementación del Acuerdo de Paz, un escándalo internacional en cuanto a resurgimiento de directivas de ‘conteo de cuerpos’ y ascensos cuestionados en la comandancia del Ejército Nacional, inicialmente publicados por el New York Times (NYT) y un recrudecimiento del conflicto armado en general (https://tinyurl.com/y24knovh).

En lo que va corrido de este año han aumentado los ataques, las amenazas y señalamientos contra Justicia & Paz en las diferentes zonas de conflicto donde asesora y acompaña a las comunidades.

Excmo. Señor Presidente permítame solicitarle de acuerdo a sus funciones y en el marco de la separación de poderes que:

• Se cree, como está previsto en el Título I, artículos 2 al 24 del Decreto Ley 898 de 2017, implemente y despliegue en funciones la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

• Se investigue y judicialice a los autores intelectuales de las amenazas telefónicas de muerte del pasado 26 de junio en contra del defensor de derechos humanos de Justicia & Paz, Carlos Fernández, que acompaña a comunidades indígenas Nasa y a la Asociación ADISPA de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica/Putumayo.

• Se investigue y judicialice al Presidente del Consejo Comunitario de Curbaradó, Herber Rentería y al fiscal del Consejo, Luis Emilio Mena por las amenazas proferidas el 25 de junio contra la familia Hoyos de la Zona Humanitaria de Caño Manso/Bajo Atrato, Norte del Chocó ocurridas pocos días después de la visita de una delegación internacional compuesta por miembros de las Embajadas de Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Noruega y acompañada por la MAPP OEA, la Misión II de la ONU y las ONGs internacionales PBI, Christian Aid y Colombian Human Rights Commitee (https://tinyurl.com/y6zmouab).

• Se investigue y judicialice a los autores intelectuales de las amenazas en el Bajo Calima, Valle del Cauca del día 25 de junio contra miembros de Justica & Paz, entre ellos Danilo Rueda Secretario Ejecutivo de esta organización, sucedidas durante su viaje por el río mientras realizaban una visita a comunidades étnicas con el fin de evaluar la situación humanitaria por su situación de desplazamiento forzoso.

• Se informe sobre el estado de las investigaciones por la existencia de un plan de atentado en contra de Danilo Rueda y los integrantes de J&P, en particular en el marco de su labor en el Bajo Atrato y Antioquia (https://tinyurl.com/y3qlo2gt).

• Se investigue la autoría intelectual de los seguimientos y amenazas en contra Daniel Prado, abogado asociado a J&P y actualmente representante de las víctimas del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, en el caso del juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, por su presunta participación en la conformación de dicho grupo (https://tinyurl.com/y2o62h24).

Agradeciendo su atención y respuesta oportuna y de fondo en el contexto de esta petición.

Con saludos de consideración y respeto,

Heike Hänsel

Parlamentaria alemana

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