Parlamento europeo respalda el Acuerdo de Paz en Colombia y su preocupación por los territorios
Vistas sus anteriores resoluciones, en particular su Resolución, de 20 de enero de 2016, en apoyo del proceso de paz en Colombia[1], – Visto el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra[2], firmado en Bruselas el 26 de julio de 2012, así como el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración[3], firmado el 2 de diciembre de 2015.
Vista la declaración de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 1 de octubre de 2015, por la que se nombró a Eamon Gilmore enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia.
Visto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército Popular (FARC-EP), firmado el 24 de noviembre de 2016.
Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y, en particular, el informe de 26 de marzo de 2021.
Visto el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 10 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Vista la declaración conjunta, de 9 de febrero de 2021, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, y el comisario Janez Lenarčič, sobre la decisión de Colombia de conceder el Estatuto Temporal de Protección a los migrantes venezolanos, y la declaración del portavoz del VP/AR, de 26 de febrero de 2021, sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia.
Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno.
A. Considerando que en noviembre de 2021 Colombia conmemorará el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia dirigido por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), que puso fin a un conflicto de más de 50 años y representa un paso
importante en la construcción de una paz estable y duradera en el país; que Colombia ha mantenido su integridad democrática a pesar de haber atravesado largos períodos de violencia excepcional;
B. Considerando que el Tribunal Constitucional de Colombia ha estimado que se necesitarán al menos quince años para cumplir el Acuerdo Final, la planificación decenal de la Hoja de Ruta Única y el actual Plan Plurianual de Inversión para la Paz de cuatro años, con recursos de casi 11 500 000 000 USD;
C. Considerando que el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente del Partido Comunes (anteriormente FARC), Rodrigo Londoño, se reunieron el 10 de marzo de 2021 para debatir el estado de aplicación del Acuerdo Final; que, en el diálogo facilitado por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Colombia y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambas partes reiteraron su compromiso con el Acuerdo Final y acordaron trabajar conjuntamente para diseñar una hoja de ruta durante el resto del plazo previsto para su aplicación global, así como redoblar sus esfuerzos para reforzar la reintegración de los excombatientes y las garantías de seguridad para ellos;
D. Considerando que los antiguos combatientes guerrilleros también avanzan en su proceso de reintegración a la vida civil, y que el sistema jurídico y constitucional de Colombia está adoptando reformas precisas para garantizar que se cumplan los compromisos del acuerdo y que el futuro del país pueda construirse sobre ellos;
E. Considerando que, en el Acuerdo Final, las partes acordaron establecer una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que comprendía el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como acuerdos sobre reparaciones para las víctimas, entre otros, como se reconoce en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 10 de febrero de 2021; que Colombia se enfrenta a problemas complejos en la aplicación integral del Acuerdo Final, agravados por la situación de la COVID-19 y la llegada y acogida de migrantes venezolanos;
F. Considerando que, el 26 de enero de 2021, la JEP de Colombia anunció su primera decisión importante, consistente en la imputación de ocho altos dirigentes de las antiguas FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en lo que ha sido el resultado más claro hasta la fecha de la justicia transicional en el país; que también ha confirmado los avances en la investigación de los llamados «falsos positivos»; que, la JEP ha emprendido acciones para avanzar hacia el establecimiento de un diálogo permanente y fluido con las autoridades indígenas;
G. Considerando que siguen haciéndose avances importantes que ofrecen un ejemplo en cuanto al potencial transformador del Acuerdo de Paz, entre los que se encuentra, por primera vez, un enfoque específico en materia de género; que deben hacerse más avances en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos y los programas de apoyo a las mujeres y las niñas víctimas de violencia, en particular de violaciones y secuestros; que, habida cuenta de la interconexión entre los distintos capítulos del acuerdo, es sumamente importante integrar activamente el enfoque de género en todos los ámbitos;
H. Considerando que, a pesar de que las conversaciones de paz han dado lugar a una reducción significativa del número de muertes y de la violencia en Colombia, la degradación de la seguridad en las distintas regiones de Colombia se considera en general un obstáculo para el proceso de paz, con un aumento preocupante de la
violencia, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos de líderes sociales e indígenas, excombatientes de las FARC y defensores de los derechos humanos, según informan las Naciones Unidas; que las fuerzas de seguridad también son objeto de ataques y violencia;
I. Considerando que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas verificó el asesinato de 73 excombatientes en 2020, lo que eleva a 248 el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) recibió información sobre el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos en el
último año, de los cuales se habían verificado 53 casos; que, además, registró 69 incidentes con un gran número de víctimas civiles en 2020, con la muerte de 269 civiles, entre los que se encontraban 24 niños y 19 mujeres; que las Naciones Unidas han informado de que son necesarios mayores esfuerzos para aplicar el Acuerdo de Paz;
J. Considerando que el secretario general de las Naciones Unidas ha establecido como prioridades abordar la violencia persistente contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, la necesidad de mejorar la sostenibilidad del proceso de reintegración, la consolidación de una presencia estatal integrada en las zonas afectadas por conflictos, el refuerzo del diálogo constructivo entre las partes como medio de promover la aplicación del Acuerdo de Paz y la necesidad de reforzar las condiciones de reconciliación entre las partes;
K. Considerando que, en 2017, el Gobierno colombiano inició conversaciones formales de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); considerando que, no obstante, en enero de 2019, poco después de que el ELN hiciera explotar junto a una academia de policía de Bogotá un coche bomba que mató a 22 personas, el Gobierno del presidente Iván Duque puso fin a las conversaciones de paz; que en algunos departamentos prosigue la dinámica del conflicto con implicación del ELN, con enfrentamientos con otros actores armados ilegales y con las fuerzas de seguridad pública; que el Gobierno insiste en que la posibilidad de reanudar las conversaciones está supeditada al cese de las acciones violentas del ELN, en particular los secuestros, el reclutamiento de niños y la colocación de minas, mientras que el ELN mantiene su posición de que cualquier petición de este tipo por parte del Gobierno debe abordarse en la mesa de negociación;
L. Considerando que la importante decisión tomada por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, de mostrar solidaridad ofreciendo el Estatuto Temporal de Protección y la regularización de aproximadamente 1 800 000 migrantes venezolanos residentes en el país a través de permisos migratorios temporales les permitirá registrarse y mejorar su acceso a servicios estatales, como la sanidad y la educación, y su integración socioeconómica, reduciendo así su vulnerabilidad; que Colombia y Venezuela comparten más de 2 000 kilómetros de frontera porosa; que la frontera entre Colombia y Venezuela se compone principalmente de zonas forestales densas y terreno abrupto, lo que la hace propicia para actividades ilícitas y la delincuencia organizada;
M. Considerando que el Fondo Fiduciario de la Unión para Colombia ha movilizado 128 000 000 EUR con cargo al presupuesto de la Unión, 21 Estados miembros, Chile y el Reino Unido; que su quinto Comité Estratégico definió sus futuras líneas estratégicas el 22 de enero de 2021;
N. Considerando el papel clave de la sociedad civil en favor de la paz, que agrupa a organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones de mujeres, comunidades campesinas, comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas que han desarrollado múltiples iniciativas y propuestas en el ámbito local, regional y nacional;
O. Considerando que la Unión y Colombia mantienen un marco de estrecha colaboración política, económica y comercial, establecido en el Memorándum de Entendimiento de noviembre de 2009 y en el Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú y la Unión y sus Estados miembros, cuya aspiración última es no solo potenciar las relaciones económicas y comerciales entre las partes, sino también reforzar la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos; que Colombia es un socio estratégico y es fundamental para la estabilidad regional; que la Unión y la República de Colombia establecieron un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de la Unión Europea de gestión de crisis, que entró en vigor el 1 de marzo de 2020;
P. Considerando que esta estrecha relación se extiende a espacios de colaboración internacional en asuntos multilaterales de interés mutuo, como son la lucha por la paz y contra el terrorismo y el narcotráfico;
1. Reitera su apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia y acoge con satisfacción el reciente diálogo que ha tenido lugar entre las partes, al tiempo que reconoce su esfuerzo político, realismo y perseverancia; reitera su disposición a seguir proporcionando toda la asistencia política y financiera posible para apoyar la aplicación integral del Acuerdo de Paz, acompañar la fase posconflicto, en la que sigue siendo esencial la participación de
las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, y tener debidamente en cuenta las prioridades expresadas por las víctimas en términos de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición; reitera su solidaridad con las víctimas;
2. Destaca que el Acuerdo de Paz colombiano es citado a menudo como modelo en todo el mundo debido a su determinación de abordar los problemas que causaron el conflicto y su pronunciada atención a los derechos y la dignidad de las víctimas; recuerda que deben aplicarse todas las partes de un acuerdo tan complejo e innovador, ya que están todas imbricadas para el tratamiento de las causas profundas del conflicto; pide al Gobierno colombiano que siga avanzando en la aplicación de todos los aspectos del Acuerdo de Paz;
3. Celebra los progresos de Colombia en ámbitos como la Reforma Rural Integral, los programas de desarrollo rural (PDET), la defensa de los derechos de las víctimas, la resolución del problema de las drogas ilícitas, la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras y la reintegración de excombatientes, y alienta el despliegue de esfuerzos adicionales para aplicar todos los aspectos del Acuerdo de Paz, en particular aquellos ámbitos socioeconómicos en los que se han logrado menos progresos; destaca la importancia de que el proceso de paz vaya acompañado de un esfuerzo decidido por luchar contra la desigualdad y la pobreza, entre otros medios, a través de la búsqueda de soluciones justas para las personas y comunidades expulsadas a la fuerza de sus tierras; considera que los grupos que han sufrido de forma desproporcionada el conflicto, como las comunidades afrocolombianas e indígenas, deben recibir un apoyo especial; reconoce el trabajo de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia;
4. Subraya el papel histórico y fundamental de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), elaborados por las comunidades de los 170 municipios más afectados por el abandono, la pobreza y la violencia;
5. Acoge con satisfacción todas las medidas ya adoptadas por la JEP para crear un futuro, con la consolidación de la paz y la falta de impunidad como núcleo, y pide la JEP que prosiga sus importantes esfuerzos, a pesar de los numerosos problemas, incluidos los retrasos en la aplicación de la legislación; pide a las autoridades colombianas que preserven la autonomía y la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y que lo protejan como contribución esencial a una paz sostenible y duradera;
6. Condena los asesinatos y la violencia contra defensores de los derechos humanos, excombatientes de las FARC y líderes sociales e indígenas; hace hincapié en que abordar la violencia persistente contra ellos es uno de los principales retos en Colombia; observa que el conflicto se ha agravado en zonas rurales del país y lamenta la violencia causada principalmente en esas zonas por grupos armados ilegales y delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas y la minería ilegal; observa que se han notificado varios casos de reclutamiento forzoso, violencia sexual contra niños y mujeres, matanzas, torturas y otras atrocidades y ataques contra comunidades y autoridades étnicas, y que se han visto afectadas las autoridades públicas; pide
investigaciones rápidas y exhaustivas y que los responsables rindan cuentas; insta al Estado colombiano a que incremente y garantice la protección y la seguridad de todos los líderes sociales y políticos, los activistas sociales y los defensores del medio ambiente y de las comunidades rurales; observa con especial preocupación la problemática situación del departamento de Cauca, planteada en la declaración de las
Naciones Unidas;
7. Reconoce los esfuerzos por combatir la delincuencia de grupos armados organizados y otras organizaciones; subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes para aumentar la protección, por lo que pide una presencia integrada más fuerte del Estado en los territorios, así como la adopción por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de una política pública para desmantelar organizaciones delictivas; acoge con satisfacción, en este sentido, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de Personas en Reincorporación;
8. Acoge con satisfacción la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031 y el aumento de su presupuesto, lo que beneficia a más de nueve millones de personas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas, y la participación política efectiva de las FARC, ahora Partido Comunes, y los progresos realizados en la reintegración de casi 14 000 excombatientes; acoge con satisfacción la adquisición de terrenos por el Gobierno de siete de los veinticuatro antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y destaca el despliegue de la seguridad en ellos, además de las medidas de protección social que cubren a más de 13 000 excombatientes;
9. Reconoce los esfuerzos de las instituciones colombianas y las anima a hacer más progresos hacia la garantía de la defensa íntegra y permanente de los derechos humanos, en consonancia con su deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; destaca la disminución de la tasa de homicidios, que pasó de 25 a 23,7 por cada
100 000 habitantes entre 2019 y 2020, como reconoce el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; reconoce el compromiso del Gobierno con la protección de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y excombatientes y las comunidades remotas;
10. Expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de su obligación de hacerlo, hasta la fecha las antiguas guerrillas no han facilitado información sobre las rutas de tráfico de drogas y las fuentes de financiación que sustentan a los grupos criminales que atacan a defensores, líderes y excombatientes; señala asimismo su preocupación por el hecho de que el plazo fijado para la entrega de los activos de las antiguas FARC-EP para
indemnizar a las víctimas expiró el 31 de diciembre de 2020, y solo se ha entregado el 4 % del importe acordado;
11. Anima al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias en el contexto económico actual para promover cambios estructurales, como han recomendado las Naciones Unidas, que contribuyan a mejorar la situación general y a maximizar el potencial del Acuerdo de Paz para una transformación positiva de la situación de los derechos humanos en Colombia; pide a las organizaciones cívicas que cooperen para restablecer la convivencia en reconciliación en Colombia;
12. Insiste una vez más en que la violencia no es un método legítimo de lucha política, y pide a quienes compartían tal convicción que abracen la democracia con todas sus consecuencias y exigencias, la primera de las cuales es el abandono definitivo de las armas y la defensa de sus ideas y aspiraciones acatando las normas democráticas y del Estado de Derecho; pide, en este sentido, al ELN, incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y a los grupos disidentes de las FARC-EP que pongan fin a la violencia y los atentados terroristas contra la población de Colombia y que se comprometan firme y decididamente, sin más demora, con la paz en Colombia;
13. Destaca los progresos registrados en la retirada de minas antipersonas en 129 municipios y la ampliación del plazo para su eliminación hasta 2025; 14. Elogia el paso notable y sin precedentes dado por Colombia con la concesión del Estatuto Temporal de Protección a unos 1 800 000 migrantes venezolanos residentes en el país, que contribuirá a garantizar el disfrute y la protección de sus derechos humanos y a paliar el sufrimiento humano de los migrantes venezolanos en Colombia, ofreciéndoles al mismo tiempo oportunidades para recibir una mejor asistencia, incluida la vacunación contra la COVID-19, protección e integración social; espera que la
iniciativa de la Unión de contribuir a los esfuerzos regionales para hacer frente a la crisis migratoria allane el camino para un mayor apoyo acorde con la excepcional solidaridad de Colombia, y pide a otros miembros de la comunidad internacional que se unan para apoyar a Colombia en este proceso; pide que se intensifique la respuesta para dar una solución política y democrática a la crisis de Venezuela;
15. Pide a la Comisión y al Consejo Europeo que redoblen su apoyo político y económico a Colombia en el marco de los nuevos instrumentos de cooperación durante el nuevo período presupuestario;
16. Destaca la contribución de la Unión, especialmente a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, que centra sus recursos en la Reforma Rural Integral y la reintegración, haciendo hincapié en los PDET y la formalización de la propiedad de la tierra;
17. Resalta la participación del sector privado en el apoyo a las víctimas, la reintegración, la sustitución de cultivos ilícitos y los 170 municipios PDET; pide a la Comisión que intensifique la sinergia entre el Acuerdo Comercial y los nuevos instrumentos de cooperación destinados a garantizar el acceso al mercado europeo, los intercambios y las inversiones, a fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos y los ingresos de la población beneficiaria y reducir su vulnerabilidad frente a la delincuencia y a las economías ilícitas;
18. Considera que el éxito de la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016, como contribución a la paz y a la estabilidad mundiales, seguirá siendo una prioridad clave de unas relaciones bilaterales reforzadas a través del Memorándum de Entendimiento aprobado por el Consejo el pasado mes de enero; alienta, en la misma línea, una mayor cooperación entre la Unión y Colombia con el fin de mejorar los medios de subsistencia tanto de los ciudadanos colombianos como de los ciudadanos de la Unión mediante el refuerzo de las sinergias entre la asociación comercial UE-Colombia y el Acuerdo de Paz; apoya la prórroga del mandato del enviado especial para la paz en Colombia;
19. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia de turno de la Unión Europea, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y el Congreso de la República de Colombia.
[1] DO C 11 de 12.1.2018, p. 79.
[2] DO L 354 de 21.12.2012, p. 3.
[3] DO L 333 de 19.12.2015, p. 3.
Quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia – Resolución del Parlamento Europeo, 29 de abril de 2021
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Resolución del Parlamento Europeo