Se intensifican amenazas contra habitantes de las Zona Humanitarias

Los ocupantes de mala fe sustrajeron del lugar 15 láminas de zinc, 80 tablas, una motosierra y 12 galones de gasolina.

Hacia las 5:30 de la mañana se retiraron del lugar.

El miércoles 8 de abril, a eso de las 7:00 a.m. los ocupantes de mala fe, regresaron y arrojaron parte de la madera de la vivienda destruida a los cultivos de pan coger, en particular, los de plátano que ha sembrado la comunidad.

El mismo miércoles 8 de julio hacia las 7:30 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue informada que entre la Zona Humanitaria de Caracolí y la comunidad de El Guamo, en el Curvaradó, en las tierras ocupadas de mala fe por la empresa “Palmado”, en cabeza de GABRIEL DIAZ, adelantaron inconsultamente, el corte de palma afectada con la enfermedad de pudrición del cogollo y la siembra de una nueva área aproximadamente de 20 hectáreas.

Sábado 11 de julio hacia las 6:00 a.m. cuando el afrodescendiente RAUL PALACIO de la Zona Humanitaria de Caracolí se dirigía hacia Brisas a comprar la leche para su hija, fue alcanzado por el administrador de la empresa “La Tukeka”, JOSE BUITRAGO quien la amenazó: “ahora que está solo si lo vamos a amarrar, hijo de puta, malparido, lo vamos a amarrar y a colgar de las huevas”. BUITRAGO ordenó a los trabajadores tomarlo por la fuerza pero el afrodescendiente logró escabullirse.

Domingo 12 de julio hacia las 11:00 a.m. dos hombres de civil, uno de ellos que se presentó como JUAN CAMILIO NISPERUZA ARANGO, arribaron hasta el área delimitada de la Zona Humanitaria de “Caracolí” y afirmó que pertenecían a la Brigada 17 del Ejército y que habían recibido la orden del coronel ROJAS de tomar las coordenadas de ubicación de la comunidad. Hacia la 11:15 se retiraron del lugar.

Domingo 12 de julio hacia las 2:50 p.m. en Belén de Bajirá, en el kiosco-bar contiguo al templo católico iniciaron una reunión la empresaria CLAUDIA ARGOTE de “La Tukeka”, el administrador JOSE BUITRAGO; el también ganadero JAIRO ECHAVARRIA y el reconocido paramilitar GUSTAVO MARTINEZ.

A eso de las 4:00 p.m. se retiraron del lugar.

Lunes 13 de julio hacia las 2:15 p.m. trabajadores del empresario de Palmas de Curvaradó”, GABRIEL JAIME SIERRA afirmaron a habitantes de Jiguamiandó y observadores nacionales e internacionales, que este ha señalado “que los negros están jodiendo mucho”. Agregaron que la presencia de la Brigada 15 del ejército en el punto conocido como Arrastradero, distante a 3 kilómetros de la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo” pretende obstaculizar la entrega de tierras del título colectivo.

El proceso de medición está liderado por el comisionista de tierras al servicio de GABRIEL JAIME SIERRA conocido como el PANCRA.

En El Arrastradero, el ocupante de mala ELKIN CUARTAS ha sembrado ilegalmente cerca de 2500 de árboles de hoja de coca.

Lunes 13 de julio en Brisas de Curvaradó hacia las 10:00 a.m. se recibió el relato que el campesino CLEOFELIN HURTADO, víctima de desplazamiento forzado, había sido contratado en Turbo para trabajar en una finca palmera. El trabajador al llegar al caserío de Playa Roja, distante a 20 minutos en vehículo de la zona humanitaria de Caño Manso, recibió la orden, junto a otras 4 personas más, que la labor consistía en tomar las armas, inmediatamente le entregaron un fusil. Al campesino, luego de 5 días de ocuparlo en oficios menores y de manifestar que no servía para las armas les manifestó “a sus patronos” que quería irse, luego de forcejear verbalmente le permitieron retirarse.

La plantación de palma pertenece a la empresa “Palma Recife” coordinada por un hombre conocido como JUAN GUILLERMO.

Martes 14 de julio hacia las 8:00 a.m. se conoció que RAMON HERNANDEZ, vinculado con el ocupante de mala fe GABRIEL JAIME SIERRA, continúa avanzando con un grupo de trabajadores en el corte de la palma enferma y en la preparación de terrenos para nuevas siembras, en el entorno de la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro.

Por estas labores se ha afectado el integrante del Consejo Comunitario ENRIQUE PETRO.

Jueves 16 de julio hacia las 12: 00 p.m. en la Zona Humanitaria de Caño Manso cuando una delegación 17 estadounidense y dos ciudadanos europeos verificaban el estado del cementerio de la comunidad, convertido en basurero por los ocupantes de mala fe, fueron registrados fotográficamente por vaqueros al servicio del Coronel ® LUIS FELIPE MOLANO.

Miembros de la delegación informaron lo que estaba sucediendo al Cabo ZAMBRANO de la Brigada 15, quien solicitó al administrador JOSE LUIS HOMERO que le entregara la cámara. El administrador, con voz de mando manifestó al militar que no la entregaría, que la comunidad traía gringos cada que quería y ellos tomaban las fotos que querían y nadie les decía nada. El vaquero que hacía los registros respondió al militar “por qué h.p tenemos que entregar la cámara” y se retiró hacia la casa hacienda.

Pasado un tiempo el vaquero regresó y entregó la cámara al militar, luego de haber sustraído las fotografías digitales.

El mismo jueves 16 de julio, hacia las 2:30 p.m. cuando ingresaba la delegación de 17 ciudadanas y ciudadanos estadounidenses a la Zona Humanitaria de Caracolí, fueron hostigados por el administrador de la empresa “La Tukeka” JOSE BUITRAGO junto a dos vaqueros más, quiénes los rodeaban y se les adelantaban o abalanzaban con los caballos.

Los ocupantes de mala fe manifestaron a un grupo de habitantes de la Zona Humanitaria que los “gringos se salvaron al bajarse antes del puente, ya teníamos los barretones para tumbarlo después de que pasara el carro, con eso habíamos impedido que sacaran el vehículo, y tenían que devolverse a pie, pues esos gringos son los que han hecho que el patrón pierda estas tierras”

Hacia las 11:00 a.m., del mismo día se conoció de diferentes reuniones en las que han participado lo ocupantes de mala fe del territorio de Curvaradó junto con miembros de las estructuras paramilitares. CLAUDIA ARGOTE de “La Tukeka” manifestó que “los gringos sacan fotos, las venden y se reparten el dinero con Justicia y Paz, por eso a Justicia y Paz no le interesa el progreso ni que salgan de la pobreza, gracias a eso ganan dinero”.

Por otra parte se conoció que el plan de los empresarios para la región del Curvaradó es no sembrar más palma, evitando la presión internacional, y convertir las áreas de Andalucía y Caracolí en grandes plantaciones de yuca. Las utilidad se distribuyen en el 20% para el repoblador que la siembra, el 50 % para “La Tukeka” y el 30 % para el consejo comunitario que pretenden controlar. Manifestaron que la siembra ya empezó en Andalucía y que la persona que está al frente es GUSTAVO MARTINEZ. Anunciaron que van a trasladar hasta Caracolí los repobladores que van a traer de Belén de Bajirá, Chigorodó, Llano Rico.

En relación con Caño Manso manifestaron que pretenden parcelar 10 hectáreas a cada habitante de esa comunidad, y si no aceptan, se verán las consecuencias.

Domingo 19 de julio LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, director de Acción Social de Urabá, hermano del ex asesor presidencial JOSE OBDULIO GAVIRIA VELEZ, manifestó en una reunión en el municipio de Chigorodó que el retorno que está promoviendo a la zona está siendo obstaculizado por “cuatro pendejos” de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo entre los que se refirió a WILLINTON CUESTA, al representante legal del Consejo Mayor MANUEL DENIS BLANDON y a RUMUALDO SALCEDO DENIS. En la reunión participó DANILO MURILLO, falso testigo en montajes judiciales contra miembros de la comunidad del Jiguamiandó, y quien lidera con el funcionario el regreso de familias a la Cuenca.

Afirmó el funcionario que miles de millones de pesos se están perdiendo y se van a perder y que sea como sea ese retorno se tiene que dar con permiso o sin permiso del Consejo Mayor de Jiguamiandó.

Domingo 26 de julio hacia las 4:30 p.m., se conoció que LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, envió un mensaje verbal al afrodescendiente WILLINTON CUESTA, judicializado injustamente a través de falsos testimonios. En mensaje se le indicaba que la única posibilidad de que resolviera su problema de la judicialización era acogiéndose al programa de reinserción. El portador del mensaje manifestó al funcionario, que él no era guerrillero para acogerse a ese programa. El director de Acción Social le manifestó que eso no importaba, que si lo hacía le conseguía casa y estudio a los hijos en el lugar que él escogiera.

Lunes 27 de julio hacia las 4:30 p.m., en el caserío de Santa María, en la vía que comunica Bajirá con Riosucio, cerca a la comunidad de Caño Manso, se efectuó una reunión de habitantes de las parcelas de ASOPROBEBA, asociación constituida por estructuras paramilitares. Uno de los temas tratados tuvo que ver con la restitución de las tierras al Consejo Menos de Caño Manso por parte de el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, ocupante de mala fe de esas tierras. Uno de los hombres que dirigía la reunión manifestó “a pesar del asesinato de Walberto siguieron molestando y quitándole las tierras a los patrones, qué más da matar a otro”

El mismo día hacia las 4:20 p.m., entre el Canal de la Menas y el río Caño Claro, cerca a la Zona Humanitaria de Andalucía, se constató la existencia de cerca de 10 hectáreas de yuca y cerca de 5 hectáreas de plátano que está siendo empacado por la empresa “La Rica”. Estas plantaciones están ubicadas en territorio del título colectivo del Curvaradó y está siendo ocupado ilegalmente por el empresario GABRIEL JAIME SIERRA.

Martes 28 de julio hacia las 7:00 a.m. se tuvo conocimiento de un ataque de, al parecer, guerrilleros de las FARC-EP contra una propiedad ubicada en el trayecto entre Pavarandó y Mutata. En el contacto armado con miembros de las “Águilas Negras”, murieron 3 miembros de esta estructura armada.

Hacia las 12:40 del mismo día se recibió información que paramilitares de las Águilas Negras ordenaron la destrucción del puente que comunica Pavarandó con Urada en el Jiguamiandó y anunciaron que iniciarían un operativo de retaliación por la actuación de las FARC EP.

El mismo día en Belén de Bajirá, la señora LUCIA HOYOS, sobrina del asesinado por paramilitares WALBERTO HOYOS recibió al teléfono de su casa una llamada en la que una voz masculina le advertía que si sus hermanos JAIRO HOYOS y ALBERTO HOYOS no salían del pueblo, serían asesinados. “dígale a sus hermanos que se pierdan porque si no lo matamos”. Cuando preguntó por el origen de la llamada, el hombre manifestó: “antes agradezca que le avisamos, usted verá si cree o no”.

Hacia las 9:30 p.m., una nueva llamada fue contestada por el esposo de LUCIA en la que le advirtieron otra vez: “dígale a sus cuñadito que si aprecian la vida, que se vayan del pueblo, si no le hacemos la vuelta esta noche”

Martes 21 de julio hacia 2:00 p.m., se constató al frente del caserío de los repobladores ubicados a escasos metros de la Zona Humanitaria de Andalucía, se instaló una pancarta en la que se lee “ONGs no representan Justicia y Paz y PBI Voluntad, cultura sangre y territorio ley 70 de1993”.

Jueves 6 de agosto hacia las 11:00 a.m., el campesino de la Zona Humanitaria de Andalucía MANUEL ENRIQUE PETRO, recibió una llamada telefónica de un cabo del Batallón de Selva No 15 adscrito a la brigada 15 del Ejercito en la que manifestó que los repobladores establecidos al frente de la Zona Humanitaria, habían solicitado al Ejército protección y que ellos se la iban a brindar. Manifestó, también, el militar, que necesitaba que le reuniera a la gente que habita la Zona Humanitaria, para hablarles de algunos temas relacionados con la seguridad. El campesino le respondió: “entonces queda más claro que el ejercito le presta protección a los paramilitares de las Águilas Negras por que viven allí con los repobladores. Nosotros los de la zona humanitaria no nos vamos a reunir con las Águilas Negras ni con ustedes que les brindan protección porque ellos y ustedes son lo mismo”. El oficial manifestó que el ejército había programado preparar dos grupos de militares, unos para cuidar a los repobladores y otro distinto para proteger perimetralmente la Zona Humanitaria. El campesino insistió en la respuesta y terminó la comunicación con el militar.

Domingo 9 de agosto en horas de la mañana ingresaron al sitio conocido como la Florida, a media hora caminando de la Zona Humanitaria de Caracolí, dos volquetas que transportaban campesinos provenientes de otras poblaciones del Urabá. Ya en el lugar la ocupante de mala CLAUDIA ARGOTE, de la empresa la TUKEKA manifestó a los presentes que iba a parcelar las tierras de caracolí a los que quisieran para que sembraran su comida y para la siembra de 40 hectáreas de yuca.

Hacia las 9:30 a.m., a.m., un cabo del ejército, perteneciente a la Brigada 15, manifestó a un campesino que se dirigía a la Zona Humanitaria, que si el ya venía a trabajar en las parcelas, que ellos se encontraban allí para cuidar a la gente que entraba a trabajar.

Lunes 10 de agosto en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada acerca de una nueva amenaza de muerte contra los habitantes de la Zonas Humanitaria de Caño Manso. De acuerdo con la información paramilitares indicaron que están concertando con militares el momento en que deben abandonar su presencia perimetral para ellos matar a algunos habitantes de la comunidad. Una persona cercana a estas estructuras criminales manifestó a pobladores de San Andrés, cerca a Caño Manso: “ en estos días entra un grupo de Águilas negras a matar gente de la comunidad de Caño Manso, ustedes no se preocupen que el problema no es con ustedes“.

Miércoles 12 de agosto hacia las 7:30 a.m., el campesino MANUEL ENRIQUE PETRO sorprendió a un repoblador adelantando labores de limpieza de un camino dentro de su propiedad. El campesino le exigió al repoblador que suspendiera esos trabajos y le respondiera quién lo había enviado allí. El repoblador manifestó que quien le había dado la orden era GUSTAVO MARTINEZ e inmediatamente se retiró del lugar.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de actuaciones arbitrarias, distantes del Derecho y de la ética de los funcionarios locales y de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo GABRIEL JAIME SIERRA, CLAUDIA ARGOTE, ANTONIO ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO, GABRIEL DIAS, JAIRO CHAVARRIA, entre otros, quiénes, de manera sistemática, señalan, hostigan, acusan sin fundamento a las víctimas o sus acompañantes, porque se niegan a aceptar restituciones ilegales, asociaciones productivas para beneficio de los victimarios; quiénes animan el uso de la arbitrariedad y de la fuerza para imposibilitar la restitución de la propiedad.

Nuestra Censura Ética ante los nuevos mecanismos de engaño e imposición de un modelo de agronegocios de palma, de yuca, de banano y de ganado, impulsado por empresarios beneficiarios del paramilitarismo, que operan en su misma lógica, contenida de ilegalidad, de engaño, de imposición, de saqueo, de avaricia y de desconocimiento de los derechos de los legítimos y legales habitantes del territorio colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de actuaciones en derecho, en celeridad, y con eficacia procesal, por parte de la fiscalía General de la Nación y el Juzgado Municipal de Riosucio, pues esta ha contribuido, ha permitido y se ha convertido en un aval para la nueva fase de operación empresarial ilegal en predios colectivos para la siembra de palma.

Nuestra Censura Ética ante la inactividad procesal de fondo tendiente a desestructurar la criminalidad y que por el contrario está dejando a merced de los victimarios, la posibilidad de la justicia, es decir, la injusticia.

Nuestra Censura ante la ausencia de una investigación eficaz de los organismos de control tanto la Procuraduría y la Contraloría General ante los abusos sistemáticos de autoridad, ante la arbitrariedad y anomalía en el uso del poder y de los recursos públicos.

Nuestra Censura Ética ante las respuestas inadecuadas a lo ordenado por la Corte Constitucional en el auto 222 debido a la intervención arbitraria, a la injerencia indebida de los empresarios de “La Tukeka”, de ocupantes de mala fe que ha imposibilitado la protección de los derechos de los afrocolombianos.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la sistemática persecución, discriminación, exclusión que se realiza a través de Acción Social, gerenciada por LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, fiel reflejo de un modelo de atención humanitaria de recompensa a las víctimas qué asuman, se subordinen, se subyuguen a un modelo de uso del territorio para agronegocios u operaciones extractivas de los traficantes de drogas y de los beneficiarios, cuando no, ellos mismos paramilitares.

Nuestra Censura Ética ante las operaciones psicológicas de presión, y de ofrecimiento de dádivas a los líderes comunitarios, en particular, WILLINGTON CUESTA, a través de Acción Social con las que se pretende propiciar retornos sin dignidad y posibilitar la implementación de un modelo de desarrollo excluyente, destructivo ambientalmente y destructor de la identidad de las comunidades indígenas y afro colombianas.

Nuestra Censura Ética ante la concertación de nuevas actividades delictivas contra los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí, Zona Humanitaria de Caño Manso, Zona Humanitaria de Andalucía, Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, Zona Humanitaria de Camelia y habitantes de El Guamo y las Zonas de Biodiversidad.

Con profunda indignación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz