Sin garantías para la verdad ni para la devolución de la tierra
Seguimientos e intimidaciones contra la esposa, hijos y hermanos del líder de restitución Manuel Ruíz y su hijo Samir, asesinados por paramilitares se produjeron en la última semana.
El pasado 10 de marzo días después de rendir su testimonio, Trinidad Gallo, viuda de Manuel Ruíz, en Apartadocito, Curvaradó, fue buscada por un hombre de civil. El hombre abordó al escolta de la familia Ruiz a quien preguntó si la señora Trinidad Gallo, había declarado en Medellín la semana anterior. Antes de abordar su vehículo, le ordenó al Escolta seguir su camino.
Tres días antes sus hijos James y Cristian Ruiz Gallo fueron seguidos, por un reconocido paramilitar mientras permanecieron en el caserío de Pavarandó. Los seguimientos continuaron hasta el poblado de El Cerrao, Curvaradó, por varios hombres que se movilizaban en una motocicleta y en una camioneta cuatro por cuatro.
Durante estos mismos días, la visibilidad de grupos de civiles armados protegiendo la tierra despojada por paramilitares y hoy usufructuada por empresarios se constató. En predios comunitarios de Curvaradó de Bracito y en el paraje conocido como La Raya, en la cuenca del Río Jiguamiandó, siete hombres con armas largas fueron vistos en la tierra despojadas a la familia Cogollo. Las tierras están siendo usufructuadas por el ocupante de mala fe William Ramírez.
Las operaciones armadas contra víctimas y testigos continúa en medio del supuesto control de un batallón militar, instalado en predios despojados y cedido por un empresario ocupante de mala fe, y cuando el gobierno pretende proseguir con el proceso de restitución de tierras, negando el derecho a los afro mestizos, como los aquí perseguidos, para ejercer su derecho a la voz y al voto para la elección de las autoridades del Consejo Comunitario de Curvaradó.
Las operaciones armadas, la continuidad de las operaciones empresariales y el desconocimiento de los derechos de los afromestizos son un desacato a autos de la Corte Constitucional.
En un intento que desconoce igual el derecho a la participación y la igual, trascendió que el gobierno adelantaría una campaña publicitaria a través de medios masivos de información en el que difundiría el mensaje de que los mestizos son ocupantes de buena fe a quienes no se les afectará el derecho al territorio, mas si su derecho a elegir a quienes administrarán sus territorios.
En medio de estás situaciones de facto que enfrentan las víctimas del despojo, el INCODER proyecta la adecuación de los sistemas de drenaje construidos por empresarios palmeros, hoy condenados por vínculos con paramilitares y por daños ambientales, pretendiendo readecuar la infraestructura para agronegocios del banano como Banacol, Unibán, Dole, entre otros, que también ha sido beneficiarios de las operaciones paramilitares en la región.
Los factores reales de poder que están definiendo un uso de la tierra en medio de una simulación de devolución de tierras han llevado a suspender las acciones de desalojo contra los ocupantes de mala fe de el sector de Llano Rico y Apartadocito, en Curvaradó.
Bogotá, D.C. 12 de marzo de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz