Resistencia a la minería en el sur de la Guajira
as comunidades denunciantes mostraron que el extractivismo minero solo les ha traído la pérdida de territorios, la destrucción de las bases de su subsistencia para depender exclusivamente del mercado, el agotamiento de las fuentes de agua –no solo por la sequía sino por el alto consumo de agua por parte de Cerrejón para la explotación minera y hasta ¡para mantener sus campos de golf!–.
“Yo acuso a Cerrejón por violar los derechos al territorio, acuso a Cerrejón por quitarnos el ser y el existir…”1
El pasado 7 de agosto, mientras el país presenciaba la fastuosa ceremonia de posesión por segunda vez del presidente Juan Manuel Santos, en el sur de La Guajira comunidades indígenas wayúu, afrocolombianas y campesinas realizaban las “Jornadas por la Vida la Autonomía y la Permanencia en el Territorio”. Aunque este evento no tuvo la debida difusión mediática, fueron determinantes en la resistencia de esas comunidades al extractivismo minero.
Mucho se ha dicho en los últimos meses sobre los problemas de La Guajira, especialmente por la pavorosa sequía que ha producido no solo escasez de agua potable, sino la desnutrición generalizada entre sus habitantes, lo que ha derivado en la muerte de niños, especialmente de las comunidades wayúu del norte de la península. A esto se suman los continuos cortes de energía y el reciente cierre de la frontera con Venezuela con la intención de cortar el contrabando. Pero el problema de fondo que se expresó en las citadas Jornadas y que se reprodujo en el Paro Cívico Departamental del 11 y 12 de agosto, es lo poco que le queda al país y en especial a los guajiros de la riqueza minera, para no hablar de la destrucción ambiental, territorial, cultural y humana que ha traído la presencia desde hace décadas de las multinacionales en El Cerrejón (El Espectador, 11 de agosto de 2014, pp. 2-3).
Pero lo que más indignó a las gentes del sur de La Guajira fue la propuesta de las mineras de desviar el Río Ranchería para acceder a nuevos yacimientos de carbón. Este anuncio hecho en 2012, provocó la resistencia cada vez más organizada de las comunidades circunvecinas, especialmente del resguardo de Provincial en Barrancas. Al parecer, por esta resistencia Cerrejón ha decidido posponer –por ahora– el proyecto.
En ese contexto, entre el 7 y el 9 de agosto se realizaron en Barrancas y Hatonuevo, las mencionadas Jornadas que incluían un Tribunal Internacional de Opinión sobre el impacto de la minería en el sur de La Guajira; cinco recorridos por lugares sagrados y territorios comunitarios afectados por Cerrejón; la conmemoración de los 13 años del desalojo de la comunidad afro de Tabaco por la misma minera; y la realización de una forma novedosa de resistencia al extractivismo: las Consultas Autónomas por parte de las comunidades wayúu de Provincial y Tamaquitos II. A estos eventos acudieron unas 400 personas, una cuarta parte de ellas proveniente de organizaciones ambientales y campesinas de otras zonas del país, así como de ONG nacionales e internacionales, y las restantes fueron miembros de comunidades indígenas, afro y campesinas de la zona.
El jueves 7 de agosto se llevó a cabo el Tribunal de Opinión ante seis jueces provenientes de Suiza, Canadá, Honduras y de otras partes del país. Las denuncias de las comunidades se organizaron en tres bloques: 1) Territorio, Cultura y Autonomía; 2) Economía, Trabajo y Salud de los Trabajadores; 3) Agua y Medio Ambiente. En cada bloque había una intervención central de denuncia y luego, por cinco minutos, cada comunidad exponía su caso.
Las comunidades denunciantes mostraron que el extractivismo minero solo les ha traído la pérdida de territorios, la destrucción de las bases de su subsistencia para depender exclusivamente del mercado, el agotamiento de las fuentes de agua –no solo por la sequía sino por el alto consumo de agua por parte de Cerrejón para la explotación minera y hasta ¡para mantener sus campos de golf!–, la contaminación de toda forma de vida por el polvillo que se desprende de la mina, el deterioro de las vías de acceso, la contaminación auditiva por las permanentes explosiones para arrancar el carbón, el consiguiente agrietamiento de sus viviendas, la supresión de la libre movilidad y la permanente vigilancia no solo las fuerzas del orden sino de vigilantes privados, un precario empleo y gran parte de él tercerizado, la pérdida de valores culturales y la solidaridad comunitaria que les garantizaba el “buen vivir”, y, más grave, la proliferación de enfermedades entre los trabajadores de la mina y los habitantes de la zona que ha llevado a la muerte de algunos de ellos. En pocas palabras, como lo dijo el geólogo Julio Fierro, el sur de La Guajira está “condenado por Cerrejón”.
Todas estas denuncias y otras más puntuales se pudieron ver en concreto al hacer, al otro día, los recorridos por territorios y lugares sagrados afectados por la minería. Como suelen señalar las comunidades indígenas, la memoria de ellas está labrada en los territorios, ahora vulnerados por Cerrejón. Por ello, los recorridos fueron igualmente una forma de prepararse para las jornadas del 9 de agosto.
Ese día, de una parte se tuvo la conmemoración del desalojo de la comunidad afro de Tabaco hace 13 años, desalojo que fue el inicio de una cadena de reasentamientos marcados por incumplimientos y violaciones de derechos humanos. Los desalojados denunciaron incluso que el patrón de la comunidad, San Martín de Porres, aún está “secuestrado” en una estación de policía. Tal vez por eso dominó la pesadumbre en la conmemoración, pues incluso los actos se hicieron a la orilla de la carretera, ya que Cerrejón no dio permiso para entrar al predio La Cruz, el terreno prometido para reubicar a los desalojados que no se les ha entregado. Pero hay también una luz de esperanza de que el caso de Tabaco se reabra por presión de la propia comunidad y el decidido apoyo de otras de la región, y especialmente de Sintracarbón.
La otra actividad del 9 de agosto fue la realización de Consultas Autónomas en las comunidades de Provincial y Tamaquitos II. Esta es una forma de salirle al paso a las limitaciones de las consultas previas oficiales, que cada vez son más actos rituales para imponer el consentimiento de la comunidad ante una megaobra o un proyecto extractivista. Y muestran la capacidad de respuesta autónoma de las comunidades ante proyectos que las vulneran.
Con estos elementos en mente, las autoridades indígenas convocaron a participar a estas dos comunidades para pronunciarse ante la pregunta: ¿quiere el territorio libre de minería? En cada lugar de votación hubo dos mesas: una para jóvenes de 10 a 17 años –pues los indígenas consideran crucial que ellos participen en las decisiones de la comunidad ya que serán los futuros dirigentes–, y otra para mayores de 18 años. La consulta fue supervisada por autoridades indígenas y delegados de organizaciones sociales y ONG nacionales e internacionales. La jornada transcurrió tranquilamente de 9am a 3pm. En ambos casos hubo una alta votación –cercana al 80% del potencial electoral–. Los resultados de la consulta en Provincial arrojaron 235 votos de adultos, de los cuales hubo uno nulo y otro por el no al territorio libre de minería. De los jóvenes votaron 100, 98 por el sí, uno por el no y hubo un voto nulo. En Tamaquito II, 58 adultos votaron y todos fueron por el sí, mientras 39 jóvenes participaron, 36 por el sí y 3 por el no.
En síntesis, las “Jornadas por la Vida, la Autonomía y la Permanencia en el Territorio” fortalecieron los procesos de resistencia al extractivismo y en parte sirvieron para socializar los reclamos que el conjunto de La Guajira le formularía a Santos en el primer paro cívico de su segundo mandato. El paro estalló a los dos días de terminadas las jornadas y a los pocos de que el mismo presidente fuera a la región a hacer vanas promesas para contener la protesta. La gente allá está cansada de promesas, requiere hechos. Como dice el profesor venezolano Nemesio Montiel, La Guajira es una “península secuestrada por múltiples intereses” (El Espectador, 12 de agosto de 2014, p. 33); uno de ellos, si no el principal, es El Cerrejón, mientras el Estado colombiano brilla por su ausencia, salvo en pie de fuerza. Estos son los ecos del “Yo acuso…” que lanzaron las comunidades del sur de La Guajira y que seguirán resonando mientras no se solucionen sus reclamos.
tomado de : http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-la-guajira?category_id=138