Reactivación de trabajos para agronegocio y amenaza a defensores de DDHH
“Estoy amparado por la Agencia Nacional de Tierras por eso no me para nadie”, así se expresó Baldoyno Palacios en respuesta a los justos reclamos de integrantes del Consejo Comunitario de Curvaradó, afectados por la ocupación ilegal de tierras con daños ambientales para un agronegocio de exportación.
Ayer en horas de la mañana, hombres dirigidos por Palacios, reactivaron la destrucción de bosque primario y fuentes de agua para desarrollar siembras de banano extensivo de los predios de la familia Polo, Londoño y Tuiran, integrantes del consejo comunitario de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó.
Ante los reclamos Palacios, el denunciado representante legal en Pedeguita y Mancilla, por arbitrariedades, abusos de autoridad, amenazas, afirmó que está facultado para decidir lo que se hace en la tierra y cuenta con respaldo del gobierno. Contra la jurisprudencia de la Corte Constitucional agregó que los afromestizos no tienen derecho alguno sobre la tierra.
Ampliando su espacios territoriales de abuso y con el silencio del demandado representante legal de Curvaradó, Palacios autoriza en el terrotorio colectivo los agronegocios bananeros irregulares en Curvaradó.
Palacios hizo falsas y graves señalamientos contra el líder Andrés Lance, presidente del Consejo Menor de Caño Manso, como responsable de objetar el agronegocio bananero. Señalamiento que amplió a los líderes Eleodoro Polo, Ovido Londoño y Ledys Tuirán.
Baldoyno amenazó a los defensores de la Comisión de Justicia y Paz, aseverando que los iba a amarrar y entregarlos a la autoridad competente. porque sus acciones se encuentran amparadas por la Agencia Nacional de Tierras, enfatizando que ahora si no lo paraba nadie.
Ninguna autoridad local, regional ni nacional ha adoptado medidas eficaces para desestructurar un agronegocio irregular, arbitrario e ilegal que está generando graves daños ambientales y sociales, y que desconoce los derechos contemplados en la ley 70 de Comunidades Negras.
Bogotá, D.C., agosto 9 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz