Sindicalismo y libre comercio
Las negociaciones comerciales con el nuevo gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea abren de nuevo la discusión sobre la trayectoria laboral y sindical colombiana.
Las cifras y hechos demuestran que en Colombia ha existido una práctica gubernamental y empresarial obstructiva, e incluso violenta, contra el sindicalismo. En ningún otro país del mundo se han registrado 2.694 asesinatos de sindicalistas y un total de 9.911 violaciones a su vida, libertad e integridad en los últimos 23 años.
La tercera parte de esas violaciones, incluyendo 482 homicidios, han ocurrido en los seis años de gobierno del presidente Uribe, en tres de los cuales (2002, 2003 y 2004) el número de sindicalistas asesinados fue incluso mayor que el de policías. En el 2008, la tasa de homicidios de policías fue de 86, la de un colombiano promedio de 33, la de un sindicalista promedio de 6 y la de un dirigente sindical, 48. Ser dirigente sindical en Colombia, en particular de la CUT, incrementa sustancialmente el riesgo de ser asesinado.
El objetivo deliberado de esa agresión sistemática ha sido impedir la organización sindical y la negociación colectiva de los trabajadores. El resultado es que de 18 millones de trabajadores, apenas 3 millones pueden sindicalizarse, de los cuales sólo 831.000 lo han hecho. Mientras la población trabajadora crece, la sindicalizada se ha reducido en 11 por ciento desde 1990. Mientras en 1996 se acordaron 1.579 convenios colectivos que beneficiaban a 462.641 trabajadores, en el 2006 sólo se acordaron 975, que beneficiaron a 176.948 trabajadores.
Además de la violencia, la desregulación laboral ha contribuido a ese nefasto resultado. La legislación laboral se modificó para, por un lado, exigir la existencia de un contrato laboral como requisito para pertenecer a un sindicato y, por otro, crear Cooperativas de Trabajo Asociado, cuyos socios o afiliados pueden vender su trabajo, pero no vinculados por contrato de trabajo ni cubiertos por la legislación laboral. Deliberadamente, las CTA se han vuelto el mecanismo predilecto para enganchar personal, porque permite reducir o incumplir el pago debido de salarios y prestaciones y limitar el derecho de sindicalización y negociación colectiva.
Estos hechos demuestran que el problema laboral en Colombia no se reduce y ni siquiera se centra en la violencia sindical, sino que esta es parte de un patrón sistemático de degradación de las condiciones laborales y sindicales. Si el discurso sobre la democracia, los derechos humanos y el comercio justo es genuino, las negociaciones comerciales deberían comprometer al Gobierno colombiano y a los empresarios nacionales y extranjeros, que aspiran a beneficiarse de los TLC, a que cumplan tres requisitos: 1. Contratar directamente a sus trabajadores, 2. Pagar cumplidamente los salarios y prestaciones legales y 3. Permitir la creación de sindicatos y negociaciones colectivas en sus empresas.
Si una empresa no cumple esos requisitos, debe pagar aranceles más altos y tener menor acceso a los mercados; si los cumple, puede beneficiarse de menores costos y mayor acceso. Poner los incentivos adecuados sobre el bolsillo de los empresarios es lo que va a hacer que cambie la práctica empresarial y gubernamental, no firmar declaraciones vacías que nadie vigila ni hace cumplir.
Promover el comercio sin asegurar el cumplimiento de derechos laborales y sindicales va en contra no sólo de los trabajadores colombianos, sino también de los estadounidenses y europeos, contra quienes la permisividad con la violación de derechos humanos y sindicales en Colombia se usa como ventaja comercial comparativa, que destruye empleos bien pagos y regulados en sus países, para crear empleos desregulados y ficticiamente baratos en el nuestro.
Lo que está por verse en estas negociaciones comerciales es si los gobiernos de Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos son capaces de hacer coherentes su discurso de derechos humanos y democracia con sus prácticas laborales y comerciales.
Claudia López.
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