Reclutamiento ilegal de las Fuerzas MIlitares
Durante las últimas tres semanas se ha intensificado el reclutamiento irregular y abusivo de jóvenes campesinos de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica por parte de unidades militares adscritos al batallón 27 Selva. El día 12 de diciembre en horas de la mañana en Puerto Asís, unidades militares, detuvieron a Jeferson Alexis Mina Cardona, desconociendo la citación para su presentación el día siguiente , fue obligado a subirse a un camión, junto con otros varios jóvenes, y desde ese día obligado a prestar servicio militar.
Sus familiares indican que el reclutamiento es contra su voluntad y desconoce el papel que este cumple de responsabilidades familiares.
Doce días después, en horas de la tarde, unidades militares hicieron una redada en Puerto Asís deteniendo para prestar servicio militar a diferentes jóvenes, entre ellos, campesino Wilmer Javier Díaz Valencia habitante de Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.
Los militares le decían a los jóvenes que colaboraran, que ellos no eran como la guerrilla que los cogía y los llevaba obligados, les decían que se subieran, que solo necesitaban a dos.
Desde ese día Wilmer fue obligado a prestar servicio militar, desconociendo que tiene ocho hermanos bajo su responsabilidad, que es el único varón que vive con su madre. Este hecho es un abierto desconocimiento de la Sentencia 849 del 30 de noviembre del 2011, que exime del servicio militar obligatario a este tipo de jóvenes o de personas.
La madre de Wilmer manifestó esta situación al ejército, sin ser escuchada.
Los habitantes de la Zona de Reserva Campesina han exigido la libertad inmeditada de sus jóvenes, quienes indican han sido reclutados forzadamente por las fuerzas militares. Agregan que este tipo de actuaciones no solo deslegitiman a las fuerzas armadas, demuestra su actitud abusiva y contra derecho. La actitud de los militares les está llevando a una situación de cofinamiento, los jóvenes no están saliendo de la zona rural a ningún tipo de actividad para evitar este tipo de abusos.
Bogotá, D.C. enero 6 de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz