Restricción a la libertad, presiones, amenazas y seducción

“De no estar la Vida a favor nuestro cuando el mundo se lanzó contra nosotros, nos habrían devorado vivos en el fuego de su cólera. Entonces las aguas nos habrían arroyado y el torrente pasado por encima, entonces habría pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas”. Salmo 124.

RESUMEN

No ha sido uno sino tres casos, podrían ser mucho más. Son evidentes los abusos de autoridad, la restricción a libre movilización y a la libertad por parte de agentes estatales de la Policía con sede en Murindó, Carmen del Darién y la sede principal de la Policía Urabá en Carepa.

En mayo 9 tres pobladores afrodescendientes fueron mal tratados por oficiales de esta institución en Murindó, amenazados y presionados a colaborar con la Policía dando información sobre los movimientos de la guerrilla.

Semanas después, entre el 19 y el 28 de junio, tres afrodescendientes nuevamente fueron privados de su libertad y luego se les negó a salir del casco urbano del Carmen del Darién. La restricción de este Derecho fundamental ha sido testificado por varias de sus víctimas y por observadores y acompañantes de derechos humanos.

Aunque las autoridades policiales, entre ellas el Comandante de la Policía HINCAPIÉ negó que él haya restringido el derecho a la libertad y a la libre movilización, los testimonios demuestran todo lo contrario. Igualmente, las unidades policiales abusando de su autoridad y bajo la pretensión “legítima” de investigar y recaudar información para prevenir el delito han presionado a diversos pobladores de los Consejos Comunitarios del Curvaradó y el Jiguamiandó para que se conviertan en parte de la “Red de Cooperantes” a cambio de unas condiciones de vida de bienestar, y o “declararse como guerrilleros” para ser asumidos en el programa de reinserción del gobierno.

Dos de los casos corresponden a los integrantes de los Consejos Comunitarios NELSON GOMEZ – a quién se le restringió el derecho a la libertad desde el sábado 19 de junio y hasta el 26 de junio- y JOSE YESID GUZMÁN –desde el 24 y hasta el 28 de junio en diversos lugares, quién permaneció siempre con su hija menor de tres años en esa situación- . En ambos casos el pretexto de la suspensión de los derechos de libertad fue la sospecha de mentir y de ser guerrilleros, negación fundamental sin ningún peso ni legitimidad alguna. JOSE YESID GUZMÁN fue sometido a una persecución inusual por su documento de identidad, luego de recobrar sus derechos al poderse movilizar libremente hacia Turbo. Allí nuevamente las autoridades policiales lo detuvieron arbitrariamente, quién siempre permaneció con su hija menor de edad, trasladado al municipio de Carepa, en donde el Coronel MORENO lo interrogó, le ofreció declararse como guerrillero, lo invitó a pensar en salir de la región del Jiguamiandó, y a cambio de su colaboración vivir una mejor vida en otra parte.

En esta ambientación de sospecha, sin presentación de prueba judicial, de presiones contra los habitantes del Jiguamiandó, la representante legal del Consejo Comunitario del Curvaradó, MARIA LIGIA CHAVERRA, mayor adulta, que se ha negado por decisión de las 9 comunidades de esa cuenca a aceptar la siembra de palma aceitera dentro de su territorio, así como, afirmando el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral ha sido sometida a abusos de autoridad por parte de integrantes del Batallón Fluvial 20, el viernes 25 de junio en Carmen del Darién. La afrodescendiente ha continuado siendo preguntada en diversas actuaciones policiales y militares acerca de su papel como matriarca del Curvaradó. En incursiones de tipo paramilitar a esta afrodescendiente la han preguntado, junto a los demás integrantes de la Junta del Consejo Mayor Comunitario del Jiguamiandó. Los “civiles armado” de la estrategia paramilitar anunciaron que varios integrantes del Consejo Comunitario, entre ellas, doña MARIA LIGIA CHAVERRA serían judicializados.

Debido a la resistencia de los pobladores frente a la presión policial y militar, la negación de aceptar las propuestas de desestructuración de su propuesta de defensa de la vida y del territorio como pobladores civiles, a la oportuna solidaridad internacional exigiendo la libertad por ausencia de pruebas reales y el respeto al debido proceso, ante la evidente violación a múltiples derechos los integrantes del Consejo Comunitario se encuentran en libertad.

De no actuarse disciplinariamente por parte de la Procuraduría General de la Nación y de negarse el poder ejecutivo a tomar las medidas administrativas pertinentes, estos abusos se repetirán nuevamente, de los cuales pocos se conocerá por el temor de sus víctimas sometidas a presiones y a controles, justificados por la mal llamada “política de seguridad democrática”.

DETALLES

* Domingo 9 de mayo, a las 9:00 horas tres afrodescendientes de la Zona Humanitaria de Bellaflor – Remacho llegaron por tierra al casco urbano de Murindó para comprar mercado, al llegar al punto de registro de la Policía, un agente luego de registrar sus nombres y números de identidad se comunicó con el oficial ZAMBRANO. El oficial de la policía se acercó al lugar y obligó a los tres afrodescendientes a colocarse de rodillas, expresándoles: “ustedes tienen que decirme ahora donde está el campamento de la guerrilla”(…) “si no nos dan información no lo dejo ir a mercar, a los ROMAÑA no los dejo mercar hasta que no traigan información”. Transcurridos 15 minutos, los agentes policiales los hicieron levantar e irse.

* Jueves 24 de junio, nuestra Comisión Justicia y Paz tuvo conocimiento en horas de la noche, que desde el sábado 19 de junio, NELSON GOMEZ, integrante de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, se le prohibió por parte del comandante de la Estación de Policía del Carmen del Darién –Mayor de la Policía HINCAPIÉ MORALES–, salir del casco urbano hacia su comunidad desplazada en la Cuenca del Jiguamiandó.

Desde el sábado 19 de junio, el Mayor HINCAPIÉ MORALES le propuso a NELSON GOMEZ acogerse al “programa de reinserción”, a lo cual este se negó, sosteniéndole al policía que él no era guerrillero ni miliciano.

El Mayor HINCAPIÉ permanentemente aseguró que el afrodescendiente NELSON era un miliciano que estaba haciendo inteligencia a la guerrilla, al tiempo, de intimidarlo y de ofrecerle simultáneamente una mejor vida por fuera de su territorio. Al negarse a aceptar los ofrecimientos policiales, los agentes estatales le advirtieron que debía sacar a su familia de la Cuenca del Jiguamiandó, que no podía salir del caserío del Carmen del Darién.

* Viernes 25 de junio de 2004. En horas de la tarde, a las 13:30 arribaron al casco urbano del municipio del Carmen del Darién cuatro pirañas del Batallón Fluvial 20

A las 14:15 horas los uniformados llegaron a una sede de un organismo humanitario, donde se encontraban alojados varios miembros de los Consejos Comunitarios que se trasladaron desde el Jiguamiandó y sus acompañantes de nuestra Comisión Justicia y Paz. Los uniformados preguntaron por la señora MARÍA LIGIA CHAVERRA, representante legal del consejo comunitario de Curvaradó e ingresaron al lugar subiendo hasta el segundo piso. Cuatro militares, exigieron que abrieran dos habitaciones que se encontraban cerradas con candado, luego solicitaron a la mayor adulta, afrodescendiente su documento de identidad, quien hizo entrega del mismo. A todos los demás, les solicitaron la identificación, los que días atrás habían sido confrontados por las unidades policiales. Ante la solicitud de la orden judicial para revisar el lugar, los militares expresaron que: “ellos podían ingresar a cualquier parte” .

Minutos después llamaron a MARÍA quién fue interrogada acerca de su identidad, de donde venía y por qué les tenía miedo. El documento de identidad de la mayor adulta estuvo en poder de las autoridades militares hasta las 16:07 horas.

• Sábado 26 de junio, aproximadamente a las 14:15 horas, en Carmen del Darién un abogado de nuestra Comisión de Justicia y Paz cuestionó al Mayor de la Policía Nacional, de apellido HINCAPIÉ acerca de la preocupación por la privación arbitraria de la libertad de JOSE YESID GUZMÁN y NELSON GÓMEZ. El oficial expresó no recordar a NELSON y negó el haber emitido órdenes a los pobladores para evitar su libre movilización fuera del casco urbano del municipio.
Sin embargo, nunca dio razón del por qué no era posible su libre movilización fuera del casco urbano.

Estos integrantes de los Consejos Comunitarios y los demás miembros de la comunidad del Jiguamiandó y Curvaradó que realizaban diligencia administrativas en la Alcaldía se movilizaron hasta la ciudad de Turbo.

Al arribar al puerto hacia las 18:15 horas, aproximadamente, fueron nuevamente abordados por dos civiles que se identificaron como miembros de la SIPOL. Los agentes estatales de la policía exigieron a todos los miembros de la comunidad y a sus acompañantes, la presentación de los documentos de identidad. Todos sus nombres y datos personales fueron escritos, no en un libro de registro, sino en hojas blancas informales por un miembro de la policía uniformado.

Los agentes de la SIPOL, llamaron a un lado a un miembro de la comunidad – FANNY OSTEN- y la interrogaron sobre su lugar de procedencia, lugar donde pasaría la noche, cuanto tiempo duraría en el lugar y destino final.

Una vez terminado el registro, y por segunda vez, en menos de tres días, agentes de la misma institución policial, JOSE YESID GUZMÁN fue llevado a la Estación de Policía. Los argumentos utilizados para su detención fueron los mismos de los argumentados en Carmen del Darién. Una hora después se le posibilitó salir del lugar exigiéndosele su presentación el día martes a las 2:00 p.m.

* Lunes 28 de junio, en horas de la mañana, el señor JOSE YESID GUZMÁN se dirigió hacia la Registraduría Nacional sede de Turbo, junto con integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz, presentando un derecho de petición en el que solicitaba la aclaración del problema de su identificación y documento de identidad.

Al salir del lugar, nuevamente fue retenido por dos vestido de civil de la Policía SIPOL, que lo trasladaron, junto con su hija menor de tres años, TATIANA. Ambos fueron transportados hasta la Estación, los agentes oficiales expresaron que hasta tanto no se aclarara su situación estaría en la instalación policial. A los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, les manifestaron que ellos tenían facultad para privarlo de la libertad por 36 horas, que la orden de detención provenía de Carepa, y que en Turbo estaba bajo la disposición del Sargento SALINAS.

A las 14:23 horas a misioneros de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que acompañaron a JOSE YESID les informaron, que el campesino sería trasladado hasta la sede principal de la Policía de Urabá, ubicada en Carepa. Según manifestaron, los agentes policiales era la orden y la disposición del Comandante de la Policía de Urabá, coronel YAMIL HERNANDO MORENO ARIAS. De acuerdo con lo expresado por un agentes de la SIPOL, vestido de civil de apellido PEÑA – quien se negó a identificarse plenamente- “con él (refiriéndose al Comandante YAMIL MORENO) arreglaría el problema cara a cara, de frente”.

Hacia las 14:30 horas JOSE YESID y su hija menor, fueron transportados por un agente de la SIJIN de apellidos GARCIA MORENO hacia Carepa.

A las 16:00 la acompañante misionera requirió a los funcionarios del Escuadrón de Policía de Urabá, que le permitieran entrevistarse con JOSE YESID. Los agentes policiales expresaron que él se encontraba en un “diálogo” con agentes de la SIJÍN quienes había solicitado no ser interrumpidos.

Ante la insistencia de la integrante de Justicia y Paz para que le permitieran entrevistarse con el campesino y su hija, el funcionario de la SIJIN, GARCIA MORENO, en tono agresivo expresó: “nosotros somos autoridad, no delincuentes, no le vamos a hacer nada, ¡por qué tanto interés en él!. El no está incomunicado y tan pronto se termine la entrevista, podrá hablar con él”.

En la “entrevista” sostenida con el Comandante de la Policía de Urabá, éste le preguntó a JOSE YESID por el número del documento de identidad, sospechando de la identidad del poblador y negándose aceptar la razón de las dificultades de la documentación, afirmó el oficial: “nunca he visto una cosa semejante”. En dos ocasiones, el oficial de la Policía se levantó, se retiró y al regresar lo llamó en distintos momentos por su primer y segundo nombre: “hombre Yesid” o “hombre José”, probando si efectivamente eran sus nombres.

El oficial le expresó: “hombre JOSE YESID, llegó el momento de que aproveche, ya que llegó hasta aquí, no desperdicie la oportunidad de estar aquí. Además … yo ya lo sé todo, por que LEOFANOR – el campesino que según el informe oficial, y en extrañas circunstancias, y con profunda sorpresa, resultó acogiéndose al programa de reinserción – me lo contó todo y él sabe mucho, pero usted sabe más que LEOFANOR sobre la guerrilla”.

Presionando al poblador, el oficial de la Policía le ofreció posibilidades para “mejorar” su situación personal, “salga de allá con toda su familia, cambie de situación, usted qué hace por allá sufriendo, no desperdicie esta oportunidad que se le está dando, puede estar tranquilo aquí afuera”.

Luego a JOSE YESID se lo interrogó por la presencia de la guerrilla y de un miliciano de apodado “Tuto”. El miembro del Consejo Comunitario expresó al oficial: “desde hace mucho tiempo que está en la guerrilla, no sé donde anda, la guerrilla ha estado en la zona desde hace muchos años, pero nosotros hemos construido nuestro proyecto de vida como población civil, en esas estamos”.

En ese momento llamó a LEOFANOR a quien le preguntó por el nombre de El Tuto”, cuando este vio a JOSE YESID agachó la cabeza y respondió al policía: “no conozco el nombre, solo lo llamaban por Tuto”, después lo hicieron salir del cuarto”. El oficial continúo el interrogatorio preguntando por los padres del llamado “Tuto”, y los demás miembros de la familia

En medio del interrogatorio el comandante le dijo a JOSE YESID: “piense bien las cosas, por que si no, tal como le dije a LEOFANOR, lo pelo, es importante colaborar, y a usted le puede suceder lo mismo sino colabora”.

El oficial de la policía expresó “cuando vea al “Tuto”, dígale que se desmovilice y venga aquí” (…) “yo sé que un hijo suyo está en la guerrilla… no lo niegue porque yo tengo el nombre y sé quien es” (…) “¿Usted que piensa de eso?”, el campesino respondió: “mi hijo, es un hombre mayor de edad, a mi me duele su situación, eso es asunto de él…, esa fue su decisión, yo no tengo nada que ver con eso, porque fue lo que el quiso hacer, yo no soy él ni nadie de mi familia es él ”. Agregó el alto oficial: “su niña es muy bonita, que futuro les espera, “allá donde usted vive las posibilidades económicas no se prestan” (…). “Yo sé muchas cosas, yo voy a estar pendiente, entró por allá como lo hice en la comunidad de Bartolo y lo sacó con toda la familia y todo es tranquilidad. Aconseje a su hijo, el guerrillero, y cuando usted quiera, habla con el Mayor de Carmen del Darién, él envía una panga, los recoge y todo es bienestar. Piénselo”.

En el interrogatorio, el Coronel MORENO, preguntó por los Consejos Comunitarios: “¿Quién es María Chaverra?”, “a qué de dedican los Consejos Comunitarios” a lo que este respondió: “es una campesina, representante legal de la Cuenca de Río Curvaradó. Y los Consejos Comunitarios es la figura legal de la ley 70 para nuestros derechos a la vida y al territorio”. “Piense lo que le he dicho. Dígales a todos los de allá que se salgan, por que allá no están haciendo nada y están jodidos, como usted, que no tiene nada. Aquí en el Urabá tienen las puertas abiertas, para que se vengan a la hora que quieran”

Al terminar insistió el alto oficial de Policía diciéndole a JOSE YESID: “José, desmovilícese, piénselo y si se va a desmovilizar lo vamos a buscar con su familia. Yo tengo la fe de que usted va a volver a contármelo todo” (…) “yo sé que tu sabes… de todas maneras vamos a dejarlo que se vaya. No le hemos dado mal trato. Usted no se ha sentido amenazado por nosotros?, cierto?”. El afrodescendiente expresó: “yo no tengo nada más que contar, he dicho la verdad”. El oficial insistió, “acepte entregarse”, luego le ordenó a un agente de la SIJIN que lo llevara a la Estación de Turbo, “allá en Turbo… lo van a recoger esa gente que está muy preocupada por Usted”.

A las 16:15 de la tarde, según información oficial proveniente del mismo Coronel MORENO, este manifestó que tenían retenido a JOSE YESID porqué el campesino era “sospechoso” pues el número de su cédula era incorrecto. Igualmente, el alto oficial negó tener a la niña en su poder. Sin embargo, el señor JOSÉ YESID GUZMÁN ha sido privado de su libertad, acompañado siempre de su menor hija de seis años, TATIANA, con quien permaneció todo el tiempo de su retención ilegal.

A las 18:30 de la tarde, en diálogo con la Defensoría del Pueblo se informó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que el Coronel MORENO expresó que JOSE YAMID quedaría en libertad, dos horas más tarde.

Hasta las 18:40, JOSÉ YESID GUZMÁN y su hija de 6 años, TATIANA fueron trasladados hasta la Estación de Policía de Turbo.

A la misionera acompañante se le informó que sería entregado en dicha ciudad.

A las 20:40 horas JOSE YESID y la menor de edad recobraron la libertad en la ciudad de Turbo.

LINEAS DE INTERPRETACIÓN

Los abusos de autoridad no han sido esporádicos, parecen obedecer a una decisión a una planeación, a una pretensión. Parece configurarse nuevamente una dinámica de persecución. Un mismo patrón de actuación de todas las unidades policiales. Interrogatorios disfrazados de entrevistas o de diálogos. Ofrecimientos que ofician como mecanismo de seducción de la conciencias ante las condiciones de exclusión y de bloqueo en que se encuentran … un telón de fondo, una supuesta persecución a la guerrilla de las FARC EP, que como en el pasado se han dirigido contra la población civil cuyo único delito ha sido vivir en zonas donde la guerrilla ha vivido, cuyo único delito ha sido afirmar integralmente sus derechos en defensa de la vida asumiendo el derecho de distinguirse de los combatientes de uno y de otro bando.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no existen razones para privar de la libertad a un ciudadano por sospecha, ni siquiera mientras se resuelven las dudas sobre su identidad.

No ha empezado a regir el estatuto antiterrorista, el procedimiento seguido por los oficiales de la policía, reproduce las actuaciones ordenadas en los “zonas de rehabilitación”, en el decreto 2002 de 2002, declarado inconstitucional por sentencia de la corte constitucional, contenido que es reasumido por la ley antiterrorista que entra a revisión, antes de la sanción presidencial, de la Corte Constitucional. Los controles de movilización y los registros de los que fueron objeto los campesinos y sus acompañantes son una expresión fáctica de lo que aún formalmente no se ha promulgado.

La persecución y hostigamiento de que son objeto los habitantes de las cuencas del Curvaradó por parte de oficiales de la policía, tienen como presunción el señalamiento a los afrodescendientes que habitan dentro de la cuenca de ser miembros de la guerrilla de las FARC EP. Esa excusa sustenta los abusos, pero al tiempo, los diversos mecanismos de fragmentación del tejido social, donde los lazos de solidaridad se transforman en lazos de enemistad. La razón de Estado destruye los núcleos de la moral pública y de las relaciones entre los ciudadanos, los pretende volver en enemigos. Los llevados a falsas entrevistas, mejor interrogatorios, luego de ser llamados a un procedimiento legal de presentación de sus documentos de identidad, son sometidos a presiones psicológicas de diverso tipo.

Varias facetas, la autoridad que amenaza, que se convierte en la autoridad que seduce todo a cambio de una supuesta “libertad” o de una vida de bienestar. No importa afirmar la verdad, es necesario inventar o mentir para lograr la ficticia “libertad” o los privilegios. No importa que sea su propia familia o amigo. Las razones de Seguridad de Estado de rasgos autoritarios – sin razones – irracionales- el desbordamiento de la legalidad, el rompimiento de los límites del Derecho son los mecanismos que inspiran la sombría “seguridad democrática”. Mientras los pobladores civiles son sometidos a persecuciones, a abusos de autoridad estructuras criminales que los han hecho víctimas gozan de los privilegios de la institucionalización, del silencio mediático, del olvido social, de la impunidad jurídica y política. Las víctimas ahora son los victimarios. Mientras las posesión fáctica de los territorios continúa extendiéndose en sembrados agroindustriales de palma aceitera, los campesinos son sometidos al más oscuro sistema de control y de represión, a la imposibilidad de su retorno, a la imposibilidad del derecho a su identidad.

Bogotá, D.C junio 30 de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz