Relator para Colombia de la Comisión Interamericana de DD.HH. advierte problemas en ley de víctimas
Víctor Abramovich, relator para Colombia de la CIDH.
EL TIEMPO: ¿Qué les inquieta del estatuto de víctimas?
Víctor Abramovich: Si se aprueba como está, tiene serios problemas. Es discriminatorio respecto a las víctimas de agentes del Estado, es un retroceso frente a la vía judicial, que ahora permite la reparación integral y no impone tope, y no se ajusta a los estándares internacionales.
¿Esos estándares indican que las víctimas de agentes del Estado son responsabilidad del Gobierno?
Indican que podría haber una impugnación de la ley, primero ante la Corte Constitucional.
¿Y si aquí la ley no tuviera problemas?
Podría ser impugnada ante instancias internacionales.
¿Le manifestó esto al Gobierno?
En la reunión con el Ministro del Interior (Fabio Valencia Cossio), él sostuvo que el Gobierno apoyaría una revisión del proyecto para extender el concepto de responsabilidad estatal, no solo por actos cometidos por la Fuerza Pública, sino por agentes del Estado en general.
Sin que las víctimas de agentes estatales tengan que esperar un proceso judicial para ser reconocidas?
Pasando por proceso judicial, pero eliminando el tope de la reparación, para que esta sea integral. Eso mejora un poco el estatuto de víctimas y es lo mínimo que se debe hacer. Esperamos que el Gobierno lo impulse y que el Congreso lo acepte.
¿Con eso se conformaría la Comisión?
Lo ideal sería que las víctimas de agentes estatales tuvieran las dos vías abiertas (la administrativa y la judicial), que tienen ventajas y desventajas. La administrativa es más rápida, menos costosa, menos exigente en términos de prueba y en ella suele tener tope la reparación porque el Estado tiene que planificarse presupuestariamente. La judicial es más costosa, hay que probar la responsabilidad del Estado y probar el daño, pero la reparación no tiene tope.
¿Qué piensa del argumento del Gobierno para exigir que sean certificadas tras un proceso judicial?
Se ha dicho que el Estado no puede reconocerlas a través de un programa administrativo porque sería aceptar responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Pero no nos parece un argumento convincente, porque ha reconocido responsabilidad por violación de derechos humanos ante la Comisión en procesos de solución amistosa.
Acaba de pasar un escándalo por falsos muertos en combate, que también es de interés de la Comisión. ¿Cómo vieron la decisión de retirar a 27 militares, entre ellos 3 generales?
Venimos siguiendo el tema en los dos últimos años (2006 y 2007). En el 2007 vimos que los casos no eran aislados, sino que había elementos comunes que demuestran problemas estructurales, que van más allá del desvío de algunos funcionarios de la Fuerza Pública.
Hubo una reacción importante después de los hechos de Soacha y hay que destacarlo, pero no tenemos claro que se haya abordado un proceso serio de revisión de las políticas que pueden haber generado esta situación. Hay que avanzar en la revisión de incentivos y recompensas, que a veces generan distorsión.
¿No consideran un avance el cambio de la ecuación en la evaluación de resultados: primero desmovilizados, luego capturados y por último muertos en combate?
Es un cambio en las directivas que no parece haberse traducido en las prácticas institucionales. Luego de esa directiva ocurrió lo de Soacha. No han funcionado los controles porque de este tema (ejecuciones) se sabía hacía años.
¿Y qué valor le dan a la decisión de poner militares para atender quejas en cada brigada?
Nos parece importante, pero el problema no era que no hubiera dónde quejarse. La Procuraduría está tramitando cerca de 900 casos, la Fiscalía nos habló de 700. La propia Comisión en Washington recibía quejas. No demeritamos esto ni la capacitación, pero han fallado los controles.
Está diciendo que las medidas no han tocado el fondo del problema. ¿Cuáles podrían ser medidas de choque?
No lo sé y no somos expertos en políticas de defensa, pero es importante ver más allá de los casos individuales, cuáles son los problemas en el funcionamiento de las fuerzas que hacen que esto ocurra.
¿Qué más preocupa a la Comisión sobre Colombia?
El afianzamiento de la Ley de Justicia y Paz. Ahora depende de que los paramilitares extraditados quieran declarar. Hasta ahora no sabemos de ningún tipo de acuerdo entre las autoridades judiciales de Estados Unidos y los desmovilizados que involucre el cumplimiento con Justicia y Paz.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
EDITORA DE JUSTICIA Y POLÍTICA