Se intensifican operaciones paramilitares en territorios controlados por la Fuerza Pública en Urabá y Chocó (Colombia).

Con el fin de dar seguimiento a nuestra misión de acompañamiento a las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia, nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales responsables de la vigencia de los derechos humanos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de campesinos del Urabá Antioqueño y afro descendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Cacarica.

Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia
Todd Howland, Representante en Colombia
oacnudh@hchr.org.co

Juan Carlos Monge, Representante adjunto
jmonge@hchr.org.co

Sub-Oficina en Medellín
Ursula Urdillo, Oficial derechos humanos Dpto. de Antioquia
uurdillo@hchr.org.co

Narni, 0ctubre 1 de 2013

Asunto: Se intensifican operaciones paramilitares en territorios controlados por la Fuerza Pública en Urabá y Chocó (Colombia).

Con el fin de dar seguimiento a nuestra misión de acompañamiento a las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia, nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales responsables de la vigencia de los derechos humanos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de campesinos del Urabá Antioqueño y afro descendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Cacarica. Por un lado, aumentan y se intensifican las acciones de los paramilitares y, por otro lado, las fuerzas armadas estatales, como se confirma en las denuncias, concretamente los efectivos de la Brigada XVII y de la policía de Urabá en sus operaciones infringen el principio de distinción en conflictos armados. Como sabemos, este principio obliga a los actores armados a diferenciar en sus acciones entre actores armados y población civil y garantizar el trato humano a la población civil, no combatiente.

Por eso hacemos un llamado especial a los Organismos Internacionales y evidenciamos la situación de zozobra e intimidación en la que están sometidos los campesinos de San José de Apartadó y veredas aledañas y, las comunidades que viven en las zonas de los ríos Curvaradó y Cacarica por el aumento y la continuidad de los operativos paramilitares y los abusos de poder de los militares estatales.

En lo que cursa de este año hemos observado que las estructuras paramilitares lejos de haber sido erradicadas han incrementado su presencia y prácticas de amedrentamiento a los campesinos como en años anteriores. Operativos que, según el registro histórico de nuestro observatorio de derechos humanos indican que no son hechos coyunturales sino que parecen ser el resultado de una manera particular de concebir el ejercicio de gobierno y el control social y territorial con fines privados, basada en el terror y la coacción, obviando, por supuesto los límites que impone el Estado de Derecho a las fuerzas del orden.

Volvemos a repetir, además de preocuparnos el incremento de las denuncias por parte de las Comunidades campesinas y de afrodescendientes, nos inquieta también la forma en que las autoridades colombianas obvian dichas agresiones. En efecto, la debilidad en los procedimientos para contrarrestar, investigar y penalizar, realmente, los hechos denunciados y sus responsables son una evidencia de la impunidad que impera en este país en materia de violación de derechos humanos.
Con esta comunicación subrayamos que en menos de un mes, efectivos de la fuerza pública de San José de Apartadó han detenido dos veces el campesino GILDARDO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz y sobre el cual no recae ningún cargo, ni delito. Hacemos notar a los Organismos Internacionales veedores del respeto de los derechos humanos a nivel supranacional, que esta práctica suele ser utilizada como un medio de intimidación, la cual, como se ha comprobado en otros casos, suele anteceder a las desapariciones y asesinatos. En el caso de Luis Eduardo Guerra y otros líderes de la comunidad de Paz asesinados por los paramilitares en complicidad con la fuerza pública, este cuadro operativo ya antecedió: amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones y por último asesinato o desaparición forzada.

Así mismo, no teniendo noticias del joven Buenaventura Hoyos Hernández, retenido por los paramilitares en jurisdicción de San Jose de Apartadó cuyo control territorial lo tienen concretamente el Ejercito Nacional en las Brigadas XVII, XI, Brigada Móvil 11, 24, y 25 y la Policía en Uraba, seguimos insistiendo en la responsabilidad que tiene el Estado colombiano en lo que respecta a la integridad de la vida de este joven campesino.

A continuación remitimos a otros hechos en los cuales la dignidad y por ende los derechos humanos de estos campesinos y afrodescendientes han sido violados:

Caso Comunidad de Paz de San José de Apartadó

• El martes 17 de septiembre de 2013; un grupo de militares acampó a la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josesito, durante la noche ingresaron ilegalmente al caserío, sin ninguna orden de allanamiento desatendiendo de esta manera el principio básico de distinción y, sobre todo, violando el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia.

• El miércoles 18 de septiembre de 2013; Hacia las 5:00 horas un taxi de servicio público, en el que se trasladaban varios miembros de la Comunidad desde e San Josecito a Apartado, fue interceptado por otro grupo de militares.

• El mismo miércoles 18 de septiembre de 2013; dos grupos de militares uno que bajaba de la base militar de San José y el otro que subía desde el paraje de Caracolí, se acercaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, para realizar un montaje. Los testigos describieron cómo los militares sacaron de unos costales varios fusiles a los cuales les tomaron fotos justo frente al asentamiento. Igualmente los mismos testigos vieron cómo los militares posteriormente, entregaron los fusiles a un individuo uniformado de militar pero no obstante esto, carecía de insignias del ejército.

• El viernes 20 de septiembre de 2013; hacia las 5:00 horas paramilitares ingresaron a la vereda las nieves, contigua entre las veredas la Esperanza y la Unión. Los paramilitares retuvieron y fotografiaron, durante una hora , a cuatro campesinos, uno de éstos miembros de la Comunidad de Paz. De igual forma, como de costumbre, amenazaron con asesinar a la gente que tienen en lista, entre estos a los miembros de la CdPSJA.

• Ese mismo viernes 20 de septiembre de 2013; hacia las 18:00 horas otro grupo de paramilitares ingresó, ilegalmente, al asentamiento de la Comunidad de Paz en la Esperanza, detuvieron a REINALDO CARDONA, y lo fotografiaron amenazándolo porque lo tenían en la lista de personas para asesinar

• El domingo 22 de septiembre de 2013; hacia las 10:00 miembros de la Comunidad de Paz solicitaron a un grupo de militares, que se instalaron desde el 15 de septiembre de 2013 junto al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, que se retiraran de los espacios de vida y trabajo de las familias de San Josesito, ante lo cual los militares respondieron que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Este grupo de militares han dañado los cultivos de Cacao Orgánico, plátano, Caña; cultivos que son el sustento de las familias de la Comunidad de Paz.

• Ese mismo domingo 22 de septiembre de 2013; hacia las 12:30 horas una tropa de militares retuvo a GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz durante varios minutos en el sitio conocido como Chontalito entre San Josecito y la Vereda Mulatos. Los militares le manifestaron que “de seguro iba para San José a traer remesa”, señalándolo como colaborador de la guerrilla. GILDARDO, ya había sido retenido por militares y policías en San José de Apartado, el martes 10 de septiembre de 2013. Sin embargo, los comandantes de la Policía y del Ejército de Urabá niegan lo sucedido ante la Comunidad Internacional.

• El lunes 23 de septiembre de 2013; en horas de la mañana un grupo de paramilitares se instalaron junto a las viviendas de las familias de la Comunidad de Paz en la vereda la Esperanza. Allí permanecieron hasta las horas de la tarde.

Caso Comunidades de Cacarica y Curvaradó.

En esta zona de Colombia también, las presiones y operaciones de tipo paramilitar continúan realizándose con intensidad con el patrocinio de empresarios vinculados al sector de los agronegocios que a través de la fuerza y el terror quiere adueñarse de los predios colectivos de Curvaradó, Pedeguita y Mansilla. A pesar de la presencia de las fuerzas del orden en los territorios colectivos de Curvaradó los paramilitares amenazan y operan sin ningún límite para atemorizar a líderes comunitarios reclamantes de tierra. Por ello, responsabilizamos al Presidente Juan Manuel Santos, Presidente y máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, del bienestar y la integridad de la vida de JAMES RUIZ, MARIO CASTAÑO, MARLENY BENITEZ, FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ.

Los predios colectivos robados a las comunidades y los cuales reclaman estos líderes amenazados, actualmente son explotados por ASOPROBEBA, Asociación de Productores de Belén de Bajirá, organización dedicada a la ganadería extensiva, creada también por miembros de estructuras paramilitares.

Así mismo alertamos que los líderes y lideresas GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS, fueron objeto de malos tratos por un alto efectivo militar de la brigada XVII a quien se han dirigido para solicitar respeto a sus derechos territoriales ante la instalación de una base militar sin ser consultados y en predios que pertenecen a las comunidades.

La situación de los propietarios de los territorios comunitarios de las riberas de los ríos Cacarica y Curvaradó es de total indefensión e impotencia ante las estrategias violentas y de terror de los paramilitares con el fin de imposibilitar el proceso de restitución de tierras a los legítimos y legales propietarios de los territorios colectivos, los cuales fueron desplazados hace 16 años bajo la operación Génesis entre otras.

Por lo tanto, como acompañantes internacionales, invocando el principio de Jus Cogens:

• Manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad de los miembros de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Cacarica y Curvaradó, incluidos sus dirigentes, habida cuenta de las amenazas dirigidas contra esas comunidades y de la incursión de un gran grupo de paramilitares en la zona;

• Encomendamos a los organismos internacionales a que persuadan a las autoridades colombianas a tomar medidas de protección, de estricta conformidad con los deseos de las personas amenazadas, y a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estas amenazas y sobre la presencia de paramilitares; y a la vez, insten al actual gobierno colombiano a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno a nivel internacional y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

Aprovechamos para respaldar, como acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el derecho de petición presentado por el padre Javier Giraldo S.J. al presidente Santos con el objeto de solicitar el cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1025/07,que ordena la identificación de los efectivos militares que operan en la zona, y como jefe de estado, detenga la barbarie perpetrada de manera sistemática por agentes subalternos, contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población campesina de su entorno geográfico y social. Derecho de petición radicado en la presidencia de la república el 17 de septiembre del año en curso.

Esperamos, entonces, la colaboración de los Organismos Internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia.

Agradecemos su amable atención,

Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!

Con copia a:

• Presidencia de la República de Colombia
• Vicepresidencia de la República de Colombia
• Ministro de la Defensa
• Ministro del Interior y de Justicia
• Fiscal General de la Nación
• Defensoría del Pueblo
• Departamento de Policia Urabá
• Coronel Gustavo Chavarro Romero, Comandante Departamento de Policía de Antioquia
• Comando de la Brigada XVII
• Mayor General Jaime Esguerra Santos Inspector General de Ejército
• Mayor General Rodolfo Bautista Palomino López – Director de Seguridad Ciudadana Policía Nacional
• Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
• Embajada de Italia en Colombia
• Embajada de Colombia en Italia