Siete de los implicados en ‘falsos positivos’ podrían quedar libres en ocho días
La judicatura no ha definido quién debe procesar al teniente coronel Gabriel Rincón Amado, el capitán Manuel Zorrilla y cinco militares más, implicados en diez ejecuciones extrajudiciales de civiles.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General cree tener evidencia sólida para implicar al teniente coronel del Ejército, Gabriel Rincón Amado y al capitán Manuel Zorrilla Ágames en la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de los jóvenes Julio Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto, ambos pobladores del municipio de Soacha y ambos víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.
Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura aún no ha dirimido si la investigación contra estos militares la debe llevar la Justicia Penal Militar o la ordinaria.
El problema es que el próximo 21 de octubre vencen los términos legales para definirles su situación jurídica y como esto no ha sucedido, los militares quedarán libres.
Pero este no es el único caso que preocupa a los investigadores.
Para la misma fecha y por la misma razón -la Judicatura no ha dirimido la competencia de jurisdicción- recuperarán la libertad el sargento segundo Janer Ediel Duque Martínez, el soldado profesional Jhon Anderson Díaz Ortega, y el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso.
Estos uniformados aparecen implicados en las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha Diego Tamayo Garcera, Víctor Gómez Romero, Andrés palacio, Elkin Gustavo Verano Hernández, Joaquín Castro Vásquez, Julián Oviedo Monroy y Fair Leonardo Porras.
Solo en dos de los casos, el del cabo segundo Wilson Virgilio Suárez Gaitán y el del sargento segundo Jader Alvarado Sequea, la inminente libertad está relacionada con la demora en realizar la audiencia de formulación de acusación, la cual se ha aplazado en más de dos oportunidades.
EL TIEMPO estableció que en la Fiscalía ya están prendidas las alarmas al igual que entre los familiares de las víctimas.
Incluso, Carlos Franco, director del programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la vicepresidencia de la República fue alertado el mismo día en que el fiscal (e.) Guillermo Mendoza Diago, conoció la información emanada de la Unidad de Derechos Humanos de la institución.
Ahora, lo que se intenta establecer es si se ha registrado a no algún tipo de dilación por parte de la defensa de alguno de los militares.
Habla la Judicatura
“Creemos que a la demora de la Judicatura por resolver los conflictos de competencia se suma que los defensores de los militares tratan de darle vueltas al proceso haciendo muchas veces peticiones absurdas y a los jueces les falta carácter para no concederle a los defensores todo lo que solicitan”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de la Fiscalía.
Ayer, el magistrado Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, dijo que si se comprueba que hubo fallas, habrá sanciones, pero aseguró que hace menos de un mes se reunió con miembros de la Fiscalía para tratar el tema y no expresaron inquietud alguna.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía dijeron que en la reunión, sí se le advirtió al magistrado sobre la importancia y urgencia de estos proceso.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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