Se suspende la Mesa Nacional de Garantías con el gobierno
Las organizaciones afrodescendientes e indígenas, así como las cuatro plataformas de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, y los representantes de los sectores sociales, suspenden la realización de la mesa temática sobre enfoque diferencial para reclamar al gobierno y a los organismos de control e investigación por el incumplimiento de los compromisos asumidos en este proceso para proteger la vida y la integridad personal de los defensores, defensoras y líderes sociales.
Responsabilizan al gobierno por la muerte de Ana Fabricia Córdoba asesinada en Medellín hace solo 6 días, sin que el gobierno hubiera implementado medidas de protección concertadas y apropiadas que hubieran podido salvarle la vida. En lo corrido de 2011, más de 20 defensoras y defensores han sido asesinados y cerca de 100 amenazados. Por lo tanto suspenden la interlocución en el proceso nacional de garantías con el gobierno nacional que se venía desarrollando desde el 2009 hasta tanto no se implementen inmediatamente las medidas de protección solicitadas, a nivel individual y colectivas para los defensores, líderes sociales y comunidades afros, indígenas, campesinas, comunales, mujeres entre otros.
Dicha decisión se dio teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
1. Luego de casi dos años de discusión en estas mesas, líderes, defensores y defensoras, siguen siendo asesinados, amenazados, hostigados, judicializados y desaparecidos, sin que hayan medidas efectivas y concretas por parte del gobierno nacional para garantizar el ejercicio legal y legítimo de defender los derechos humanos.
2. Las solicitudes realizadas por las organizaciones en torno a los funcionarios involucrados en las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS, no han avanzado en individualización y judicialización de los altos determinadores de estos graves crímenes. Funcionarios como el actual director de este organismo, quien está siendo investigado por este escándalo aun sigue en su cargo.
3. El gobierno nacional no tiene claridad en las formas de interlocución con las organizaciones sociales y de derechos humanos. Cada ente gubernamental tiene una política propia de interlocución con la sociedad civil y esta dinámica dispersa los esfuerzos y fragmenta las acciones.
4. El Estado colombiano no ha entregado aun resultados en las investigaciones de los crímenes contra defensores y líderes sociales, ni sobre las numerosas amenazas en su contra. Los niveles de impunidad siguen aumentando. De otro lado, muchos defensores siguen siendo víctimas de judicializaciones sin fundamento.
5. Hace un año, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través del Decreto 1740 del Ministerio del Interior y Justicia, modificó el Programa de Protección, reduciendo sustancialmente las medidas protectivas que venían siendo implementadas para líderes sociales y defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, indígenas, afros, desplazados, mujeres y otras poblaciones en riesgo.
Dado que este proceso de Mesa Nacional de Garantías, tenía como propósito primordial brindar las garantías suficientes y necesarias para el ejercicio pleno de la labor de defensa de los derechos humanos; y que en reiteradas oportunidades todas las situaciones de múltiples ataques se llevaron a la Mesa de Garantías, sin resultados ciertos:
Exigimos de manera inmediata una audiencia con el señor presidente Juan Manuel Santos, para que en su calidad de jefe único del Estado, dé pronta respuesta y tome las medidas efectivas que protejan la vida y la integridad de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Valoramos altamente el papel jugado por la OACNUDH, el PNUD en calidad de secretaria Técnica del proceso y la participación decidida de las embajadas de Suecia y España y demás miembros de la comunidad internacional, y apelamos a su buena voluntad para que continúen acompañando este esfuerzo por la vida y por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia.