Se inicia arremetida empresarial minera con militarización
El incremento de operaciones militares con sobrevuelos y el desembarco de efectivos regulares en la comunidad embera en el Resguardo Alto Guayabal, Jiguamiandó, y los anuncios de funcionarios de una empresa minera de ingresar al territorio para continuar la fase de exploración y explotación del Cerro Cara de Perro se desataron en los últimos 10 días.
La militarización sigue desarrollándose en medio de operaciones de control social territorial de los paramilitares de las AGC que tienen como blanco de amenazas, y de persecución a 12 líderes y lideresas indígenas emberas y de 18 de las comunidades negras y afromestizas de Jiguamiandó y Curbaradó.
El jueves 15 de agosto a las 10:30 a.m. se realizaron sobrevuelos en el territorio del Resguardo Alto Guayabal. Días antes, el jueves 8 de agosto en horas de la tarde de acuerdo con los pobladores 80 miembros del ejército desembarcaron y tomaron dirección al Cerro Cara de Perro.
Un día antes de los sobrevuelos militares, la comunidad indígena denunció que el miércoles 14 de agosto a las 3:00 p.m. aterrizó un helicóptero de la cola amarilla en el Cerro Cara de Perro, al parecer contratado por la empresa minera con la que la Muriel Mining Corporation, MMC, que habría negociado la concesión.
El lunes 5 de agosto en Mutatá, Antioquia, en horas de la noche un representante de la empresa multinacional, reunió a autoridades indígenas informando que tenía permiso para ingresar al territorio y les presionó invitándolos a dejar las tierras, que estaban dispuestos a pagar por ellas. El delegado empresarial del que sólo recuerdan su nombre, llamado Samir, afirmó que un helicóptero de la empresa llegaría a Coredorcito y que contaban con el apoyo de las Fuerzas Militares.
Como se recordará, entre diciembre de 2008 y enero del 2009 la empresa MMC, inició una exploración inconsulta en el Cerro Cara de Perro para la explotación de oro, cobre, molibdeno. Estos bienes que se encuentran en el subsuelo son parte del proyecto de explotación Mandé Norte que afecta a Chocó y Antioquia, el río Jiguamiandó, Murindó y Dabeiba.
Por una decisión constitucional en el 2010 a través de la Ley 21 de 1991 se amparó el derecho de las comunidades a la Consulta Previa, libre y el consentimiento de las comunidades indígenas.
Luego del cese de la exploración por la multinacional MMC por la reacción de las mujeres que impidieron el aterrizaje de helicópteros, junto con sus niños, ubicándose en los lugares en que estos descendían, y de la movilización de afros e indígenas, la empresa desarrolló un acuerdo con la Río Tinto.
Las comunidades negras e indígenas en el 2009 realizaron la primera consulta popular interétnica en la que expresaron su rechazo a la intervención minera a cielo abierto, dada las afecciones irreparables al Chocó Biogeográfico, a las aguas, a los bosques en lo que además de ser territorios colectivos ha sido una Zona de Reserva Forestal.
Para las comunidades negras e indígenas, el Cerro Cara de Perro es sagrado pues allí están los lugares dónde reposan los espíritus y la madre tierra brinda sabiduría a sus Jaibana.
Hoy a pesar de las pesquisas iniciales se sigue sin reconocer el nombre de la empresa que hoy estaría operando inconsulta e ilegalmente en los territorios indígenas en el Cerro Sagrado. Solo se conoce de las concesiones otorgadas a la AngloGold Ashanti que intervendría en la parte baja y media de Jiguamiandó, afectando a comunidades negras e indígenas. El 85% de estos territorios ha sido concesionado a esa multinacional.
A la paramilitarización territorial se suman las expresiones de los intereses económicos mineros, que ya estaban desarrollando desde 1996 con graves violaciones de derechos humanos con la agroindustria de la palma, el banano, la teka, la yuca, la piña, la ganadería, y en los último tres años de la cocaína.
Bogotá D.C. 19 de agosto de 2019
Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
Imagen: Gabriel Galindo.