Siguen las actuaciones de los grupos paramilitares

A pesar de los permanentes escritos que hemos elaborado dejando constancia y expresando nuestra censura moral, de las Recomendaciones de la Comunidad Internacional, constatamos cada vez más, que las acciones para prevenir el actuar de los grupos paramilitares que dieron origen al desplazamiento de las comunidades del Cacarica en febrero del 97, en coordinación con los agentes del Estado de la Brigada XVII, no han sido realizadas, por eso se explica que sus actuaciones hoy tres años después se mantengan sin ser contrarrestadas ni las actuaciones sancionadas ni castigadas.

Santafé de Bogotá, Mayo 23 del 2.000

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
GUSTAVO BELL
Vice presidente de la República

Doctor
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Ministro del Interior

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procurador General de la Nación

Doctor
CAMILO GOMEZ
Alto Comisionado de Paz

Reciban un respetuoso saludo.

A pesar de los permanentes escritos que hemos elaborado dejando constancia y expresando nuestra censura moral, de las Recomendaciones de la Comunidad Internacional, constatamos cada vez más, que las acciones para prevenir el actuar de los grupos paramilitares que dieron origen al desplazamiento de las comunidades del Cacarica en febrero del 97, en coordinación con los agentes del Estado de la Brigada XVII, no han sido realizadas, por eso se explica que sus actuaciones hoy tres años después se mantengan sin ser contrarrestadas ni las actuaciones sancionadas ni castigadas.

En las calles de Turbo, en los establecimientos públicos, en las veredas de este municipio, en los lugares de embarque y desembarque de pasajeros – conocido como Waffe -, los causantes individuales del desplazamiento hace más de tres
años, continúan allí, a la vista de todas las autoridades, los guías del ejército en su actuación por tierra siguen sin que nada se haga. Pero no son solo, los que originaron el desplazamiento sino los nuevos victimarios del paraestado quiénes vigilan y persiguen. Vestidos de civil, con armas cortas ocultas entre largas camisetas, a pie, en bicicletas, en motos o en carros merodean los albergues y el coliseo, y nada se hace.

Desde los asesinatos del 22 y 23 de marzo de tres desplazados del Cacarica, la circulación de los paramilitares vestidos de civil se intensifica en los barrios, pero poco se puede esperar para prevenir nuevos atentados y daños irreparables por el tipo de procedimientos e investigaciones adelantadas, porque los victimarios no se pondrán al descubierto ya que los cuarteles y trincheras del paraestado no serán investigados ni a los lugares donde se encuentran plácidamente los paramilitares, a la vista de todo el mundo, no llegarán las autoridades, así ha pasado en Turbo y Riosucio, y así seguirá pasando. Los victimarios siguen presionando, persiguiendo a los familiares de las víctimas que fueron testigos de los asesinatos de hace ya dos meses. Siguen ahí sin reacción alguna de las autoridades, en casi todo tiempo y en casi todo lugar.

En el caso de las investigaciones de oficio que se iniciaron sobre los tres asesinados del Cacarica poco se puede esperar. Los investigadores delegados a través de sus dos interrogatorios a los familiares de las víctimas, en particular a sus viudas, solamente han querido justificar el crimen, fue común la pregunta: “y usted sabe qué problemas tenía el asesinado?” u otra “ustedes de quién reciben la comida?” Quién los asesora?”. “ustedes no saben que los de Justicia y Paz, reciben unos dineros para las víctimas? Ellos tienen que construirle su casa?” Eso sucedió, de acuerdo con el testimonio de testigos, los días 9, 10 y 15 de mayo. Qué se puede esperar de la justicia, cuando sus agentes investigadores a través de sus interrogantes quieren generar dudas en la relación de las familias víctimas y sus acompañantes?.

No será improcedente y desenfocado el papel de los delegados de la fiscalía que realizan las investigaciones de oficio, pues no solo pretendan poner en duda el acompañamiento de nuestra Comisión a la familias víctimas sino que dejan de lado la mirada sobre las estructuras del paraestado para culpar a la víctima de su muerte?. Poco les queda por esperar y creer a las víctimas o a sus familias que ven, como todo los que habitan en Turbo, como los victimarios se hospedan, consumen alcohol al lado de la sede de la institución que representa la justicia.

Esta desviación de las actuaciones de la justicia frente a los más de 70 crímenes vividos por las Comunidades del Cacarica y las que habitan sobre el río Atrato siguen posibilitando que las estructuras del paramilitarismo continúen sin dificultad alguna su movilización por el río Atrato, siendo su paso más recurrente en los últimos meses, en la última semana de abril, llevando consigo a un campesino asesinado.

Por eso no es de extrañar que las persecuciones sigan en Turbo. El domingo 30 de abril, a las 16:50 p.m., dos paramilitares que se movilizaban en una moto GT de color azul, siguieron por espacio de media hora a una joven de la Coordinación del Comité Juvenil de las comunidades del Cacarica, en las calles del municipio de Turbo. La joven fue abordada por los paramilitares, luego de cruzar la Heladería “El Caney”, donde los paramilitares suelen estar, al detenerla en su camino al albergue “Unidos Retornaremos” del Santo Eche Homo, le preguntaron: “¿Usted es de las retornadas al Cacarica?”, luego le dijeron: “¿díganos cuando se va nuevamente la embarcación al Cacarica?. Al no encontrar ninguna respuesta y la joven escabullirse entre la gente que transita por el lugar, los paramilitares la buscaron, y la esperaron en el sitio conocido como “El Tancon”, al verla nuevamente, la siguieron y ella logró llegar a la Casa Misionera de la Comisión Justicia y Paz, donde logró salvaguardarse.

Esa misma noche, dos hombres vestidos de civil y con armas cortas, aproximadamente a las 20:00 horas, ingresaron al Coliseo de Turbo, dejando la moto en que se movilizaban en la calle pavimentada que conduce de la unidad deportiva a la carretera principal. Los armados se acercaron a varios jóvenes de la comunidad que se encontraban en un Kiosco preguntando por nombres de personas desplazadas. A uno de ellos le ofrecieron cincuenta mil pesos (US$ 25) para que les indicara en dónde se encontraba una de las personas que andaban buscando. En el lugar se encontraba un asesor técnico de una ONG nacional quien al percibir la presencia de los armados se dirigió a la Policía para que estos actuaran. La Policía se acercó a los armados no los requisó, intercambiaron un breve diálogo y los hombres se fueron al lugar donde se encontraba la motocicleta.

Al mismo tiempo, en el mes de mayo, se han producido varias llamadas con amenazas de muerte a un integrante de nuestra Comisión que acompaña a las comunidades en el Urabá. En nuestra sede en Bogotá se han recibido durante dos ocasiones las amenazas telefónicas. El viernes 5 de mayo a las 10:30 a.m. aproximadamente y el jueves 18 en horas de la tarde, hacia las 2:30 p.m. aproximadamente. En ellas se expresó el siguiente mensaje: “Comunista, guerrillero. No se olvide, de tanto viaje” y “No se le olvide guerrillero, lo que hemos dicho” (Refiriéndose a las otras llamadas)

Los días 26 de abril y 17 de mayo, en horas de la noche hacia las 22 horas y 30 minutos, las mismas llamadas amenazantes con un mensaje similar se han repetido en su residencia en Bogotá. En este se expresa: “Viaja mucho, cuídese. No se le olvide lo que hemos dicho”.

Nada ha cambiado. La política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario promulgada desde 1.998 ante la evidencia de todo lo que sigue sucediendo queda ante el alma de quiénes han sido víctimas o sus testigos como una quimera.

Por eso dejamos nuevamente ante ustedes esta constancia histórica y nuestra censura moral con la esperanza que alguna vez la justicia universal y la conciencia de la humanidad conozca lo que aquí pasó, nunca se quiso evitar y nunca sancionar y juzgar.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ