Renunció el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón

La esposa del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, es la ingeniera María Natali Benítez Mallarino, gerente de Construcciones y Montajes Socolco, empresa de la que es representante legal Daniel Iván Benítez Mallarino, su padre.

Socolco consiguió un contrato con el Consorcio Estación Elevadora Canoas, compuesto solo por la empresa Mota Engil, encargada de la construcción de la EE Canoas que saneará las aguas del río Bogotá. Quien consiguió este contrato fue la esposa del ministro, la ingeniera Benítez Mallarino, como ella misma lo reconoce en su hoja de vida: “Obtención y negociación de los siguientes contratos y apoyo en la dirección de estos”. 

La Estación Canoas, una obra de ingeniería ambiental, que se construye bajo la supervisión de la Empresa de Acueducto de Bogotá, costó $372.003 millones con cinco fuentes de financiación: el Acueducto de Bogotá con $62.167 millones; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con $22.457 millones; el Fondo Nacional de Regalías, con $115.000 millones; Emgesa, con $102.135 millones, y MinVivienda con $69.836 millones.

Y es en esta última entidad donde radica un posible conflicto de interés: la esposa del ministro Malagón se benefició de un contrato en el que invirtió el Ministerio que lidera su marido. La empresa Socolco, como indica la hoja de vida de Benítez Mallarino, obtuvo “el diseño, la fabricación y el montaje de las compuertas y la tubería del pozo de cribado y pozo de bombeo de la Estación Elevadora Canoas, ubicado en Soacha, Cundinamarca”.

Este contrato, según contó el representante legal de Mota Engil, Pedro Teixeira, sin allegar ninguna prueba, es por $4.600 millones y aún está en ejecución. El Ministerio de Vivienda incluso alardeó de esta y otras obras en Cundinamarca, en una nota publicada en su página web el 11 de octubre de 2021. Al ser consultada, la ingeniera Benitez Mallarino dijo que no se acordaba de ese contrato. Dos horas más tarde, dijo que no había ningún tipo de conflicto de interés porque el contrato no lo adjudicó su esposo sino un ente territorial, es decir, el Acueducto de Bogotá. También dijo que los recursos para este proyecto los comprometió el gobierno Santos. Sin embargo, el contrato entre Mota Engil y Socolco se firmó en diciembre de 2020, cuando Malagón llevaba más de dos años en el Ministerio. El ministro Malagón, por su parte, dijo que no veía ningún conflicto de interés porque la empresa de su esposa no fue beneficiada, sino que fue subcontratada en un proceso privado en el que nada tiene que ver el Ministerio.

La Estación recibirá las aguas residuales de las cuencas de los ríos Fucha y Tunjuelo y del casco urbano de Soacha, con más de 600.000 habitantes. Estas aguas llegarán hasta la estación elevadora por gravedad y, posteriormente, en promedio, esta bombeará un caudal de 16.000 litros por segundo. En los picos más altos, la estación podrá bombear hasta 38.500 litros por segundo de aguas residuales, lo que permitirá iniciar el saneamiento, al fin, del moribundo río Bogotá.

La Estación Elevadora es una segunda fase, pues la primera fue construir los interceptores que recogen las aguas servidas hasta este punto (ubicado en Soacha, en el extremo sur de Bogotá). Una vez terminada, en la Estación Elevadora se pondrán en funcionamiento los interceptores, lo que mejorará significativamente las condiciones ambientales de los ríos Fucha y Tunjuelo (los vertimientos de aguas servidas irán a los interceptores y no a los ríos). La tercera fase será construir la PTAR Canoas, que permitirá tratar las aguas residuales. Los tres proyectos también están pensados para la producción de energía: 8% para el  país y 100% para  Bogotá.

AQUÍ PUEDES VER LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Esta es, sin duda, una de las obras ambientales más importantes de la última década en Colombia y, con una inversión de un billón de pesos, no ha estado ajena a la corrupción. Hasta Odebrecht estuvo vinculado en el escándalo Tunjuelo-Canoas, por el que aún continúan litigios penales y civiles.

Un tropiezo

Además de Socolco, los Benítez Mallarino tienen otra empresa familiar:  la Hidrogeneradora Pijao, que estuvo a cargo de la hidroeléctrica Hidrotatare. Sin embargo, en julio de 2020, apenas ocho meses después de arrancar el proyecto, la CAR de Tolima les revocó la licencia por vacíos legales y ambientales del proyecto.

El aparente conflicto de intereses del ministro Malagón en el contrato de la empresa de su esposa para la Estación Canoas parece no ser el único. El 25 de julio de 2020, El Olfato contó que Jorge Enrique Cardoso, director de la CAR del Tolima que le otorgó la licencia viciada a la empresa de la esposa y del suegro del ministro, consiguió trabajo posteriormente como director de la división jurídica de una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda: la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

El ministro guajiro, pero criado en Valledupar, Jonathan Malagón es del corazón del presidente Iván Duque, quien lo mantuvo en el Ministerio de Vivienda a pesar de que plagió su tesis doctoral, como lo reconoció la Universidad de Tilburg el 26 de marzo de 2020.