Respaldo a la Senadora Piedad Cordoba
El 12 de abril de 2010 el Procurador General Alejandro Ordoñez formuló cargos contra la senadora Piedad Córdoba por haber “colaborado y promovido” la organización armado ilegal FARC-EP y por “instigación a los gobiernos progresistas de Latinoámerica a romper relaciones diplomáticas con Colombia”, “haber invitado en actos públicos a la subversión y la rebeldía” así como de haber cometido “actos de fraccionamiento de la unidad nacional” por lo que existe una condena de entre 20 y 30 años de prisión.
Para la Procuraduría General de la Nación sus presuntos relaciones con las FARC-EP se basan en documentos encontrados en un portátil y USB’s incautados en el operativo contra alias “Raúl Reyes” el 1ero de marzo de 2008, pruebas que son fácilmente manipulables. Además hay que re! saltar que los documentos fueron hallados de forma ilegal ya que el mismo operativo fue un acto ilegal que violó la soberanía nacional de Ecuador.
Las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Piedad Córdoba constituyen otra de tantas agresiones, dirigidas desde el gobierno que buscan perseguir y criminalizar a las personas que trabajan a favor de la paz y de los derechos humanos, de la soberanía nacional y de la protección de los territorios, carecen de total fundamentación jurídica y fundamentación fáctica y parecen pertenecer a la campaña de desprestigio en contra de opositoras políticas que ha sido liderada por el DAS y el grupo ilegal G3, tal como fue denunciado por la Fiscalía General de la Nación en abril de 2010.
Respaldamos a la senadora Piedad Córdoba frente a este nuevo mecanismo de instituc! ionalización del delito de libre pensamiento, de la libre opinión; ante la criminalización del Articulo 22 de la Constitución Nacional del derecho a la paz y el deber de construir la paz por su labor en la humanización del conflicto armado interno. El proceso disciplinario llevado en su contra por la Procuraduría es la manifestación inequívoca de la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición y la construcción de la paz y la afirmación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Invitamos a las organizaciones de víctimas del mundo, a las organismos de derechos humanos, a los colegios de abogados a sumarse en manifestaciones de objeción a la labor del Procurador General de Nación de Colombia, quién a través de sus funcionarios ha abogado por la absolución de responsables de criminales de lesa humanidad y criminales de guerra.
Por este hecho y las g! raves decisiones, opiniones que ha tomado en contravía de los principios de un Estado democrático y social de derechos, con igualdad y respeto a las libertades, llamamos a la revocatoria del mandato del actual Procurador General de la Nación y llamamos a la Corte Suprema de Justicia en debido proceso y con celeridad adopte decisiones de fondo frente a la cuestionada labor del Procurador General de la Nación.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
24 de abril de 2010