Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción

Patrones en el asesinato de las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes en los territorios de Norte del Cauca; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

El presente documento parte de la labor de un conjunto de organizaciones [1] en la identificación de patrones comunes, que aporten elementos para abordar la sistematicidad en los asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, y excombatientes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), teniendo en cuenta el predominio y la continuidad de estos crímenes y la impunidad que aún persiste. Ante este panorama, que revela los riesgos a los que están expuestos quienes defienden derechos y reivindican causas sociales en Colombia, es urgente la respuesta del Estado.

Los precarios avances en materia de investigación de estos asesinatos, reportados por la Fiscalía General de la Nación (FGN), no han logrado identificar las causas estructurales de esta violencia y su relación con los intereses que confluyen en el silenciamiento de las personas defensoras y excombatientes, ni se han centrado en la identificación de los autores intelectuales y determinadores de estas conductas. Además, las cifras reportadas por esta entidad respecto a las investigaciones sobre estos crímenes son confusas y pretenden mostrar resultados que distan de la realidad y magnitud de los hechos. Según información de la FGN presentada en el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 diciembre de 2020, se reportan los siguientes avances en materia de esclarecimiento:

“La aplicación de las líneas de acción de la estrategia y la metodología de investigación han permitido que la Fiscalía eleve el índice de avances en el esclarecimiento en materia de casos de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Así, pese al elevado número de homicidios contra esta población y las limitaciones dadas por la pandemia, la Fiscalía ha dado un salto importante durante el año 2020, en el que se logró avanzar en 10 puntos porcentuales, de febrero de 2020 a febrero de 2021, se pasó de 52% a 62,74% de avance de esclarecimiento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos”[2].

Al respecto, cabe precisar que el ente acusador emplea la categoría “avance en esclarecimiento”; precisando en sus informes de gestión que “se entienden incluidas dentro de esta categoría aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado[3]”. Aunado a lo anterior, se toma como referentes para la valoración de los resultados en materia de lo que la FGN llama esclarecimiento, los casos verificados por la Oficina de la Representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), sin tener en cuenta que este organismo internacional ha precisado que esos casos son solo una muestra de los homicidios contra personas defensoras, y que tal cifra no representa el universo de los casos.

En medio de estas cifras, que no reflejan la magnitud y ante los pretendidos resultados en materia de esclarecimiento, continúan los crímenes y permanecen vigentes las obligaciones del Estado en materia de prevención de los asesinatos, la judicialización y la no repetición de las atrocidades. Ante el elevado nivel de la impunidad que persiste en el asesinato contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes, la investigación abordada por las organizaciones participantes, de la cual presentamos un avance a través de este documento, permitió identificar, en las zonas de estudio, patrones en los asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, y muestra aspectos comunes en los asesinatos contra excombatientes.

A partir de estos patrones y aspectos comunes, puede inferirse el carácter generalizado y sistemático de los asesinatos en dichas zonas, así como la estigmatización contra estos dos colectivos.

El eslabón que falta en el análisis de la sistematicidad en el asesinato contra los líderes, lideresas sociales, personas defensoras y excombatientes, debe ser hallado en el ejercicio de deber de investigación del Estado, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones sobre los siguientes aspectos:

-Los antecedentes, las causas y móviles de los casos en las investigaciones de asesinatos a líderes y lideresas sociales, considerando como hipótesis del proceso la labor de liderazgo social y defensa colectiva de los derechos que ellas y ellos desempeñaban, los contextos y territorios en los que ejercían su labor, los factores de riesgo en la labor de las personas defensoras y los enfoques diferenciales.

-La vinculación de las investigaciones de los casos entre sí, teniendo como criterios el factor territorial, el sector o sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, los derechos y reivindicaciones defendidos, entre otros.

-La caracterización de las estructuras y alianzas, tras estos crímenes, a nivel local, regional y nacional.

-La identificación de intereses, determinadores, cómplices y beneficiarios de este tipo de conductas.

El proceso de identificación de los patrones en los asesinatos, se generó a partir de la vinculación de bases de datos [4] sobre homicidios a personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes, en una base de datos consolidada. En este instrumento se recopiló información correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 y el 30 junio de 2020, referida a 255 víctimas, de las cuales 213 fueron caracterizadas como personas defensoras, líderes y lideresas sociales y 42 como excombatientes. El análisis referido a este periodo se focalizó en las regiones de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; y Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños[5]. Como criterios para centrar el análisis en estas zonas se consideraron el conocimiento de los contextos y presencia en materia de trabajo en terreno y documentación de casos por parte de las organizaciones participantes.

-La agudización de la violencia contra las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes, con posterioridad a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP).

-La identificación como zonas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) y para la implementación del AFP en materia de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y de protección colectiva de comunidades y organizaciones.

-La caracterización como territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos y políticos, en el marco de alianzas y disputa por el control social y territorial.

-El ser territorios con predominio de conflictos ambientales, conflictos por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

El análisis de los casos documentados en las regiones anteriormente mencionadas, permite aportar elementos para avanzar en la investigación de estos crímenes a partir de los siguientes aspectos comunes.

-La sistematicidad en el asesinato de personas defensoras.
-La estigmatización contra las personas defensoras, líderes, lideresas y los y las excombatientes, y sus organizaciones.
-La precaria respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción.

[1] Fundación Forjando Futuros, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Somos Defensores, CINEP, Protección Internacional, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo de OXFAM y DIAKONIA.

[2] En: http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Documents/INFOME-2020-HOMICIDIOS-DEFENSORES-DDHH-21.02.21. pdf, pág.73.

[3] En: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Infomede-empalme-de-la-FGN-2020.pdf, pág. 25

[4] La información documentada sobre los asesinatos a líderes sociales, por parte de las organizaciones participantes, se consolidó en una base de datos conjunta, vinculando la información de las bases de datos aportadas por CINEP, Fundación Forjando Futuros, Fundación Paz y Reconciliación, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Somos Defensores, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas.

[5] Norte del Cauca: Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano: Apartadó, Carepa, Turbo, Mutatá, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y Riosucio; Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta; y Nordeste y Bajo Cauca antioqueño: Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Caucasia, El Bagre, Valdivia, Briceño y Zaragoza.

Puede visualizar la cartilla completa aquí:

Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento