Rechazamos imputaciones a la Senadora Piedad Córdoba
Nosotras y nosotros integrantes de la Comisión Ética de la Verdad, que acompaña al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, hemos conocido la labor de la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, por la humanización del conflicto armado interno, la defensa de los derechos humanos, de ahí que rechazamos las que calificamos como sus falsas imputaciones contra ella, conocidas el pasado 13 de abril a través de medios de información y luego por el sitio web de la Procuraduría.
Carta Abierta
Señor
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
Bogotá
Su decisión de abrir una investigación contra la lidereza de Colombianas y Colombianos por la Paz y quién desde el Senado a través de una Comisión Accidental, junto con integrantes del Movimiento de Víctimas han ido explorando las razones de fondo de la extradición de los mandos paramilitares y han recaudado informaciones, relatos que develan el entramado criminal del gobierno y del Estado en el más alto nivel, los intereses militares y empresariales protegidos con este mecanismo de aislamiento y silenciamiento e impunidad, es luego de leer el documento de su acusación una actuación absolutamente cuestionable.
Señor Procurador, hemos escuchado desde la víctimas de crímenes de Estado como sus Procuradores delegados en graves casos de violaciones de derechos humanos que comprometen a militares de alta graduación, como Rito Alejo del Río, responsable de crímenes de lesa humanidad o los responsables de la retoma del Palacio de Justicia son protegidos por sus funcionarios con sus débiles argumentos solicitando absolución de los responsables, en detrimento de los derechos de sus víctimas, a pesar de los fundamentos de hecho y de derecho, y de la sana lógica expresada por las partes civiles.
Hemos conocido su desconocimiento abierto a los derechos de parejas del mismo sexo o a la posibilidad de que en determinadas condiciones las mujeres puedan decidir abortar: su pronunciamiento a favor de la reelección en desconocimiento de todas las actuaciones irregulares, ilegales y contra derecho que se realizaron en la promoción de la recolección de firmas para el referendo a favor de Alvaro Uribe Vélez.
Estos antecedentes son graves y nos llaman a hacerle una apelación juridica y ética. Valoramos que su actuación es contra derecho y lamentablemente coincidente con la persecución y plan de espionajes del DAS contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la oposición política y 32 organizaciones de derechos humanos y de paz, como lo indica el informe de 2010 de la Comisión Interamericana. Víctima de esta operación ha sido la Senadora Córdoba. Es lamentable la coincidencia de esta falsa acusación y los falsos resultados ideologizados, arbitrarios, sin fundamento de las operaciones de control y seguridad ilegal y arbitraria del DAS.
Usted acusa a la Senadora de vínculos con la guerrilla de las FARC EP, de la presunta realización de actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional por el llamamiento a romper relaciones diplomáticas con Colombia, desconocer la legitimidad de algunas instituciones e invitar a la subversión y a la rebelión a la Senadora Piedad Córdoba.
Algunos de nosotros hemos sido testigos directos de sus actuaciones humanitarias y en ningún momento existe una decisión de interacción para concertar actuaciones contra la Constitución sino la convicción profunda de la libertad de los secuestros, la necesidad de una humanización del conflicto armado y el llamado a rebelarse contra lo inhumano y lo injusto.
Algunas y algunos de nosotros la hemos escuchado en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos y en Colombia, sus intervenciones deben ser interpretadas en su contexto y no de modo sesgado. Su llamado al rompimiento de relaciones diplomáticas es parte de la libertad de opinión y de expresión, y esta no se puede criminalizar, su manifestación condensa la gravedad de la situación colombiana, es una apelación profunda a despertar la solidaridad.
Señor Procurador, la acusación de desconocer la legitimidad de algunas instituciones tiene fundamento real. No estará usted disciplinando el delito de opinión. O usted podría desconocer que la vinculación de más de un centenar de políticos en una empresa criminal paramilitar, las operaciones ilegales de espionaje del DAS, el uso de recursos públicos como Agro Ingreso Seguro para pagar los respaldos electorales para la reelección de Álvaro Uribe Vélez o la consumación del delito de cohecho para haber aprobado la reelección o la comisión de más de 2000 crímenes a “sangre fría”, como lo calificó el Relator de Naciones Unidas de Ejecuciones Extrajudiciales o la imbatible impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad son el fondo de la deslegitimación de algunas instituciones.
Igualmente, la Procuraduría, sabe que el bombardeo ilegal en Ecuador, en contra de la normatividad internacional, tuvo un acceso a datos de computadoras, que no guardaron la custodia exigida ni se ajustó a los principios del derecho para salvaguardar las pruebas.
Señor Procurador, su decisión infundada tiene consecuencias para las víctimas directas de la guerra, para la prolongación de la inhumanidad del conflicto interno, distrayendo el fondo del asunto de la paz integral. Su decisión inmoviliza, entorpece y criminaliza las actuaciones humanitarias, por la paz y la verdad, y la justicia en Colombia, como la que encabeza la Senadora Piedad Córdoba.
Nuestra apelación, Señor Procurador, es para que exista una actuación en derecho, en conformidad con los mínimos básicos que están siendo desconocidos. Ella no es solamente falsamente acusada, sino que ha carecido de garantías procesales pues su decisión ha sido dada a conocer por los medios de información, sometida entonces al escarnio público.
Nuestra apelación es también ética. Conocemos de su opción creyente, y desde ese lugar quienes somos creyentes cristianos y los que no lo somos, lo invitamos a cesar esta absurda acusación. Lo invitamos a valorar en su conciencia las consecuencias para las víctimas directas de la guerra, para la prolongación de la inhumanidad del conflicto interno que tiene una decisión como la que ha tomado. Cuál es la opción evangélica?
Su acusación infundada distrae el fondo de la grave situación que vive Colombia en materia de la guerra, de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Su actuación sin fundamento inmoviliza, entorpece y criminaliza las actuaciones humanitarias, por la paz, la verdad y la justicia en Colombia, como la que encabeza la Senadora Piedad Córdoba e infortunadamente permiten encubrir la criminalidad que se ha tomado amplias franjas de la sociedad y de la institucionalidad colombiana.
Nuestro llamado a su conciencia es a favor de las víctimas, a favorecer la vida, y la democracia, desde quienes padecen el conflicto armado interno para que ellas y toda la sociedad colombiana pueda vivir algún día en paz, recobrando las condiciones de la libertad para reconstruir una democracia de todas y de todos.
Desde hoy nos disponemos, nosotras y nosotros, a rendir nuestro testimonio, a acudir a su despacho para que escuche nuestros descargos, pues las imputaciones, no son solo contra Piedad Córdoba, si no contra las víctimas y quiénes abogamos por la paz en Colombia
Firmamos como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina
Francois Houtart, teólogo, sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Miembro del Comité Internacional la Campaña de los pobres por los derechos económicos como Derechos Humanos, EEUU
Bernardine Dohrn, profesora Universitaria, U Northwest Chicago, EEUU
Dr. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Méjico
Pierluigi de Piazza, Centro Balducci, Italia
Lorenzo Loncón, werken comunidad mapuche newen mapa, Pueblo Mapuche, Argentina
Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España
Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Bretaña
Carlos Fazio, periodista, investigador y catedrático de la UNAM; Méjico
Stephen Haymes, Universidad DePAul, EEUU
Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina
Juana Aguilera Jaramillo, Comisión Ética contra la Tortura, Chile
Comunidad de Santo Tomas de Aquino, España
France – Amerique Latin; Francia
Rick Ufford- Chase, Iglesia Presbiteriana / Presbyterian Peace Fellowship, EEUU
Antoni Pigrau, profesor de derechos Internacional, Vicente Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz , Espai Catalunya-Comissió Ètica, España
Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea váFundadora, Argentina
Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EEUU
Enrique Santiago, abogado, España
Enrique Núñez, Coordinadora expresos y expresas políticos, Chile
Miguel Álvarez, Verapaz, México