Señor de vidas y haciendas
¿Por qué unos empresarios respetables se le midieron a hacer un negocio en contravía de la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas terribles?
El supuesto ejemplo de productividad agroindustrial en los Llanos orientales está construido sobre una sucesión de crímenes que muchas autoridades se niegan a ver. La gigantesca propiedad donde opera La Fazenda fue escenario de entrenamientos, torturas, desapariciones y asesinatos por parte de los paramilitares.
Además, los predios fueron comprados ilegalmente por allegados a Víctor Carranza y englobados también ilegalmente para crear una hacienda de las dimensiones requeridas para el proyecto. La seguidilla de irregularidades es de tal dimensión que, incluso, uno de los firmantes estampó su rúbrica en un papel cuando habían pasado casi tres años desde su muerte.
Dos investigaciones periodísticas y una de control político no han sido suficientes para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Buena parte de los hechos ha salido a flote por el trabajo del portal verdadabierta.com, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y del congresista Iván Cepeda, quien adelantó un debate sobre el tema en la Cámara de Representantes.
La tierra en la que crece el proyecto más productivo de la altillanura sirvió como base de entrenamiento de los paramilitares conocidos en esa zona como Los Carranceros. Esa finca llamada entonces El Brasil era el centro de la operación paramilitar de esa región. Así lo han confesado los paramilitares Deiber Bolaños, alias 520; Delfín Villalobos, alias Alfa Uno; Elkin Casarribia, alias el Cura y Dúmar Guerrero, alias Carecuchillo.
En la casa principal de la finca se acondicionaron habitaciones para que sirvieran de celdas y cuartos de interrogatorio. Al lado funcionaba un taller donde se desarmaban carros robados. Cerca del río fue construida una pista de entrenamiento y un polígono donde se prepararon los autores de varias masacres. Allí pernoctó un grupo que reforzó a los asesinos que vinieron de Urabá a efectuar la masacre de Mapiripán.
Cinco fosas con restos humanos han sido encontradas por la Fiscalía en los predios de la hacienda.
Según testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz el dueño de la tierra ha sido Víctor Carranza y detrás hay una historia de apropiación de antiguos baldíos, es decir de tierras del Estado por las que antes se movían los indígenas sikuani.
Todo empezó en 2007 cuando varios adjudicatarios de baldíos en Puerto Gaitán decidieron otorgarle un a poder a un abogado de Valledupar, llamado Fernandel Alfonso, para que cruzara medio país y fuera hasta una notaría en Villavicencio a englobar sus parcelas con las tierras de un hijo de Víctor Carranza.
Varias de las firmas que aparecen en los documentos de englobe no corresponden con las que figuran en la diligencia de titulación de la tierra. Aparentemente son falsas.
Uno de los adjudicatarios, llamado Segundo Luis Gaitán, le otorgó poder en 2007 a Julio Pérez Niño para que hiciera el englobe. Lo raro es que hay un certificado de defunción que demuestra que Segundo Luis había muerto en diciembre de 2004, casi tres años antes de firmar el poder.
Las tierras no se podían agrupar. La ley prohíbe sumar antiguos baldíos para crear grandes haciendas. Sin embargo, con la firma del muerto, las otras que no coincidían y en franca contradicción con la ley prosiguió el proceso.
Como consecuencia del englobe de tierras, en la misma notaría fue creada una empresa llamada Agualinda Inversiones S.A., cuyos gerentes son un ingeniero llamado Sergei Andrei Poveda y la esposa de Víctor Carranza, doña María Blanca Carranza de Carranza.
Pocos días después de su creación, la empresa de la señora Carranza de Carranza –a través de un contrato de fiducia– le entregó la tierra al Banco Helm. El contrato establece que la propiedad debe ser administrada por La Fazenda del Grupo Aliar, cuya cabeza visible es el empresario bumangués Jaime Liévano Camargo.
El doctor Liévano es empresario avícola. Su firma Avidesa es dueña de Mac Pollo. En su proyecto de La Fazenda está asociado, además, con el grupo Contegral de Antioquia, dueño de la marca de concentrados Finca.
¿Por qué unos empresarios respetables, se le midieron a hacer un negocio con semejantes personas, en contravía de lo ordenado por la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas tan terribles?
Le escribí un mensaje al doctor Liévano y lo llamé por teléfono para preguntárselo. Hasta ahora no ha respondido.
http://www.semana.com/opinion/articulo/senor-vidas-haciendas/348437-3