Renuncia a canciller
Movimiento de Víctimas realiza cuestionamiento de fondo de la ley PARA la justicia y la paz. Apoyo en las iniciativas de Verdad Histórica: Comisión Etica y Audiencias Ciudadanas.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ante la nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura de 6 parlamentarios de la coalición uribista con los cargos de Concierto para delinquir, apoyo a grupos paramilitares y en uno de los casos por secuestro extorsivo en la persona de ALVARO ARAUJO, hermano de la Canciller CONSUELO ARAUJO, exige al Presidente Uribe asumir la responsabilidad política por este nombramiento, así como, por el caudal electoral que le significaron estos votos en la pasada contienda electoral.
La Decisión de la Corte Suprema de Justicia, corrobora que efectivamente, en el pasado período legislativo el 35% del Congreso era expresión del paramilitarismo, como lo expresaron Vicente Castaño y Salvatore Mancuso. Pero deja en evidencia que el paramilitarismo no ha sido solamente una estrategia criminal del Estado sino que desde hace cerca de 6 años se definió como un Proyecto de Estado y de Sociedad, de relaciones económicas y culturales de tipo autoritario bajo el cual se están negando las garantías a la víctimas y se constituyó una ley para el olvido y la impunidad y legitimando la apropiación de Territorios.
Compartimos el Comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas exigiendo la responsabilidad política de Uribe y la renuncia de la Canciller.
Comunicado a la Opinión Pública
QUE LA CANCILLER RENUNCIE
Bogotá, D.C., Febrero 16 de 2007. El escándalo de la llamada “parapolí¬tica” da cuenta de los ví¬nculos de congresistas, funcionarios del Das, Incoder, Notariado y Registro, Fiscalí¬a, gobiernos departamentales y municipales, e incluso de rectores de Universidades Públicas con los grupos paramilitares, y ponen al descubierto que más allá de una estructura armada, se han transformado en una estrategia dirigida a acumular poder polí¬tico y económico que hoy ejercen con dominio en múltiples planos de la vida social, lo que devela el fracaso del llamado proceso de “negociación y desmovilización” con estos grupos de extrema derecha.
Las ordenes de captura dictadas el dí¬a de ayer por la Corte Suprema de Justicia contra seis parlamentarios de la bancada gobiernista así¬ como la solicitud a la Fiscalí¬a General de que se investigue al padre de la hoy Canciller Consuelo Araujo, hermana de Alvaro Araujo, uno de los parlamentarios detenidos y sobre quien pesa medida de aseguramiento, además por el delito de secuestro extorsivo, exige que el gobierno nacional, en cabeza del Presidente, asuma la responsabilidad polí¬tica, que en lo inmediato requiere la renuncia de la Canciller; y que explique al paí¬s los nombramientos en altos cargos públicos de personas responsables en la comisión de graves crí¬menes contra la humanidad y por la expedición de la “Ley de Justicia y Paz”, que fue aprobada con el voto favorable de parlamentarios que hoy se encuentran detenidos y otros que participaron en la “reunión de Ralito”.
Los parlamentarios que votaron dicha reglamentación debieron declararse impedidos, tal irregularidad hace que hayan incurrido en faltas éticas y disciplinarias sobre las que la justicia y la sociedad en general debe pronunciarse. La investigación sobre la relación de parlamentarios con los grupos paramilitares hace que el marco jurí¬dico del proceso de “desmovilización” además de no cumplir con los mí¬nimos internacionales de los derechos de las ví¬ctimas, sea declarado ilegal e ilegí¬timo.
Las amenazas que ha recibido Yesid Ramìrez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia ente que investiga a los parlamentarios, así¬ como las amenazas recibidas contra organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos polí¬ticos de oposición, entre los que se encuentran varias organizaciones que pertenecen al Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, son clara muestra de que los grupos paramilitares y sus estructuras militares se encuentran intactas.
Llamamos a la opinión pública, nacional e internacional a rodear todos los esfuerzos que se dirijan a establecer la verdad histórica sobre el terrorismo de Estado, en particular los que se están construyendo desde las víctimas, tales como la Comisión de Etica, y las Audiencias Ciudadanas por la Verdad; y a rodear las organizaciones sociales, exigiendo que se den las garantí¬as para que el pueblo colombiano, y en particular las ví¬ctimas, puedan exigir sus derechos.
COMITE NACIONAL DE IMPULSO
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRÃ MENES DE ESTADO