Reportaje de LLANO 7 DIAS

Su decisión es caminar en los estrechos espacios de la dignidad que se hace día a día, en medio de adversidades, de las causas de la guerra aun inmodificadas, en medio de señalamientos y de tergiversaciones. En contra corriente, asentados en sus principios, en el Derecho Internacional, en los Principios Rectores, en los Derechos de los Pueblos, un grupo de familias regresa a la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, en el caserío El Encanto, a pocos minutos, de Puerto Esperanza

Van a habitar en la Zona Humanitaria en donde persiste la memoria de la resistencia de LUCERO HENAO y su hijo, asesinados hace dos años atrás, y donde se construye la esperanza de paz con dignidad. Llevando en vasijas de barro la memoria de más de 200 asesinados y desaparecidos forzados, regresan a construir su proyecto de vida, su proyecto de dignidad. Ellas y ellos regresan a afirman una propuesta en medio del conflicto armado interno.

Ellas y ellos se pronuncian con sus propias palabras. Adjuntamos igualmente el reportaje elaborado por los periodistas de Llano 7 Días – El Tiempo, luego de una visita realizada a la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, en el caserío El Encanto, municipio El Castillo, departamento del Meta. El informe publicado el pasado 27 de febrero, generó modificaciones en las acciones paramilitares, y el que deja a la luz las contradicciones, las fisuras de la seguridad institucional.

“REGRESAMOS AL ALTO ARIARI A DEFENDER LA TIERRA, LA VIDA…
“Queremos contarles nuestro regreso a la región del Alto Ariari, Nosotros como COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ, hemos tomado la decisión de volver, es nuestra decisión desde casi el mismo día que llegamos desplazados a Villavicencio. Poco a poco nos fuimos juntando, organizando, pensando el cómo regresar, soñando despiertos. Han pasado más de tres años, en los cuales hemos elaborado una idea de cómo regresar a la región, la hemos dado a conocer al gobierno colombiano y a pesar de estar obligado a darnos respuesta no lo ha hecho, aunque tenemos unas medidas cautelares de la CIDH ha cumplido solamente con una ayuda humanitaria.

Nuestra decisión de volver a la región del Alto Ariari es algo que poco a poco lo hemos ido haciendo realidad gracias al acompañamiento, a la solidaridad de hermanos y hermanos de los pueblos de España, Estados Unidos, Italia, Canadá, que han estado en la región con nosotros. Ellos han sido testigos de la situación de la región, de quienes hacen presencia y controlan el ingreso de alimentos, asesinan y desaparecen a nuestros vecinos.

Regresamos a la región a una propiedad privada que hemos definido como Zona Humanitaria, en la que hemos empezado ha construir nuestra nueva vida, nuestros nuevos alojamientos, la escuela donde estudiarán nuestros hijos, tenemos dónde sembrar el pan coger para nuestra autonomía alimentaria en medio de un bloqueo económico. Tenemos donde sembrar nuestro regreso a la región del Alto Ariari.

Desde agosto del año pasado empezamos a ir a la región, con acompañamiento, con miedo y con mucha esperanza. Cada mes íbamos, primero dos días, luego cinco, después una semana, después 15 días y desde el 6 de febrero de este año hemos estado casi permanentes rotándonos en los trabajos.

Habíamos decidido regresar el 17 de diciembre, pero pospusimos la fecha esperando una reunión con el gobierno para ver en qué se iba a comprometer. Se hizo una reunión el 15 de diciembre y sólo se definió hacer otras reuniones, una en enero, otra en febrero y nunca se realizaron, nada de respuesta y nosotros esperando. Como no veíamos voluntad del gobierno en acompañar nuestro regreso, nosotros tomamos la decisión, la iniciativa como comunidad organizada de regresar por nuestra cuenta. Es nuestra decisión autónoma.

Nosotros hemos decidido regresar, lo haremos 27 familias, la mayoría mujeres, mujeres cabeza de hogar, niños y jóvenes. Otras familias de la comunidad han decidido quedarse, algunos por la avanzada edad y que están enfermos y a diario tienen que estar en el médico, otros por temor, en algunas familias el esposo quiere regresar pero la compañera no por miedo, han decidido esperar, quedarse en Villavicencio.

El 18 de marzo concretamos nuestro primer paso en el regreso al Alto Ariari, nos quedamos en la Zona Humanitaria 17 familias y otras 10 llegarán en abril. Desde la Zona Humanitaria soñamos con poder ir a trabajar a nuestras tierras, a nuestras fincas, poco a poco. Regresamos porque queremos defender nuestras tierras, y lo que hay en ellas, el agua, los recursos naturales. En esas tierras nos levantamos, nacieron nuestros hijos, se criaron. En nuestras tierras del Alto Ariari está nuestra vida, nuestra historia, todo lo que con organización construimos en tantos años, lo que nosotros somos.

COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ – CIVIPAZ”.

LLANO 7 DIAS
“Temeroso regreso de desplazados a El Castillo

Un grupo de familias desplazadas de El Castillo, quieren volver a las tierras de donde debieron huir. Sin embargo, la Defensoría advierte que los “paras” siguen controlando la zona e incluso restringen los alimentos hacia las veredas. Llano 7 días visitó la región y esta es su historia. Pág. 4

Miedo ronda regreso de desplazados a El Castillo
35 familias que salieron hace cuatro años de varias veredas de este municipio planean regresar el 18 de marzo a una aldea – Zona Humanitaria – construida por ellos en Puerto Esperanza. La Defensoría dice que no hay garantías.

Un año después de que la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) sufriera el asesinato de seis de sus miembros a manos de un grupo armado no identificado, otros desplazados de 23 veredas de El Castillo (Meta), bajo el mismo principio de neutralidad frente a todos los actores del conflicto, pretenden regresar a sus parcelas
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Son 35 familias de las 700 que se calcula empezaron a salir desde enero de 2002 cuando, según los relatos de los campesinos, la Fudra (Fuerza de Despliegue Rápido), ingresó a esas áreas veredales para iniciar lo que terminó siendo la retoma de la zona de despeje.

“En enero de ese año entró la Fudra a una vereda junto con un grupo de paramilitares. Todos empezaron a saquear casas y robar animales. Nosotros entendíamos que las fuerzas del Estado debían cumplir con su misión, pero nos dio mucho miedo que lo hicieran junto con los ‘paras”, dijo un vocero de la comunidad
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En febrero, comentan los campesinos, luego de la tortura y posterior asesinato de un joven de 16 años que fue presentado después por el Ejército como miembro de la guerrilla, empezó el éxodo masivo hacia capitales como Villavicencio, Ibagué, Manizales y la Costa Atlántica.

Tras enfrentar las duras condiciones como desplazados en las grandes ciudades, varios líderes decidieron reencontrarse y organizarse como una comunidad de paz e intentar buscar apoyo con miras a regresar a sus tierras, bajo condiciones de seguridad.

La lucha ya les costó el asesinato de tres de sus fundadores. Por eso han decidido actuar como un cuerpo conjunto donde nadie figure, al menos públicamente, como líder de la misma.

Con el respaldo de la Iglesia y la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se tramitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición con la cual consiguieron que en agosto de 2004 se emitiera una medida cautelar que obliga al Estado colombiano a brindar la protección necesaria para garantizarles la vida a los miembros de la comunidad.

Pese a todo, siguen manteniendo el mismo temor con el que salieron hace cuatro años. Temen que las denuncias que han hecho contra los paramilitares y los abusos del Ejército, los pongan en evidencia cuando intenten volver (ver nota anexa).

“Tuvimos mucho miedo cuando hace un año nos enteramos de lo que pasó en Apartadó, pero aún así queremos seguir organizados y continuar con nuestra zona humanitaria en la que no queremos que ningún grupo armado intervenga”, sostuvo una mujer que también es vocera de la Comunidad Civil Vida y Paz (Civipaz).

Por ahora se han turnado en jornadas de trabajo para construir sus viviendas en un terreno que ayudaron a comprar varias ONG. El objetivo es retornar definitivamente a sus veredas cuando existan las condiciones de seguridad.

‘Paras’ controlan flujo de remesa
El mayor temor que tiene la Comunidad Civil de Vida y Paz cuando todas las 34 familias retornen a lo que ellos llaman su “territorio humanitario”, es la influencia que siguen teniendo los grupos paramilitares en las zonas rurales de El Castillo.

Un ejemplo de ello es el control de las remesas de alimentos y canasta familiar que deben subir desde la inspección de Medellín del Ariari a las veredas más cercanas.

Llano 7 días fue testigo de un retén paramilitar a las afueras de este poblado, en el que se detuvo un camión con plátanos para verificar su carga.

“Esa es una acción común. Siempre exigen la factura a los campesinos para asegurarse de que no lleven más de lo dispuesto por ellos”, comentó un habitante de Medellín del Ariari.

Según varias fuentes consultadas por este periódico, como la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades que han integrado los comités de seguimiento a este proceso, las autodefensas del bloque Ariari han censado a la población campesina que habita algunas veredas y no les deja comprar más de 60 mil pesos semanales a cada familia. Esta cifra puede variar de acuerdo al número de integrantes del hogar.

Los retenes se hacen en dos puntos de la vía hacia Puerto Esperanza por hombres dotados de radios de comunicación.

“El que da los paz y salvos es un tal ‘Picota’ y lo preocupante es que esos mismos controles los hacía el Ejército hace unos meses con autorización de la Alcaldía de El Castillo. La Defensoría echó por tierra ese decreto y no lo pudieron seguir realizando. Ahora se siguen haciendo pero en forma ilegal”, dijo un defensor de derechos humanos que prefirió omitir su nombre.

“No hay condiciones de retorno”

Los mismos habitantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz temen por las represalias de los paramilitares si deciden retornar. Sin embargo, quieren volver para que no les quiten sus tierras.
“La Defensoría del Pueblo regional Meta, no ve las condiciones para que las 35 familias retornen a Puerto Esperanza. Aún la zona es dominada por grupos de autodefensa que ponen en vulnerabilidad a los campesinos”.

De esta forma se pronunciaron voceros de la entidad estatal, encargada de velar por el respeto a los derechos humanos. Además se mostró preocupada por la suerte de otras 129 familias que ya han regresado de forma irregular.

“Además de esta comunidad, que está protegida por una medida cautelar, hay otras 129 familias que ya han regresado y se han instalado en otras veredas y que también están desamparadas y corren riesgos”, dijo la Defensoría Regional del Pueblo.

Sin embargo, aclaró que en ningún momento se oponen el retorno voluntario de las personas que así lo quieran hacer.

Por su parte, el asesor de Paz de la Gobernación del Meta, Rafael Cáliz Haad, dijo que la administración departamental ha estado pendiente del proceso de retorno de estos campesinos.

“Junto al Incoder se está haciendo el proceso de titularización de las tierras. Hace 15 días tuvimos una reunión para definir las condiciones del regreso a sus viviendas, pero ningún representante de la comunidad fue, así como tampoco los delegados de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz”, dijo el funcionario.

Cáliz Haad indicó que la Policía y el Ejército están comprometidos con la situación que se desarrolla en Puerto Esperanza, pero la comunidad debe establecer las peticiones que está haciendo al Gobierno.

“Nuestra obligación y responsabilidad es acompañar a esta comunidad, pero no sabemos si el retorno lo van a hacer en compañía del Comité Intereclesial o de la Gobernación. Finalmente no es importante quién lo haga sino hacerlo bajo garantías”, sostuvo.

VISION MILITAR
Ante las reiteradas quejas de habitantes y entidades como la Defensoría del Pueblo por la presencia de paramilitares en Medellín del Ariari, el comandante del batallón 21 Vargas, Coronel Jairo Martín Sandoval, dijo que la fuerza pública ha venido ejerciendo control permanente en sectores como Puerto Esperanza y que se continuará haciendo presencia en la zona.

“Se han venido desarrollando misiones tácticas con el fin de garantizar la integridad del personal civil”, dijo.

Agregó que no están permanentemente en un sitio pero sí controlan el área rural y las partes altas.

“No es que vayamos a estar con ellos pero sí habrá permanente control territorial en ese sector”, sostuvo.

El oficial recordó que varias ONG y grupos de familias ya han estado en ese sector y el Ejército los ha protegido y respaldado.

Respecto a la presencia de grupos de autodefensas en la zona, el comandante del Batallón 21 Vargas dijo no tener conocimiento de la influencia permanente o de retenes de grupos armados.

“Cada mes solicitamos a la alcaldía y a la Personería de El Castillo que nos informen sobre nexos con los grupos ilegales y siempre responden que no tienen conocimiento de tales relaciones”, aseveró.

¿QUÉ SON MEDIDAS CAUTELARES?
Las medidas cautelares son un mecanismo que posee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar a los Estados que protejan a una o varias personas que se encuentran en inminente peligro.
Cuando se solicitan medidas cautelares, no se pide que se declare la responsabilidad del Estado, sino que como órgano internacional requiera al Estado para que éste tome acciones inmediatas para garantizar la vida, integridad y seguridad de quien las solicita. La Comisión puede prorrogar la medida cautelar si lo considera.
Para acceder a esta medida es necesario haber agotado las instancias nacionales y verificar que el Gobierno no haya hecho nada para proteger inicialmente los derechos del solicitante. Una instancia superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede emitir medidas provisionales, que son llamados de atención más severos para el Estado”.
Tomado de: LLANO 7 DIAS, 24 a 27 de febrero de 2006, edición impresa