Rafael Nieto: litigante primíparo
La defensa de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos como la retoma del Palacio de Justicia o la matanza de Santo Domingo fueron el estreno de Rafael Nieto Loaiza como abogado litigante. Así se concluye tras revisar el certificado expedido por Harold Iguarán Ballesteros, Director del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, que indica cómo, a pesar de sus 10 años de exitosa trayectoria en la vida pública, Nieto Loaiza apenas tiene tarjeta de abogado desde el 25 de junio de 2012. Es decir, en cuestión de tribunales, es un profesional primíparo.
El hecho resulta más sorprendente cuando se constata que, justo el mismo día en el que el Consejo de la Judicatura le entregó su tarjeta profesional, Nieto Loaiza firmó su primer contrato millonario con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, para representar al Estado ante tribunales internacionales: el contrato 011 del 25 de junio de 2012, suscrito por $200 millones entre Martha Yaneth Veleño, Secretaria General (e) de la entidad, y el defensor.
A pesar de que la minuta del contrato estaba elaborada desde antes, ante la ausencia de tarjeta profesional del abogado dejaron en blanco un espacio donde debían escribir el número de documento y luego se llenó a mano.
El objeto del contrato fue “prestar sus servicios profesionales como abogado experto en derecho internacional y de derechos humanos a la agencia, para asesorar y representar al Estado de Colombia en la Defensa Internacional del Caso Masacre de Santo Domingo”. Para justificar su contratación, en el documento se indicó: “Que Rafael Nieto Loaiza es la persona idónea para prestar sus servicios como agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considerando su formación profesional y experiencia conforme a la certificación expedida de conformidad con la normatividad vigente”. A pesar de esta justificación, en los documentos adjuntos al contrato realmente no se encuentra dicha certificación sobre su experiencia.
Después de este contrato, firmó en noviembre del año pasado otros dos contratos que suman casi $820 millones, uno para asumir la defensa de la nación en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia y otro por el caso de la “operación Génesis”, caso en el que está vinculado el Ejercito y puntualmente el general (r) Rito Alejo del Río. En total, a pesar de su nula experiencia en litigios, el abogado Nieto Loaiza tiene contratos con la nación que suman $1.000 millones
Muy cuestionable
Frente a esta situación, el profesional en derecho y columnista de El Espectador Ramiro Bejarano indicó que es algo extraño que a un abogado al que recién le entregan su tarjeta profesional le entreguen ese mismo día poder para representar al país en un litigio internacional. “Este hecho lo único que demuestra es que él no tenía la suficiente experiencia en litigios, al menos en Colombia. Eso es un detalle que tuvieron que haber examinado en el Gobierno. La experiencia de un abogado en litigios no lo da la fecha del grado, sino que empieza a contarse desde el día en el que se expide la tarjeta profesional. Para casos tan delicados como aquellos en los que él participó, a mí me parece que sí se debía elegir a una persona que pudiera acreditar más experiencia como litigante”.
El abogado Bejarano indicó que ante la polémica seguramente Nieto Loaiza se defenderá diciendo que la tarjeta profesional solo se requiere para litigar en Colombia y no en tribunales internacionales. Sin embargo, que su caso sigue siendo extraño y se tendría que revisar cuál es su experiencia en pleitos internacionales y, puntualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro experimentado abogado señaló que esta es una prueba de la improvisación del Estado a la hora de asumir la defensa ante los tribunales internacionales, aunque no lo sorprendió el nombramiento de Nieto Loaiza, pues su designación fue promovida por la cúpula militar, respaldada en sus buenas relaciones. “La experiencia de profesional de un abogado empieza a contar cuando se somete a la potestad disciplinaria del Estado al obtener su licencia. Sin ella no puede acreditar experiencia en litigios. Esto es como si le encargaran una cirugía de corazón abierto a un recién graduado de medicina”.
El Espectador intentó comunicarse con el abogado Rafael Nieto Loaiza y con Adriana Guillén, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, para conocer sus opiniones frente a esta situación, pero no se pudo establecer contacto.
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