“Sí a la paz” por la búsqueda y el hallazgo de los desaparecidos
Cuando timbró el celular, Rosa Elena Herrera abandonó los quehaceres de su casa, ubicada en el barrio Manrique Oriental de Medellín, y se apresuró a contestar. “Mami, estoy herido pero no de gravedad. No se preocupe”, le dijo Diego Alexander con tono entre reconfortado y tierno. Ese reporte de su hijo alcanzó a calmarle la preocupación que la consumía desde hacía un par de horas.
Eran poco más de las 4 de la tarde del viernes 17 de octubre de 2003. Para ese momento, Rosa Elena estaba enterada a medias de lo ocurrido con el penúltimo de sus seis hijos, de 18 años. Una enfermera la había llamado a las 2 de la tarde para contarle que el joven había ingresado a la Fundación Hospital San José de Buga a las 10 de la mañana con una herida de bala, y que a las tres lo trasladarían al Hospital Divino Niño, también de Buga.
Diego Alexander, que era taxista en las calles de Medellín, se había ido para Buga (Valle del Cauca) con la excusa de pagarle una promesa al Señor de Los Milagros. Su intención era aprovechar para conocer también algunos municipios vecinos, como Cali. Pero cuando iba en el bus que de Tuluá se dirigía a Buga, se presentó una balacera. Rosa Elena dice que nunca le contaron bien los detalles, ni su hijo, ni la enfermera, ni las autoridades.
De pronto, en medio de la conversación, Diego Alexander entró en pánico y empezó a llorar. “Mami, mami, ¿yo qué hago? Me van a llevar… me van a llevar”. Entonces se cortó la llamada y ella se quedó con la angustia al filo de las palabras. Esa fue la última vez que escuchó la voz de su hijo, según recordó el pasado 30 de agosto en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, donde quedan las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Este día, Rosa Elena estaba participando junto con otras madres, esposas e hijas –había pocos hombres– en el plantón que realizó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad a modo de conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.
El 24% de los desaparecidos registrados en el RUV son de Antioquia. Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.
El objetivo del evento era rememorarlos a través de una exhibición en el escenario público de los rostros de algunos y las siluetas de otros, debidamente nombrados; así como manifestar que si el Gobierno Nacional y las FARC-EP se pusieron de acuerdo para buscarlos –a través del comunicado conjunto N°62, emitido el 17 de octubre de 2015–, los familiares de las víctimas los apoyarán, explicó Marta Soto, secretaria técnica del Movice en Antioquia.
Durante el plantón, Luz Elena Galeano, representante de Mujeres Caminando por la Verdad, leyó el comunicado de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos (CCEEU), en el que las organizaciones de víctimas celebraron el cierre del acuerdo de paz en La Habana (Cuba), para terminar el conflicto armado que han sostenido las partes por más de cinco décadas.
De ahí que las organizaciones de la MTDF hayan expresado con el eslogan: “Sí a la paz, sin desaparecidos”, su decisión de impulsar la refrendación favorable del acuerdo, para potenciar la posibilidad de que se cree una unidad especializada que contribuya a que finalmente se conozca el paradero de las personas desaparecidas y la verdad sobre las motivaciones que tuvieron los victimarios: insurgentes, paramilitares y fuerzas estatales.
En ese sentido, aseguraron que “dicho acuerdo representa una ventana de oportunidad para los familiares de personas desaparecidas y para sus organizaciones, puesto que se plantea la creación de una nueva Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), así como una serie de medidas inmediatas para la búsqueda, identificación y entrega digna de restos”.
Es la oportunidad de encontrarlos
En el comunicado, las organizaciones plasmaron su esperanza de que “este acuerdo se vea acompañado de una voluntad real de todos los actores del conflicto armado –incluyendo a los actores estatales– orientada a encontrar a todos los desaparecidos y conocer la verdad de lo sucedido. Voluntad que debe materializarse en medidas como: planes articulados de búsqueda (…) y disposición de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de su misión”.
Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.
En Medellín habría al menos 3.000 víctimas de desaparición forzada. Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.
Aunque también esperan que, para esos fines, el Gobierno y las FARC-EP tengan en cuenta las cerca de 140 recomendaciones que la MTDF le presentó el pasado 17 de marzo a los negociadores de paz en La Habana. Así lo indicó Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurídica Libertad, para quien es necesario que las partes negociadoras generen un espacio para sentarse con las organizaciones a discutir las sugerencias y, posiblemente, empezar a implementarlas como parte de las medidas inmediatas para la búsqueda.
Entre esas recomendaciones de las organizaciones de víctimas y derechos humanos, precisó Arboleda, se hallan la creación de una política de estado para la búsqueda de “personas dadas por desaparecidas”, según las denomina el acuerdo, concepto que incluye todo tipo de desapariciones, no solo las forzadas. Y, en parte para facilitar ese objetivo, la UBPD debería tener un carácter territorial que permita avanzar en el reconocimiento de todos los casos denunciados por las familias.
Igualmente, agregó, sugirieron construir una base de datos única de desaparecidos para superar los subregistros, pues este delito suele confundirse con otras formas de victimización, como el secuestro y el homicidio. Según cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal (Sirdec), en Colombia habría 126.000 desaparecidos, mientras que el Registro Único de Víctimas (RUV) reseña 45.500 (10.956 de Antioquia), de los cuales se estarían investigando 30.000 casos.
Otra de las recomendaciones presentadas en La Habana, es la puesta en funcionamiento de mecanismos de participación efectiva de las familias de las víctimas en la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos. Sobre esto, Marta Soto puntualizó que los familiares tienen mucho por aportar a los procesos de búsqueda: fotografías, fechas, lugares, historias, a partir de lo que han investigado con el apoyo de las organizaciones.
Ejemplo de esto es la experiencia de Rosa Elena, quien no ha parado de buscar a su hijo desde que se cortó la llamada. Inicialmente, viajó hasta Buga para averiguar por él en los dos hospitales donde estuvo: “el primero quedaba en todo el centro de la ciudad y el otro, de donde se lo llevaron, en las afueras, por allá en unas mangas”. También estuvo en anfiteatros y cementerios de ese municipio y otros del Valle del Cauca.
Desde 2012, el Gobierno ha indemnizado a 9.859 familiares de desaparecidos en Antioquia. Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.
En sus conversaciones con la enfermera se enteró de que ella estaba temerosa porque sospechaba que algo le ocurriría a Diego Alexánder luego de su traslado y, sí decía algo, también a ella. Luego, a través del vigilante del hospital, conoció que quienes lo habían egresado de allí fueron miembros de las fuerzas del Estado: “dos intendentes, dos coroneles, dos policías y un patrullero”.
Cuando Rosa Elena intentó denunciar, no consiguió que la escucharan en los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ni en inspecciones de Policía; por eso, tuvo que rendir declaración en la Procuraduría, apenas 15 días después de la detención y desaparición de su hijo. Tres meses más tarde, funcionarios de la Fiscalía le dijeron que tal vez en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) podían ayudarle con su caso, y así fue: ha recibido todo el apoyo y la orientación que ha necesitado, según contó.
El próximo 17 de octubre se cumplirán 13 años desde que desapareció Diego Alexánder y ella, igual que otras miles de madres en el país, afronta las sensaciones de ausencia e incertidumbre, mezcladas con la esperanza de hallarlo. Por eso, aprovecha cada movilización en el espacio público para recordarles a las autoridades estatales que tienen una deuda con la verdad y la justicia; y a la sociedad, que él “nos falta a todos” y, para hallarlo, el acuerdo de paz será una gran oportunidad.
Fuente: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/06/si-a-la-paz-por-la-busqueda-y-el-hallazgo-de-los-desaparecidos/