Silenciamiento e impunidad

Ever Veloza, más conocido con el alias de Hernando Hernández, “HH”, dirigente de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Bananero en el Urabá antioqueño y bajo Atrato; Bloque Calima, que operó en Valle y Cauca, y del Tolima ha reconocido la comisión de más de 3000 crímenes. Estos quedarían en el oscuro socavón de la mentira y de la impunidad, si su juicio, se realiza por los delitos del tráfico de drogas y se dejan de lado los que se pueden tipificar como Crímenes de Lesa Humanidad.

Aunque sus aportes han sido parciales en materia de verdad en el marco de la ley 975, su extradición se convertiría en un mecanismo de silenciamiento para los sectores que bajo algunas de sus versiones han sido destapados en sus apreciaciones ante los fiscales de la ley 975. En las versiones bajo la ley PARA la justicia y PARA la paz, ha indicado la responsabilidad en la gestación de la estrategia paramilitar de miembros de las Fuerzas Militares como el General Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada 17 entre 1996 y 1997; de empresas multinacionales y nacionales, así como de políticos del Norte y Sur occidente de Colombia.

Ha sido de los pocos mandos paramilitares que ha mantenido una coherencia en sus manifestaciones ante la fiscalía, las que se podrían convertir, si así lo asume razonablemente la misma, en nuevo elementos probatorios de los centenares aportados por las víctimas en el Urabá, el Bajo Atrato y el Norte del Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca para enfrentar ya una causa judicial ante varios generales, empresarios y políticos.

A pesar de que ha ocultado o no ha referido en sus versiones su responsabilidad en la desaparición y asesinato de Andres Mestre, en Turbo de 1996; de Juana Bautista Angulo Hinestroza en el Naya, en el 2001, o de las operaciones de desplazamiento y apropiación de tierras en el eje bananero y bajo Atrato, y de estar vinculado a procesos penales ordinarios por la comisión de otros centenares o millares de crímenes, su extradición en las actuales circunstancias se convertiría en una nueva bofetada en la negación de los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación integral de las víctimas de prácticas de terror que comprometen al Estado. Si bien el tráfico de drogas es un delito que debe ser juzgado adecuada y severamente, no se trata de contraponer delitos, si no de comprender integralmente el conjunto de delitos punibles y su conexidad.

Las recientes declaraciones de “HH” en el diario El Espectador http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa?page=0,y las revelaciones de la Revista Semana de la USB de Carlos Castaño, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114344así como la posible vinculación a un nuevo proceso del General Rito Alejo del Río http://www.cambio.com.co/portadacambio/788/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4432065.html constatan esa verdad que los familiares de la víctimas han indicado, dicho, de una y otra manera a los entes de control y de investigación disciplinaria y judicial.

A pesar de todo lo que se muestra como elementos de prueba, los criminales continúan gozando de la impunidad, algunos de ellos disfrutando del poder político, otros beneficiándose de la pensiones y las asesorías en materia de seguridad, otros usufructuando la usurpación de predios y el desarrollo de agronegocios en Dabeiba, en Turbo, en Cacarica, en Curvaradó y Jiguamiandó. http://es.geocities.com/cijpdever/dv71.doc.

Las denuncias dichas, escritas, enunciadas, de una y otra manera, desde 1996 en Tie, Punta de Piedra, los desplazados de Cacarica METER FACSIMIL OPERACIONE GENESIS, en Pavarandó, en Curvaradó y Jiguamiandó, en Dabeiba, en Ungía, Acandí, Necoclí de horrendos crímenes, desplazamiento forzoso, persecución, constatan la responsabilidad estatal en desarrollo de esta estrategia criminal que hoy tiene nuevos elementos de corroboración con “HH” y que dan líneas para que las investigaciones que adelantó la ficción del aparato de justicia comprendan integralmente el paramilitarismo.
[
http://es.geocities.com/cijpdever/dv71.doc.-> http://es.geocities.com/cijpdever/dv71.doc.]

Sin embargo, las pocas cuotas de verdad y las posibilidades de profundizarla, gracias a una posible extradición y a una actitud pasiva de la Fiscalía en la ley 975, consolidará los mecanismos de la impunidad. Impunidad que ampara a los militares, que protege a los beneficiarios económicos y políticos, posibilitando la consolidación de las estrategias de control social y territorial en el bajo Atrato y Antioquia.

Por esta negación del derecho a saber, del derecho a la memoria, esta nueva extradición de producirse, beneficiará los rostros ocultos del paramilitarismo, que hoy se asientan en el poder político y económico. Es claro, hasta el momento, y nada demuestra lo contrario, que la negociación posible en el sistema de los Estados Unidos, que han realizado ya, tres de los 15 extraditados de los mandos paramilitares, la mayoría bajo los cargos de tráfico de drogas, imposibilita el acceso a las víctimas al sistema penal en ese país, y la satisfacción de los derechos de quién han sido objeto de una persecución sistemática y de crímenes que hieren lo profundo de la sensibilidad humana, de los límites entre la barbarie y la razón.

Bogotá, D.C. Agosto 5 de 2008

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado expresan su preocupación y desconcierto ante el anuncio hecho por el Ministro del Interior de autorizar la extradición a Estados Unidos del reconocido jefe paramilitar Ever Veloza alias “HH”, quien se encuentra vinculado a un proceso penal en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz.

Este hecho confirma que el Gobierno de Colombia no está interesado en que se conozca la verdad de los crímenes de los paramilitares, especialmente cuando estos pudieran implicar en sus versiones a militares activos, empresarios y políticos cercanos al entorno presidencial como responsables de desarrollar acciones conjuntas con grupos paramilitares, promover, apoyar y financiar su accionar criminal.
Al igual que en el caso de los 14 jefes paramilitares extraditados en el mes de mayo mediante una decisión arbitraria y precipitada, en el caso del jefe paramilitar Ever Veloza alias “HH”, quien ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz confesó haber participado en acciones criminales conjuntas con la fuerza pública, en masacres, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual contra las mujeres, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y niñas y asesinatos de sindicalistas, así como la complicidad de políticos y empresarios en sus actos; la prisa del Presidente por extraditarlo, evidencia que tras la negociación de los paramilitares y el gobierno se esconde un pacto de silencio a cambio de la impunidad de sus crímenes.

La entrega de los jefes paramilitares al Gobierno norteamericano para que sean juzgados por delitos de tráfico de estupefacientes y no por crímenes de lesa humanidad, impide que las victimas puedan hacer uso efectivo de los mecanismos para la obtención de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación integral por los crímenes cometidos contra ellas, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en reciente Sentencia Judicial y, hace responsable al Presidente y a las autoridades estatales de la vulneración de sus derechos.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hacen un llamado:
1) Al Gobierno de Colombia y al Gobierno de los Estados Unidos para que en el caso del jefe paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, se condicione su extradición hasta tanto se culminen los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad seguidos en su contra.

2) A la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación a tomar las previsiones necesarias para impedir que con su extradición se consume un perjuicio irremediable a la efectividad de los derechos a la justicia, a la verdad, la reparación y la primacía del derecho internacional de los derechos humanos en lo relacionado con la imprescriptibilidad y prioridad del juzgamiento por delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y la responsabilidad de los Estados por investigar, perseguir, sancionar y castigar a sus responsables y sus colaboradores en la comisión de estos crímenes atroces.

3) A la comunidad internacional que haga un llamado al gobierno colombiano a que cumpla los compromisos internacionales asumidos en materia de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

Bogotá, julio 31 de 2008

MESA EJECUTIVA COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Las empresas que se beneficiaron de nuestra guerra también deberían pagar”

‘H.H.’ se confiesa

Por: EL ESPECTADOR

Entrevista exclusiva de El Espectador con el líder paramilitar Hebert Veloza antes de ser extraditado. Acusa a empresarios y militares.
Foto: David Campuzano

H.H dice que fue un grave error haber asesinado a Carlos Castaño.
Veinticuatro horas después de que la Corte Suprema de Justicia autorizara su extradición, el ex jefe paramilitar reveló sus secretos.
Desde el pasado jueves 31 de julio, Hebert Veloza García, más conocido como el temible jefe paramiltar H.H., entró en el pabellón de los extraditables. La Corte Suprema de Justicia autorizó su envío a Estados Unidos y es cuestión de días para que se haga efectiva. Pero antes de irse decidió consignar sus principales verdades. Se acostumbró a matar, ahora ya no le teme a nada y sin tapujos reconoce que Carlos Castaño tenía razón: tarde o temprano la suerte de las autodefensas se tendría que saldar ante la justicia norteamericana. Su última confesión se la entregó a El Espectador.

¿Cree que con su extradición se va una parte de la verdad de todo este proceso de las autodefensas?

El objetivo mío siempre ha sido tratar de terminar el proceso de justicia y paz que es lo más importante tanto para el país como para las víctimas y para la historia de lo que es la guerra en el país, pero yo estoy dispuesto a acatar cualquier decisión que tome la justicia colombiana de mi situación jurídica acá o en los Estados Unidos.
¿No le tiene temor a la extradición para nada?
Pues eso se tiene que afrontar. Hay que estar preparado así sea ya o mañana o cuando sea, ¿Qué pasa con la verdad para las víctimas?
He visto que ha sido muy difícil tomarles versión a los otros comandantes que fueron extraditados. Ha sido imposible. Entonces creo que la verdad si quedará mocha, sin terminar de contar ya que como usted sabe, una guerra tan larga y tan atroz no se cuenta en un mes o dos meses. Hay gente que dice que no se está contando la verdad. Lo que pasa es que la guerra no se cuenta de un día para otro. Fueron muchos años de guerra y muchos los muertos. En mi caso personal, he tratado de que me oficien lo más ligero posible pensando en la extradición pero creo que a la verdad sí va a quedar faltándole mucho.

¿No cree que con su extradición, como con la extradición de los otros jefes paramilitares, van a descansar muchos militares, políticos y empresarios? Yo creo que sí porque de todas maneras justicia y paz está aclarando quiénes apoyaron, quiénes financiaron, quiénes se beneficiaron de las autodefensas, y yo creo que la gente está más temerosa de que nosotros sigamos hablando.
Si lo pudiera medir en porcentajes, ¿de 1 a 100% qué tanto le ha confesado a la justicia?

No. Estamos en una etapa de contar la guerra, de contar cómo sucedieron los hechos de las víctimas; estamos ubicando fosas; ya estamos entrando en la etapa donde vamos a hablar de lo que es política, de lo que es financiación, de lo que es narcotráfico; todo lo que ya tiene relación con otras facetas de la guerra. Pero se inició todo estos tiempos que hemos trabajado las versiones hemos trabajado en las víctimas, en ubicación de fosas, que ha sido muy difícil porque el Inpec está fraccionando la verdad en el país. El Inpec está controlando las versiones y es muy difícil para el país que se conozca la verdad ya que yo solo no hice la guerra. Por seguridad a mí no me sacan a ubicar las fosas, entonces estamos trabajando con unos muchachos donde ellos son los que van y muestran los sitios de las fosas, pero el general no ha permitido esas entrevistas y esto va dificultar la ubicación de las fosas y con mi extradición son muchas las fosas que nunca se van a poder ubicar.

¿Y a qué atribuye usted esa negativa?
No sé. Entregué la USB de Carlos Castaño y me aislaron. Si entrego otra información más grande abren Gorgona otra vez para meterme a mí. Es muy difícil seguir contando la verdad en este país así.
Bueno pero deme un porcentaje de lo que ha hablado. Que le falta por contar, ¿un 50%?

Vamos por la mitad. Estamos en un 50% de las verdades que yo sé.
¿Y ese otro 50% de la verdad se va a ir a los Estados Unidos?
Pues en el momento que me extraditen, sí.
¿Es muy probable que a usted lo extraditen muy pronto?
Sí, lo estamos esperando.

Usted puso el tema de de la USB de Carlos Castaño. ¿Porqué a uno le da la sensación de que todos en general van midiendo sus versiones y como alargando todos sus testimonios? ¿por qué no cuentan todo más rápido?

Si a usted lo sientan en una sala de versión para que cuenta su vida de dos años o más, no la cuenta en cinco días. Y no es que usted la esté fraccionando, sino que el tiempo no le da. Esta es la guerra donde ha habido miles de muertos, donde ha habido miles de hechos, donde participaron muchas personas, donde yo como autodefensa desde el año 94 estuve en casi todas las zonas del país. Donde tengo que reconstruir hechos del Magdalena, La Guajira, Córdoba, Urabá, Cauca, Valle, Antioquia. Entonces es algo muy difícil de reconstruir de un día para otro. Porque nosotros tampoco íbamos tomando nota o íbamos anotando a cada persona que asesinábamos o todas las operaciones que hacíamos. Ahora estamos devolviendo el casete, como se dice, tratando de organizar todo porque de eso se trata la verdad. Este es un proceso que fue creado para las víctimas y a a medida que avanzó se fue desvirtuando y yendo para otro sentido que fue la parapolítica, y las víctimas pasaron a un segundo plano. En mi caso personal siempre he dicho que este proceso se hizo fue para las víctimas y las víctimas tienen prioridad. Por eso yo siempre he hablado de la verdad, de por qué murió tanta gente en las zonas, por qué surgieron las fosas comunes, donde están las fosas, porqué murieron esas personas y ya estamos en la etapa de hablar de políticos, de financiaciones, de participación de mucha gente que es de la sociedad, empresarios, los que iniciaron la guerra. No es que estemos fraccionando la verdad.
¿Usted conoció el contenido de esa USB que según se dice contiene el testamento de Carlos Castaño?

Sí, claro, yo conocí parte del contenido. Ya le toca es a la Fiscalía dar a conocer lo que hay ahí porque no puedo hacerlo yo. Pero son nueve mil y pico de archivos donde se habla de todo, de muchas personas importantes para el país.

Deme sólo un dato que no se conozca hasta ahora de esa USB.
No, no puedo, porque ése es un trabajo que le toca a la Fiscalía y haría mal yo en ponerme a hablar del contenido.

¿Será que Carlos Castaño tenía razón en su idea de negociar directamente con los Estados Unidos y saldar las cuentas directamente con esa justicia? Porque lo que pasó finalmente aquí es que todos terminaros extraditados o van a terminara allá…

Siempre lo he dicho: el daño más grande que nosotros le hicimos al proceso de paz fue haber matado a Carlos Castaño. El daño más grande que le hicimos nosotros al proceso y a nuestros patrulleros y a la gente de las bases fue su muerte y la de Doble Cero. Ahora se ve el resurgimiento de nuevas bandas. Todo lo que Carlos pronosticó nos pasó o nos está pasando. El error de Carlos fue haberse preparado demasiado para esa negociación cuando muchas de esas personas no estaban muy interesadas en una negociación. Pero el error más grande fue haber matado a Carlos Castaño.

¿Qué se ha cumplido de lo que pronosticó Castaño?
Todo: que íbamos a terminar en la cárcel, las autodefensas destruidas, matándose unos contra otros, extraditados. Carlos siempre decía que una negociación verdadera tenía que tener participación del gobierno americano porque ya no un problema del Estado colombiano sino que ya había salido de Colombia. Entonces que debía negociarse con los americanos. Eso siempre lo dijo Carlos y desde luego que así debió ser.
¿A él lo asesinan es por esos acercamientos que tiene con la justicia norteamericana?

En parte, porque el problema de las autodefensas es que en su crecimiento se fue vinculando mucha gente que no tenía el sentido de pertenencia ni esa convicción antisubversiva. Entraron porque las autodefensas se volvieron un negocio. Pero sí, el acercamiento y la idea de Carlos de negociar con los americanos tuvo mucho que ver con su muerte.

¿Cuántos jefes de las autodefensas también comparten la idea de que el asesinato de Carlos Castaño fue lo peor que le pudo pasar a las AUC?
En esa época con el mismo Vicente Castaño lo hablamos y él reconocía que fue un error haberlo matado.
¿Vicente Castaño está vivo?

Pues hasta la última vez que lo vi estaba vivo.
¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

La última vez lo vi en Villa Esperanza en una reunión con el ministro Sabas y el Alto Comisionado para la Paz.
¿Usted cree que eso que dicen de que él está muerto es una estrategia para bajar su perfil?

Siempre lo he dicho. No fueron capaces de ocultar la muerte de Marulanda que estaba en la selva; no fuimos capaces de ocultar la muerte de Carlos Castaño… Es imposible ocultar la muerte de una persona tan importante en el país. Yo creo que ya se hubiera comprobado si estuviera muerto

Hablemos de lo que usted ya le ha revelado a la justicia en el tema de algunos dirigentes políticos. Sobre el tema del senador Juan Carlos Martínez usted no ha ahondado mucho, hábleme de él.

Sobre el tema de Juan Carlos se están presentando una serie de situaciones en el Valle donde estaban yendo periodistas a tratar de desvirtuar muchas cosas con los muchachos que están detenidos en algunas cárceles. Y entonces adelanté mi versión sobre él, que es un senador con influencia en Buenaventura, que nosotros lo apoyamos, que tiene vínculos con el narcotráfico y que nosotros lo apoyamos por pedido de algunos amigos que nos pagaban impuestos para salidas de narcotráfico. Era un tipo muy poderoso en el Valle
¿Cómo fue el acercamiento de él con las autodefensas?

Es que cuando nosotros llegamos a Buenaventura en el año 2000, una persona que hacía la parte política, Fernando Político, empieza los contactos con el senador Juan Carlos Martínez, ya que Juan Carlos era muy amigo de personas muy conocidas en el mundo de Buenaventura.
¿Es decir ustedes vienen apoyándolo de alguna manera desde el 2000?

Sí, desde el año 2000.
¿Y entonces le ayudaron para el 2002 y para el 2006 también?
Yo di un cronograma de todos los barrios que nosotros controlábamos en Buenaventura. Nosotros controlábamos casi la totalidad de Buenaventura y donde la votación allá del senador Juan Carlos, la podrán verificar, se dio fue con el apoyo nuestro.

Pero usted que empezaron a apoyarlo por solicitud de los narcotraficantes. ¿La relación de este senador con el narcotráfico es anterior a la relación que tuvo con ustedes?
Lógico

¿Y esos tipos eran quiénes?
Holmes Durán era uno de ellos y los hermanos González.
¿Esas relaciones de Martínez y esta gente vienen desde cuándo?
No sé, pero creo que se conocen desde niños.

¿Y por qué estos tipos querían apoyarlo?
Porque nosotros teníamos el control de Buenaventura y por ese control era necesario nuestra ayuda para poder que sacara la mayoría de votos y estos ‘narcos’ que lo conocían desde niño y que nos pagaban impuestos por la droga nos pidieron el favor de que lo ayudáramos.
Este señor fue el padrino de la campaña del actual gobernador del Valle Juan Carlos Abadía ¿Usted conoce algo de él?
No puedo adelantarme a dar nombres que no haya dado en Justicia y paz.

Yo le estoy dando una ventana para que adelante verdades porque su extradición está a la vuelta de la esquina. ¿No le da susto llevarse muchos de sus secretos a los Estados Unidos?
No pues, si nos toca llevárnoslos nos los llevamos y algún día volveré a Colombia

¿En 30 años?

El tiempo no es el infinito, toda condena tiene un fin.
Bueno muy bien, ¿pero de Abadía se abstiene de hablar?
Sí, en el momento en que hablemos de otros personajes de la política en el Valle, si está vinculado lo mencionaremos.
¿Y de la senadora Dilian Francisca Toro?
No la conozco y sólo la he visto por televisión. En ningún momento se reunió conmigo.

¿Y el senador Luis Fernando Velasco?
Yo nunca dije que me reuní con él sino que uno de mis subalternos sí lo hizo.

¿Bueno pero a usted le consta si él le solicitó algo a las Auc? ¿Qué le reportaron sus subalternos a usted?

A nosotros los subalternos para poderse reunir con personajes yo tenía que autorizarlos. Como yo era clandestino no le daba la cara a políticos ni a militares, pero se autorizaba a Fernando Político y a Andrés Camilo y a otras personas de la región para reunirse con políticos. Yo mencioné que un subalterno mío, Armando Lugo, se había reunido con Velasco.
¿Qué le reportó su subalterno en esa reunión?

Eso está en una investigación en la Corte Suprema. Yo le pedí a la Corte que escuchara a Armando Lugo para que él explique qué acuerdos hizo con él o para que se reunió con él porque como le digo, no quiero entrar en más desinformación. Lugo está detenido en la cárcel de Bellavista.

¿Fue uno o fueron varios encuentros?

Creo que un solo encuentro

¿Pero Velasco ha dicho que ha sido un opositor del paramilitarismo?
Pues todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar.

¿Esas reuniones de sus subalternos con políticos éstos sabían con quiénes se encontraban o no?

Había unos mandos medios que eran muy reconocidos en la zona donde operaban. Entonces esas personas tenían un dominio tanto político como militar en la zona y es casi que imposible que personajes políticos se reunieran con ellos sin saber que eran de las autodefensas. Toda la comunidad sabe quién es cada uno de los comandantes en la zona. Entonces es imposible que se programen unas reuniones con las comunidades y miembros de las autodefensas sin que el político sepa.
¿En este proceso no hay víctimas ni trampas entonces?

Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Hay casos donde muchos que están detenidos sí tuvieron vínculos directos con nosotros. Pero de pronto por cosas de la vida algunos tuvieron relación sin saber que éramos de las Auc.

¿Y el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux?

Él se reunió con nosotros porque tenía un familiar secuestrado, y en una reunión estuvo Vicente Castaño, Carlos, Don Berna y yo. Él estaba pidiendo colaboración para que si nosotros lo teníamos se lo entregáramos. Se le aclaró que nosotros no lo teníamos. No más. Nosotros no lo beneficiamos políticamente.

¿Y el senador antioqueño Rubén Darío Quintero?

Rubén Darío Quintero de pronto fue una persona de las que de pronto tuvieron una vinculación sin saber. En Urabá se montó un proyecto político regional, el Urabá Grande, y se escogieron unos Representantes a la Cámara de la zona del Urabá. Estos representantes buscaron el aval de él. El proyecto político se montó en la zona de Urabá con el aval de todos los grupos que tienen influencia allá, el grupo de El Alemán, de Raúl Hazbún y mío. Pero el Alemán fue el encargado de liderar ese proyecto político. A mi no me consta nada de Quintero, no sé si el Alemán.

¿Él es una víctima en este caso?

No sé. Conmigo no tuvo relación.

¿Y el senador Antonio valencia?

A Antonio Valencia yo lo apoyé también. Él fue asesor de Asocomún, una asociación de asociaciones comunales de la zona que era manejada por el Bloque Elmer Cárdenas, y él además hizo formula con Alberto Jiménez, una persona que yo apoyé y que era parte de las autodefensas, pero que se quemó. Eso fue en 2002. Cada bloque tenía un criterio diferente en la parte política de cada una de sus regiones.
Sáqueme de una duda. ¿Fueron las Auc las que buscaron a los políticos o fueron los políticos los que buscaron a las Auc?

De las dos formas. Hay políticos que nos buscaron y nosotros buscamos políticos también. Usted sabe que llegar al poder es muy bueno y los políticos hacen cualquier cosa para llegar al poder. Si nos buscaban para que los apoyáramos sabiendo que éramos ilegales, imagínese. Nosotros en el 2005 tuvimos una reunión en San Pedro de Urabá con el alcalde de allá y no nos quiso atender porque éramos desmovilizados.

Pero cuando estaba en campaña sí nos buscaba, que estábamos uniformados y enfusilados. Ahí sí no le daba miedo cuando éramos un grupo ilegal, y nos necesitaba para que lo ayudáramos con votos. Pero cuando fuimos a buscar apoyo para los proyectos productivos de los desmovilizados, sí le dio miedo reunirse con nosotros. Ese día, delante del señor de la OEA, me salí de casillas y le dije que cómo cuando nosotros estábamos en armas ahí sí nos iban a buscar al monte y ahora que estamos desmovilizados no. Los políticos sí utilizaron a las autodefensas para alcanzar sus objetivos.

¿Cómo era el acercamiento de los políticos que llegaban a ustedes?
Hay una anécdota en el Valle de un señor Darío, se me escapa el apellido, que era concejal y candidato a la Alcaldía de Cali que me fue a buscar a un campamento en Timba, Cauca y llegó allá y vino a proponerme que lo secuestrara y que mandara un comunicado a los medios para él poder ganar popularidad y subir en las encuestas. Yo inmediatamente llamé a Carlos Castaño, le pasé a Carlos al teléfono y él le pegó una vaciada y lo echamos de allí. Casualmente a los 8 días el ELN lo secuestró.

Usted habla de un caso sensible para Colombia: Jaime Garzón. Usted dice que fue una vuelta para ayudarle a los militares. ¿A quiénes?
Carlos tenía muchas relaciones a nivel nacional muy importantes. Pero las manejaba solo. Cuando sucedió lo de Garzón a Carlos le dio muy duro y se arrepintió totalmente porque el crimen impactó al país y todo el país se vino encima. Fue un hecho que marcó a Carlos. El problema de un movimiento político-militar es que hay hechos militares que acaban con todo lo político y con la muerte de Garzón pasó eso. Carlos toma la decisión y matan a Garzón. Eso que dicen que Garzón se dio cuenta que lo iban a matar y fue a la Picota y que Ángel Gaitán Mahecha lo puso al teléfono, todo eso es verdad. Carlos le negó ahí que lo iba a matar pero las cosas no se arreglaron porque la orden ya estaba dada y todo estaba andando. En la geurra hay cosas que uno hace que uno cree que no es capaz de hacer o nunca cree que va a tomar esas decisiones pero en la guerra uno tiene que tomar decisiones.
Pero si Carlos se arrepintió del asesinato, ¿fue porque estuvo mal informado?

La información que se tenía era que él tenía alguna vinculación con el ELN y que venía siendo intermediario entre familiares de secuestrados y esa guerrilla. Gente del alto mando Ejército le dio esa información a Carlos. Eso tenía muy molesto al Ejército. Yo siempre fui cercano a la casa Castaño y por eso me enteré de detalles pero eso era un tema casi vetado para Carlos, porque a lo último ya no hablaba de eso. Llegó al punto de hasta negarlo, como lo hizo en su libro ‘Mi confesión’. No conozco qué militar le dio la información a Castaño. Si lo supiera, lo diría. Así los ex militares que están tratando de acallarme sigan tratando de hacerlo. Carlos era el único que sabía qué militares hicieron la vuelta.

El Iguano habló de el ex sub director del DAS, José Miguel Narváez en el tema de Jaime Garzón. ¿Eso es cierto?
Lo que yo sé es que ahí no hay ningunos casetes, que ese señor Narváez no tiene nada que ver en el tema. El Iguano en 1999 era un simple patrullero, no tenía cercanía con Carlos.
Él también habla del secuestro de Piedad Córdoba y vuelve a meter a José Miguel Narváez.

En una organización que estaba tratando de convertirse en una organización político militar había que cometer hechos que nos dieran reconocimiento político. Por eso se le secuestró, porque era una persona que llamaba la atención. Después del secuestro de Córdoba, Carlos exigió una comisión del Gobierno para negociar su entrega. Nunca se pensó en asesinarla, para asesinarla no hubiéramos tenido necesidad de llevárnosla al monte.

Usted, Mancuso y el Alemán, mencionaron al general Rito Alejo del Río ¿por qué cree que la Fiscalía aún no le ha abierto una investigación formal?

Lo que he dicho de él es porque es verdad y me ha traído muchos problemas porque hay muchos ex militares que están incómodos con lo que he declarado sobre las fuerzas militares y las autodefensas. El se reunió con Carlos castaño. Yo no sé por qué no lo han vinculado a ningún proceso. Pero sí le digo que cuando yo era comandante en el Urabá y él, comandante de la Brigada 17, yo secuestré 2 personas dentro de la Brigada, que habían sido detenidas por el Ejército. Yo las saqué de un calabozo, un señor David y otro.

¿Y uno cómo hace para secuestrar en una brigada?
¡Con la complicidad del Ejército! Yo me los llevé en el mismo carro de la brigada, un trooper rojo carpado. Sacamos a los dos detenidos del calabozo, eran del V frente de las Farc. Ellos habían secuestrado a una señora en Buenaventura y el coronel Danilo González, visitándonos en Medellín, nos entera del caso y nos dice que las negociaciones se están realizando desde el Urabá. Nosotros investigamos y cayeron estas personas. Entré yo a la Brigada, las saqué, las llevamos hasta Buenaventura y los desaparecimos. El general Rito Alejo era el comandante de la Brigada

¿Cuántas veces se reunió usted con Rito Alejo?

Rito Alejo bajó mucho donde Carlos en muchas oportunidades, a fincas en límites entre Córdoba y Urabá. ¿En ese momento qué buscábamos? La Fuerza Pública estaba muy amarrada para poder combatir la guerrilla. Cuando nosotros empezamos a combatirla, implementamos los mismos métodos que utiliza la guerrilla contra el Estado y dimos buenos resultados. Ahí es cuando el Ejército se vincula con nosotros y comenzamos a patrullar y a hacer operaciones conjuntas. Los resultados iban en beneficio del Ejército que hacía presencia en la zona. Eso era lo que buscaban esas reuniones: permitir que las autodefensas pudieran operar. Con el coronel Byron Carvajal yo patrullé en el año 95 y combatimos la guerrilla, con el conocimiento de los comandantes.
¿Hubo muchos muertos a manos de las Autodefensas presentados como guerrilleros dados de baja en combate?

Yo andaba como Pedro por su casa. Entraba a la brigada, al cuartel de la Policía, y hacía lo que quería. Yo hablaba de muchas personas de la Fuerza Pública porque yo lo he dicho siempre: nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Su obligación era defender la vida de esas personas, fueran o no ilegales. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder. Pero ellos también han de responder. En Urabá cuando empezamos, todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un tiempo la FP comienza a presionar: que nos dejan seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se empiezan a implementar las fosas comunes.

¿Usted quiere decir que la idea de los cementerios de los paramilitares fue idea de la Fuerza Pública?

Inició por pedido de la Fuerza Pública. Porque eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía. Entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos.

¿Qué otros oficiales tuvieron relación con las AUC en el Urabá?
Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba libremente en una Hilux blanca, que llamaban ‘camino al cielo’, y asesinábamos personas todos los días, en todos los municipios del Urabá. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilado, y no me capturaban. La única que denunciaba era la doctora Gloria Cuartas. ¿Pero por qué no nos capturaban? Porque todos nos apoyaban.
¿Qué sabe de la captura que en el 95 le hizo la Fuerza Pública a Mancuso y a Jorge 40?

A ellos los capturaron, sí, y llamaron a Carlos. Y Carlos llamó al coronel Danilo González y los liberaron.

¿Me puede adelantar algún nombre de oficiales de la Policía de los que vaya a hablar próximamente?

No puedo. Me faltarían seis meses más de versión. Falta mucha gente todavía por mencionar.

¿Y cuánto le falta por mencionar de políticos?

Apenas estamos empezando con la política.
¿Cuál fue la relación de las autodefensas y el cartel del norte del Valle, y la conexión del coronel Danilo González?

El bloque calima existe desde el año 2000. Se hace una reunión ese año en la finca del mocho Arcángel Henao, ya que el objetivo de las autodefensas no era servirle al narcotráfico sino ser un grupo independiente para combatir la guerrilla. En esa reunión estuvieron Diego Montoya, Rasguño, el mocho Arcángel, y hubo otra serie de narcos. Nos reunimos porque Vicente y don Berna citan a una reunión para tratar de buscar un apoyo financiero para las autodefensas en el Valle. Porque la guerra no se financia vendiendo empanadas y con la plata de la economía legal es imposible sostenerla. Nos tocó recurrir a las finanzas ilegales.

¿Ahí empiezan las fisuras con Carlos Castaño, quien siempre se opuso a que las autodefensas fueran infiltradas por los ‘narcos’?
Una cosa era permitir que el ala ‘narca’ ingresara a las autodefensas. Y otra cosa era financiarnos de un negocio del narcotráfico, que era cobrar un impuesto. En el Valle siempre nos financiamos cobrándole impuesto a los ‘narcos’, pero no ingresaron estos señores a las autodefensas. Ni Diego ni Rasguño.

Pero ellos sí querían pasar por miembros de las autodefensas
Hubo un momento en que Carlos estuvo liderando una negociación macro con el gobierno americano, donde estaban incluidos todos los narcos del Valle y casi de todo el país y algunas personas de las autodefensas vinculadas con el narcotráfico. Se mandó una carta al Estado norteamericano donde Carlos ofrecía, voluntariamente, su sometimiento y el de muchas personas del narcotráfico. Luego se hizo otra reunión en la finca de Rasguño y allá fueron ‘narcos’ como Chupeta, Varela, Víctor Patiño y fue Carlos también. Se acordó que se mandaba esa carta y esa carta se la llevé a Diego Montoya y después a Danilo González, y ellos la hicieron firmar de otras personas. Pero esta negociación fracasó porque comenzaron problemas de conceptos. Muchas de las personas que firmaron decían que nosotros éramos catalogados como terroristas y que eso iba a tener una repercusión en Estados Unidos, porque allí no negociaban con terroristas. Y los ‘narcos’ comenzaron a retirarse del acuerdo. Rasguño fue el que hizo desistir a muchos ‘narcos’ de la negociación. Pero todos terminaron allá, y sin una negociación previa.

¿Carlos Castaño lo que pretendía era negociar directamente con la justicia norteamericana?

Negociar allá y acá. Él decía que el combustible de la guerra era el narcotráfico, que había que sacar de alguna forma a esta gente del narcotráfico para poder mermar la guerra en Colombia. Danilo González era un apersona muy cercana a Carlos y ellos trabajaron desde el bloque de búsqueda contra Pablo Escobar. Cuando nosotros ingresamos a Buenaventura yo me reuní con Danilo González, y con él se coordinó para ingresar la gente allá. La mayoría de la información del cartel de Cali la entregó el cartel del norte del Valle a Danilo González. A Chepe Santacruz lo entregó Carlos Castaño.

¿Quién ordena la muerte de Danilo González?
Muere por la guerra entre Varela y Diego Montoya.
En las reuniones que usted menciona, ¿estaban Varela y Montoya juntos?

Sí, sí. Pero arranca una guerra a muerte entre ellos, porque en el Valle había muchos poderes, muchos patrones y tantos poderes no cabían en un departamento tan pequeño.
¿Usted cree que la infiltración del narcotráfico en las autodefensas se tiró el proyecto antisubversivo?

Sí. Lamentablemente, sí. Carlos lo decía: a las autodefensas del Magdalena Medio las acabó el narcotráfico, cuando llegó Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Acabaron con las autodefensas, mataron gente, a casi todos los comandantes antiguos.

¿En ese contexto uno podría decir que el proyecto de las autodefensas fracasó porque no pudo acabar con la guerrilla?
La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total. El fracaso fue la negociación. El problema fue el narcotráfico, el verdadero acabose de las autodefensas.
¿A Castaño le dio muy duro cuando fue pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico?

Carlos lloraba. Decía que no era justo porque él era la persona que más estaba en contra del narcotráfico en las autodefensas. Él decía que su extradición era política. Carlos combatía el narcotráfico de frente.
En esa misma solicitud fue pedido Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. ¿Él era cercano a Carlos Castaño?

No lo conocía. No sé cómo hizo él para entrar al proceso de paz. Yo al Tuso lo conocí en Ralito. A Gordolindo, por ejemplo, lo conocí en el año 2000 porque me lo presentó Vicente Castaño.
¿Quiénes eran los colados en el proceso de paz?

Me queda muy difícil a mí ponerme a decir eso porque me trae más problemas todavía. A un comandante no lo hace el uniforme. Hay mucha gente que vestía de militar, pero no eran comandantes. Por ejemplo, Gordolindo. Los hermanos Mejía Múnera al menos tuvieron un bloque de las autodefensas en Arauca. Yo no sé Vicente cómo haría el negocio con ellos. El Tuso Sierra, por ejemplo, no tuvo grupo a su cargo.
¿Varela también tuvo relación con las AUC?

Él fue más bien un opositor al as AUC en el Valle. Él tenía más relación con la guerrilla.
¿Y Don Diego?

Él sí era totalmente antisubversivo.
Pero, entonces, ¿el temor más grande de ustedes era la extradición?
Después de lo que hemos pasado en la vida, yo creo que no. Estamos preparados.

¿Usted cree que las autodefensas no estaban preparadas para negociar con el Gobierno?

No estábamos preparados para una negociación. El único que lo estaba era Carlos, y Mancuso también se preparó mucho. Pero nos faltó más madurez política para poder afrontar la negociación.
Hubo muchos reparos al proceso de paz con las AUC. Porque la paz se hace con los enemigos, no con los amigos, y de alguna manera las autodefensas eran amigas del Estado.

Si esa hubiera sido una negociación de yo con yo, estaríamos todos en la calle. Pero estamos presos, unos extraditados. No fue una negociación de yo con yo. Fue una negociación donde el Gobierno buscó lo que quería y lo logró. Y nosotros perdimos. Porque negociamos mal. Porque no firmamos acuerdos, no se fue muy claro en lo que iba a pasar en el post conflicto. Y vea cómo estamos. En la cárcel, otros extraditados, otros muchachos se están rearmando por falta de oportunidades. La mayoría del a gente que está en la guerra no está por voluntad, sino porque no hay qué hacer. La guerra se volvió una bolsa de empleo. Creo que faltaron más compromisos del Gobierno para generarles condiciones a los muchachos que se desmovilizaron. En la civilidad, ellos no han encontrado ninguna condición.
¿Y por qué no vieron todos esos vacíos antes?
No estábamos preparados para negociar, pero ahora lo vivimos en carne propia.

¿Se sienten ‘conejeados’ por el Gobierno?
No, porque el Gobierno no nos prometió nada que no nos haya dado. En este momento nos está dando lo que negociamos, que fue nada.
¿Nunca se pactó la no extradición?
En ningún momento.

¿De quién fue la idea de negociar en Ralito?
Esa zona la propuso Mancuso. Vicente también impulsó la negociación.
¿Él era el verdadero mandamás de las autodefensas?
Él fue el impulsor del crecimiento militar, y Carlos, el impulsor de la parte política.

¿Por qué se voló Vicente cuando ordenaron el traslado de los jefes ‘paras’ a la cárcel?
Porque él siempre dijo que no pagaba un día de cárcel.
¿Cuál va a ser el fin de él?

Vamos a ver qué le depara el destino. En nuestro mundo, o terminamos en la cárcel o muertos. Es el destino que nos espera.
¿Qué tanto infiltraron las AUC la justicia?

Todos teníamos manejo con las autoridades de la zona.
¿Ustedes estuvieron cerca de asesinar a algún jefe del Secretariado de las Farc?

En diciembre del año 2000 yo monté un operativo en Barragán, en el Valle. Allá vivía Pablo Catatumbo y allá nos metimos y combatimos cinco días duro. Estuvimos por cogerlo, sino que él se nos voló hacia Santa Lucía, y allá le llegamos también. Estuvimos encima de él. Pero usted sabe que los del antiguo Secretariado siempre estaban en zonas donde era imposible llegarles.

¿Usted sabe de los negocios de Giorgio Sale, Mancuso y la Corte?
No sé.

¿Ustedes tuvieron asesorías de abogados durante la negociación?
Carlos trajo un tipo de Francia, otro de Argentina y un tipo de Israel, y nos dieron conferencias para prepararnos sobre otras negociaciones en el mundo. Y abogados también, porque nosotros por supuesto contratábamos para que nos solucionaran nuestros problemas jurídicos.

¿También tuvieron asesores espirituales?
(Risas) No. ¿Usted qué cree?

¿Cree en el proceso de Justicia y Paz?

Si no creyera en él, no estaría entregado al 100%. El compromiso de esto es con toda la verdad. Yo entregué mi fusil y los de los hombres a mi mando antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. Lo hice porque creía en el proceso, aún sin Ley y porque estaba convencido de que era el momento de parar la guerra.
No me negará que también entregó el fusil confiado porque había muchos congresistas que había hecho pactos con los paramilitares y tramitarían una ley favorable para ustedes
Lógico. Aunque a nosotros nunca nos mostraron la Ley antes de presentarla al Congreso.

¿Qué le va a pasar al proceso, cuando muchos de ustedes terminen extraditados en Estados Unidos?
Las grandes víctimas son las víctimas, que se van a quedar sin conocer muchas verdades, con muchos familiares desaparecidos. Es que han querido hacer ver que la reparación es solo dinero, y la verdadera reparación es la verdad.

Usted ha hablado de una cifra bastante escabrosa: que gente bajo su mando asesinó a tres mil personas. ¿Cómo hace uno para conciliar el sueño sabiendo que mató a tanta gente?
En las autodefensas hay dos clases de comandantes: unos que participamos en la guerra y que la hicimos, y otros que se vestían de comandantes y ordenaban a otras personas a hacer la guerra. Hace poco, le pedí perdón a cinco madres por la desaparición de sus seres queridos, que arrojamos al río Cauca en el año 2000. Una de las madres me dijo que no me perdonaba, y yo le contesté lo siguiente, y es algo que siento de verdad: si no he sido capaz de perdonarme yo mismo, cómo esperar que una madre a quien le quité su hijo me perdone.

¿Usted realmente cree que hay una contrición verdadera de la gente en el proceso?

Esto lo hemos asumido todos con distinto compromiso. El termómetro de esto son las víctimas, y yo lo he asumido con responsabilidad, y he tratado de darle respuesta a las víctimas. Yo me he vinculado a cientos de hechos en los que la justicia no tenía idea que yo había participado, y muchos de connotación nacional, como la masacre del Aracatazo, como en el caso de la muerte de las personas que secuestré en la brigada. Yo nunca estuve vinculado al proceso, pero ahora lo estoy. Es que hay que contar la verdad, porque de esta guerra sólo se beneficiaron los ricos de este país. En esta guerra perdieron los pobres y nosotros, que estamos en la cárcel. Nosotros pusimos muertos y puso muertos el pueblo. Pero los ricos se beneficiaron. Hay que contar la verdad para que esas personas no sigan utilizando la guerra para beneficiarse económicamente.

¿Cómo fueron los tratos con las bananeras?
Nosotros llegamos a recuperar el control en el Urabá, ya que se venían presentando paros que perjudicaron a las empresas, y hacían paros cuando los barcos estaban afuera esperando, y la fruta, perdiéndose. Cuando llegamos al Urabá en febrero del 95, no hubo un solo paro más. Porque yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras. Por eso yo también he dicho que estas empresas deben responder a esas víctimas.

¿Considera que la condena de 25 millones de dólares que le impuso la justicia norteamericana a Chiquita Brands por financiar paramilitares es irrisoria?

Vino a hablar conmigo un senador americano que me preguntaba si la plata que nos dieron las bananeras era para matar gente. Yo le dije que no era plata para matar gente específicamente, pero que con esa plata sí matamos mucha gente. Porque con esa plata compramos armas, municiones, le dábamos la alimentación a los muchachos. Yo creo que si nosotros, que fuimos partícipes de la guerra, en la parte material tenemos que responder en la reparación; las empresas que se beneficiaron de esa guerra también deben pagar, y no con una cifra precisa, sino con una reparación como debe ser, tratando de recuperar el tejido social de esa zona.

En todo ese exterminio en el Urabá, cayeron muchos miembros de la UP. Hábleme de ese capítulo.

Es muy importante. A muchos de los ex comandantes les ha dado miedo hablar de sindicalistas asesinados. Yo sí lo afronto porque creo que es una verdad que necesita el país. Y en el Urabá fueron muchos los sindicalistas que murieron. En el Urabá la UP era manejada por las Farc, y a esa gente no se le mataba por ser de la UP sino por el nexo con la guerrilla. Lo mismo que los sindicalistas: la guerrilla penetró el sindicalismo colombiano.

Y muchos inocentes murieron en esos señalamientos.
Sí. Murieron más inocentes que culpables. Pero es que la guerra es irregular, si no lo fuera, no morirían inocentes. Todas eran personas de civil que murieron en los pueblos. Nosotros sí cometimos muchos errores en el Urabá, porque nos basábamos en información que nos daban los comandos populares, que eran desmovilizados del EPL. Y matamos mucha gente sólo por el hecho de que ellos los señalaran. Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que muchos de los señalados eran por problemas entre ellos, que nada tenían que ver con la subversión y debido a eso, todas esas personas que nos engañaron también murieron a manos nuestras. Y las comunidades también son muy culpables, porque en algún momento llegábamos a una vereda y los convocábamos a la plaza y no faltaba el de la comunidad que señalara: ‘Es el de camisa verde’. Y nosotros lo matábamos. La misma comunidad los ‘sapeaba’. Eso fue un problema porque en un principio nos daban información que no era y muchos inocentes cayeron.
¿Y esa ola de homicidios, cómo la puede justificar hoy?
Muchos asesinatos los cometimos por el convencimiento del proyecto antisubversivo.

¿En qué año entró usted a las autodefensas?
En 1994. Tenía 28 años. Mi primera operación fue a finales de 1994 en Córdoba. Yo todavía estaba en entrenamiento en la finca La 35 y Las Tangas. Ahí fue la primera vez que maté a alguien. Ingresé a las autodefensas por un amigo que era cuñado de un primo de los Castaño

De su mano, ¿cuántas personas mató?
Muchas. Fueron muchas. Y en general, calculo que mis dos bloques asesinaron a 3.000 personas o más. Muchos se tiraron al Cauca. Cantidades.

¿Y cómo hacían para que no flotaran? ¿Es verdad que los abrían y los rellenaban con piedras?
No. El Cauca se lo lleva todo.

¿Quién lo entrenó a usted en armas?

Había una escuela en La 35. Allá nos entrenaba JL, que era un sargento retirado del Ejército. Doble Cero, también, que era el comandante después de los Castaño, y alias Estopín, que era un instructor. Duré cuatro meses en entrenamiento. Yo combatí en La Guajira, en Atlántico, en Córdoba, en el Valle, en el Urabá, y abríamos zonas para luego entregarlas a comandantes.

¿Por qué no se ha confesado la sevicia con que ustedes perpetraron muchas masacres? ¿Les da todavía urticaria de hablar de tantas atrocidades?

Estamos en la obligación de contarlas. Mi próxima versión va a ser para hablar sólo de masacres, como la del Naya, la de Alaska, de varias incursiones a Barragán, de la de Zabaletas. Vamos a contar cómo murieron estas personas y si hubo excesos de las tropas. Mire, se han generado muchas historias sobre los crímenes paramilitares. Yo ingresé como patrullero y llegué al Estado Mayor, y pasé por todos los estadios, y a mí nunca me enseñaron, en ninguna escuela, a descuartizar una persona o a beber sangre o a comerse dizque el hígado. Eso no me lo enseñaron. Son dificultades que se dan en las zonas. Matar gente se vuelve un vicio, como meter perico o fumar marihuana. Hay gente que se deja absorber de eso. Y llegan límites de la vida que ya son fuera de lo normal. Pero eso no era una directriz, sino que eran decisiones de los muchachos en el área.

¿Sus tropas qué tipo de excesos cometieron?

Cuando llegamos a Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover terror. Ya que nosotros éramos 20 hombres y allá había muchos frentes guerrilleros. Entonces utilizábamos situaciones para generarle terror a la población, para que nos tuvieran más miedo a nosotros que a la misma guerrilla.
Usted está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. ¿Qué les dice a las víctimas?

Les pido perdón. La verdad va a quedar a medias con las extradiciones, y ellos merecen conocerla toda.

Deme un dato de la USB de Carlos Castaño
Entregué la USB y me mandaron para un aislamiento. Le digo algo y abren Gorgona para mí.

Los cargos por los que fue requerido alias ‘H.H.’
La Embajada de los Estados Unidos solicitó la extradición de Hebert Veloza García, alias H.H., Carepollo o Hernán Hernández, por los cargos de concierto para importar y distribuir en los Estados Unidos desde un lugar fuera de ese país cinco o más kilogramos de cocaína, con el pleno conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada de manera ilegal.

La acusación también incluye la pena de decomiso, la cual busca la extinción de todos los bienes del ex jefe paramilitar que se hayan derivado de los ingresos que obtuvo como resultado de la ejecución de los delitos antes mencionados.

Según declaración jurada el 31 de agosto de 2007 por el detective de la DEA John Barry, Veloza, desde 1998 hasta el año 2006, “participó en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, cuando inició cobrando el impuesto sobre cada embarcación tipo lancha rápida que salía del área controlada por éste, cargada con 1.000 o 2.000 kilogramos de droga, con rumbo a México, Guatemala o Panamá, y con destino final a los Estados Unidos”.

Revista Cambio

General (r) Rito Alejo del Río está a punto de regresar a la cárcel
En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba la Brigada XVII con sede en Carepa (11 de noviembre de 1995 – 16 de diciembre de 1997). Un punto de referencia obligado de esa relación tiene que ver con el homenaje de desagravio que en 1999 le ofrecieron sectores de la derecha antioqueña a Del Río, en el cual Alvaro Uribe fue el orador principal.
El general Rito Alejo del Río, en sus épocas de comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, población del Urabá antioqueño. Foto: AFP

El Presidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente recordaba el homenaje hecho al General Rito Alejo del Rio: “Sí, yo fui a ese homenaje y allá habló también Fernando Londoño, estuvo Plinio Apuleyo y siquiera lo hicimos. Iban a echar 13 generales de la República y muchos me llamaron a mí a decir que esa persecución era injusta (…), en la Gobernación de Antioquia, lo que hice fue apoyar a la Fuerza Pública y a la justicia”

Hoy, cuando el país demanda justicia frente a los actos del General Rito Alejo del Rio, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria expresa: “La justicia no puede abusar o simplemente entregar cabezas de militares como chivos expiatorios”

“No estoy de acuerdo con que a mí me digan ‘el monstruo de Urabá’ y al general Rito Alejo del Río lo llamen ‘el Pacificador'”, dijo Éver Veloza, el ex jefe paramilitar conocido como ‘H.H.’, en una de sus audiencias ante fiscales de Justicia y Paz, el 3 de junio de este año.

Su frase fue el preámbulo de la cruda descripción que el ex jefe de los bloques Bananero y Tolima de las Auc hizo sobre la criminal alianza entre sus escuadrones y la XVII Brigada del Ejército, entre 1995 y 1997, cuando la unidad militar estaba a cargo del general Del Río. Fueron los tiempos en que por los ríos Atrato y Cauca bajaban los cadáveres de las víctimas de una ofensiva sin antecedentes en las zonas de colonos en los límites de Antioquia y Chocó.

Pero además de las afirmaciones, ‘H.H’ -ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos- lanzó una serie de preguntas: “¿Dónde está ese ‘pacificador’ que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el ‘pacificador’ que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? ¿Dónde está el ‘pacificador’ que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de sus cuarteles?”. Un tenso silencio se apoderó de la sala donde las víctimas seguían la sesión, en el edificio José Félix Restrepo, principal sede judicial de Medellín.

Era el segundo testimonio contra el general Del Río. El primero lo había dado Salvatore Mancuso en mayo de 2007, cuando se refirió al General como uno de los ‘jinetes’ de un proyecto que, según él, convirtió el paramilitarismo en una política de Estado.

En las actas de las primeras audiencias, Mancuso se refirió a Del Río como un interlocutor directo de Carlos Castaño e incluso narró algunos de los encuentros periódicos que tenían con el propósito de hacerle seguimiento a la estrategia diseñada en forma conjunta para “limpiar” a Urabá de focos guerrilleros, y en desarrollo de la cual campesinos y colonos fueron asesinados o expulsados y sus tierras utilizadas para proyectos de palma africana.

Testigos de cargo

El epicentro de las reuniones era la finca La 21, en San Pedro de Urabá. En ellas, según Mancuso, Castaño siempre estuvo acompañado por él mismo y por Freddy Rendón, ‘el Alemán’. Y en cuanto a Del Río, dijo que “llegaba en helicóptero civil, pero siempre se presentaba uniformado”. También afirmó que los miembros del ‘estado mayor’ de Castaño visitaron varias veces las oficinas de comando del general Del Río en Carepa. Y agregó: “Yo era uno más dentro de esa brigada”.
Mancuso y ‘H.H’ coincidieron en una versión según la cual Del Río, con mapas de campaña y órdenes de operaciones en mano, les indicaba las áreas donde los hombres de las Auc podían concentrar sin problemas a los reclutados y aquellas donde podían habilitar centros de entrenamiento o actuar a sus anchas.

Las versiones de los dos ex jefes paramilitares son piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, y que hasta ahora han estado en la impunidad.

Un equipo especial de investigadores de la Fiscalía ha verificado más del 80 por ciento de los relatos. “La carga crítica de evidencias que hemos acumulado nos permite pensar razonablemente que Del Río muy pronto tendrá que darle la cara la Justicia”, le dijo a CAMBIO uno de los fiscales. Según varias ONG defensoras de los Derechos Humanos sería una forma de enmendar un error histórico: el archivo del proceso que en 2001 llevó al General transitoriamente a la cárcel.
Regresa el pasado

En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba la Brigada XVII con sede en Carepa (11 de noviembre de 1995 – 16 de diciembre de 1997).
Un punto de referencia obligado de esa relación tiene que ver con el homenaje de desagravio que en 1999 le ofrecieron sectores de la derecha antioqueña a Del Río, en el Hotel Tequendama de Bogotá, poco después de que el presidente Andrés Pastrana lo retirara del servicio activo y el Gobierno de los Estados Unidos le cancelara la visa, y en el cual Uribe fue el orador principal.

En 2002, cuando Uribe llegó a la Presidencia, Del Río se convirtió en una especie de asesor especial del DAS y en esa condición se desempeñó hasta cuando diferencias irreconciliables con el entonces director del organismo, Jorge Noguera, lo llevaron a marginarse de la entidad.
Hasta ahora, el General (r) se había escudado en la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares y concierto para delinquir. La decisión fue tomada en 2004 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio -hoy embajador en México e investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara-, quien en la misma semana en que asumió el cargo en agosto de 2001, cambió la cúpula de la Unidad de Derechos Humanos y frenó el proceso contra el General, proceso que finalmente ordenó precluir. La decisión fue duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos.
No obstante la preclusión, el pasado parece volver para pasarle cuenta de cobro al General con pruebas diferentes a las que antes obraban en su contra. Con el concurso de los desmovilizados, la Fiscalía ha logrado reconstruir acciones criminales en que los responsables aparecen con nombre propio: Mancuso, ‘H.H.’ y Diego Rivera, quien estuvo bajo el mando de Castaño. Los tres han revelado operaciones conjuntas con Del Río.

Por otra parte, pocos días antes de que la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno a su extradición, ‘H.H.’ pidió a los fiscales de Justicia y Paz oír otros testimonios que servirían para confirmar la complicidad del General en la masacre de Mapiripán, cometida por los paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997. El ex jefe paramilitar asegura que uno de sus compañeros, Elkin Casarrubia, ‘el Cura’, está en capacidad de contar en detalle cómo las tropas de Del Río protegieron la salida de los dos aviones en que los autores de la masacre viajaron de Carepa hasta Mapiripán, Meta.

Otro testigo que podría recobrar todo su valor es el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Brigada XVII cuando Del Río estaba al mando. Velásquez le dijo a CAMBIO que aún conserva copias de las cartas que en su momento envió a la cúpula militar en las que denunciaba que su superior inmediato trabajaba con los paramilitares.

Ocurrió el 31 de mayo de 1996, cuando Velásquez les informó a sus superiores, los generales Manuel José Bonnet y Harold Bedoya, que el general Del Río apoyaba a los paramilitares que operaban en esa zona y se negaba a perseguirlos pese al creciente número de asesinatos atribuidos a las fuerzas contraguerrilleras de extrema derecha.
“No existe en el señor Brigadier General, comandante de la Brigada XVII, el convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá. Esto en mayor o menor proporción se irradia en los subalternos de acuerdo con el grado de formación profesional”, dijo Velásquez en el mensaje a Bedoya.
Unos días después, el inspector del Ejército, general Norberto Adrada, revisó el caso y concluyó que Velásquez debía ser retirado del cargo. “El asunto era tan grave en Urabá que normalmente un comandante duraba un año en su cargo y Del Río fue el único que estuvo dos -recuerda Velásquez-. Al final de ese año Del Río fue condecorado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, porque lo consideraban el pacificador de Urabá”.

Velásquez asegura que hasta ese momento tenía una carrera militar excelente y lamenta que en Urabá solo se pudiera trabajar bajo dos condiciones: “Hacerse el de la vista gorda o trabajar con los paramilitares. Yo percibía una conducta omisiva en el general Rito Alejo del Río. Siempre que le planteaban temas de paramilitarismo sacaba el cuerpo”.

Con Velásquez fuera del camino, el 24 de febrero de 1997 el general Del Río puso en marcha la operación ‘Génesis’ con los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrilla 35. Se trataba de la acción militar más ambiciosa en Urabá e implicó bombardeos y destrucción de asentamientos de población civil, en Chocó, donde hubo un desplazamiento masivo de más de 4.000 pobladores hacia Turbo y Pavarandó (Mutatá). La idea, según Del Río, era pacificar a Urabá y acabar con los asentamientos guerrilleros. Sin embargo, miles de civiles fueron los que padecieron las consecuencias.

Pero los cuestionamientos vinieron después cuando algunas autoridades, entre ellas la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunciaron que en algunas de estas acciones, las tropas al mando del general Del Río actuaron en connivencia con los paramilitares, peor aún en una cadena de masacres que vinieron después en el Urabá antioqueño y chocoano.
Comisiones nacionales e internacionales visitaron al general Del Río en las instalaciones de la Brigada XVII, en Carepa, para pedirle explicaciones sobre la plena libertad de movimiento de que gozaban los paramilitares en los territorios bajo su control, recibiendo siempre como respuesta que “no estaba enterado de que en la región existieran grupos paramilitares”.

Durante casi todo 1997 un grupo de paramilitares montó un retén sobre la carretera que desde la ciudad de Apartadó conduce al corregimiento de San José de Apartadó, a tres minutos de la Base Militar acantonada en el barrio Policarpa. A pesar de los numerosos crímenes allí perpetrados, no hubo ninguna medida que restringiera sus actividades. En ese retén fueron asesinados y desaparecidos varios pobladores de San José de Apartadó, según precisa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde cuando empezó el proceso de Justicia y Paz muchos esperaban que salieran a relucir los nombres de militares y policías que actuaron en complicidad con las Auc.

Pero salieron a flote las alianzas de los paramilitares y los políticos y por ello el tema de la Fuerza Pública quedó stand by y solo hasta hace poco tiempo los militares empezaron a salir a escena. Aún a cuentagotas el país y la comunidad internacional empiezan a conocer hasta dónde llegó la connivencia entre la Fuerza Pública y las Auc.

La Fiscalía investiga nuevamente al general Rito Alejo del Río y ha abierto expedientes contra otros oficiales. ¿Será posible conocer por fin la verdad sobre el oscuro vínculo de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía con los paramilitares en algunas regiones del país?

CON LUPA INTERNACIONAL

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en marzo de 2004 el fiscal general Luis Camilo Osorio anunció que no formularía cargos contra el general Rito Alejo del Río quien era investigado por su presunto apoyo a paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes civiles locales y provocado el desplazamiento masivo y el grave sufrimiento de miles de habitantes del norte de Colombia entre 1995 y 1997.

Según HRW, en ese momento las pruebas contra el general Del Río eran lo suficientemente convincentes como para hacer que el entonces presidente Andrés Pastrana lo destituyera en 1998.
En 1999 el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa de entrada a ese país basándose en la existencia de pruebas fiables que lo implicaban en el “terrorismo internacional”, entre otros crímenes. Sin embargo, el alto oficial no tenía procesos en Colombia.

LA CRUZADA DEL SACERDOTE JAVIER GIRALDO

El jesuita Javier Giraldo, lleva 25 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y su contacto con comunidades afectadas por la violencia lo puso de frente al fenómeno paramilitar que, según él, tiene origen en el mismo Estado. Para él no hay duda de que las Fuerzas Militares participaron o se hicieron los de la ‘vista gorda’ con los paramilitares en el Magdalena Medio y Urabá, y considera que el caso de Rito Alejo del Río es un monumento a la impunidad.

Giraldo trabajó en el Urabá antioqueño en 1996 como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, y apoyado en testimonios de campesinos de la región, sostiene que las tropas del general Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército, trabajaban de la mano con los paramilitares de la zona. En 2002, cuando la Fiscalía abrió investigación contra el militar, se presentó con el fin de hacer parte del proceso y entregó documentación valiosa y testimonios sistematizados de siete comunidades del Urabá antioqueño y el norte del Chocó, en la jurisdicción de la Brigada XVII.

Ha liderado ante la Justicia tres casos que de nuevo han cobrado vigencia: la presunta connivencia entre las tropas de los generales Rito Alejo del Río y Farouk Yanine con los paramilitares, y la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó, Urabá.
OTROS CASOS
La Rochela. El 3 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación contra el general (r) Farouk Yanine Díaz por su supuesta participación en la masacre de 19 comerciantes, el 6 de octubre de 1987, cerca de Puerto Araújo, Santander.

Yanine era entonces comandante de la V Brigada y de la II División del Ejército, en Bucaramanga, y tenía bajo su jurisdicción a los batallones del Magdalena Medio. ‘El Negro Vladimir’, un confeso paramilitar que participó en la masacre, lo involucró en los hechos pero el General (r)fue exonerado años atrás por la Justicia Penal Militar.

San José de Apartadó. El 15 de marzo de 2008, la Fiscalía ordenó la captura de 15 miembros del Ejército por el asesinato, el 21 de febrero de 2005, de 11 personas, entre ellas tres niños, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La decisión se basó en el testimonio del ex paramilitar Jorge Luis Salgado, quien declaró que la masacre tuvo el apoyo de las Auc.

Nexos con ‘Jorge 40’: El 4 de agosto de 2008, la Fiscalía ordenó la detención del coronel Hernán Mejía Gutiérrez y del teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por concierto para delinquir agravado. Según la investigación, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, Mejía Gutiérrez, en su condición de comandante del Batallón La Popa de Valledupar, y el entonces mayor Ruiz Mahecha, se habrían reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’. También los investigan por los asesinatos de Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edwar Cáceres Prado, que fueron reportados como muertos en combate.
Masacre El Aro: En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de 15 campesinos en El Aro, Ituango, ocurrida el 18 de octubre de 1997, en la que participaron militares y paramilitares. En el fallo, lo consideró responsable de la masacre por acción, pues se demostró que participaron miembros del Ejército que recibían órdenes del entonces comandante de la IV Brigada, general Alfonso Manosalva, ya fallecido.

Salvatore Mancuso señaló en versión libre, en enero de 2007, que se reunió con el general en las instalaciones militares para planear la masacre.