Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS
El abogado Rafael Nieto Loaiza, defensor del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta adscrita a la Presidencia de la República hoy en proceso de supresión) para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica.
El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como “núcleos de apoyo directo” para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de “Colectivo de Abogados Simón Bolívar”.
En la documentación hallada por la Fiscalía durante los allanamientos realizados al DAS en el año 2009, se lee que el Colectivo Simón Bolívar sería presentado como una “Organizacion No Gubernamental de Derechos Humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadistica para la Prevención de Conflictos”. Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas “ONGs”.
Nieto Loaiza es hijo de Rafael Nieto Navia, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el año 2004 fue viceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Hace dos semanas Colombia fue condenada por ese caso en la CorteIDH. Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al fuero penal militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos.
No obstante su renombre, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, ha asegurado que no tiene un domicilio al cual notificar al jurista de su llamamiento a declarar en el caso DAS, solicitado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que actúa como parte civil en el proceso.
El DAS contra el sistema interamericano de DDHH
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y particularmente entre los años 2003 a 2008, el DAS desplegó una enorme operación de Contrainteligencia cuyo objetivo fue “neutralizar a la sociedad civil de Colombia y el mundo” con el propósito de cambiar la imagen del país en materia de derechos humanos. Fue así como se emprendieron acciones tanto a nivel nacional como internacional, de las que no escapó el sistema interamericano.
Los documentos secretos del DAS informan que la “situación real” del supuesto colectivo de abogados tendría como objetivo “crear una ONG que defienda los intereses del Estado colombiano frente a la amenaza que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Inleramericana de Derechos Humanos por parte de organizaciones de fachada de grupos al margen de la ley”, calificativo con el que durante años han sido estigmatizadas varias ONGs colombianas.
Fuentes de otros organismos de seguridad colombianos confirmaron a Radio Nizkor que para el año 2005 funcionarios del Ministerio de Defensa hablaban de la asignación de recursos por un total de tres millones de dólares para la creación de ONGs que hicieran “guerra jurídica” en favor del gobierno y los intereses del Estado colombiano. Sin embargo, en los documentos que reposan en el cuaderno 126 el DAS dice que el “Simón Bolívar” sería financiado con recursos propios y sus representantes serían miembros de la Dirección General de Inteligencia de ese organismo.
En varias de las carpetas del DAS que aún están en proceso de análisis por parte de la Fiscalía reposa gran cantidad de informes y documentación respecto a los casos que llevaban organizaciones como la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la CCJ ante el sistema interamericano.
Igualmente, existen actas de reuniones sostenidas por funcionarios del DAS entre el 16 y el 19 de mayo de 2005 con la Dirección de Inteligencia costarricense (DIS) “con el fin de fortalecer el intercambio de información y sensibilizar sobre la dinámica actual en tema de guerra política”. En ellas, se plantea que la DIS tica fue puesta al tanto de los planes del DAS colombiano.
Mientras los planes del DAS hablaban de infiltración y desinformación ante el SIDH, la DIS informaba que su país propondría la creación de un Comisionado contra el Terrorismo en la ONU, “aspecto que coadyuvaría para sostener los intereses nacionales ante Ia necesidad de mantener una ofensiva sostenida internacional contra la amenaza terrorista de las FARC, el ELN y las Autodefensas”, así como la solicitud de reanudación del programa de interdicción de armas en Centroamérica que llevaría a la cumbre de Directores de Agencias de Inteligencia en República Dominicana en agosto de 2005.
El DAS y la DIS acordaron plantear mecanismos que permitieran la “presencia permanente del DAS en Centroamérica”, mediante el establecimiento de un agente propio en Costa Rica con movilidad hacia Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, así como el intercambio de información a través de la red centroamericana TEZCA, administrada por el servicio de inteligencia español; de igual manera, ambos organismos habrían firmado un memorando de entendimiento “entre servicios que potencia y consolide el intercambio de información y capacitación en temas de inteligencia”. Entre las informaciones suministradas por el DAS estaría la presencia del periodista sueco Dick Emmanuelson y de varios refugiados colombianos en San José, al igual que las hojas de vida de varios abogados colombianos que litigan ante el SIDH.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor, Bogotá, 30dic12]
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/loaiza.html
Foto: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6272000/6272815.stm