Representante legal de Curvaradó cobra con tierra a los pobladores a quienes se les devuelve la tierra
El día de ayer, martes 19 de marzo, a eso de las 12:30 p.m., en el Consejo Menor de Caño Claro, Territorio Colectivo de Curvaradó, miembros de la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó manifestaron que para el proceso de entrega de tierras se cobraría de un porcentaje para la adjudicación.
De acuerdo con pobladores, Ever Rentería presidente y representante del Consejo Mayor de la cuenca de Curvaradó y la junta directiva del consejo, afirmaron que tienen aval para hacer la entrega de tierras en el territorio por el Ministerio del Interior y de la Procuraduría General de la Nación.
Indicaron que el gobierno les entrego las tierras, para que sean solo ellos quienes hagan una “legitima” entrega de las mismas y cuentan con la potestad para ese porcentaje de tierras.
En la misma dinámica de Pedeguita y Mancilla, en Caño Claro, de 92 hectáreas de la Familia Martínez, les exigieron 30 hectáreas en pago para la posesión total de su predio, declarado como Zona de Biodiversidad “La Primavera”.
La familia se opuso a la exigencia y en respuesta, Rentería les amenazó indicando que si no les daban la cantidad solicitada les quitaban la totalidad. Añadió que no aceptan el trabajo realizado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, y que, por tanto, es mejor que no mediaran palabra con nuestra organización.
La familia Martínez sostuvo que no entregaría parte de su propiedad a la junta directiva, puesto que ellos han emprendido una lucha por sus derechos territoriales y ambientales.
Los consejos menores de los Territorios Colectivos de Curvaradó están siendo sometidos a una ilegitima restitución de tierras, produciéndose una contra-reforma agraria en un concierto contra derecho en el que participan algunas autoridades territoriales, que además manifiestan tener el respaldo de las instituciones gubernamentales
Las familias que han resistido para la permanencia y recuperación de su tierra y el ambiente están siendo vulneradas al desconocerles su derechos, sin que el gobierno y el Estado actúen.
Bogotá, D.C., 19 de marzo de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Imagen: Mundubat.org