Síntomas de desesperación
No es un invento reciente. En la semana que siguió al día de las elecciones de Congreso y consultas internas de dos partidos, se filtró – de fuentes con acceso al lugar de los sucesos – el rumor de que la Presidencia estaba dándole vueltas a la declaratoria de conmoción interior, una figura que se contempla solo para situaciones “de grave perturbación del orden público… que no puedan ser conjuradas mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades…”.
Pues bien, en tal momento lo único irregular, más no peligroso ni mucho menos incontrolable, era la demora en la entrega de los resultados electorales, y una furrusca verbal entre los amigos de Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín. En las calles de Cartagena, Pasto, Leticia o Riohacha, nadie pretendía subvertir el sistema o alzarse en armas si ganaba Arias o si triunfaba Noemí. Sin embargo, la Casa de Nariño consultó la idea con algunos personajes quienes, como es apenas obvio, se escandalizaron con esa barbaridad antijurídica. También se dijo que se contempló, en el borrador del decreto, la razón de fondo: la destitución del Registrador Sánchez – poco apreciado en la carrera Octava – y su sustitución por alguien designado a dedo por el gobernante. La intentona no prosperó por falta de apoyos.
Tres meses después, se repite la historia. La disculpa que hasta anoche se sostuvo para suspender el ordenamiento regular, fue que unos cuantos jueces dejaron libres a unos delincuentes de los cuales – por criminales que sean – no se conocen sus nombres, sus alias o los crímenes que se les imputan. No se sabe tampoco si los jueces actuaron como tocaba, por ejemplo, porque las capturas se adelantaron por fuera de los procedimientos. En cambio, sí se recuerdan los reiterados maltratos del jefe de Estado a otros jueces porque éstos condenaron a protegidos suyos o porque, simplemente, les abrieron una investigación. El Mandatario niega que, al amparo de esta conmoción interior que retrocedió a última hora, hubiera querido aprovechar para autoerigirse en nominador del Fiscal, otro funcionario cuya autonomía no resiste. Puede ser cierto que las ternas de dudosa calidad, que no concitaron la confianza pública ni la de la Corte Suprema para elegir Fiscal en propiedad, sean mera casualidad. Puede ser que la enemistad del gobierno con los magistrados independientes, aquellos que se negaron a violentar su conciencia votando por quien no creían, nada tenga que ver con esa versión. Puede ser que las insultantes declaraciones del propio Uribe y de sus asesores contra la Corte por ese motivo, sea otra coincidencia. Puede ser que los reclamos airados del jefe de Estado al fiscal Mendoza por sus actuaciones, sean puro azar.
Puede ser que la propuesta de campaña del Mandatario electo en el sentido de que el Fiscal se subordine al Ejecutivo, haya aparecido como una idea suelta. Puede ser que el grupillo de magistrados que la Administración logró infiltrar, y que anda ejerciendo inmoral presión sobre sus compañeros para que éstos se arrodillen con ellos, y elijan “ya” al Fiscal, sea otro caso fortuito. La cuestión que no puede soslayarse, al margen de que sea comprobable lo que se relata arriba, es que Álvaro Uribe siempre pretendió contar con una “justicia” que encerrara a quien él juzgara culpable, y que se abstuviera de investigar o detener al que estaba bajo su sombra. Al Presidente habrá que aceptarle que lo movieron argumentos válidos y no desesperación personal cuando puso a Colombia al borde del estado de “grave perturbación”, a mes y medio de terminar su gestión. Pero qué cantidad de síntomas que indican otra realidad. Y sobre todo ¡Qué irresponsabilidad!