San Onofre: Maquinaria paramilitar; terror, impunidad y corrupción.

Señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Senador Alexander López, Señores senadores de la República y senadora Piedad Córdoba, Miembros del cuerpo diplomático e invitados internacionales, Ciudadanas y ciudadanos de San Onofre y Sucre:

Por proposición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el senador Alexander López solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que realizara esta audiencia ciudadana aquí en San Onofre.

Esta reunión es, en primer lugar, un homenaje a la memoria de las cientos de víctimas de esta región y un reconocimiento a la comunidad de este municipio que de manera digna ha manifestado sin temor su exigencia de verdad, justicia y reparación.
Como resultado de esta estoica actitud sus principales líderes han venido siendo amenazados y hostigados. Existe una lista que anuncia el asesinato de 26 personas de las cuales nueve ya han sido víctimas. Por eso pedimos a los miembros del Congreso de la República que hagan suya nuestra exigencia a las autoridades ejecutivas nacionales y locales de proteger la vida y la seguridad de la comunidad de San Onofre. En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA formuló esa misma solicitud al Gobierno Nacional, y demandó que se tomen medidas cautelares urgentes para la protección de 17 miembros del Movimiento de Víctimas en Sucre y para las comunidades de esta zona del país. El 23 de noviembre de 2006, Juvenal Escudero, víctima del paramilitarismo, fue objeto de un atentado y herido de gravedad. Sabemos además que varias personas han sido amenazadas en los días previos a la audiencia. Llamamos a la solidaridad con la población y responsabilizamos a las autoridades por su seguridad una vez termine este acto público. Todos estos hechos indican de forma clara que las estructuras paramilitares siguen operando en esta región, y que, como en tantos otros sitios del país, los actos de desmovilización han sido una burla a la sociedad colombiana. Disponemos de testimonios en los que se indica que a comienzos de octubre de este año, alrededor de 300 hombres armados, procedentes de Córdoba, han llegado al departamento de Bolívar y están operando entre los municipios de Arjona, Turbana y María la Baja.
Hoy queremos que ustedes escuchen de viva voz testimonios e informes de lo que aquí se ha vivido. Pero antes de hacerlo queremos recordarles los acontecimientos más importantes que han marcado esta historia y, además, presentar ante ustedes las exigencias que hace la propia comunidad.
Entre 1994 y 1997 se desarrollaron las asociaciones Convivir en el departamento. En el municipio de San Onofre llegaron con la administración del alcalde Yamil Blanco. Alias Danilo, quien era reconocido jefe de la organización de Victor Carranza, puso en práctica en esta zona las experiencias que tenían los paramilitares en el interior del país. Desde ese entonces se extendió el sicariato. Entre los primeros asesinos se encontraba un prospero carnicero del corregimiento de Macayepo, Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. Él emprendió una labor organizativa de un grupo de sicarios, que operaba en los Montes de Maria. Como conocedor de toda la zona, fue recomendado por los ganaderos para los que trabajaba eliminando campesinos, para que se incorporara al B2 para realizar actividades contra sindicalistas y líderes campesinos. Posteriormente, Cadena organizó en la finca Carare, propiedad de Miguel Nule, ubicada en el corregimiento de Macayepo, el grupo de hombres que llevarían a cabo varias masacres. Cadena fue rápidamente recomendado por el comandante Eduard Cobo alias Diego Vecino, ante el Estado Mayor de las AUC para que fuera nombrado como jefe de los paramilitares en Sucre. De este modo, Cadena quedó bajo el mando de alias Vecino, administrador de la finca Las Melenas.
Desde ese entonces, el departamento de Sucre, y en particular el municipio de San Onofre y sus corregimientos, han sido escenarios de hechos de violencia múltiple que, sin lugar a dudas, pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad. Entre estos actos se cuentan la desaparición forzada masiva y el asesinato de al menos 3.000 personas, 75 masacres desde 1999 a 2000, que dejaron 329 víctimas, el ocultamiento de los cadáveres en cientos de fosas comunes, el desplazamiento forzado de 70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre, según el dato del personero municipal, la práctica regular de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes, el exterminio de 90 militantes de la Unión Patriótica, la aniquilación de organizaciones agrarias como la ANUC, la usurpación de tierras y bienes a la población, el sometimiento a formas de esclavitud y de control político, el saqueo de los bienes y recursos públicos. En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que data de 2005, en San Onofre el 90% del control territorial lo ejercen los paramilitares.
La magnitud y la gravedad de estos hechos constituyen un daño colectivo de secuelas imborrables. Dado que la mayoría de estas acciones se encuentran hoy todavía en la impunidad, caben recursos jurídicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la propia Corte Penal Internacional.
Los principales responsables de estos hechos son políticos encumbrados de la región a quienes hoy la justicia comienza a procesar: los congresistas Álvaro García, Muriel Benito Rebollo, Jairo Enrique Merlano, Eric Morris Taboada, el ex gobernador Salvador Arana, y el ex comandante de la Policía Norman León Arango –a quien todavía no se ha procesado-, el ex gobernador Miguel Àngel Nule Amín. Estos siniestros personajes dispusieron de grupos paramilitares para ordenar desapariciones forzadas y masacres, conseguir votos, robar los dineros públicos, desembarazarse de sus opositores y enemigos políticos, y hacerse a fortunas personales.
Así como los ganaderos, también los políticos utilizaron los servicios criminales del jefe paramilitar de alias Cadena y sus lugartenientes Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso y Uber Banquéz alias Juancho Dique. Desde 1998, el bloque “Héroes de Montes de María” impuso un régimen de terror. Se perpetraron masacres como la de Chengue, Macayepo, Chinulito, Pigiguay, Coloso y El Salado. Fueron clausuradas las organizaciones campesinas comunitarias, todo el mundo debía pagar cuota, la plaza central de San Onofre se destinó solo para oír las órdenes de los jefes paramilitares. El municipio y sus corregimientos se convirtieron en un campo de concentración. Se decretó el toque de queda y a partir de las seis de la tarde nadie podía circular ni pescar, pues era la hora en que los delincuentes activaban la ruta marítima del narcotráfico. Se perpetraron abusos sexuales contra las mujeres, y se asesinaba en la plaza pública. La autoridad detenía arbitrariamente a ciudadanos y los entregaba a los paramilitares para que fueran ejecutados. En los diferentes municipios del departamento, así como también en San Onofre, los funcionarios estatales debían dar un aporte de su salario para el mantenimiento de las tropas de las AUC. En fin, política corrupta, paramilitarismo y narcotráfico se convirtieron en tres caras de una misma realidad.
Cadena convirtió varias fincas de la región en centros de tortura y exterminio, entre las cuales es tristemente célebre la finca El Palmar. Allí existe un árbol de caucho donde se amarraba a los detenidos, una cámara de torturas, un polígono donde se los fusilaba, y el cuarto llamado de “la última lágrima” (la habitación en la que esperaban con angustia su última hora), en otros sitios de El Palmar se incineraban los cuerpos. En los potreros de éste y muchos otros predios existen fosas comunes que eran usualmente cavadas por los propios condenados a muerte.
Y mientras ocurrían estos episodios de extrema violencia, la hacienda era al mismo tiempo centro social. ‘Cadena’ organizaba festines para los políticos locales y les regalaba caballos finos. En esos asados y parrandas fueron vistos el entonces comandante Arango de la Policía, (nombrado por el presidente Uribe agregado militar en la embajada colombiana en Francia) y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Tito Díaz y quien fue nombrado por el Presidente embajador en Chile). El Palmar era igualmente el sitio donde se planificaban negocios de narcotráfico y se organizaban los reinados de belleza “Miss Maja Internacional” y “Miss Tanga”. La entonces representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo, intima amiga del jefe paramilitar alias Diego Vecino, era jurado en esos certámenes. A los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana.

Durante la campaña electoral de 2002, ‘Cadena’ reunió a la población, colocó en una bolsa los nombres de los concejales de la localidad y sacó dos de ellos. Advirtió que si no era elegida la candidata Benito Rebollo, mataría a los dos ediles y a otras personas de la comunidad designadas al azar. No se podía recurrir a ninguna autoridad, pues todas se beneficiaban del sistema de corrupción. Cuando los funcionarios no querían entregar los dineros públicos se les asesinaba. Así ocurrió con el alcalde de El Roble. Citado por las autoridades civiles en la salida de Sincelejo, fue detenido, llevado a El Palmar, amarrado al árbol de caucho y luego desaparecido al rehusarse a entregar los recursos destinados por al Nación al municipio.
Elegido el nuevo concejo municipal, se tienen evidencias, de que su presidente Guillermo Gómez mandó a asesinar al señor Guillermo Verbel Rocha, veedor de San Onofre, quien denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría que iba a ser asesinado por orden del mencionado político local.
En el momento en que desapareció sospechosamente, ‘Cadena’ era dueño de varios centros comerciales en Sincelejo, controlaba la plaza de mercado y era propietario de varias bombas de gasolina. Dominaba además el negocio de los mototaxis.

La responsabilidad por la instauración de este imperio de arbitrariedad en Sucre asciende al más alto nivel. Difícilmente puede pensarse que todo esto ocurría sin conocimiento de las autoridades nacionales. Como se dijo, el Presidente de la República distinguió a varios de los funcionarios implicados con cargos diplomáticos. Los períodos más cruentos del proceso de violencia correspondieron a la declaratoria de Sucre como “zona de consolidación y rehabilitación” y al anuncio de cese de hostilidades por parte de las autodefensas. Las autoridades militares, excepción hecha del coronel Rafael Colón y el coronel Carlos Arturo Millán, fueron cómplices de todo lo ocurrido.
Luego de desaparecer y asesinar miles de personas, los paramilitares y sus aliados procedieron a arrebatarles las tierras a sus familiares sobrevivientes obligándolos a transferirles sus títulos de propiedad para luego forzarlos al desplazamiento. La finca La Setenta, que se encuentra a la salida del casco urbano de San Onofre, es un ejemplo de este procedimiento. Después de arrebatarla a sus legítimos propietarios, a través de intermediarios, sus nuevos dueños procedieron a ampliar sus dominios de 70 a 300 hectáreas, mediante la invasión de nuevos terrenos de los cuales fueron desplazadas familias enteras. El señor Juvenal Escudero, víctima de un atentado pocos días antes de esta audiencia, fue uno de los afectados por dicha modalidad de usurpación violenta de la tierra. El ataque del que fue objeto se produjo poco después de que, acompañado por el Movimiento de Víctimas, exigió su derecho a recuperar su predio.
A pesar de que la Corte Suprema ha dado la orden de detención de cuatro parlamentarios esto es apenas un buen comienzo. Queremos denunciar en esta audiencia que el congresista suplente José Conde Romero, que reemplazará en su curul al representante a la Cámara Morris Taboada ha tenido nexos con los grupos paramilitares de la región. Poseemos testimonios e información de que el representante Conde fue acusado de planificar el asesinato de Victor William Ramírez Salcedo, miembro hoy del Polo Democrático. En agosto de 2004, Conde y sus aliados políticos se reunieron con paramilitares para urdir un atentado contra su opositor.
Existen informes solidamente documentados acerca del carácter ficticio de la desmovilización. Antes del acto de entrega de armas del Bloque Córdoba y del autodenominado “Héroes de Montes de María”, se hizo evidente el reclutamiento forzado de jóvenes sin mayor relación con las autodefensas en barrios vulnerables del sur de Sincelejo como Villa Mady, Nueva Esperanza, Puerto Arturo y en el norte en los barrios Altos del Rosario, Villa Orieta II, y El Salvador, entre otros. De otra parte, aparecen nuevos desarrollos del paramilitarismo. En escuelas de Sincelejo se advierte el reclutamiento de jóvenes. A los estudiantes se les invita para irse al sur del país, y para cuidar cultivos de coca en el departamento de Córdoba.
Honorables senadores y senadora Piedad Córdoba:
Una responsabilidad de primer orden en lo que aquí se ha expuesto le cabe al actual alcalde de San Onofre, señor Jorge Blanco Fuentes, quien todavía no ha renunciado a su cargo, pero que debe hacerlo de inmediato por razones éticas, penales y políticas.
El señor Blanco fue candidato único a la alcaldía por presiones ejercidas por alias Cadena. Su candidatura fue lanzada en un acto público convocado por este jefe paramilitar en la gallera “19 de marzo” de Verrugas a mediados de 2002. Las fechorías de Cadena eran de pleno conocimiento del señor Blanco, pues antes de ser alcalde, en el apogeo del régimen de terror, había sido secretario de hacienda del municipio. El señor Blanco participó también en otros actos públicos con los paramilitares. Su primera decisión de gobierno fue destituir, de manera ilegal a todos los funcionarios de carrera administrativa del municipio, y colocar en ellos a las cuotas políticas de los paramilitares, quienes también han controlado el concejo municipal. Los despedidos no pudieron reclamar sus prestaciones y fueron compelidos a firmar licencias de renuncia y pago de liquidaciones que nunca recibieron. Algo similar ocurrió con el personal del hospital del municipio. El señor Blanco asistió asimismo a una reunión realizada el 16 de julio de 2006 en la que también participaron el jefe paramilitar alias Diego Vecino, varios concejales y la ex congresista Muriel Benito Rebollo, con el fin de pactar la forma en que se iba a presionar a la población para que el hermano de esta última, Edgar Benito Rebollo, fuera el nuevo alcalde del municipio. El encuentro tuvo lugar en la casa de la señora Estefanía Balseiro, madre de la ex congresista. De esta manera, se buscaba seguir asegurando el control del gobierno local.
Preguntamos al procurador departamental ¿qué hizo usted, señor Guillermo Merlano, mientras sucedía todo esto? ¿Cuántas investigaciones se desarrollaron bajo su dirección para evitar que el orden constitucional y el Estado de derecho fueran envilecidos de tal forma?
Pedimos la renuncia del Alcalde por estas actuaciones. Nos dirigimos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que la responsabilidad penal y disciplinaria que le compete sea debidamente investigada y sancionada.
Como si esto fuera poco, el señor Blanco debe responder ante los órganos de control competentes por el manejo de los fondos públicos en el municipio. Entregamos a ustedes, señores senadores, documentos que prueban que entre los años 1999 y 2006, San Onofre recibió regalías por cerca de 20.000 millones de pesos. En las fotografías anexas encontrarán obras públicas que se hallan inacabadas o en deplorable estado, y que debían ser construidas y terminadas con dineros públicos: escuelas, plazoletas y parques. El sitio en que se realiza esta audiencia habla por sí solo. Igualmente se encuentran en estos documentos los listados de las personas que han sido contratadas para ejecutar obras y prestar servicios que, todo indica, son ficticios. Hay informes sobre la realización de estas obras ante los organismos de control que deben ser revisados. Entregamos los listados en que aparecen los números de cheque, los montos y el concepto por los que fueron pagadas millonarias sumas. El Alcalde ha contratado servicios con la Fundación Nuevo San Onofre y con la IPS del mismo nombre a cuyas juntas directivas pertenecen personas que son sus amigos y aliados más cercanos. Solicitamos que la Contraloría General de la Nación lleve a cabo una auditoria de todas las cuentas del municipio e indague la veracidad de las obras que se dice fueron realizadas, cómo se llevaron a cabo las licitaciones de los contratos, y qué clase de soportes dan cuenta de la legalidad de estos desembolsos provenientes de dineros de los contribuyentes. Asimismo pedimos una inspección en el terreno de las obras públicas que se afirma han sido hechas. De la misma forma, solicitamos que se investigue el manejo de los fondos oficiales en los municipios de Tolú, Coveñas y San Antero.
Señor gobernador de Sucre Jorge Anaya Hernández: ¿Qué ha hecho usted frente a la corrupción en su departamento?
Mientras ocurren estos hechos de corrupción las víctimas de desplazamiento forzado viven en la miseria en barrios como El Porvenir. En muchas zonas del departamento sus casas consisten en algunos tablones por paredes, el piso de tierra y un precario techo de cinc. En cambio, los desmovilizados tienen programas de ayuda integral. Muchos de ellos trabajan como policías comunitarios y salvavías. Les han dado tierra para que adelanten proyectos productivos, los ayudan con capacitación en el Sena, y con programas de tratamiento psicológico. No obstante, en San Onofre ellos han montado el negocio de “pagadiario”, que consiste en prestar dinero y cobrar intereses todos los días con presiones extorsivas.

En otras zonas, como Marialabaja, después de la desmovilización, se impuso a la población retornada el cuidado de la palma africana ya sea como cultivadores en su propia tierra o como jornaleros. Se les paga con bonos de 150.000 pesos, los cuales deben cambiar por alimentos en almacenes del propietario de la plantación. Esto demuestra, entonces, que los procesos de retorno que se presentan paralelos a las llamadas desmovilizaciones tienen por finalidad convertir a las poblaciones desplazadas en la base social del proceso de negociación paramilitar.

Ante este conjunto de graves situaciones el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le pide a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que contribuya a que se den los siguientes pasos para reparar a las víctimas de la comunidad de San Onofre:

1- Que la Comisión elabore un informe completo que recoja todas los datos y documentos que se presenten en esta audiencia y que se entregue a las autoridades competentes y a la sociedad para que aparezca toda la verdad acerca de los crímenes masivos cometidos en San Onofre.

2- Exigimos al alcalde de San Onofre, señor Jorge Blanco, que renuncie de manera inmediata e irrevocable a su cargo junto con todos los funcionarios de su administración. De igual forma, a todos los concejales.

3- Pedimos que se convoquen elecciones anticipadas para la Alcaldía y el Concejo municipal, que cuenten con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación, que garanticen un debate electoral libre.

4- Solicitamos al Fiscal General y al Procurador General que realicen las investigaciones pertinentes acerca de la responsabilidad penal y disciplinaria de estos funcionarios. Al señor Procurador que investigue a sus subordinados Guillermo Merlano y Jaime Gil Ortega. Esto último como homenaje a la memoria del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz que denunció las actuaciones deshonestas de estos funcionarios.

5- Pedimos al señor Contralor General que disponga la realización de una auditoria de todas las cuentas del municipio desde el año 1998, así como una visita en el terreno para verificar el estado de las obras públicas que han debido ser realizadas en el municipio. Proponemos que este control esté acompañado de una veeduría ciudadana por parte de la comunidad.

6- Solicitamos a las autoridades competentes medidas de protección especial para los predios que han servido de cementerios clandestinos, en los que están ubicadas las fosas comunes, que se honre a las víctimas directas con exhumaciones y entierros dignos. También consideramos que sitios como la hacienda El Palmar tienen que ser declarados lugares de memoria en homenaje a las víctimas, y como mecanismo para que los recuerdos de lo que allí ocurrió no sean olvidados por el país y el mundo.

7- Exigimos que en Sucre, y en particular, en San Onofre se produzca un proceso de efectiva restitución de tierras, que posibilite un retorno digno de todos los desplazados a sus tierras. Que se retire del debate el proyecto No. 30 Senado llamado de desarrollo rural, y que se repare integralmente el inmenso daño causado a los habitantes de esta población.

La comunidad de San Onofre ha librado una lucha ejemplar sobre lo que significa buscar la verdad, la justicia y la reparación en Colombia. Es gracias a ella, no a la ley de justicia y paz y sus instancias gubernamentales, que están cayendo las máscaras que cubren los rostros de los políticos criminales. Hoy les pedimos a ustedes, señores senadores, que en su calidad de legisladores y encargados del control político emprendan todas las acciones necesarias para que esta lucha histórica continúe avanzando y pueda tener pronto resultados irreversibles hacia la democracia y la justicia.