Santos en la encrucijada
A tres meses de la posesión presidencial no es claro el panorama para el Gobierno en el Congreso.
Proyectos de ley que son bandera de la administración Santos se encuentran empantanados: la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras, ahora integradas en un solo cuerpo normativo. Es paradójico que el candidato con la mayor votación en la historia electoral del país vea tambalear tan rápidamente su gobernabilidad por la voluntad de poder de su antecesor. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Uribe, por interpuesta persona, en este caso el presidente del Partido de la U, quiere seguir gobernando. El presidente Santos se ve obligado a tolerarlo. Basta que el ex presidente se reúna en cónclave nocturno, para que sus enviados al día siguiente desbarajusten la agenda legislativa o confronten a los ministros en el Capitolio.
La oposición del Partido de la U y el ausentismo de sus miembros han impedido la aprobación del proyecto de ley de víctimas. Unos temen a la magnitud del costo fiscal que puede traer aparejada la reparación integral a los afectados. Otros no están de acuerdo con reconocer la responsabilidad patrimonial por crímenes cometidos por agentes del Estado. Para los más radicales, las violaciones y los asesinatos de menores a manos de militares son casos aislados o males menores en la lucha contra el terrorismo. La violación ha sido desde tiempo inmemorial arma de guerra que marca los cuerpos de los enemigos y las mujeres campesinas menores de edad, los más apetecibles trofeos para los machos (¿cobardes?) guerreros.
El legado del uribismo empieza a convertirse en un fardo difícil de llevar para el Ejecutivo. La Ley de Justicia y Paz, instrumento que buscaba legitimar políticamente a los paramilitares, echa agua por todas partes. El Alemán y Don Berna han dejado de colaborar con el esclarecimiento de los hechos y con la atribución de responsabilidades, amenazados ellos y sus familias para que no revelen toda la verdad sobre los beneficiarios de masacres y desplazamientos forzados. Como si no fuera suficiente la corruptela del Incoder durante el gobierno Uribe, la Dirección Nacional de Estupefacientes es ahora intervenida por ser un nido de corrupción hace largo tiempo. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, denuncia abusos generalizados en el avalúo, la asignación y la tenencia de bienes incautados al crimen organizado. ¿Hasta cuándo y hasta dónde estará dispuesto Santos a pagar por los platos rotos del gobierno anterior? Es ingenuo pensar que los desmanes en el Incoder, en la administración de bienes incautados a narcotraficantes y paramilitares y en la aprobación de la ley de víctimas sean mera coincidencia.
Tarde o temprano el presidente Santos tendrá que afrontar su mayor dilema: distanciarse de la herencia de su antecesor o asumir los costos de sus peligrosas relaciones. Lo primero le daría alguna posibilidad de reelección, con el apoyo de liberales, miembros de Cambio Radical, conservadores pastranistas e independientes. En contra de esta opción habla que como ex ministro del gobierno de los falsos positivos no está del todo exento de responsabilidad. Pero si persevera y apoya al uribismo, tendría que pagar muchos de los platos rotos de la seguridad democrática. El presidente Santos arriesga quedarse con el pecado y sin el género. De no facilitar que la justicia actúe en forma autónoma e imparcial para esclarecer todos los desmanes de ocho años de desprecio a la ley y al derecho, tendrá que responder política y jurídicamente por su encubrimiento.