¿Se cambian bibliotecas por cárceles?

Perdonen que siga monotemática, pero al releer el proyecto de ley para modificar el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes (www.gilmajimenez.com) considero un deber seguir haciendo preguntas: “El Gobierno Nacional (…), a través del Ministerio del Interior y de Justicia, construirá o adecuará los establecimientos carcelarios para adolescentes en las capitales de departamento, priorizando aquellas ciudades que presentan los mayores índices en la comisión de los delitos señalados en el parágrafo primero del artículo 148”.

Según este curioso sentido de las prioridades, ¿eso significa que aquellas ciudades en donde se ha comprobado que los niños más vulnerables se enrolan en bandas criminales, con un promedio de edad de 11 años, estrenarán carcelitas, en vez de bibliotecas o colegios?

Parece un chiste cruel que el proyecto esté ligado a Gilma Jiménez, quien no solo ganó su curul a nombre de los niños, sino que representa al Partido Verde: el mismo que ha puesto el énfasis en la inversión social, en la cultura ciudadana y en la pedagogía. Si Fajardo criticó la presencia “para la foto” del Presidente y de los mandos militares en la Comuna 13 y cuestionó las medidas policivas y judiciales por carecer de un proyecto social de fondo, ¿qué pensará de la obsesión punitiva de su copartidaria? Eso por no hablar de Mockus, que podría haberle ayudado a formular un proyecto más acorde con sus reflexiones sobre el sentido pedagógico, moral y simbólico de las normas y las sanciones, en el contexto de la cultura de la legalidad que él le propuso al país.

“Un niño a los 6 años de edad adquiere uso de razón, es decir sabe distinguir entre lo que está bien y mal hecho, de acuerdo (sic) a su corta edad”, leo en la exposición de motivos. Esgrimir el “uso de razón” del que hablaban nuestras abuelas en este siglo que ofrece enfoques teóricos sobre el desarrollo de la autonomía moral en los niños es una irresponsabilidad conceptual. ¿Así que cualquier niño “adquiere” súbitamente uso de razón en su sexto cumpleaños, sin importar cuál haya sido su proceso de interiorización de las normas ni la relación de estas con la educación y los modelos adultos? De esta afirmación se desprenden otras que se muestran como obvias, pero que parecen lugares comunes: “Es obvio que un adolescente entre 14 y 17 años sabe lo que hace y así lo ratifica la ley, cuando la misma señala que puede trabajar y casarse con permiso. Es decir, los adolescentes saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y los que delinquen saben perfectamente que la sociedad no los castiga por sus faltas y, peor aún, por la comisión de delitos graves” (sic).

Entiendo que el Ministro del Interior, que ha demostrado poco interés en la infancia, diga sin ruborizarse que será un juez quien decida si un menor que cometió un delito “actuó como mayor de edad”. (A mí que me expliquen cómo hará para saberlo: ¿acaso matar es actuar como adulto?) Pero que una senadora, supuestamente experta en niñez, defienda esta ponencia amparada en un partido que se precia de su coherencia ideológica lleva a preguntarse si esos son los proyectos que señalarán un cambio de paradigma en la forma de hacer política de los verdes.

Hablar desde la perspectiva de derechos, según obligan la Constitución y los tratados internacionales, implica abandonar esos clichés que presentan los derechos de los niños escindidos de sus deberes ¡y de nuestro deber de educarlos como sujetos responsables, en vez de encerrarlos cuando ya nos quedan grandes! El ICBF, como rector y coordinador del sistema de responsabilidad penal adolescente, adquirió la responsabilidad de hacerlo operante desde la Ley de Infancia del 2006, y ese es el debate de fondo que debería llegar al Congreso: ¿Qué ha hecho en estos cuatro años para capacitar a jueces, fiscales, defensores de familia y otras autoridades, y para coordinar la implementación de la ley? Pero, como sucede siempre, los que no saben de niños hablan… Y los que saben se callan.
Yolanda Reyes