Seguimientos, señalamientos y robo de información
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de garantías para que las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz continúen adelantando su labor legal y legítima de recibir, de conocer y de proteger testimonios, relatos, construcciones de memoria y el desarrollo de iniciativas y mecanismos de esclarecimiento histórico y judicial.
Bogotá, D.C. Mayo 17 de 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
VIVIAN MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“La labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de derecho” Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de garantías para que las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz continúen adelantando su labor legal y legítima de recibir, de conocer y de proteger testimonios, relatos, construcciones de memoria y el desarrollo de iniciativas y mecanismos de esclarecimiento histórico y judicial.
Nuestro Constancia Histórica ante las amenazas en contra de la abogada GISELA CAÑAS, ante los seguimientos a MARÍA MOSQUERA y ENRIQUE CHIMONJA del equipo de acompañamiento en El Valle en su apoyo a la comunidad desplazada del Pueblo Nonam y el hurto de material testimonial en la residencia de DANILO RUEDA
Nuestra Constancia Histórica ante la continuidad de la campaña de desprestigio cuyos orígenes son conocidos y responden a favorecer la impunidad y a proteger a quienes se han beneficiado de crímenes de lesa humanidad, sin que las demandas por injuria y por calumnia hayan tenido una respuesta eficaz.
Nuestra Constancia Histórica ante los fundamentos fácticos aquí presentados en este escrito.
* Viernes 1 de abril a las 7: 10 p.m GISELA CAÑAS, abogada defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz fue objeto de amenazas de muerte a través de un mensaje de texto enviado a su teléfono celular. El mensaje enviado del número 3162449664 al número 3153348324 decía:
“Oye Gisela, malparida, maldita gonorrea te tenemos ubicada y te vamos a dar piso por meterte a defender huevonadas te damos cuarenta y ocho horas para que te largues fuera del país entendido gonorrea hp””
GISELA es responsable del área de tierras y territorios de nuestra Comisión de Justicia y Paz de las comunidades indígenas del Pueblo Nasa en Putumayo, el bajo Atrato y norte de Chocó afectados por operaciones empresariales inconsultas y operaciones paramilitares y la violencia socio política.
* Martes 19 de abril en noticia publicada en el diario El Espectador, titulada “Descubren saboteo del DAS para desacreditar las ONG”, se informa sobre los versos y las consignas que escribieron en el DAS para que entonaran agentes encubiertos para desacreditar a organizaciones de derechos humanos.
Estas hacen referencia a “ONG: por qué atacan a los que defienden nuestro pueblo / en cambio a los asesinos de las Farc, no les tocan ni un pelo” .
Según la noticia “esta fue una de las consignas que escribieron funcionarios del DAS a la manera de versos, preparados para sabotear el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a Derechos Humanos, en junio de 2005”. De acuerdo con el plan trazado al final del evento, agentes encubiertos y un grupo de convocados por el DAS se harían pasar por personas que manifestaban durante la clausura, entonando rimas que escribieron para la fecha, como supuestos poetas en tono de protesta. “Estamos mamadas / las ONG están sesgadas”, rezaba una de las rimadas estrofas”.
Igualmente, la dirección de inteligencia del DAS presupuestó la impresión de 1.000 afiches y 1.000 volantes, los cuales fueron distribuidos cerca a las diferentes sedes del evento. También se coordinó la elaboración y el envío de comunicados a través de internet.
Los objetivos del seguimiento ilegal y la campaña de desprestigio fueron, según el documento, “generar opinión acerca de la acción de grupos terroristas, especialmente Farc y Eln; neutralizar la estrategia de algunas ONG y sectores sociales y políticos que buscan protagonismo; obtener grabaciones de audio y video de los participantes del evento; establecer la identidad plena, ideología y demás datos de interés que tengan las organizaciones y participantes que viajan desde la provincia por vía terrestre a Bogotá; reclutar y activar fuentes humanas con el fin de suministrar información relacionada con los blancos de interés”.
La estrategia de desprestigio meticulosamente diseñada por el DAS tuvo como blanco especial en ese evento a ASFADDES y la Comisión de Justicia y Paz y la. Tal como fue denunciado en una carta abierta dirigida por al Presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe Velez, el domingo 26 de junio de 2005 en la edición dominical del diario El Tiempo (página 16 – sección 5), apareció un aviso clasificado de un sexto de página con el título “DENUNCIA PÚBLICA”. En el aviso se suplantó a ASFADDES y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, atribuyéndoles un texto en el que se presentaban falsas conclusiones de la asamblea de víctimas.
El encabezado del aviso decía: “En el marco de la clausura del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos, manifestamos a la opinión pública y sociedad nacional e internacional que…” y a continuación se presentaban como decisiones del evento afirmaciones que desvirtúan su carácter, y que buscan silenciar la responsabilidad del Estado y de los grupos paramilitares en crímenes contra la humanidad. El estilo y el contenido del anuncio en la prensa es el mismo que tenían las hojas volantes distribuidas en el II Encuentro Nacional.
Igualmente, se ordenaron seguimientos a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz y defensores y grupos de solidaridad en España, por su participación en el Encuentro Internacional de la Red de Alternativas y que corresponde a las operaciones reseñadas en el informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de seguimientos en el exterior.
Dice el diario: “Entre las pruebas de esos seguimientos también quedaron como evidencia los correos electrónicos que Fernando Ovalle, entonces coordinador del grupo de inteligencia del DAS, conocido como G-3 —y quien murió de cáncer terminal antes de confesar toda la verdad de las “chuzadas”—, envió a Germán Villalba. En el primer correo indicó que el 7 de junio de 2005 iban a viajar a Madrid cuatro representantes de ONG colombianas. “Te pido el favor que los vayas a recibir para obtener información sobre motivo de viaje, contactos y actividades desarrolladas”, escribió Ovalle.
Luego, en un segundo correo, el 15 de junio, Ovalle le pidió de nuevo a Villalva que persiguiera y recogiera información sobre los preparativos del Encuentro Nacional de Víctimas, que se realizó en Madrid el 18 de junio, y que contó con la presencia de ONG españolas. Este encuentro era preparatorio del que finalmente se realizó en Bogotá en el mes de junio, para el cual el DAS se preparó con antelación con sus agentes encubiertos, seguimientos
ilegales y hasta poemas.
* Domingo 24 abril el diario El Espectador publicó bajo el título: “El eterno dilema de tierras en el Urabá chocoano, Palmeros y el fantasma paramilitar”, en la serie de wikileaks [->http://www.elespectador.com/noticias/wikileaks/articulo-264720-palmeros-y-el-fantasma-paramilitar]
Se hace alusión a uno de los cables de la embajada de los Estados Unidos en Colombia. En él se refleja la postura del Director de Acción Social de la época y a la fecha en que desconoce la labor en derecho de la Comisión de Justicia y Paz, la que descalifica como ideológica. Tal apreciación que se ha expresado en diversas reuniones deslegitima la labor legal y legítima de protección, de promoción y defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con la reseña de El Espectador: “El cable incluyó la postura del director regional de este organismo, Luis Mario Gaviria, quien rechazó la versión de que no quisiera trabajar con las comunidades. En contraste, atribuyó esas quejas a la carga ideológica con que trabajaba en la región la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En informe a Washington fechado en junio de 2008, una vez más se insistió en este punto. Y citando como fuente al asesor del Ministerio del Interior, Camilo López, anotó que el deseo de Justicia y Paz era imponer su agenda ideológica.
No en vano, uno de los cables fue titulado “Palma colombiana: alboroto en derechos humanos”. Por ejemplo, en octubre de 2008, al tiempo que registró comentarios de líderes de la comunidad atribuyendo a los palmeros el pago de dinero para dividir a los campesinos, volvió a incluir la postura del vocero de Acción Social, Luis Mario Gaviria, presentado como hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien expresó que se sentían bloqueados por la agenda ideológica de Justicia y Paz.
* Viernes 13 de mayo entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. integrantes de la comunidad Nonam que se encuentran desplazados en Buenaventura, un documentalista internacional y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, MARÍA MOSQUERA y ENRIQUE CHIMONJA, fueron blanco de un seguimiento permanente por parte de un grupo de seis paramilitares que ejercen control permanente en el barrio Isla de Paz.
Durante estas dos horas se realizó el ritual de sepultura de la menor Heidy Membache, 11 meses de nacida. Heidy desplazada de bajo Calima murió como consecuencia de una afección pulmonar no tratada adecuadamente en desconocimiento de las obligaciones institucionales en relación con la población desplazada y el derecho a la salud.
Las exequias se realizaron en el cementerio del barrio Citronela de la ciudad de Buenaventura, cuando en el municipio de adoptaron medidas extrema de seguridad por la presencia del presidente Juan Manuel Santos.
En la madrugada del viernes, a las 12:30 a.m. luego de acompañar el ritual indígena de despedida de bebé, el documentalista y los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz se dirigieron hacia el centro de Buenaventura. A la altura del puente en donde recientemente fueron asesinados dos afrocolombianos, fueron abordados por unidades policiales, quienes detuvieron el taxi en que se transportaban con las armas de fuego apuntándoles. Al identificarse el documentalista, le permitieron seguir. Los policiales ofrecieron disculpas por la acción desproporcionada en el uso de manifestaciones de fuerza.
Desde que las fuerzas militares prohibieron la movilización de personas a partir de las 7:00 p.m. en el barrio Isla de Paz en donde se encuentra el albergue de las familias indígenas Nonam, los paramilitares incrementaron los controles, seguimientos y observación sobre la población desplazada, las organizaciones internacionales que les visitan y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz.
* Viernes 13 de mayo a las 6:30 p.m. aproximadamente al ingreso al lugar de su residencia del defensor de nuestra Comisión de Justicia y Paz, DANILO RUEDA, observó que documentos impresos dispersos, algunos libros tirados sobre el tapete de la sala, los pasaportes sustraídos de sus bolsas de protección, un computador portátil encendido, el hurto de dos USB, una de dos GB y otra de seis GB y la puerta de un pequeño balcón abierta.
Las memorias USB contenían información relacionada con la operación “Génesis”, caso que actualmente se tramita ante la Comisión Interamericana; documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2010 para una demanda interna; así como información del acompañamiento que realiza la Comisión de Justicia y Paz en 13 regiones de Colombia, análisis de las operaciones ilegales del DAS contra comunidades en el bajo Atrato en el Chocó y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz. Igualmente, algunos documentos sobre procesos de paz e iniciativas humanitarias de las comunidades, la situación carcelaria y de presos políticos en Colombia, así como, cartas de los mandos paramilitares extraditados en los Estados Unidos.
La violación a la residencia y sustracción de información sensible de víctimas y testigos fueron precedidos de seguimientos y hostigamientos en contra de DANILO RUEDA y en el entorno de la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
En menos de nueve meses, hemos reportado la ocurrencia de una amenaza directa por parte de hombres motorizados, descalificaciones y señalamientos por parte de ex funcionarios públicos; que busca sostener falazmente que DANILO RUEDA y a otros miembros de la Comisión de Justicia y Paz son miembros de las guerrillas y responsables de graves crímenes, usurpadores de recursos de la cooperación internacional.
* Sábado 14 de mayo en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de la existencia de dos nuevos videos que se suman a la campaña de desprestigio de la que viene siendo víctima nuestra organización desde 1998. Estos videos fueron grabados durante la visita que funcionarios de alto Gobierno y autoridades de policía y del ejército nacional, realizaron a las cuencas de Curvaradó y Jiguamiando en aplicación del Auto de la Corte respecto al censo de reales miembros de los consejos menores a quienes debe restituirse el territorio.
El 6 de mayo interviene el ex consejal de Carmen del Darién, HERNANDO OLIER, comprometido en campaña de desprestigio contra la Comisión de Justicia y Paz, del grupo de afrocolombianos que ha actuado a favor del General en retiro RITO ALEJO DEL RÍO, acusando al defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA como responsable de fraude procesal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el trámite de las medidas provisionales .
En otro video publicado, por la misma red, el 6 de mayo de 2011 interviene DANILO MURILLO, trabajador del empresario de la palma JAIME SIERRA con prisión domiciliaria, dentro de la investigación penal que se adelanta por el desplazamiento y la usurpación de tierras. En este proceso nuestra organización a través de su equipo jurídico representa como víctimas a los miembros de los consejos menores que habitan en las zonas humanitarias y de biodiversidad de la Cuenca del Curvaradó y Jguamiandó .
Finalmente, otro video fue publicado en la misma fecha con la intervención de un indígena que avaló la exploración ilegal de la minera Muriel Minig Corporation, operación que fue suspendida por decisión de la Corte Constitucional colombiana .
Nuestra Censura Ética ante las actividades ilegales del DAS contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, que han sido conocidas recientemente a través de medios de información y que se realizaron en Colombia y en el exterior, y que de acuerdo con el informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, CTI, estaban ordenadas por el G 3 desde 2003.
Estos seguimientos que no han sido investigados con eficacia y sistematicidad asociados a imposibilitar, deslegitimar la labor de protección de la vida y de los territorios de comunidades despojadas violentamente o de ser desplazadas por operaciones empresariales, han legitimado las campañas de seguimiento, de difamación, de calumnias y de obstaculización a nuestra labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos.
Si el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, conforme a lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades, puede Colombia ser considerado un Estado democrático?.
Nuestra Censura Ética ante el incumplimiento reiterado de los derechos de protección del Estado colombiano frente a una situación de riesgo y la labor legal y legítima que realizamos, cuyas causas son plenamente conocidas y frente a las que no se ha hecho estructuralmente absolutamente nada.
Los intentos de asesinatos y desapariciones forzadas, el secuestro, las amenazas por escrito y con sufragios, los mensajes de textos, los hostigamientos, la intensa campaña de desprestigio y los montajes judiciales, cuyos orígenes son plenamente conocidos por el Gobierno Nacional y los entes de investigación, sin que nada absolutamente nada posibilite las garantías ciertas para la protección y legitimación de las y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Estos nuevos actos se suman a una intensa campaña en que se ha instrumentalizado a los medios de información para servir intereses inconfesables de sectores empresariales, militares y políticos que les defienden, que imponen a cualquier costo, sin ningún tipo de ética y del respeto a los principios empresariales un modelo de desarrollo.
Todo los hechos que conforman un tipo penal de persecución por su sistematicidad, que viene ocurriendo, de manera intensa desde mayo de 1998, con un allanamiento ilegal a nuestra sede, combinada luego con una serie de actos de agresión contra la Comisión de Justicia y Paz han sido oportunamente denunciados ante su respectivos despachos, también han sido conocidos en el marco de las medidas cautelares, sin embargo no se han adelantado investigaciones adecuadas, estructurales e integrales que permitan establecer los actores materiales e intelectuales de estos delitos y los intereses que persiguen con estos.
En consecuencia de lo anterior, y en virtud de derecho fundamental de petición solicitamos se nos informe, nuevamente:
Cuáles son los resultados de las investigaciones respecto a los hechos de amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y otros delitos contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, desde 1998 hasta le fecha?. Que líneas de investigación han sido emprendidas y si están han teniendo en cuenta todo el contexto de estigmatización y persecución de los que sido objeto la Comisión de Justicia y Paz?
Dentro de los programas metodológicas adelantados por esta cadena de crímenes se han tenido en cuenta la posible conexión que puede existir entre estos y las actividades de inteligencia ilegales y los planes ofensivos desplegados desde el DAS en 2003?. Qué resultados ha arrojado este ejercicio de investigación con conexidad? En caso de que no se haya realizado, expliquen por favor las razones por las cuales no se ha hecho?.
Cuál es estado de implementación efectiva de las medidas materiales de protección otorgadas por el Programa de Protección de la Comisión de Justicia y Paz? Porque a la fecha, no se conoce el resultado de un informe comprensivo y general respecto a las mismas y las razones por las cuales no se ha implementado debidamente?
Qué medidas eficaces va a tomar el Estado de Colombia para garantizar la vida e integridad de los miembros de Justicia y Paz y para garantizar que continúan desarrollado su labor?
Con profunda preocupación,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ