Retorno sin garantías
Presencia militar en lugar humanitario de la comunidad de vida y de trabajo en la verificación. Desconocimiento de las medidas cautelares. incumplimiento de compromisos estatales
“En mi tierra, hay malhechores que colocan trampas como para pillar pájaros, pero cazan hombres y mujeres. Sus casas están repletas con el botín de sus saqueos, incluso han sobrepasado la medida del mal puesto que han obrado injustamente, y no defienden la causa de los pobres” Jer. 5 27-28
RESUMEN
Sin garantías para un retorno con garantías y con dignidad, conforme a la Ley 387, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Humanitario, a los principios Rectores Deng, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y a las medidas cautelares resueltas por la CIDH, el pasado sábado 24 de julio retornaron a su lugar humanitario de reubicación los 110 integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, desplazados forzosamente por la actuación de tipo paramilitar.
Dos días ante, el jueves 22 de julio, en el marco de una visita de seguimiento acordada en el marco de las medidas cautelares se desarrolló una verificación en la que participaron como observadores intergubernamentales: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el Mundo, ACNUR; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH; como observadores internacionales Suppcol y Peace Brigades International, PBI; como entidades de gobierno y de Estado:; Vicepresidencia de la República; Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Red de Solidaridad Social de Antioquia, Secretaría de Planeación del Municipio, Secretaría de Agricultura, UMATA, Defensoría del Pueblo – Antioquia -, Defensoría Comunitaria, Personería municipal y por entidades nacionales, Comisión Colombiana de Juristas, Semillero de Paz, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La verificación se realizó parcialmente en la propiedad privada de las familias de la Comunidad de Vida y de Trabajo, desde las 8:00 horas y hasta las 4:00 p.m. En desarrollo de la misma no existió la posibilidad de un diálogo en condiciones de respeto a la palabra acordada y de transparencia por parte del Gobierno Nacional. Un funcionario del Gobierno Nacional responsable del seguimiento de las medidas cautelares sin concertación alguna con los integrantes de la Comisión de Verificación acordó la presencia militar en el lugar humanitario de la población civil.
Durante el tiempo de la verificación, esta se vio obstaculizada debido a que la presencia militar imposibilitó la observación de varias áreas de la propiedad familiar, los militares grabaron en video a varios de los participantes no gubernamentales, y los funcionarios oficiales se negaron a actuar solicitando el retiro de la fuerza pública sin argumentación coherente.
A pesar de lo mismo se recogieron algunos indicios de la presencia paramilitar en el lugar con brazaletes de las ACCU, BEC.
Simultáneamente se constató la presencia paramilitar a menos de 15 minutos del casco urbano de Dabeiba y dentro del mismo municipio donde existe una presencia institucional de la policía y de las fuerzas militares.
DETALLES
° Jueves 22 de julio, a eso de las 7:00 horas, aproximadamente, a la Casa Indígena, lugar de albergue de los desplazados de la Comunidad de Vida y de Trabajo, GERMAN SANCHEZ designado para el seguimiento de las Medidas Cautelares por parte del Gobierno Nacional, expresó respecto a la reunión sostenida la tarde anterior, en la que participaron además de los funcionarios municipales de la alcaldía de Dabeiba, los oficiales de la Policía y Comandante de las Unidades de la IV Brigada, que la administración municipal respondería con una atención integral en el momento del retorno.
Ante la inquietud de la Comunidad de Vida y de Trabajo por el papel de la fuerza pública el funcionario expresó que, la movilidad del ejército nacional es una práctica de la política de “Seguridad Democrática” del actual gobierno sin que diera respuesta a la necesidad de aplicación del principio de distinción.
Agregó que no se iba a entregar el teléfono para la activación del sistema de alerta temprana debido a problemas administrativos, incumpliendo de esta manera el compromiso asumido el miércoles 14 de julio en una reunión previa en Bogotá.
Ante la exigencia de presencia del Defensor del Pueblo comunitario en el espacio humanitario, por lo menos durante los primeros 15 días después del retorno, la Defensora Regional de Antioquia expresó: “no se puede nombrar un defensor comunitario a esta comunidad, deben interpretarse las medidas cautelares de acuerdo a las posibilidades de las instituciones”.
El funcionario del Gobierno Nacional se comprometió a que terminada la Verificación , en horas de la tarde, se sostendría una reunión evaluativa en la que se definirían los acuerdos del Estado colombiano con la Comunidad.
A las 8:30 horas los integrantes de la Comisión Verificadora ingresaron a la propiedad de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, donde observaron un primer grupos de militares, que conversan con el funcionario del Gobierno Nacional, a quién las unidades regulares preguntan si requiere acompañamiento, a lo que este responde: No, basta con la presencia aquí”.
Hacia las 8:45 horas dentro del lugar humanitario, cerca del árbol de la vida, donde se encuentra el símbolo en memoria de las víctimas de la comunidad, se encontraron 3 unidades militares del Batallón PEDRO JUSTO BERRIO, uno con radio de comunicaciones y otro con una cámara de video en la que realizaban un registro fílmico de las personas participantes de la Comisión de verificación.
Al exigírsele al funcionario del Gobierno Nacional que cesara la filmación de los militares este expresó: “pero igual dentro de los integrantes de la Comisión hay dos cámaras”.
Varios integrantes de la Comisión de Verificación al constatar la presencia de la fuerza pública dentro del lugar humanitario manifestaron a la Defensoría del Pueblo su preocupación por este tipo de presencia en razón de ser un territorio privado donde habita una población perfectamente identificable, que participa de un proyecto de vida como población civil, que no existe ni órdenes de allanamiento o de captura de integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo, y por razones militares la presencia los coloca en riesgo.
El funcionario del Gobierno expresó que, en el lugar puede estar la fuerza pública, que es una camino de servidumbre y la operación militar es de control de área para ofrecer seguridad a la Comisión de Verificación. Agregó el delegado gubernamental que el Capitán SALAS manifestó que las filmaciones son normales en todos los operativos, pero que existía la disposición a entregar la cinta en la reunión de la tarde en la alcaldía de Dabeiba.
A eso de las 9:30 horas a una distancia aproximada de 200 metros, de las viviendas de la comunidad, se constató la presencia de 10 hombres del batallón PEDRO J BERRIO instalados en 4 cambuches. Los militares portaban radio de comunicación, morrales, ollas para cocinar, subametralladora. Esta presencia dificultó las labores de observación de la Comisión de Verificación por lo que se decidió suspender momentáneamente la observación pues no existía una posibilidad de acceso a todas las hectáreas del lugar humanitario.
Uno de los miembros de las organizaciones internacionales abordó a uno de los militares quien expresó, que estarían hasta ahí hasta que les den la orden de salir, posiblemente dentro de dos o tres días.
A las 10:00 horas la Comisión de Verificación encontró un brazalete verde, medio quemado en el que se leían claramente las iniciales ACCU (Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá) y BEC (Bloque Elmer Cárdenas). Esta evidencia quedó en manos del Defensor Regional de Antioquia con el compromiso de hacerla llegar a la Fiscalía General de la Nación.
Hacia las 10:15 horas integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo solicitaron al gobierno Nacional el retiro de las tropas del interior de la propiedad humanitaria. El funcionario del Gobierno Nacional expresó: “nosotros no tenemos mando sobre la fuerza pública, no podemos ordenarle que se retire, pues no podemos cambiar una orden de operación militar”.
Miembros de la Comunidad de la Comunidad de Vida y de Trabajo expresaron a los delegados del Gobierno que fueron engañados, pues nunca se les informó que durante la verificación se contaría con la presencia de la fuerza pública y menos en su lugar humanitario. El funcionario SÁNCHEZ expresó que las fuerzas armadas estaban allí por una orden de protección a la comisión, agregando que la tropa estaba desde la noche anterior. Este funcionario ante la insistencia del retiro de la fuerza pública con la finalidad de realizar la observación y la verificación requerida expresó “el operativo no se va a desmontar”.
Dejando claridad acerca de la imposibilidad de verificar el área donde se encuentran los militares, la comisión continúo con la verificación para constatar los límites de la finca, la perfecta delimitación de los linderos y la pérdida de siembras y cosechas por el desplazamiento forzoso.
Hacia las 15:15 horas los funcionarios del Gobierno, decidieron salir con prontitud sin realizar la reunión de evaluación, la prevista con las autoridades locales, así como, la firma de acuerdos, los compromisos y las condiciones para el retorno.
Este hecho imposibilitó que fuera destruida la cinta donde fueron registrados los miembros de la Comisión de Verificación por parte de las fuerzas militares.
° Viernes 23 de julio , hacia las 9:55 horas en el sitio conocido como “El Botón” , cinco minutos después de pasar por un control militar del Batallón PEDRO J. BERRIO de la IV Brigada del Ejército, dos “civiles” armados pararon un vehículo en que se movilizaron miembros de la Comisión de Verificación cobrando el peaje de $ 5000 (U.S $ 24)
A las 19:20 minutos en el lugar conocido “El Botón” en el mismo retén de tipo paramilitar detuvieron el vehículo en que se movilizaban observadores internacionales y nacionales humanitarios de derechos humanos, a menos de 50 metros se encontraban tres militares con distintivos del Batallón PEDRO J BERRIO, Nro 32.
Esta misma situación de presencia de tipo paramilitar a menos de 15 minutos del casco urbano de Dabeiba donde se encuentra presentes unidades policiales y militares y dentro del mismo municipio fue observada por organizaciones nacionales, internacionales y de iglesias que ha estado presentes en apoyo o en solidaridad con la Comunidad de Vida y de Trabajo, el viernes 16 de julio, el miércoles 21, el jueves 22 de julio.
° Sábado 24 de julio desde tempranas horas y hasta las 9:00 horas los 110 integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, iniciaron su regreso a la Finca “El Paraíso” propiedad de las familias campesinas que han construido una propuesta de vida en medio del conflicto armado.
LINEAS DE INTERPRETACION
Ha sido evidente la ausencia de voluntad política en la atención integral a la población desplazada, en la creación de condiciones que propicien el respeto al derecho de la población civil de mantenerse al margen del conflicto.
El desconocimiento a las medidas cautelares es el síntoma evidente de la ausencia de garantías de respeto a la afirmación de la identidad como población civil y al desarrollo de mecanismos de prevención que posibiliten la participación de las víctimas y la reconstrucción del Estado de Derecho.
Las políticas de “Seguridad Democrática” se imponen sobre los pobladores civiles pasando por encima de la posibilidad de dialogar, de concertar, de reconocer las diferencias y la decisión de las comunidades de no ser involucrados en el conflicto, lo novedoso en el caso de la Comunidad de Vida y de Trabajo es que son ausentes los argumentos y los silencios evidentes ante el hecho cierto de la relación por ACCION, POR OMISIÓN de la estructuras regulares con el actuar paramilitar.
Es y ha sido evidente que la impunidad en que se encuentran más de 300 Crímenes, muchos de ellos, de Lesa Humanidad es la base desde la que se institucionalizan las estructuras criminales en aparatos de Estado.
Es y sigue evidenciándose que un Plan Nacional de Derechos Humanos concebido desde la política de “Seguridad Democrática” bajo la pretensión de la descentralización y de la participación comunitaria es un mecanismo de dilación de la responsabilidad del Estado central.
Los anillos de seguridad en el proceso de desmovilización afectan a la población civil, se les pretende controlar o silenciar en el ejercicio de la Afirmación Integral de sus Derechos a la Vida, a la memoria, a la Justicia y a la Reparación.
Allá a pocos minutos de Dabeiba han regresado a su lugar humanitario las 110 personas, la mayoría de ellos niños de la Comunidad de Vida y de Trabajo, lo hacen por dignidad, como mecanismo para afirmar su identidad como población civil y desde allí continuar afirmando su derecho al Territorio del que fueron desalojados violentamente por acción paramilitar desde 1.997
SOLICITUDES
A la comunidad internacional:
• Adelantar visitas de acompañamiento a esta experiencia de resistencia civil para que se respete la condición de pobladores civiles que habitan su propiedad familiar .
• Escribir a la Ministra CAROLINA BARCO exigiendo el cumplimiento de las medidas cautelares, que hoy continúan siendo más vigentes que antes:
1. Adoptar de manera urgente las medidas que sean necesarias para que la fuerza pública proteja la vida e integridad personal de los 110 miembros de la comunidad de vida y trabajo de La Balsita asentados en el municipio de Dabeiba de conformidad con los miembros de la comunidad y los peticionarios, incluyendo medidas preventivas en los alrededores de la finca “Caracolón – La España”.
2. Adoptar las medidas necesarias para que la comunidad cuente con los medios necesarios para comunicarse por vía telefónica y/o satelital con los órganos encargados de implementar el sistema de alerta temprana.
3. Adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos denunciados, juzgar y sancionar a los responsables.
• Escribir a Doctor FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República manifestando que en este caso del desplazamiento y retorno de la Comunidad de Vida y de Trabajo se han desconocido varias recomendaciones de Naciones Unidas.
• Escribir a la Defensoría Nacional del Pueblo solicitando presencia permanente del defensor comunitario en la finca “El Paraíso” lugar humanitario de la Comunidad de Vida y de Trabajo.
• Escribir al Fiscal General de la Nación dejando constancia de la impunidad en que se encuentra el desplazamiento de 1.997 y este de 2004, y los más de 300 crímenes cometidos desde 1.996 en esta región del país.
Bogotá, D.C julio 25 de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz