¿Santos, hacia el fascismo?

Las protestas en Colombia no solo han sido satanizadas, sino, sobre todo, reprimidas.

Para hacer un poco de memoria, el 14 de septiembre de 1977 se presentó uno de los paros cívicos más relevantes en la historia de los trabajadores del país: las cuatro centrales obreras de entonces acordaron la realización de una huelga general, a la que se sumaron otros sectores populares. Fue una demostración de dignidad de un lado, y una respuesta oficial que dejó decenas de muertos y encarcelados, del otro.

Entre las reivindicaciones acordadas estaban la de alza general de salarios en más del cincuenta por ciento; desmilitarización y reapertura de las universidades públicas; congelación de los precios en artículos de primera necesidad; suspensión del estado de sitio y respeto a las libertades políticas y sindicales, y suspensión de decretos que reorganizaban el entonces Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ya desaparecido) que lesionaban los derechos de los usuarios y de los mismos trabajadores de esa institución. El gobierno de Alfonso López Michelsen respondió con fuego a las manifestaciones de descontento.

Hoy, el panorama de las respuestas oficiales a las expresiones de resistencia e indignación, no ha variado mucho. Y se podría decir, más bien, que ha empeorado. Es el caso del régimen de Santos.

Mientras el gobierno les abre las esclusas a las transnacionales, en particular a las de la minería, acciona sus mecanismos represivos contra las protestas de los medianos y pequeños mineros empresariales y artesanales. Así como en el dramático caso del Catatumbo, los macartiza y dice que están infiltrados por la subversión. Desde los tiempos de Uribe y de Pastrana y de Samper, etc., una táctica perversa de los gobernantes ha sido la de descalificar las justas peticiones de los movimientos populares y calumniarlas. Son guerrilleros (algunos en traje de civil), son comunistas, son desalmados, así los van convirtiendo en carne de cañón.

En los rubros agrarios, por ejemplo, desde los días nefastos del gobierno de César Gaviria, el país se regaló a las transnacionales con la apertura económica. Ahora, cuando se importa café, trigo, maíz, hortalizas, azúcar, sorgo, arroz, los tratados desiguales de libre comercio han quebrado la agricultura nacional. Y cuando los afectados por la prostituida política gubernamental protestan, entonces se les demoniza y se les llena de injurias y calumnias.

Se sabe que Santos y sus locomotoras, continuando la tradición oligárquica que representan, han seguido entregando el país a los Estados Unidos en todos los ámbitos. Y es ya fama la respuesta que acostumbran a darles a los que defienden sus derechos y se pronuncian contra la feria neoliberal. En el pasado paro cafetero, al que también se le propinó látigo, el gobierno hizo promesas que no ha cumplido. Y por eso, ya llega la siguiente protesta de los caficultores.

Pero tal vez la tapa del congolo sí haya sido la del presidente Santos y su ministro del Interior Fernando Carrillo, al acusar al senador Jorge Robledo (otra vez la oscura táctica de la macartización), como instigador de la violencia en los paros minero y cafetero. El mismo líder del Polo Democrático replicó que acusarlo a él y su partido con esa mentira era “una maniobra siniestra que empuja al presidente Santos hacia el camino del fascismo”.

Hasta donde se sabe, un deber ser de la oposición política de izquierda es la de alentar las luchas de los descamisados, de los perseguidos por las miserias del régimen, y el de promover las protestas pacíficas contra la opresión y las injusticias sociales. Así que el “matoneo escenificado” (como calificó Robledo la pirueta de Carrillo en los noticiarios) es una demostración antidemocrática del gobierno.

El senador de izquierda, ante la pataleta santista, advirtió que otra “causa de la rabia” del gobierno contra el Polo “son las denuncias por corrupción que venimos haciendo Wilson Arias y yo contra Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington”. El debate está picante. Lo que debe hacer Santos, tal como se lo recomendó Robledo, es resolver las peticiones de los medianos y pequeños mineros, darles salida a sus problemas, y atenderlos como atiende a las transnacionales. Por ahora, el paro minero continúa.

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