Santos y su propuesta de ‘congresito’: ¿qué tan viable es?
En la reciente entrevista concedida por el presidente Juan Manuel Santos a la revista Semana, el mandatario dio las primeras puntadas de su propuesta central para la culminación del proceso de paz: la creación, mediante acto legislativo, de un “congresito” que permita desarrollar los acuerdos de paz que se logren en la Habana.
Una propuesta que despierta defensores y críticos acérrimos y que plantea ciertos inconvenientes, pero que también revela una oportunidad para abordar el último escollo de la negociación.
Los inconvenientes son de diverso tenor. El primero es el de coexistencia institucional y de competencias. En la actualidad existe un Congreso de la República que fue elegido democráticamente y cuya existencia podría frenar la iniciativa presidencial. Pensar en un “congresito” para el desarrollo de los acuerdos es inviable. No pueden cohabitar dos instituciones que compartan objetivos y funciones. Difícilmente podría pensarse que un mecanismo como ese, aún descrito en diminutivo, funcione de forma adecuada y, que el Congreso actual, se desprenda de sus facultades. En este escenario, el camino propuesto por el jefe de Estado cuenta con detractores naturales y un sendero espinoso a recorrer.
Un segundo inconveniente tiene que ver con la posible inconstitucionalidad de la propuesta. Para la Corte Constitucional, la reforma constitucional rompería la Constitución, alterando su arquitectura institucional. Doctrinas como “la sustitución” o las “reformas constitucionales inconstitucionales” serían invocadas derrumbando la propuesta del Presidente y, de paso, le restarían tiempo valioso a la puesta en marcha del acuerdo. La Corte le recordaría al Ejecutivo la diferencia entre el “poder de reforma” de la Constitución y el “poder constituyente”.
Sin embargo, la propuesta del presidente Santos no solo plantea inconvenientes. Hablar de “congresito” para desarrollar los acuerdos es reconocer que no podrán ser los órganos constituidos los que delinearán la paz. Ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional podrán decir la última palabra frente a lo acordado. Uno de los temas esenciales en la mesa de negociación son las salvedades que las partes han dejado (29) en los tres primeros puntos preacordados.
Al revisar minuciosamente esas discrepancias se concluye que estas no podrán ser resueltas a través de reformas constitucionales o por un “congresito” que las desarrolle. Las salvedades serían parte de un cambio radical de la Constitución que nos lleva al único escenario que cabría en la parte final de la negociación: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Esa Asamblea Nacional Constituyente sería el cuerpo adecuado para discutir y proponerle al país un nuevo modelo institucional. En ese escenario, los acuerdos podrían incorporarse al nuevo cuerpo constitucional para blindarlo de ataques institucionales de ciertos órganos constituidos.
La existencia de un “congresito” podría ser el paso posterior a la realización de una Constituyente que desarrollaría los acuerdos logrados en la Habana. Todo esto en el marco de la competencia del “poder constituyente originario” que representaría la Constituyente y que la actual Corte Constitucional reconoció en la sentencia C-551/2003.
De hecho, nuestro máximo tribunal constitucional indicó que el poder constituyente es “ soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites, ni control jurisdiccional, pues sus actos son político-fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad”.
No debería temerse a estos escenarios. A comienzos de la década del noventa, un grupo importante de colombianos se oponía a la Constituyente que condujo a la Constitución de 1991. En ese momento, el país estaba doblegado institucionalmente por las guerrillas, la guerra sucia y el narcotráfico. Incluso, una guerrilla que tenía una popularidad muy baja, el M-19, terminó con casi la tercera parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Al final, el experimento no salió tan mal. La Constitución de 1991 se convirtió en un cuerpo respetable con instituciones importantes que deberían preservarse en el marco de un nuevo diseño constitucional.
La propuesta del presidente Santos de concebir un “congresito”, sin una Constituyente previa que incorpore los acuerdos de la Habana a la nueva Constitución, no es viable. Sin embargo, el mandatario abre el escenario para entender que con las instituciones existentes no se puede avanzar.
FRANCISCO BARBOSA
@frbarbosa74
Ph.D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
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