Resolución y Certificación del Gobierno Colombiano y de las Fuerzas Armadas con respecto a los Condicionamientos en Derechos Humanos

El 9 de septiembre de 2010, el Departamento de Estado determinó y certificó al Congreso que el gobierno colombiano y las fuerzas armadas están cumpliendo los criterios legales relacionados con los derechos humanos.

Esta resolución y certificación, que es conforme con la Sección 7046(b) del Departamento de Estado, Operaciones Exteriores y la Ley de Apropiaciones de Programas Relacionados 2010, permite que los fondos de todo el balance del año fiscal 2010 para las fuerzas armadas colombianas sean asignados. Aunque sigue habiendo necesidad de mejora, el gobierno colombiano ha tomado medidas positivas para mejorar el respeto de los derechos humanos en el país y con ello ha cumplido los criterios de certificación. El firme mandato del gobierno y de la cúpula militar, de que no se tolerarían ejecuciones extrajudiciales, ha conducido a un retroceso rápido en esta preocupante tendencia. La administración del Presidente Santos ha dado pasos significativos para demostrar que se toma seriamente el tema de los derechos humanos, que incluye el establecimiento de una mesa redonda sobre asuntos laborales, una reunión con entidades no gubernamentales y grupos de la sociedad civil y el compromiso de aumentar su acercamiento con estos grupos, y llegar a los tribunales colombianos para reparar las relaciones con el sistema judicial.

Sin embargo, a pesar de años de mejoras al sistema de justicia de Colombia, la impunidad sigue siendo un motivo de preocupación. El Fiscal General de la Nación necesita mejorar su estructura y capacidad de respuesta en la solución de casos y superar los desafíos de personal resultantes de la implementación de un examen de ingreso constitucionalmente encomendado. La selección rápida de un Fiscal General también es vital para avanzar en la lucha contra la impunidad. Continuarán las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, aunque lentamente, y hay preocupaciones acerca de la transferencia de los casos de los militares al sistema judicial civil. Las denuncias por interceptación ilegal de líneas telefónicas y vigilancia por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia son inaceptables. Es vital que la Fiscalía General lleve a cabo una investigación rigurosa, exhaustiva e independiente para determinar el alcance de estos abusos y responsabilizar a todos los autores. Las amenazas de grupos criminales contra defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Colombia también son sumamente inquietantes. La condena del gobierno colombiano de estas amenazas y la legislación para aumentar las penas son medidas recibidas con beneplácito. Vamos a continuar alentando al gobierno para que incremente su atención en este tema y para que resalte la importancia de unas investigaciones serias y oportunas de estas amenazas.

El gobierno de los Estados Unidos sigue comprometido en un fuerzo permanente con el gobierno de Colombia para mejorar el desempeño de los derechos humanos de las fuerzas armadas de Colombia, y el respeto de estos en todo el país. Esperamos con interés trabajar con el gobierno de Santos para construir sobre los compromisos que se han hecho y para identificar maneras de seguir avanzando en áreas de interés. A lo largo de este proceso, continuaremos comprometidos con los grupos de derechos humanos colombianos e internacionales, así como también con la sociedad civil, en relación con el rendimiento de los derechos humanos de Colombia. Apreciamos el compromiso de estos grupos y aplaudimos su trabajo, tan a menudo peligroso.

http://spanish.bogota.usembassy.gov/pr_117_15092010.html