Retención paramilitar y amenazas contra integrantes de CAVIDA
Operaciones paramilitares contra los afrocolombianos integrantes de CAVIDA en desarrollo del control social territorial conocido por la fuerza pública, violaciones de derechos coincidentes con las actuaciones empresariales de consulta para la construcción del puente entre Leoncito y Travesía, Puente América, dentro del proyecto de la Transversal de las Américas o carretera panamericana que atravesaría El Tapón del Darién.
Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
FRANK PEARL
Ministro de Ambiente
Nuevamente nuestra segunda Constancia Histórica y Censura Ética, en menos de dos semanas, debido a las operaciones paramilitares contra los afrocolombianos integrantes de CAVIDA en desarrollo del control social territorial conocido por la fuerza pública, violaciones de derechos coincidentes con las actuaciones empresariales de consulta para la construcción del puente entre Leoncito y Travesía, Puente América, dentro del proyecto de la Transversal de las Américas o carretera panamericana que atravesaría El Tapón del Darién.
Las familias de los consejos comunitarios de Cacarica, asociadas en CAVIDA, han sido objeto de amenazas, señalamientos y falsas acusaciones de ser parte de uno de los polos de la guerra interna, la guerrilla, de retenciones en su libre movilización, del hurto de bienes de supervivencia y de otros productos, así como, del bloqueo económico y la restricción en la compra de sus productos
Nuestra Constancia Histórica ante la siguiente fundamentación fáctica:
• Martes 18 de octubre: hacia las 11:00 AM en el puesto de control paramilitar que se encuentra entre La Larga y Yarumal sobre el río Atrato, desde hace menos de un mes de manera permanente, dos afrocolombianos de Cacarica fueron retenidos durante 24 horas.
Los paramilitares les acusaron de ser guerrilleros, les hurtaron un motor 15 fuera de borda marca Yamaha, el bote en el que se transportaban y bienes de supervivencia avaluados en un millón de pesos.
Al siguiente día les dieron la orden de continuar su navegación a Río Sucio pero en otra embarcación que debieron abordar. Los paramilitares le dicen a los dos hombres que el dueño del motor debe reclamar personalmente el bote; el dueño del bote ha sido varias veces retenido por paramilitares porque le acusan de ser colaborador de la guerrilla. (Según fuentes confiables-la comunidad- el objetivo sería asesinarle.
*Martes 25 de octubre: hacia las 11:00 AM la embarcación colectiva de la organización de familias de consejos comunitarios de Cacarica, CAVIDA, fue obligada a detenerse cuando se dirigía hacia Cacarica en el punto conocido como Tumaradó.
En el lugar los paramilitares exigieron presentar facturas de los productos que se transportaban. A uno de los coordinadores de CAVIDA, le manifestaron que habían recibido una llamada de Turbo informando que llevaban una planta eléctrica, que es de uso comunitario, y unas cervezas dirigidas para la guerrilla.
Ante las falsas acusaciones los pobladores exigieron respeto y les reiteraron sus derechos como población, su proyecto de vida y les solicitaron la devolución de los bienes tomados.
Los paramilitares reiteraron que la información viene desde Turbo, y que no tiene discusión y exigen a la tripulación entregar la planta y las cervezas, pese a la intervención de la Administradora de una tienda de víveres de Tumaradó que asegura que los bienes transportados en la embarcación son de comunidades negras de la Cuenca.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces de protección y de desmantelamiento de las estructuras paramilitares que desde hace menos de un mes anunciaron de reactivación permanente de retenes, el bloqueo económico, la restricción en la movilización de personas, de bienes y de servicios, y de una incursión a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Nuestra Censura Ética ante lo que es tipificado como comisión por omisión debido a que el Estado se ha negado a adoptar cuantas medidas sean necesarias para que la estrategia paramilitar no pueda desarrollarse. Si se hubiera actuado no se habrían producido privaciones forzadas de la libertad que han dejado en alto riesgo a las personas, que las han afectado y que afectan al colectivo de los consejos comunitarios con la reactivación de miedos y temores colectivos, ante procesos no elaborados de afrontamiento del terror por la operación “Génesis” en febrero de 1997. Los hechos aquí consignados reflejan y significan claramente la continuidad de la erosión del Estado de Derecho en el bajo Atrato y el fracaso de un proceso de desmovilización que no ha llegado a las estructuras propias de las autoridades y también de sectores empresariales.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces de tipo penal, de tipo disciplinario tendiente a desvertebrar las estructuras y las lógicas de operación paramilitar, que solo es posible que se continúen desarrollando tan abiertamente, cínicamente, en municipios como Turbo (Antioquia) y Río Sucio (Chocó) debido al copamiento que estas han tenido de la institucionalidad. La mentalidad antiguerrillera, la que se anima y la que mantiene contra las comunidades es solamente un pretexto para operar violando derechos humanos y lograr el control social territorial en momentos en que inversionistas requieren asegurar los territorios para agronegocios, obras de infraestructura y operaciones extractivas.
Nuestra Censura Ética ante el desconocimiento de los derechos de la población a la debida protección cuando esta es sometida a violaciones que se hubieran prevenido con la desestructuración de lógicas y grupos de operación que actúan con total y absoluta tranquilidad y desarrollando sus planes criminales si ningún tipo de reacción institucional.
Las operaciones guerrilleras en la región continúan siendo un pretexto para la represión a la población, aquella que en particular, afirma sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Población como la de CAVIDA que reafirma su apuesta de vida en el territorio con la exigencia de respeto a su riqueza biológico cultural, al amortiguamiento del Parque Nacional de los Katíos y el Parque del Darién, patromonios de la humanidad; población que exige la aplicación del derecho humanitario y construye el derecho a la paz, la que no calla ante los abusos y violaciones derechos humanos y daños ambientales cometidos por empresas como Maderas del Darién Pizano S.A., Del Monte y CI Multifruits Ltda.
Este mismo grupo de familias que denunciaron desde hace ya casi 15 años el asesinato de un ser humano, sencillo y querido, como MARINO LÓPEZ, a manos de paramilitares, en desarrollo de la operación “Génesis” por la cual se encuentra detenido el general ® RITO ALEJO DEL RÍO, por este derecho, ha sido blanco de montajes judiciales y campañas de desprestigio, y ahora nuevamente de este tipo de agresiones, detrás de las que se beneficia “la imagen” del que en el Estado debe ejercer como guerrero. Guerrero distante del justiciero, guerrero distante del honor y de los códigos que lo distinguen de bárbaro.
Nuestra Censura Ética ante lo que ya parece ser recurrente, la firma de contratos de concesiones para obras de infraestructura, en los que se desconocen los derechos de la población afectada que habita los territorios colectivos. En este caso una concesión otorgada por el gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ a su cercano círculo empresarial, el de WILLIAM VÉLEZ SIERRA, con el proyecto de la Transversal de las Américas, carretera panamericana, en el que se desconoce la titularidad colectiva, que cuida y convive con ecosistemas en alto riesgo el Parque Nacional de los Katíos y en el que además se concede el usufructo y la instalación de hoteles, restaurantes y demás servicios, como si no existiera titulación colectiva. Pero aún más grave aún, cuando los paramilitares manifiestan abiertamente que están operando allí para cuidar de las guerrillas y asegurar el progreso que las empresas traerán con las carreteras y los agronegocios, de ahí la profunda preocupación e indignación, por la lamentable coincidencia, de actuaciones paramilitares en los lugares donde se piensa construir el puente sobre Travesía, Cacarica, como parte de la Transversal de las Américas. Lamentable además porque se desconoce si las afirmaciones de exmandos paramilitares en las que han sostenido y han sugerido que este connotado empresario que ganó la licitación de la Transversal de las Américas, ha sido uno de sus grandes beneficiarios.
Ante la continuidad de los planes paramilitares, y la no recepción de respuestas escritas a nuestro anterior derecho de petición, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional volvemos a solicitar respuesta a estas preguntas, esperando que su respuesta se traduzca en acciones eficaces que impidan la comisión de graves daños irreparables a la vida e integridad de las y los integrantes de CAVIDA.
Con profunda preocupación,
Comisión Interelclesial de Justicia y Paz