Señalamientos contra la Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño.
“Unos nos apoyan, otros nos insultan; pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad” Relectura 2 Corintios 6,8
Nuestra Constancia histórica y Censura Ética ante la serie afirmaciones calumniosas, señalamientos sobre nuestra legal y legitima labor de defensa de derechos humanos, que se ve alentada por las afirmaciones publicas de funcionarios del Estado, sobre integrantes de nuestra organización de acompañamiento de derechos humanos.
Bogota, D.C 19 de marzo de 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref. Señalamientos contra la Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño, Se preparan judicializaciones.
“Unos nos apoyan, otros nos insultan; pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad” Relectura 2 Corintios 6,8
Nuestra Constancia histórica y Censura Ética ante la serie afirmaciones calumniosas, señalamientos sobre nuestra legal y legitima labor de defensa de derechos humanos, que se ve alentada por las afirmaciones publicas de funcionarios del Estado, sobre integrantes de nuestra organización de acompañamiento de derechos humanos.
Detrás de tales apreciaciones, que no resisten, el mínimo de una análisis de fondo, se pretende deslegitimar y penalizar el derecho que comunidades indígenas y afrocolombianos les asiste de recibir apoyo humanitario, jurídico, psicosocial para la protección de sus derechos, como lo contempla la carta de Naciones Unidas o los Principios Rectores Deng. Se pretende aislar a las comunidades y las organizaciones que la acompañan del conjunto social, se les pretende deslegitimar públicamente, para imponer modelos extractivos o agronegocios, que desconocen derechos fundamentales y el respeto a las Zonas de Reserva. Pero se quiere ir mucho más allá. Desde las judicializaciones hasta el destierro de la Comisión de Justicia y Paz y de organismos internacionales de la región del Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño.
Ante ustedes nuestra Constancia sobre los siguientes hechos.
* Lunes 2 de marzo en la página 8ª. de el periódico El Colombiano, en un espacio pagado se presento un comunicado titulado “ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL BAJO ATRATO RECHAZAN LA INJERENCIA DE ONG JUSTICIA Y PAZ Y APOYAN PROYECTO MINERO MANDE NORTE”.
El documento indica que: “Justicia y Paz y PBI se han dedicado a obstaculizar y perseguir todos los proyectos de carácter Estatal o Privado que estén interesados en buscar el desarrollo regional y por tanto la calidad de vida de nuestras poblaciones. Son varias las ocasiones en que han presionado a las comunidades para que rechacen las ayudas y proyectos que el Estado Colombiano les ha ofrecido”
“Es el caso del proyecto Mandé Norte ejecutado por la empresa Minera la Muriel, que después de cumplir a cabalidad con todos los requisitos de ley y haber desarrollado la Consulta Previa con las Comunidades Indígenas del Municipio del Carmen del Darién inició las labores de Exploración en la zona de la Rica (Municipio del Carmen Del Darién). Pero en forma inmediata las ONGs mencionadas, mencionaron a las comunidades indígenas pertenecientes al Cabildo del Municipio de Murindó para que impidieran por la fuerza la realización de las obras de perforación”.
“3- denuncian (sic) ante la opinión Pública Nacional-Internacional las amenazas y persecuciones por parte de grupos armados al margen de la ley contra los lideres que se oponen a las políticas de estas ONGs. 4- Apoyar los proyectos que se proponen generar desarrollo y bienestar en la zona porque es la única alternativa de mejorar la calidad de vida de las comunidades permitiendo que se pueda disfrutar de los bienes y servicios que la sociedad ha construido a los cuales también tenemos derecho. 4- Solicitar al Gobierno Nacional que se investiguen las actuaciones de estas ONG en nuestro territorio y se les aplique la ley, 6- Exigir unánimemente la salida de las ONGs Justicia y Paz y PBI de la Zona del Bajo Atrato”.
Y termina el comunicado público en prensa con las siguiente anotación “Siguen nueve firmas. Con la coadyuvancia y veeduría de Darío Blandón, Personero del municipio de Riosucio Chocó. Decreto extraordinario-ley número 1333 del año 1986 y la ley 03 del año 1.990”.
*Jueves 5 de marzo en horas de la mañana en entrevista concedida a la emisora W Radio, el Vicepresidente de la República de Colombia, FRANCISCO SANTOS señaló a reconocidos miembros de la sociedad civil y el congreso de Colombia entre los que se encuentra el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz DANILO RUEDA, de hacer campaña contra el presidente ALVARO URIBE en diferentes foros en los Estados Unidos.
“Hoy en Estados Unidos está el senador Rodrigo Lara, la senadora piedad Córdoba, hay una audiencia de Sam Farr con monseñor Héctor Fabio Henao, con Danilo Rueda de una ONG, con Jorge Rojas del Codhes, donde lo triste de todo esto es que la política en Colombia se trasladó a los escenarios internacionales y el odio hacia el presidente y la inquina que hay hacia el presidente por parte de algunos sectores, ahora tiene como estrategia ir a todos los escenarios a hablar pestes del país”.
*Sábado 7 de marzo el periódico El Colombiano publicó el artículo del columnista Raúl E. Tamayo Gaviria titulado “Defensores de Indígenas” http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/defensores_de_indigenas/defensores_de_indigenas.asp
El contenido traído de los cabellos, expresa el desbordamiento de la opinión, cayendo en la injuria y la calumnia. En el se alude falsamente sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz indicando sin fundamento acerca de la aceptación de la exploración por parte de los indígenas y afrodescendientes de la región con la intervención de la dirección de Etnias del Ministerio del Interior y el Ejercito Nacional.
Afirma que las comunidades estaban “contentas con la presencia de esta compañía internacional, cuando llegan los enemigos del progreso como son las ONG Justicia y Paz y Brigada de Paz Internacional a promover y auspiciar éxodos indígenas para enfrentarlos a los que verdaderamente son de la región y que ya habían aceptado los trabajos de la Muriel Mining Corp”.
Agrega que “Un curita español de las ONG compró megáfonos en Mutatá, tres mil metros de tela plástica y varillas para hacer cambuches, trajeron indígenas de Frontino, Urrao, Dabeiba y Mutatá, incluyendo mujeres embarazadas y niños pequeños, para contraponerlos a las organizaciones Camicad – Camizba y a la comunidad de afrodescendientes. Las ONG mencionadas, aleccionando a los indígenas de otras regiones para oponerse a los trabajos mineros, dañar el acuerdo existente y pedir el retiro inmediato del Ejército”
Enseguida, desconociendo la demostrada propiedad de las tierras ocupadas por militares y paramilitares en función de la palma aceitera en Curvaradó y Jiguamiandó, señala que “Están haciendo lo mismo que hicieron con los palmeros de Curvaradó. Estas ONG envenenaron a todo el mundo en contra de los empresarios que hicieron socios y les dieron empleo a las negritudes de la región y lo peor es que el gobierno les creyó a las emisarias de la izquierda internacional”.
Al final, formula una serie de preguntas abiertas cuya respuesta vincularía necesariamente a nuestra Comisión de Justicia y Paz y a Peace Brigades International con la guerrilla de las FARC Ep. “¿Cuál es el afán de Justicia y Paz y de Brigada de Paz Internacional en que no haya progreso y se retire el Ejército Nacional? ¿No son estos los mismos parámetros que le convienen a la guerrilla? ¿No son el abandono y la selva, los campos ideales para los subversivos? ¿Cuáles son los intereses de estos muchachos rubios y monjas que se pasean por las selvas en carros 4X4 último modelo con placas de la ONU y radios satelitales, enfrentando a las comunidades indígenas como si ellos no fueran capaces de pensar por sí mismos y dañando acuerdos? ¿Por qué el gobierno permite la injerencia de extranjeros en la política colombiana para favorecer a la subversión? ¿Creerán las ONG que golpeando a los indígenas les van a ayudar? ¿Nos permitirían a los colombianos actuar en política en otros países?”
*Martes 10 de marzo hacia las 8:30 a.m. en la emisora Apartadó Estereo, afiliada a la cadena Caracol JAIME BEITAR afirmó que la Comisión de Justicia y Paz, los estaba acusando de ser los defensores del General retirado RITO ALEJO DEL RIO, de los palmeros, de Maderas del Darién y de Acción Social. Luego convocó a comunidades del Bajo Atrato a que el 24 de marzo se reunieran con una comisión de fiscales en Turbo para que se manifiesten sobre la realidad del bajo Atrato.
Nuestra Censura Ética frente a la manida pretensión de asociar el trabajo legal y legítimo de defensa de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz a la guerrilla de las FARC EP. Esas falsas pretensiones demuestran el temor a la verdad y a la necesidad de justicia que reclaman los millares de victimas del despojo violento de la tierra por las operaciones militares o paramilitares, o el temor a que los derechos de las victimas sean restituidos plenamente.
Ni el secuestro, ni las amenazas de muerte, ni el intento de desapariciones forzadas y atentados en Bogota han logrado acallar ese derecho de defender los derechos humanos y los derechos territoriales.
Lo que existe detrás de tantas apreciaciones es desmoronar las convicciones éticas de relación con las victimas de crímenes de Estado,
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz