Señalamientos contra la Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño, Se preparan judicializaciones.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la serie de afirmaciones calumniosas, señalamientos sobre nuestra legal y legitima labor de defensa de derechos humanos, que se ve alentada por las afirmaciones públicas de funcionarios del Estado, sobre integrantes de nuestra organización de acompañamiento de derechos humanos.
Bogota, D.C 19 de marzo de 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref. Señalamientos contra la Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño, Se preparan judicializaciones.
“Unos nos apoyan, otros nos insultan; pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad” Relectura 2 Corintios 6,8
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la serie de afirmaciones calumniosas, señalamientos sobre nuestra legal y legitima labor de defensa de derechos humanos, que se ve alentada por las afirmaciones públicas de funcionarios del Estado, sobre integrantes de nuestra organización de acompañamiento de derechos humanos.
Detrás de tales apreciaciones, que no resisten, el mínimo de una análisis de fondo, se pretende deslegitimar y penalizar el derecho que comunidades indígenas y afrocolombianos les asiste de recibir apoyo humanitario, jurídico, psicosocial para la protección de sus derechos, como lo contempla la carta de Naciones Unidas o los Principios Rectores Deng. Se pretende aislar a las comunidades y las organizaciones que la acompañan del conjunto social, se les pretende deslegitimar públicamente, para imponer modelos extractivos o agronegocios, que desconocen derechos fundamentales y el respeto a las Zonas de Reserva. Pero se quiere ir mucho mas allá. Desde las judicializaciones hasta el destierro de la Comisión de Justicia y Paz y de organismos internacionales de la región del Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño.
Ante ustedes nuestra Constancia sobre los siguientes hechos.
* Lunes 2 de marzo en la pagina 8ª. de el periódico El Colombiano, en un espacio pagado se presento un comunicado titulado “ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL BAJO ATRATO RECHAZAN LA INJERENCIA DE ONG JUSTICIA Y PAZ Y APOYAN PROYECTO MINERO MANDE NORTE”.
El documento indica que: “Justicia y Paz y PBI se han dedicado a obstaculizar y perseguir todos los proyectos de carácter Estatal o Privado que estén interesados en buscar el desarrollo regional y por tanto la calidad de vida de nuestras poblaciones. Son varias las ocasiones en que han presionado a las comunidades para que rechacen las ayudas y proyectos que el Estado Colombiano les ha ofrecido”
“Es el caso del proyecto Mandé Norte ejecutado por la empresa Minera la Muriel, que después de cumplir a cabalidad con todos los requisitos de ley y haber desarrollado la Consulta Previa con las Comunidades Indígenas del Municipio del Carmen del Darién inició las labores de Exploración en la zona de la Rica (Municipio del Carmen Del Darién). Pero en forma inmediata las ONGs mencionadas mencionaron a las comunidades indígenas pertenecientes al Cabildo del Municipio de Murindó para que impidieran por la fuerza la realización de las obras de perforación”.
“3- denuncian (sic) ante la opinión Pública Nacional-Internacional las amenazas y persecuciones por parte de grupos armados al margen de la ley contra los lideres que se oponen a las políticas de estas ONGs. 4- Apoyar los proyectos que se proponen generar desarrollo y bienestar en la zona porque es la única alternativa de mejorar la calidad de vida de las comunidades permitiendo que se pueda disfrutar de los bienes y servicios que la sociedad ha construido al os cuales también tenemos derecho. 4- Solicitar al Gobierno Nacional que se investiguen las actuaciones de estas ONG en nuestro territorio y se les aplique la ley, 6- Exigir unánimemente la salida de las ONGs Justicia y Paz y PBI de la Zona del Bajo Atrato”.
Y termina el comunicado publico en prensa con las siguiente connotación “Siguen nueve firmas. Con la coadyuvancia y veeduría Darío Blandón, Personero del municipio de Riosucio Chocó. Decreto extraordinario-ley número 1333 del año 1986 y la ley 03 del año 1.990”.
*Jueves 5 de marzo en horas de la mañana en entrevista concedida a la emisora W Radio, el Vicepresidente de la República de Colombia, FRANCISCO SANTOS señaló a reconocidos miembros de la sociedad civil y el congreso de Colombia entre los que se encuentra el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz DANILO RUEDA, de hacer campaña contra el presidente ALVARO URIBE en diferentes foros en los Estados Unidos.
“Hoy en Estados Unidos está el senador Rodrigo Lara, la senadora piedad Córdoba, hay una audiencia de Sam Farr con monseñor Héctor Fabio Henao, con Danilo Rueda de una ONG, con Jorge Rojas del Codhes, donde lo triste de todo esto es que la política en Colombia se trasladó a los escenarios internacionales y el odio hacia el presidente y la inquina que hay hacia el presidente por parte de algunos sectores, ahora tiene como estrategia ir a todos los escenarios a hablar pestes del país”.
*Sábado 7 de marzo el periódico El Colombiano publicó el artículo del columnista Raúl E. Tamayo Gaviria titulado “Defensores de Indígenas” [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/defensores_de_indigenas/defensores_de_indigenas.asp
>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/defensores_de_indigenas/defensores_de_indigenas.asp]
El contenido traído de los cabellos, expresa el desbordamiento de la opinión, cayendo en la injuria y la calumnia. En el se alude falsamente sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz indicando sin fundamento acerca de la aceptación de la exploración por parte de los indígenas y afrodescendientes de la región con la intervención de la dirección de Etnias del Ministerio del Interior y el Ejercito Nacional.
Afirma que las comunidades estaban “contentas con la presencia de esta compañía internacional, cuando llegan los enemigos del progreso como son las ONG Justicia y Paz y Brigada de Paz Internacional a promover y auspiciar éxodos indígenas para enfrentarlos a los que verdaderamente son de la región y que ya habían aceptado los trabajos de la Muriel Mining Corp”.
Agrega que “Un curita español de las ONG compró megáfonos en Mutatá, tres mil metros de tela plástica y varillas para hacer cambuches, trajeron indígenas de Frontino, Urrao, Dabeiba y Mutatá, incluyendo mujeres embarazadas y niños pequeños, para contraponerlos a las organizaciones Camicad – Camizba y a la comunidad de afrodescendientes. Las ONG mencionadas, aleccionando a los indígenas de otras regiones para oponerse a los trabajos mineros, dañar el acuerdo existente y pedir el retiro inmediato del Ejército”
Enseguida, desconociendo la demostrada propiedad de las tierras ocupadas por militares y paramilitares en función de la palma aceitera en Curvaradó y Jiguamiandó, señala que “Están haciendo lo mismo que hicieron con los palmeros de Curvaradó. Estas ONG envenenaron a todo el mundo en contra de los empresarios que hicieron socios y les dieron empleo a las negritudes de la región y lo peor es que el gobierno les creyó a las emisarias de la izquierda internacional”.
Al final, formula una serie de preguntas abiertas cuya respuesta vincularía necesariamente a nuestra Comisión de Justicia y Paz y a Peace Brigades International con la guerrilla de las FARC Ep. “¿Cuál es el afán de Justicia y Paz y de Brigada de Paz Internacional en que no haya progreso y se retire el Ejército Nacional? ¿No son estos los mismos parámetros que le convienen a la guerrilla? ¿No son el abandono y la selva, los campos ideales para los subversivos? ¿Cuáles son los intereses de estos muchachos rubios y monjas que se pasean por las selvas en carros 4X4 último modelo con placas de la ONU y radios satelitales, enfrentando a las comunidades indígenas como si ellos no fueran capaces de pensar por sí mismos y dañando acuerdos? ¿Por qué el gobierno permite la injerencia de extranjeros en la política colombiana para favorecer a la subversión? ¿Creerán las ONG que golpeando a los indígenas les van a ayudar? ¿Nos permitirían a los colombianos actuar en política en otros países?”
*Martes 10 de marzo hacia las 8:30 a.m. en la emisora Apartadó Estereo, afiliada a la cadena Caracol JAIME BEITAR afirmó que la Comisión de Justicia y Paz, los estaba acusando de ser los defensores del General retirado RITO ALEJO DEL RIO, de los palmeros, de Maderas del Darién y de Acción Social. Luego convocó a comunidades del Bajo Atrato a que el 24 de marzo se reunieran con una comisión de fiscales en Turbo para que se manifiesten sobre la realidad del bajo Atrato.
Nuestra Censura Ética frente a la manida pretensión de asociar el trabajo legal y legítimo de defensa de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz a la guerrilla de las FARC EP. Esas falsas pretensiones demuestran el temor a la verdad y a la necesidad de justicia que reclaman los millares de victimas del despojo violento de la tierra por las operaciones militares o paramilitares, o el temor a que los derechos de las victimas sean restituidos plenamente.
Ni el secuestro, ni las amenazas de muerte, ni el intento de desapariciones forzadas y atentados en Bogota han logrado acallar ese derecho de defender los derechos humanos y los derechos territoriales.
Lo que existe detrás de tantas apreciaciones es desmoronar las convicciones éticas de relación con las victimas de crímenes de Estado,
Y es justo allí, gracias a la impunidad persistente ante los crímenes de lesa humanidad y la destrucción de la zona de reserva forestal, que con voces altivas, militares, paramilitares, empresarios y algunos beneficiarios del paramilitarismo, son resonadas desde el poder de los medios y desde el poder institucional.
La inversión del Derecho esta a la vista, la verdad es la mentira, la injusticia la justicia, la reparación es la reconciliación forzada en los grandes negocios. Entre tanto, la criminalidad convierte al Estado de Derecho en un Estado de Hecho.
Se pretende asociar que el trabajo de derechos humanos como parte de la estrategia guerrillera de las Farc Ep, ocultando la criminalidad estatal en la que se ha sustentado las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el bajo Atrato y el Urabá Antioqueño.
¿Por qué se teme tanto a la verdad? A ¿quién se protege? ¿Qué se quiere ocultar o a quienes se les quiere beneficiar con la impunidad, con el abuso de poder?
¿Se puede crear calidad de vida con la mentira, con la presión, con la corrupción, con el abuso de autoridad?
¿Las empresas pueden mostrar en un foro abierto que han obrado transparente y coherentemente con los principios de la ética empresarial? ¿O la ética es la imposición con la corrupción, la mentira, la militarización y el desconocimiento de los derechos de los habitantes originarios?
Ejerciendo el derecho constitucional consagrado en el artículo 23, solicitamos se nos indique
Luego del secuestro, amenazas, intento de atentados ¿qué medidas han sido adoptadas en materia de investigación, de depuración de la fuerza publica para garantizar la legítima defensa de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz?
¿Que ha sucedido con las operaciones concretas contra estructuras paramilitares que operan en la región a la vista de todo el mundo, o en medio de la presencia de la fuerza publica? ¿Cuáles son los resultados operacionales en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño para enfrentar los factores de riesgo?
¿Qué procesos judiciales se están adelantando contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, bajo que hipótesis y tipo penal?
¿Se ha investigado al General en retiro RITO ALEJO DEL RIO por la pretensión de deslegitimar la labor de nuestra Comisión, apoyado en el ex Ministro FERNANDO LONDONNO, para desviar y dilatar las investigaciones en su contra y de la que somos parte civil?
¿Qué medidas eficaces se han adoptado para investigar a las empresas palmeras y ganaderas, beneficiarias del paramilitarismo, y evitar la prolongación de su terror y el despojo de las tierras?
¿Se ha investigado quien ha pagado o financiado la presencia militar en desarrollo de la exploración inconsulta adelantada por la empresa Muriel Mining Corporation en el Cerro Sagrado de los pueblos indígenas?
¿La Muriel Mining Corporation puede sostener aun, ante un tribunal nacional e internacional, que se surtió adecuadamente y con respeto a las normas definidas, la consulta previa?
Que garantías brinda el gobierno nacional a los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y en particular a Danilo Rueda, luego de las graves aseveraciones que realizo a través de la radio W?
Esperamos respuestas a cada uno de estos interrogantes y como nos queda solo la palabra, la que siempre hemos usado, y las ideas, así como la sensibilidad por el respeto a los grupos que son presa de intereses voraces, a que se nos garantice la vida. Cualquier grave hecho contra la vida y la integridad personal de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, señor Vicepresidente, es responsabilidad de ustedes. Usted, periodista, también sabe y lo ha enseñado, que las palabras crean relatos verosímiles, realidades que no son realidades y estas además de generar desconfianza, deslegitiman y avalan el crimen
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz