Siete prioridades para Colombia con relación a derechos humanos

Desde la Guerra de los Mil Días, a principios del siglo XX, pasando por la violencia de mediados de siglo, hasta los más de 50 años de conflicto entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública, cientos de miles de civiles han sido asesinados, desaparecidos o desplazados.

El hecho de que el país avance en una dirección positiva es un testimonio de la voluntad de la sociedad en su conjunto, así como del Presidente y de los líderes de los movimientos revolucionarios, que han demostrado un impresionante compromiso con la paz y la reconciliación.

Sin embargo, quienes merecen mayor admiración por lo que han logrado y soportado en Colombia son los defensores y defensoras de los derechos humanos, asombrosamente valientes, que con frecuencia han sufrido un destino fatal por defender sus derechos. Desafortunadamente, mientras se están sentando los primeros ladrillos para la paz, continúan siendo amenazados, atacados y asesinados a un ritmo alarmante.

De acuerdo con la opinión de algunos, Colombia lidera el mundo en el número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios. Aunque el gobierno es sincero al tratar de detener los homicidios, es claro que se necesita hacer mucho más, y entre otras cosas que los políticos, la policía, los fiscales y los jueces envíen mensajes repetidos e inequívocos de que quienes llevan a cabo (u ordenan) estos asesinatos serán presentados frente a la justicia.

Al mismo tiempo, la prevención y la protección no solo pueden expresarse en términos de vehículos blindados, guardaespaldas y chalecos antibalas. El Estado y la sociedad deben entender el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos para llevar al país a una nueva lógica, la lógica de la paz.

Este fue el primer mensaje que escuché alto y claro durante mi reciente visita a Colombia. El segundo se refiere a la reintegración de ex miembros de las FARC.

Aunque el desarme y la desmovilización han tenido un progreso importante gracias a las partes en los Acuerdos de Paz, así como a la Misión de la ONU, pocas personas parecen sentir que la reintegración de los ex-combatientes de las FARC va bien.

Firmar acuerdos y desmovilizar formalmente son las partes relativamente más fáciles de cualquier proceso de paz. Pero para que la paz, en cualquier parte del mundo, sea sostenible debe sustentarse adecuadamente en el ejercicio y respeto de los derechos humanos. Si los ex-combatientes no ven una mejora en las vidas de ellos y sus familias, y no tienen ningún medio de ganar un salario digno, siempre existe el peligro de que se transformen en grupos delictivos.

Por eso es esencial que, en todas las zonas dejadas recientemente por las FARC, las instituciones estatales -incluidas la fuerza pública- ingresen rápidamente, ejerzan su autoridad y proporcionen servicios estatales (como el acceso a la salud, la educación y la seguridad).

Es necesario hacer más y se deben tomar medidas inmediatas para impulsar la actividad económica a fin de estabilizar la situación y garantizar los derechos de la población en general.

Brindar servicios estatales a las áreas rurales también conducirá al desarrollo de estas áreas y, por lo tanto, a cerrar las desigualdades con las áreas urbanas, una de las causas fundamentales de los movimientos guerrilleros en Colombia.

El tercer mensaje es que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos es la clave. En cualquier situación posterior al conflicto, el progreso futuro requiere una profunda reflexión sobre los crímenes del pasado.

Entre estos se encuentra el tema de los “falsos positivos”, un eufemismo benigno para lo que era un crimen grotesco: unos 6.000 civiles inocentes asesinados por la fuerza pública, y sus cadáveres disfrazados de guerrilleros, por dinero o beneficios.

Hasta la fecha, casi ningún militar ha purgado una pena por dichas violaciones, y particularmente ningún comandante del alto rango. Esto es visto por muchos como una prueba importante para el sistema de justicia colombiano, pues una gran parte del país dudará en tomarla en serio hasta que esas violaciones masivas de los derechos humanos se aborden adecuadamente.

En cuarto lugar, el acuerdo de paz adoptó un ambicioso sistema de justicia transicional. Fue diseñado para abordar el problema del pasado respaldando un enfoque de justicia restaurativa -en lugar de un enfoque punitivo- que podría abordar los derechos de las víctimas y crear garantías de no repetición. Pero a pesar del respaldo reciente por parte de la Corte Constitucional al acuerdo de paz, algunos sectores políticos parecen intentar debilitar todo lo construido para la paz obstaculizando las discusiones en el Congreso sobre el sistema jurisdiccional y presentando enmiendas que debilitarían la nueva jurisdicción. Saben muy bien que este es un pilar fundamental del Acuerdo, sin el cual todo el edificio podría desmoronarse.

Quinto, quedé muy preocupado por las condiciones inhumanas que padecen miles de personas privadas de libertad en Colombia. La sutuación me fue presentada como un enigma insuperable, como un resultado de la combinación típica de políticas de “mano dura” y la falta de voluntad política para priorizar soluciones para este grave problema. Un país como Colombia, que está emergiendo de décadas de conflicto, debe abordar, como uno de sus imperativos de derechos humanos, su sistema carcelario en decadencia.

Sexto, muchos de mis interlocutores subrayaron su preocupación por la corrupción. Un alto funcionario estatal indicó que ésta es la mayor causa subyacente de los abusos contra los derechos humanos en Colombia, civiles, políticos y económicos. Si bien me complace conocer las medidas concretas adoptadas por el Procurador General, con el apoyo técnico y el asesoramiento de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la corrupción es el archienemigo del Estado de Derecho y de la democracia. Ahora, más que nunca, los colombianos deben tomar medidas urgentes y adecuadas para luchar contra la corrupción. Deben construir mecanismos efectivos para detectar, desalentar y sancionar cualquier acto de ese tipo, que pone en riesgo todos los derechos humanos del pueblo colombiano.

Séptimo es la continuación de la discriminación contra varios sectores de la población. Es un mito entre los círculos conservadores que los derechos humanos son, de alguna manera, una agenda de izquierdas. Esto está lejos de la verdad, y siempre lo ha sido. Como joven miembro de Amnistía Internacional a finales de la década de los 70, mis compañeros y yo pasamos mucho tiempo escribiendo a las autoridades soviéticas en nombre de los disidentes encarcelados. Al día de hoy, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos no puede establecer oficinas en lugares como China, Venezuela, Cuba y Siria, y esos gobiernos a menudo nos tratan con hostilidad.

Pero es cierto que existe alrededor del mundo una reacción populista contra los derechos humanos. Como lo describió recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “El rugido de odio que escucho en todo el mundo nos remite a un momento en que las mujeres, las minorías sexuales y los grupos raciales y religiosos tenían muchas menos libertades”. Aquí en Colombia, alrededor de quienes no se entusiasman con el proceso de paz, se habla cada vez más de una “ideología de género”, donde los defensores de la paz son representados por muchos conservadores como defensores de los derechos “alienígenas” de las mujeres y las personas LGBTI. La discriminación contra las mujeres, las comunidades LGBTI o los indígenas, los afrocolombianos y otros es claramente un problema donde se podría hacer mucho trabajo útil para mejorar la situación.

Escuché muchas cosas buenas y malas sobre Colombia antes de mi visita. Salí del país alentado por el compromiso serio que vi en todos los niveles para promover, proteger y respetar los derechos humanos. Las preocupaciones que describí anteriormente son serios desafíos que deben ser abordados por la sociedad colombiana en su conjunto. Si bien todavía hay un cierto grado de polarización, lo cual es normal para cualquier país en transición, los colombianos deberían tratar de aprovechar esta oportunidad única para construir una sociedad más inclusiva, respetuosa de las diferencias y que busque estar a la altura de las expectativas de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.