Regreso al Alto Ariari, 3 años de un sueño hecho realidad
Son cerca de 4 millones de desplazados forzosos que hay en Colombia, la mayoría sueña con retornar a sus tierras pero las condiciones de protección, estabilidad y dignidad no están dadas por el gobierno. El retorno a las tierras se ha convertido en una utopía para muchas y muchos campesinos, mientras que terceros, la mayoría vinculados a la estrategia paramilitar, aprovechan el abandono forzado para ocupar las tierras y apropiarlas ilegalmente, despojando a los desplazados de sus bienes, de su vida, de sus sueños.
Hace 3 años, un 18 de marzo, un grupo de familias desplazadas de la región del Alto Ariari, municipio El Castillo, lograron lo que parecía imposible, a lo que el gobierno y los que controlaban la región con acciones militares se oponían. Lograron regresar a la región a través del mecanismo de protección de declarar una finca como Zona Humanitaria y desde allí recrear, reconstruir un proyecto de vida ligado a la tierra. Con su regreso se posibilitó un escenario favorable para el regreso de otras familias hacia las diferentes veredas de la parte alta, logrando que hoy más de 400 familias estén nuevamente en la región.
Regresaron, no retornaron.
Regresaron para estar más cerca a sus tierras, visitarlas, hacer posesión de ellas. Aún, pasado 3 años, no existen las condiciones para retornar a sus fincas, para vivir en ellas de manera permanente. En apariencia los paramilitares se desmovilizaron el 12 de abril de 2006, pero los crímenes continúan a través de las acciones militares regulares y los anuncios de reactivación de la estrategia paramilitar.
Por ello, las familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz, mantienen vigente la exigencia de protección de las tierras a partir de lo logrado en septiembre de 2005 como preparación a su regreso a la región, con la declaratoria de desplazamiento forzado a través del Acto Administrativo 002 del municipio El Castillo, y consiguiendo con ello la aplicación del Decreto 2007 del 2001 de “protección de bienes rurales abandonados por el desplazamiento forzado”. La ausencia de garantías de retorno hace prioritaria la protección de las tierras del Alto Ariari, no solo a través del Decreto 2007 sino con el regreso a la región y la creación de mecanismos propios de protección de las tierras.
Las familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz que regresaron a la región han decidido concretar en este año el proceso de reconocimiento legal de la propiedad iniciado a través de solicitudes realizados desde el año 2005, en el caso de quienes aún no cuentan con Títulos de Propiedad. La Titulación de las Tierras se comprende por las familias como una de las condiciones para lograr un retorno definitivo a mediano plazo a sus fincas.
Hoy el riesgo hacia las familias que han regresado y sus tierras, no está dado solamente en la impunidad que genera la continuidad de los crímenes, la ausencia de garantís de protección, el interés de la Alcaldía del municipio El Castillo de levantar las medidas de protección sobre las tierras “legalizando el retorno de las familias”, sino también por el cobro del impuesto sobre la propiedad, el impuesto predial, con montos que oscilan entre un millón de pesos y treinta millones de pesos a las familias desplazadas forzadamente que han regresado. El no pago del impuesto puede traer consigo la decisión de embargo de los bienes y con ello, lo que no fue posible lograr por parte de los victimarios con el desplazamiento y el abandono forzado de las tierras en procesos de apropiación ilegal de las mismas, será realizado por la vía administrativa, en apropiaciones “legales” de las tierras. Por ello, se ha solicitado la condonación del impuesto predial teniendo en cuenta la condición de desplazamiento forzado y la inexistencia de estabilidad económica actual por causa de las pérdidas generadas en el desplazamiento forzoso.
En medio de la celebración se compartió con los campesinos y campesinas de las veredas algunas de las propuestas inmediatas para continuar en la región: la titulación de las tierras, la condonación del impuesto predial y sostener la protección de las tierras.
Participaron junto con las familias de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, en esta celebración, campesinos y campesinos de las veredas El Retiro, La Esmeralda, La Cima, La Cumbre, Puerto Esperanza, familias de la comunidad que aún no han regresado a la región y se encuentran en Villavicencio. Después de 3 años, Fanny Perdomo Hite, volvió a la Zona Humanitaria, luego de padecer dos años de injusta prisión. También participamos delegados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del Movimiento de HIJ@S por la Memoria y contra la Impunidad, de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, de la Misión Claretiana de Medellín del Ariari, de la Asociación Nacional de Apoyo Solidario – Andas, de la Comunidad Santo Tomás de Madrid y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Fue una jornada muy bonita en medio de la inauguración de la Escuela “Semillas de Esperanza” desde la cual se desarrolla el proceso de educación propia de los niños y niñas de la comunidad. Los participantes llevaron libros y útiles escolares que obsequiaron a la biblioteca comunitaria. Se realizó la siembra de varias plantas en el jardín y en la huerta escolar.
La memoria presente, expresada a través de las piedras del monumento, en el árbol de la vida que reverdece, fue el momento de nombrar a hombres y mujeres que fueron asesinados, desaparecidos en la región del alto Ariari en los últimos años y en el exterminio de la Unión Patriótica. Sus nombres, sus rostros, sus palabras fueron expuestas en el Salón de la Memoria habilitado en el colegio de la Zona Humanitaria, junto a las semillas nativas que se han recuperado con el regreso, los frutos de las cosechas que se recogen en algunas de las fincas y en la Zona Humanitaria.
La celebración en el juego, en el intercambio deportivo entre veredas, el microfútbol de hombres y mujeres. El joropo, la trova, el poema en la voz de un Hijo, la palabra compartida de la comunidad en un conversatorio sobre el sentido del regreso, del cual compartimos algunas de las líneas expresadas, antes de danzar la alegría hasta largas horas de la noche.
Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2009
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
“Nuestro regreso a la región, una cuestión de dignidad”.
Reflexión presentada en el conversatorio por la Comunidad Civil de Vida y Paz
“En este día estamos conmemorando el 3º aniversario, haciendo memoria sobre los acontecimientos que han sucedido y que han formado parte de nuestra historia.
En el año 2002 cuando el desplazamiento forzado, la mayor parte de la gente, salimos de la región, quedando controlada por militares y paramilitares. Desde este momento, la mayor parte de la gente, aproximadamente 800 familias, nos vimos obligados a vivir en condiciones precarias, con muchas necesidades, sufrimiento, dolor y exclusión social en la ciudad.
Sin embargo, nunca perdimos la esperanza de regresar a nuestras tierras y reclamar verdad, justicia y reparación integral.
Durante el proceso de regreso a la región, no debemos olvidar que se vivía una situación de bloqueo económico y control total por parte de militares y paramilitares en toda la región.
En este tiempo sucedieron dos terribles hechos, los asesinatos de Jaime Moreno y Alberto Tapias, los cuales fueron despedazados con motosierra. A pesar de estos hechos, la comunidad, siguió firme en su propósito de regresar a la región.
La primera entrada a la región, después del desplazamiento, tuvo lugar en el aniversario de la muerte de Lucero Henao, el 6 de febrero de 2005. En este mismo año se buscó y se comenzó a trabajar la tierra en donde hoy está situada la Zona Humanitaria.
El contexto que nos acompañó durante el regreso fue la supuesta desmovilización paramilitar que se dio tanto en la región como en el resto del país
El 18 de marzo de 2006 se completó el regreso de las familias a la Zona Humanitaria. A partir de este momento hubo un cambio de estrategia con la disminución de la presencia paramilitar y el final del bloqueo económico.
La presencia de la Comunidad favoreció el retorno de muchas familias a sus fincas, sin embargo desde el momento del regreso se ha sufrido estigmatización, señalamientos y procesos de judicialización de miembros de la Comunidad como en el caso de nuestra compañera Fanny Perdomo Hite.
Durante el año 2007 se incrementa la presencia militar en la región, en donde tuvieron lugar varios asesinatos por parte de las fuerzas militares de campesinos que posteriormente fueron vestidos como guerrilleros. Fueron los casos de dos jóvenes en la vereda Miravalles y de Genaro Potes en Campo Alegre. Ante esta situación, la Comunidad, ha tenido un papel muy importante en la denuncia y visibilización de los casos de violación a los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
No olvidemos que cuando sucede un hecho en la región la Comunidad cumple el papel de recolectar datos, confirmación de los hechos y comunicación directa con la oficina de Justicia y Paz de Bogotá, en donde se elabora un documento que es difundido masivamente a las entidades del gobierno y organizaciones nacionales e internacionales. A cada uno de los casos se les hace seguimiento y acompañamiento a las familias.
Actualmente la estrategia militar se basa en la red de informantes, pago de incentivos y recompensas, así como control poblacional y elaboración de censos.
Concluyendo, aunque hemos regresado a la región y varias familias han podido volver a trabajar a sus fincas, no tenemos garantías para un retorno definitivo. Y aunque se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el desplazamiento forzado y algunos asesinatos que ocurrieron en la región, somos conscientes que tenemos que continuar resistiendo y exigiendo verdad, justicia y reparación integral, junto con todas las víctimas de crímenes de estado de nuestro país, afirmando la memoria”.
