Senadora María Fernanda Cabal coloca en riesgo la Junta del Consejo Comunitario de Jiguamiandó
El martes 28 de mayo a las 6:41 p.m. la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal a través de su cuenta de Twitter publicó : “sujetos que se identificaron como miembros de las FARC, declararon objetivo militar a Danilo Murillo, líder desplazado de Jiguamiandó – Chocó – que está ayudando a cerca de mil familias de Chigorodó a retornar a sus territorios”. En el mensaje de red social anexó un video y un audio sobre la amenaza.
En el audio se da una supuesta conversación entre un comandante de las FARC y el señor Danilo Murillo, cuya voz sólo se registra en el momento de contestar el teléfono. El supuesto comandante hace mención al Consejo Mayor de Jiguamiandó en reiteradas ocasiones mientras alude a las amenazas señaladas por la senadora Cabal.
El uso del audio con la voz supuesta de un integrante de las FARC son temerarias generando un ambiente estigmatizante contra los líderes comunitarios, la junta del Consejo Mayor de Jiguamiandó, y su representante legal, Manuel Denis Blandón, en un contexto de operaciones de tipo paramilitar en las que las estructuras armadas están operando con la ineficacia, tolerancia, complicidad de estructuras militares, con la etiqueta de las AGC y ex integrantes de las FARC.
Este tipo de montajes mediáticos se han usado en el pasado contra las comunidades y sus líderes que se han opuesto al despojo violento, a operaciones empresariales contra derecho. Desde 2018 se conocen de planes para incidir en las elecciones asamblearias que se llevarán a cabo en diciembre del presente año, para lograr que las juntas aprueben el desarrollo de operaciones empresariales desconociendo la ley 70, las disposiciones ambientales. Los agronegocios y operaciones extractivas proyectadas combinan desde ya la ilegalidad por la siembra y procesamiento de coca, rutas en las que se combinan negocios de ganadería, banano, teka, palma, entre otros, y las operaciones extractivas en Curbaradó y Jiguamiandó de la Anglo Gold Aschanti.
La deslegitimación de la actual junta con este video que divulga la senadora Cabal, pretende instalar en el imaginario social y el colectivo actuaciones contra derecho de la actual junta y abonar el camino para que un tercero externo del territorio asuma la representación legal del Consejo. Se desconoce la existencia de una estructura armada que opere a nombre de las FARC, pero su uso reactualiza imaginarios en los que asocia a la expresión social protectora y en perspectiva de otra productividad al consejo comunitario con operaciones armadas.
Este mecanismo de despojo vía aparentes formas legales con representantes legales al servicio empresarial desconociendo la ley 70 de comunidades negras se ha implementado en los Territorios Colectivos de Curbaradó, Pedeguita y Mancilla, y Cacarica.
Desde 2010 se adelantaron los censos comunitarios con la participación de los pobladores y del Ministerio del Interior, siendo estos los que indican quiénes tienen derechos sobre los territorios.
El mercado de tierras ya no solo hay una estrategia que se inicia con amenazas, desapariciones, asesinatos, masacres, torturas, desplazamientos para asegurar el despojo con falsificación de escrituras públicas, de ventas forzadas, de compra de mejoras, empréstitos y financiación pública e internacional, sino también de cooptación de estructuras organizativas propias de los Consejos Comunitarios. El fenómeno de despojo, se ha extendido hacia nuevas formas legales de apropiación con irregularidades y presiones contra quien se oponga a los intereses empresariales siendo perseguido y estigmatizado con falsas acusaciones como su vinculación con grupos armados y opositores al desarrollo de las comunidades.
Integrantes de las juntas elegidas del Consejo Comunitario de Jiguamiandó como su representante legal actual Manuel Denis Blandón o el lider Erasmo Sierra, entre otros, luego de estigmatizaciones, han sido blanco de persecuciones judiciales con montajes, y fueron víctimas de las operaciones ofensivas ilegales de extinto DAS.
Este escenario de indefensión ante sectores poderosos criminales es consecuencia de la ausencia de un cumplimiento cabal de los procesos de restitución de tierras ordenado mediante los Autos de la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T 025 frente al saneamiento, ampliación y desalojo de terceros ocupantes de mala fe de los Territorios Colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó, por más de una década.
La ausencia de investigaciones eficaces de la Fiscalía General de la Nación para desentrañar el entramado criminal que opera desde 1996 está amparando los intereses y beneficiarios y planificadores de las operaciones de despojo en esta región de una gran biodiversidad en que habitan afrocolombianos, mestizos e indígenas.
Se solicita a la Fiscalía General de la Nación:
- Esclarecer las difamatorias afirmaciones contra las directivas del Consejo Comunitario de Jiguamiandó.
- Adoptar las medidas eficaces e integrales que aseguren la vida e integridad de los habitantes de los territorios y de todos los ciudadanos que por allá circulen ante el control paramilitar.
Bogotá D.C., 30 de mayo de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz