Se extienden operaciones de las AGC, sin respuesta militar alguna en el Bajo San Juan
Hoy desde las 10.00 a.m. incursionaron en la comunidad afrodescendiente de Isla Mono en el Bajo San Juan, Chocó, 15 integrantes de las AGC, que desembarcaron en el caserío de una embarcación de fibra con motor de 200.
Al cierre de este informe las comunicaciones dejaron de recibirse, pero las últimas que se emitieron hacia las 4.00 p.m. indica que los integrantes de las AGC manifestaron sus propósitos contra insurgente para enfrentar el ELN y definieron ordenes que los pobladores deben asumir.
La presencia de esta estructura heredera del paramilitarismo es parte de la ofensiva que vienen adelantando desde hace tres meses en las comunidades indígenas y negras de Calima, Bajo San Juan y Litoral San Juan. En las comunidades Wounnan como Puerto Guadualito, Unión San Juan, Cocalito las AGC manifestaron que llegaron para quedarse y controlar el territorio.
Desde el pasado 14 de agosto con las comunidades Wounaan Nonam de Puerto Guadualito y Unión San Juan se desplazaron a Puerto Pizario sin que el Estado haya dado respuesta conforme a las disposiciones legales a atender humanitariamente a la población.
De la misma manera, 12 comunidades se han declarado en estado de confinamiento.
La crisis humanitaria y derechos humanos con la restricción a la libertad de expresión, de movimiento, las amenazas de muerte y las operaciones de control social territorial de las AGC se desarrollan sin que las fuerzas militares hayan realizado acción alguna para proteger a la población. El pretexto de persecución a la guerrilla del ELN continúa justificando la omisión, tolerancia, complicidad estatal con la estrategia de las AGC
Desde marzo de 2020 comunidades negras e indígenas apoyaron la iniciativa nacional de un Acuerdo Humanitario Global demandando del presidente Duque el cese de fuegos multilateral sin recibir respuesta alguna. Hoy las comunidades ante el desoído de esta demanda de cese de fuego que también plantearon el Papa Francisco y el Secretario General de Naciones Unidas en julio de ese mismo año, está generando una crisis humanitaria y de derechos humanos como nunca antes se había vivido en esta región del sur del Chocó y la frontera con el departamento del Valle del Cauca
Las comunidades reiteran la propuesta de Acuerdo Humanitario Global y exigen al gobierno colombiano responder positivamente, asumiendo la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la paz.
Bogotá, D.C 18 de octubre de 2021
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz